En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de octubre del año dos mil trece, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por






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En la ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de octubre del año dos mil trece, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por los doctores Juan Carlos Gemignani como presidente, y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Gustavo M. Hornos como vocales, asistidos por la secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 100/110 en la presente causa n° 464/2013 del registro de esta Sala, caratulada “VANDENBROELE, Alejandro Paul s/recurso de casación”, de la que RESULTA:

I. Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, en la causa n° 1302/12 de su registro, el 20 de diciembre de 2012, resolvió, en lo que aquí interesa: “CONFIRMAR las resoluciones dictadas a fs. 23/8 de este incidente nro. 47.224; a fs. 18/22 de aquel nro. 47.098 y a fs. 10/3 del identificado con el nro. 47.235, todos ellos del registro de esta Sala I, en todo cuanto deciden y han sido materia de apelación, sin costas (arts. 166 y ss., 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación)” (fs. 82/93vta.).

II. Contra esa sentencia, interpuso recurso de casación el abogado defensor de Alejandro Paul Vandenbroele, doctor Germán Darío Soria (fs. 100/110), declarado inadmisible por el colegiado anterior (fs. 113/114); por lo que la parte originó una incidencia de queja ante esta Cámara, resuelta en sentido favorable a la concesión el recurso (causa n° 464/2013 “VANDENBROELE, Alejandro Paul s/recurso de queja”, reg. n° 1068/2013, rta. el 19/06/2013).

La recurrente se presentó a fs. 285 a mantener el recurso concedido a consecuencia de la vía directa.

III. Al formalizar sus agravios, la impugnante los canalizó mediante la vía prevista en el segundo inciso del art. 456 del C.P.P.N.

Postuló la nulidad de la sentencia atacada, en orden a que sus conclusiones se sustentaban en una fundamentación aparente y autocontradictoria, en infracción a las normas procesales previstas en los arts. 123 y 402, inc. 2° del C.P.P.N, cuya inobservancia se sancionaba con la nulidad. Alegó que se había dado un tratamiento arbitrario a los argumentos esgrimidos por la parte.

Descalificó el auto puesto en crisis como acto jurisdiccional válido, por verse afectadas las garantías del debido proceso, la defensa en juicio y la protección integral de la familia (arts. 18 y 14 bis de la C.N.).

Ello así, en razón de la existencia de defectos que provocaban “la nulidad de la notitia criminis, como hecho histórico que se produjo a consecuencia de las manifestaciones de la cónyuge de mi asistido, señora Laura Muñoz, los cuales sirvieron para confeccionar la forma sui generis por la cual se comenzó esta causa”; y “la nulidad absoluta de la declaración testimonial prestada en la causa por parte de Laura Muñoz, como el consecuente e inmediato allanamiento dispuesto en su domicilio particular -ordenado a partir de dicha declaración y como un intento de legitimarla -y la proyección sobre la totalidad de estas actuaciones…” (fs. 230vta.)

En ese sentido, indicó que si bien el auto recurrido había afirmado la inadmisibilidad de las denuncias y testimonios dados por un familiar de determinado grado de parentesco contra un imputado en sede penal; se pronunció en el sentido de convalidar el acto con el argumento de que en la especie no se había indicado cuáles fueron las específicas referencias de Laura Muñoz contra su marido, pues sus comentarios habían sido imprecisos en relación con los hechos de la causa.

La impugnante criticó tal conclusión por entender que “el precepto procesal contenido en el artículo 178 del C.P.P.N. constituye una norma de carácter imperativo e insusceptible de no aplicación judicial bajo el pretexto de exigencia de un requisito legal no contenido por el ordenamiento procesal. Esta cuestión choca de modo frontal con el principio de legalidad, permitiendo al órgano judicial incorporar una excepción a la prohibición de declarar ya referida y no contenida en la normativa específica” (fs. 234vta.).

Indicó, en síntesis, que la norma no preveía que la declaración resultara perjudicial al imputado, y que realizar un excepción a su respecto significaba crear de modo pretoriano un requisito no contemplado en el texto legal.

Explicó que no podía convalidarse un acto procesal ilegal, tras analizar su resultado concreto a través de un juicio ex post, pues ello permitiría a la acusación violentar la letra de la legislación procesal, a resultas de que el acto no generara de modo concreto un perjuicio al imputado.

Sostuvo también, que el ingreso de una constancia de prueba ilegítima podía no ser valorado en el presente como perjudicial para su asistido, pero poseía una capacidad de rendimiento no dimensionada en etapas posteriores, todo lo cual configuraba un gravamen irreparable en su perjuicio.

Agregó que “(…)la prohibición de declarar -contenida en la normativa procesal analizada- no solo se vincula con el debido resguardo de la institución matrimonial y/o familiar; sino que, principalmente y desde un prisma de interpretación constitucional de la prohibición, busca resguardar los presupuestos sobre los cuales un justiciable puede ser sometido a proceso” (fs. 235). Indicó que se trataba de limitaciones no disponibles para los jueces.

A continuación, la impugnante se refirió a la línea argumental del tribunal anterior, vinculada con la imposibilidad de extraer elementos de prueba positivos, de la declaración testimonial de Muñoz.

Reiteró su crítica en relación con la oportunidad en la que se valoraba el perjuicio de la declaración, y agregó que los sentenciantes se apartaron de las constancias de la causa para formular tal conclusión; pues, según indicó, frases tales como “Alejandro se encargaba de los negocios de Boudou” no podían ser neutrales a los fines del presente proceso, sino que, por el contrario, habían resultado funcionales a los fines del representante del Ministerio Público Fiscal para construir su hipótesis de investigación sobre esas premisas.

Subrayó que la cuestión apuntada, se relacionaba íntimamente con la decisión de la misma Sala, de desvincular al anterior juez de la instrucción. En esa dirección, afirmó que “claramente, la testimonial y el allanamiento aquí cuestionado configuraron los supuestos materiales que se plasmaron en la pérdida de imparcialidad del anterior Magistrado y que dieron lugar a su remoción” (fs. 236vta.).

A ello conectó “la validación del allanamiento que con posterioridad se ordenó contra el domicilio de la testigo Muñoz”; en tanto la vinculación que la Cámara anterior realizó entre la validez de la declaración y el allanamiento, implicaba “dejar de tratar los agravios vinculados a los efectos de la regla de exclusión de prueba ilegal y la extensión de la mencionada regla a través de la teoría del fruto del árbol venenoso” (fs. 237), e impedir a la parte argumentar sobre ellos, constituyendo un supuesto de arbitrariedad.

Afirmó que lo referido se relaciona “inequívocamente con el particular modo de inicio de estas actuaciones, donde la denuncia de Vitale se trató de un medio para justificar formalmente la testimonial de Muñoz y el posterior allanamiento de su domicilio” (fs. 237), del que se habría dotado de aparente legalidad con una acumulación posterior de los procesos. Mencionó la doctrina del doctor Santiago Petracchi sobre el desvío de poder como causal de invalidez de los actos de los poderes públicos.

La recurrente subrayó que la magistratura anterior se apartó de su propia doctrina judicial respecto de la imposibilidad de recibir declaración testimonial en el proceso de los familiares directos del imputado, y calificó tal proceder como una pauta de arbitrariedad.

Por último, indicó que en el auto atacado se vulneraron expresas limitaciones probatorias. En ese sentido, señaló que “la prohibición probatoria que no se aplica al presente caso (art. 178, CPPN) tenía como finalidad evitar que se introduzcan elementos de cargo contra mi defendido para someterlo a un proceso como consecuencia de recibir los dichos de su cónyuge (art. 242, CPPN) y motivar -por desvío de poder- el allanamiento de su morada (art. 224 y sgtes., CPPN) por lo que se produjo la desnaturalización del sistema de garantías procesales en sentido material” (fs. 238vta.).

Hizo reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en caso de que se configure agravio federal.

IV. En la oportunidad prevista por los artículos 465, cuarto párrafo y 466 del C.P.P.N., se presentó a fs. 288/292 el señor fiscal general de actuación ante esta sede, doctor Javier Augusto De Luca, quien solicitó que las nulidades planteadas fueran rechazadas.

V. Cumplidos los términos establecidos por el art. 468 del C.P.P.N. según consta a fs. 308 y agregadas las breves notas de fs. 298/306vta., quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Se efectuó el sorteo de ley para determinar el turno en el que los señores jueces debían emitir su voto, y resultó el siguiente orden sucesivo: doctores Gustavo M. Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky.

El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:

I. La cuestión traída a estudio, se centra en determinar si resulta ajustada a derecho la sentencia de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, por medio de la cual se confirmó el rechazo de las nulidades planteadas por el señor defensor de confianza de Alejandro Paul Vandenbroele, doctor Germán Darío Soria, relacionadas con el modo en que se dio inicio al proceso y la validez, tanto de la declaración de Laura Muñoz - quien era cónyuge del imputado-, como del allanamiento practicado en su domicilio.

II. Para ello, comenzaré por recordar los aspectos centrales que reviste el análisis de las cuestiones traídas a estudio, de acuerdo al desarrollo que se formuló en esta sede en anteriores oportunidades. En particular, citaré el estudio realizado sobre la materia, en la causa n° 12087 del registro de la Sala IV de este tribunal: “BUASSI, Alfredo Daniel s/recurso de casación”, reg. n° 734.4.2013, rta. el 17/05/2013.

En la mencionada causa “Buassi”, la defensa había solicitado que se dictara la nulidad de todo lo actuado por la existencia de vicios en la noticia criminis que había dado origen a la investigación. El planteo giraba en torno a: el alcance y fundamento de la restricción prevista en el art. 178 del C.P.P.N sobre la posibilidad de denunciar a un familiar con un determinado grado de parentesco; su relevancia a la luz de la prohibición de atestiguar penalmente en contra de ese familiar, establecida en el art. 242 del C.P.P.N.; y la validez de la colaboración brindada por ese familiar en la recolección de la prueba de cargo; entre otras cuestiones que no se mencionarán por no guardar vinculación con el conflicto actualmente bajo estudio.

Al momento de responder a las cuestiones planteadas, se recordó la necesaria distinción entre la afirmación de la validez en la incorporación de un material probatorio (mecanismo que admitía una respuesta binaria), y el mérito de un valor que debía recibir en la tarea de apreciación graduada propia del intérprete judicial, dentro del marco del principio procesal de amplitud probatoria. Por su parte, se definieron los conceptos que a continuación se señalarán.

III. En lo que refiere al episodio del anoticiamiento de un hecho presuntamente delictivo, así como a la información contenida en el acto que lo protocolizaba, se ha sostenido que el análisis de su validez debía surgir de la vigencia constitucional de la denuncia y de los actos investigativos o acusatorios tendientes a su comprobación o descarte.

Esa vigencia se sustenta en la ausencia de lesiones en las garantías procesales de las partes. Pues así como el reconocimiento espontáneo de los hechos efectuado por un imputado en juicio no afecta de modo automático la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación, las prohibiciones que reconocen la misma fuente constitucional también requieren un análisis que reconozca ese prisma -el art. 18 de la C.N.- como punto de partida.

Es tradicional doctrina que en el caso de la asunción de los hechos efectuada por el imputado, debe verificarse la ausencia de determinados elementos condicionantes de sus dichos que impliquen una afectación de su libertad, de su voluntad o del conocimiento sobre el carácter facultativo de sus manifestaciones - su no obligatoriedad-. Además se requiere que el relato se corresponda e integre con la prueba agregada a la causa.

Desde esta perspectiva, y ante la necesidad de establecer de modo armónico el esquema constitucional, no podría partirse de un baremo mecánico y con fundamento en su regulación normativa interna, para sustentar la decisión de excluir -sin más y por su mera constatación-, actas tales como las que protocolizan la convocatoria de agentes policiales que pueda realizar voluntariamente un allegado de una persona indicada de cometer un delito, o el uso que un agente fiscal pueda realizar de las manifestaciones libres, formuladas en un contexto de público y notorio conocimiento, por el familiar de un imputado en un proceso penal. Esto no implica, desde luego, rechazar la posibilidad de que en esos contextos se genere un perjuicio de entidad constitucional, sino que la validez o invalidez de tales actos procesales, quedará supeditada al resultado del análisis sobre la vigencia de las garantías involucradas en ellos.

IV. En el presente caso, no se advierte de momento que la alegada violación a los preceptos regulados en el art. 178 del C.P.P.N. que pretende hacer valer la defensa del imputado (la prohibición de denunciar entre quienes detentan un determinado grado de parentesco), revista el alcance que la parte le otorga.

Tampoco pueden extraerse las derivaciones que la impugnante realiza de ese dispositivo legal, en relación con la utilización de los dichos de Muñoz ante un medio gráfico como uno de los varios elementos considerados por el representante del Ministerio Público Fiscal para dar impulso inicial a la investigación, sin perjuicio del orden cronológico que revistan tales manifestaciones con las vertidas por los particulares que iniciaron algunas de las incidencias. Es decir, la circunstancia alegada por la parte de que los motivos señalados podrían eventualmente configurar un daño en un escenario hipotético y futuro, es precisamente la razón que sustenta la ausencia de perjuicio actual que permita encontrar en esos dichos una causal per se de nulidad. Ello así, pues se requiere la composición armónica de la circunstancia señalada en el marco del esquema garantizador, y sui integración mediante los parámetros de razonabilidad que exige el principio republicano de gobierno del art. 1° de la C.N.

Tal como hemos afirmado en esta sede “la circunstancia de que el anoticiamiento originario del hecho a investigar lo hubiera realizado un allegado al imputado en el grado indicado por el artículo 178 del C.P.P.N., no era una condición que pudiera evaluarse en abstracto, sino que debía analizarse de modo integral en el marco del juego armónico de garantías que regían el proceso penal junto con los restantes elementos de investigación” (del mencionado precedente “Buassi”).

En lo que respecta a la validez de la declaración testimonial brindada por Muñoz ante el agente fiscal, el 24 de febrero de 2012 -agregada a fs. 141/145vta. de esta incidencia; también resulta de aplicación el mismo baremo, y así quedó señalado en el antecedente directo a la causa que se cita (cfr. la causa n° 9585, “BUASSI, Daniel Alfredo s/recurso de casación”, reg. n° 12017.4, rta el 30/07/2009, que tramitó ante esta Sala IV). Allí se ha sostenido que la valoración brindada en abstracto y sin mayores precisiones, en relación con el hecho imputado y la adecuación del medio de prueba al objeto procesal que se pretendía acreditar, resultaba por demás prematura en el estadío procesal inicial en el que se llevaba adelante la investigación de los hechos.
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