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SALDO ROJO. CRISIS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Editorial Planeta, 1998.
Enero de 1999
Así se denomina el libro escrito por Constanza Cubillos Reyes, comunicadora social, con énfasis en periodismo, y exjefa de Divulgación y Prensa de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Refiriéndose a esta obra, Antanas Mockus, exrector de la Universidad Nacional de Colombia y excandidato a la Vicepresidencia de la República, dice: "El trabajo de Constanza Cubillos Reyes, es tal vez, la mejor evaluación posible de la última reforma universitaria en Colombia... Nos sumerge en el mundo actual de las instituciones colombianas del nivel superior, públicas y privadas, y nos muestra una radiografía sin concesiones, sin animadversión, con radical vocación de verdad...".
En el capítulo X de este libro, bajo el título NOTICIAS DE LO MISMO (Pág. 406), la autora cita un artículo de mi autoría titulado "Uniatlántico: De centro educativo a comando político". Allí se lee: "Las columnas de opinión y los artículos periodísticos han sido uno de los recursos utilizados para denunciar casos y desahogar inconformismos. Refiriéndose a esta situación, Cristóbal Arteta escribió, el 12 de Marzo de 1988, en el Diario del Caribe: «La peor de las plagas que puede atacar a un centro educativo, es la politiquería». En ese entonces, Arteta era Decano de la Facultad de Educación de la Universidad del Atlántico y se dolía de los latigazos que había recibido el Alma Mater: «Pero nunca como acontece actualmente decía. De pronto porque el actual Representante del Presidente de la República en el Consejo Superior aparece en una de las listas al Concejo de Barranquilla y siendo el principal padrino político del actual Rector de la institución presionaba a su favorecido para la consecución de votos»".
"Cristóbal Arteta enumeró algunas de las tantas formas como se manifestaba el fantasma de la politiquería: las primas de carestía no canceladas en otras oportunidades, por considerarlas "ilegales", se hacían efectivas a cambio del favor electoral; profesores contratados por un tiempo determinado recibían salarios por el compromiso que algunos adquirieron con la Rectoría; se vinculaban profesores de Tiempo Completo, sin mediar concurso académico, a pesar de que la directiva presidencial estipulaba no realizar nombramientos en la época electoral; solicitaban votos a cambio del ingreso de estudiantes y profesores a la Universidad; perseguían políticamente a quienes se atrevían a opinar; buscaban incesantemente reacomodos burocráticos, procurando la interinidad de los Decanos en el Consejo Superior Universitario".
Esas denuncias realizadas por mí en 1988 y recogidas por Constanza en su libro, las realicé ejerciendo el cargo de Decano de Ciencias de la Educación. Como acontece hoy, poco eco tuvieron en la comunidad universitaria y en los organismos de control y fiscalización de la época.
¿Será que las denuncias sobre la politiquería y la corrupción en las instituciones estatales sólo sirven para poner en peligro la vida de quienes tienen valor y criterio para atreverse a pensar y actuar?

RETALIACIONES Y PERSECUCIÓN POLÍTICA
Febrero de 1999
Con fecha Enero 27 del año 2000, la dirección de la Universidad del Atlántico, a través de la oficina de Recursos Jurídicos, envió una circular al Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, doctor Jerónimo Monroy, solicitando, con la mayor brevedad, la "carga académica del docente de la referencia, si es tiempo completo, medio tiempo, asignaturas que dicta y horarios".
De la misma manera, la Vicerrectoría Académica y la Oficina de Planeación, elaboraron un estudio de la carga académica de la Universidad, en donde aparece el docente que escribe estas notas con una carga injustificada de cinco horas de clases semanales. Convencido de las calidades y honestidad del doctor Ernesto Certain, prefiero creer que esta inconsistencia sea el resultado de la desinformación que recibe esa oficina de parte de los funcionarios encargados de tales menesteres.
Es lamentable que la dirección de la Universidad no lepa en qué Facultad labora el profesor Arteta, cuál es su dedicación y asignación académica. Es al doctor Coley, Decano de la Facultad de Humanidades, al que tienen que dirigirse para solicitar, no sólo lo que señala la circular, sería, igualmente conveniente que se pidiera copia de las evaluaciones, si las hay, del mencionado docente.
Me obliga la dirección de la Universidad a hablar de mi, algo que siempre he evitado, a pesar de que comparto con mis amigos la idea de que no debemos esperar que otros digan las cosas buenas que hacemos o decimos, porque la envidia y el egoísmo del espíritu sólo pregonan las maledicencias y bajezas humanas. Sin mayores comentarios: Soy profesor titular de la Universidad del Atlántico, tiempo completo, no tengo doble vinculación con el Estado, desarrollo dos programas de Metodología de la Investigación en tres grupos de Ingeniería Industrial, con un total de doce (12) horas de clases semanales, sin incluir las asesorías que implica las exigencias de la asignatura. Además, soy Director de la Revista Amauta, una de las pocas revistas de circulación interna, y por decisión del señor Rector, soy miembro del Comité Editorial de la Universidad del Atlántico (en este momento no sé, si por represalias, fui excluido del mismo). En el programa en mención fui evaluado y los resultados fueron muy satisfactorios.
La idea es clara: No se trata de cerciorarse si actualmente tengo asignada la carga académica que convencionalmente debo dictar y si cumplo o no con mis deberes como docente de la Universidad. Lo que pretende la dirección es buscar rabos de paja o flancos con debilidades y flaquezas para perseguir políticamente y golpear.
¿Quién no sabe en esta Universidad que Cristóbal Arteta pertenece al equipo de profesores que lidera la oposición y lucha contra una dirección universitaria caracterizada, entre otras cosas: por la ausencia de una política académica pertinente y coherente; por las prácticas administrativas prepotentes, excluyentes, corruptas, politiqueras y clientelistas; y, además, por la irracionalidad desenfrenada en el manejo de los recursos del Estado (valga otro ejemplo: la nómina paralela en el último semestre de 1999, a fecha diciembre 31, ascendió a un monto total de 902 millones de pesos)?
Por qué, mas bien, no solicitan la carga académica de todos los docentes y los respectivos horarios de clases, para que se enteren directamente de las sobrecargas académicas, sin las asignaciones horarias respectivas, o sin el número de horas correspondientes; siendo que, al mismo tiempo, existe una nómina paralela de profesores contratados, cuyo número asciende a setecientos trece (713). Allí se darán cuenta que un amigo político del actual Rector está en una situación laboral más complicada que la del doctor Monroy, y, sin embargo, sobre el particular nada se dice.
No se requiere de mayores esfuerzos conceptuales para llegar a la conclusión de que la dirección de la Universidad, en síntesis, pretende, a como dé lugar, aplastar la oposición. No quiere entender el señor Rector con su equipo de asesores jurídicos, académicos y administrativos que vivimos en un Estado de Derecho Democrático, Participativo y Pluralista (Artículo 1º, C.N.), que permite que en todas las instituciones de educación se fomenten prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana (Artículo 41, C.N.); se desarrolle la oposición para que pueda ejercer libremente su función critica, plantear y desarrollar alternativas políticas (Art. 112, C.N.); construir movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellas libremente y difundir sus ideas y programas (Artículo 40, C.N.). El señor Rector, más que nadie, debe ser respetuoso de esta normatividad constitucional y dejar a mi lado su prepotencia, sus políticas y prácticas excluyentes, amenazantes y retaliadoras.


LA ACREDITACIÓN PREVIA
Marzo de 1999
Es una de las jornadas sabatinas de reflexión universitaria, tuvimos la oportunidad de dialogar con algunos miembros del Sistema de Acreditación Institucional SAI- de la Universidad del Atlántico.
El objetivo de la jornada era claro: apropiarnos de la información sobre la acreditación en la Universidad y desde nuestra perspectiva contribuir a su avance y desarrollo.
Lo primero que saltó a la vista, a la hora de concluir, es que el proceso debe ser orientado y dirigido por la Vicerrectoría Académica y la Oficina de Planeación de la Universidad apoyados en un equipo de profesionales altamente calificados, conformado sin exclusivismos politiqueros y sin otra motivación distinta a la de servir a la Universidad. La prima de exclusividad (34% sobre el sueldo), no se puede cancelar irresponsablemente y sin medir las consecuencias jurídicas que ello implica. Esto lo afirmamos, porque algunos de los miembros del SAI y de otros equipos de trabajo de la Rectoría pertenecen al grupo de docentes acogidos al Decreto 1444, cuyo régimen salarial se establece por puntos y no por porcentajes. Además, la prima de exclusividad es iónicamente para profesores investigadores de carrera, con dedicación de tiempo completo y se deja de cancelar una vez concluya la actividad que motivó la exclusividad (Artículo 12, Estatuto Docente). Más grave, aún, es el hecho de pagar favores a algunos docentes mediante el reconocimiento de la prima de exclusividad, durante más de tres meses, y luego reconocerles el derecho de jubilación. Esta, es una de las maneras como se expresa la corrupción en la Universidad del Atlántico.
A pesar del tiempo aplicado al proceso, de los sobro-sueldos que se cancelan y de las descargas académicas, el atraso del mismo es considerable. Tanto, que es muy difícil que la Facultad de Educación cumpla con los requisitos exigidos por el Decreto 272 de 1998 y con el tiempo estipulado para acceder a la acreditación previa.
Según este decreto, sólo serán acreditados previamente los programas de las Facultades de Educación, que garanticen una formación integral de educadores en capacidad de comprender con dimensión ética y competencias comunicativas el momento histórico que vive el país; aptos para desarrollar una mentalidad crítica, abierta a las diferentes culturas y respetuosa de las diferencias, los saberes y las normas. Además, esa disposición conceptual, en teoría y práctica, debe tener como fundamento a la Pedagogía como disciplina y a la investigación formativa, pedagógica y educativa como eje y razón del ejercicio del educador, sin desconocer la importancia del contenido, valor social y cultural de los saberes específicos.

Los programas de la Facultad de Educación tienen dos años a partir de la promulgación del Decreto para ajustarse a la nueva normatividad y obtener la acreditación. De lo contrario, no podrán continuar prestando el servicio de formación de educadores. Es decir, la Universidad tiene como tiempo límite, si el gobierno no cambia las reglas de juego, el mes de Febrero del próximo año; pero como tarde, en el mes de Octubre, la Universidad debe solicitar la acreditación y entregar la documentación respectiva.
Ahora bien, sin mentiras ni subterfugios de ninguna clase, a esa fecha ¿habremos asegurado el cumplimiento de las condiciones y requerimientos mínimos para solicitar la Acreditación Previa, cuando después de más dos años de trabajo ni siquiera existe un documento sobre el Proyecto Educativo Institucional que sirva de base y fundamento al PEI de la Facultad de Educación? ¿O es que estamos esperanzados en que el Ministerio de Educación Nacional cambie el plazo?
Reconocemos el esfuerzo que están haciendo el Decano, la Dirección de Postgrado y algunos docentes calificados de la Facultad de Educación, coordinados por la profesora Julia Rodríguez, cuya capacidad, discurso y voluntad, política merecen nuestro respeto. ¿Pero qué más se puede esperar de una institución sin planeación y buena dirección académica abúlica, que ha demostrado hasta la saciedad falta de creatividad y liderazgo?.
La Acreditación Previa es una exigencia de tipo legal, pero es más una necesidad moral para renovar, analizar introspectivamente lo que se ha venido realizando, desarrollar las acciones estratégicas de superación y calificar los procesos para garantizar la más alta calidad pedagógica e investigativa en la formación de docentes.
A los estudiantes y profesores de la Facultad de Educación y a la comunidad uniatlanticense no le queda otra alternativa: apoyar creativamente la gestión en los comités de trabajo y en los espacios que se creen para teles efectos. Es el prestigio de la institución y el de una Facultad el que está en juego y no él de una administración transitoria.
Más allá del pesimismo y las dudas sobre el proceso, solo nos toca trabajar para que la acreditación previa sea Una realidad.


A PROPOSITO DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS
Julio de 1999
En el mes de Febrero del presente año, la dirección de la Universidad del Atlántico hizo pública la convocatoria del concurso para proveer cargos docentes en la institución.
No es la primera vez en la historia de la Universidad que ello ocurre, como maliciosamente lo dejó entrever un docente jubilado en un artículo recientemente publicado. Muchos profesionales de la educación llegaron a ser docentes o lo son, por haber ganado concursos.
El actual régimen de la Universidad, a diferencia de los anteriores, cuenta con un Estatuto Docente actualizado, de conformidad con la Constitución y la Ley 30 de 1992. Esta norma, en sus artículos 41,42 y 43, establece procedimientos claros para la provisión de cargos docentes. Es más, en el parágrafo del artículo 43 se expresa taxativamente: "En ningún caso la Rectoría puede nombrar profesores sin el lleno de los requisitos establecidos en el presente Estatuto, ni apartarse de los resultados del concurso público de méritos. La inobservancia de lo señalado acarrea la aplicación de sanciones a que hubiere lugar".
Si esto es así, no entendemos por qué un alto dignatario en el discurso de inauguración del bloque de Economía y Arquitectura de la sede Norte, se refirió a las "facultades legales" que tiene el régimen para nombrar profesores sin concurso, siempre y cuando tengan postgrados.
Ustedes no tienen alternativa distinta, Señores Directivos. El concurso los obliga, a no ser que asuman las responsabilidades laborales y penales por infringir el parágrafo del artículo 43 del Estatuto Docente y el artículo 5o del Estatuto de la Carrera Administrativa (Ley 27 de 1992).
Si el procedimiento señalado en el Capítulo IV (artículos 39, 40, 41 y 42) se hubiese aplicado literalmente, y con criterios universitarios y no pendencieros y politiqueros, no hubiéramos asistido con el concurso a un espectáculo triste, bochornoso y deprimente. Los académicos tenemos derecho a preguntarnos: ¿Si una Universidad, dirigida con seriedad, transparencia y pulcritud, puedo darse el lujo de cambiar tantas veces la regla de juego como lo hizo la Universidad del Atlántico? ¿Si permite que altos funcionarios de la dirección manipulen el concurso interfiriendo la autonomía y decisiones del jurado, o, haciendo caso omiso a sesudas y bien fundadas observaciones de veedores altamente calificados y de gran prestigio ante instituciones de reconocida calidad académica? ¿Si factores y criterios válidos legalmente para constituir y establecer salarios (Decreto 1444/94), deben copiarse mecánicamente para definir una reglamentación? ¿Si las calidades profesionales y académicas contenidas en la hoja de vida se definen sólo a partir de títulos de postgrados? ¿Si las actividades investigativas de reconocido prestigio o aportes significativos en los campos de la técnica, las artes o las humanidades, no son acaso factores de calidad más importantes que los simples títulos de postgrados? Gabriel García Márquez, Estanislao Zuleta, José Agustín Blanco Barros y Manuel Elkin Patarroyo, por no tener títulos de postgrados, no hubieran merecido ser docentes de nuestra Universidad, por criterios absurdos de una reglamentación.
Estamos convencidos que el carrusel de irregularidades y trampas al concurso arrancó desde el mismo momento en que se pretendió acomodar los requisitos a las hojas de vida de algunos concursantes para favorecerlos en el proceso. Hasta el nombramiento de jurados y veedores se hizo con criterio politiquero, cuidándose, por supuesto de guardar las apariencias e introduciendo en la lista algunos nombres de reconocida solvencia moral e intelectual. Esta administración maneja a plenitud el principio crítico kantiano: la apariencia engañosa de las cosas no permite captar la esencia de las mismas. Y lo hace, porque no puede resistirse a la tentación de privilegiar su propio prestigio al de la institución y hacer lo que esté y no esté a su alcance para mostrar igualdad, neutralidad, armonía y pulcritud donde no las hay.
Frente a tantas denuncias y cuestionamientos que han mostrado la ilegitimidad del concurso por la ausencia de equidad, imparcialidad y transparencia, se requiere que el Consejo Superior de la Universidad asuma una postura digna de su investidura, ordene una investigación administrativa para establecer responsabilidades y solicite la suspensión provisional del concurso para evitarle a la Universidad una nueva carta de desprestigio, un desgaste innecesario y un desangre financiero por la cantidad de tutelas y demandas que se avecinan.
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