El secreto profesional del periodista






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títuloEl secreto profesional del periodista
fecha de publicación24.10.2015
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EL SECRETO PROFESIONAL DEL PERIODISTA
Natalia Tobón
No se puede obligar a un periodista a divulgar sus fuentes. El periodista tiene derecho a mantener el secreto profesional, tal y como lo disponen los artículos 73 y 74 de la Constitución Colombiana:


  • Artículo 73: “La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.

  • Artículo 74: “El secreto profesional es inviolable”.


Al fin y al cabo, “obligar al periodista a revelar el origen de sus informaciones, implicaría limitar su acceso a la noticia, al silenciar, en muchos casos, a quienes conocen los hechos”1.
Sin embargo, es necesario precisar, como lo hace el periodista Javier Darío Restrepo, “que el compromiso del periodista para mantener en secreto la identidad de su fuente debe ser la excepción. Lo normal es que el público conozca el nombre de la fuente, porque es su derecho y es una garantía de credibilidad”2.
Por consiguiente, el periodista sólo puede mantener en secreto la identidad de su fuente en los siguientes casos3:


  • Cuando la fuente corre algún peligro si se revela su identidad.

  • Cuando la revelación de la identidad de la fuente puede poner en riesgo la vida, la libertad o el trabajo del periodista.


Restrepo enfatiza la idea de la excepcionalidad del secreto profesional del periodista con la siguiente afirmación: “Si el periodista protege a una fuente que se presenta sin rostro y sin nombre, es porque está dispuesto a darle su propio rostro y su nombre. Hace suyas sus informaciones y por ellas debe responder”4.
En resumen, no es válido utilizar el recurso de la fuente anónima, es decir, el anonimato “como una patente de corso para difundir afirmaciones irresponsables”5.
Lo anterior cobra aun mayor importancia si consideramos que el derecho-deber de mantener la reserva de la fuente no sólo se impone al periodista sino también al jefe de redacción, al director del medio de comunicación, al defensor del lector y en general al periódico, pues todos ellos deben conocer el nombre de las fuentes cuando así lo requieran los trabajos de verificación que exige su oficio6.
La Corte Constitucional opina lo mismo: el periodista es responsable por sus afirmaciones y no puede “escudarse en el dicho de terceros cuyos nombres oculta, para calumniar o injuriar”7.

1. La reserva de las fuentes
La Corte Constitucional, en la sentencia que declaró contraria a la Constitución la exigencia de una tarjeta profesional para ejercer el periodismo, explicó que la reserva de las fuentes es una institución vigente en Colombia que encuentra su razón de ser en el aparte del artículo 74 de la Carta que dispone que “el secreto profesional es inviolable”.
La no exigencia de la tarjeta para ejercer la actividad periodística en nada cambia la existencia del secreto profesional, puesto que los deberes éticos y jurídicos que al periodista incumben derivan “del ejercicio de su actividad (acreditable por cualquier medio probatorio) y no del hecho contingente de poseer o no una tarjeta expedida por una agencia oficial” 8.
2. ¿Qué está protegido por el secreto profesional?
Toda información que una persona obtenga con ocasión del ejercicio de una determinada actividad o profesión, independientemente de su contenido, está protegida por el secreto profesional. Así lo dispuso la Corte Constitucional, al tiempo que explicó que “en realidad, lo comprendido por el secreto no es tan significativo desde el punto de vista jurídico como la necesidad de que permanezca oculto para los demás”9.
Y es que para el alto tribunal el mantenimiento del secreto profesional, más que una obligación aislada, es una garantía para que se respeten otros derechos fundamentales, como son el derecho a la intimidad, a la honra y al buen nombre.

3. ¿Qué significa inviolable?



Significa que la obligación de guardarlo no tiene excepciones. Que no es ni siquiera optativo para el periodista decidir si revela su fuente o se abstiene de hacerlo. Está siempre obligado a guardarlo.
Como en el caso del derecho a la vida, en el del secreto profesional la Carta no dejó margen alguno para que el legislador señalara bajo qué condiciones puede legítimamente violarse un derecho rotulado “inviolable”. Esa calidad de inviolable que atribuye la Carta al secreto profesional, determina que no sea siquiera optativo para el profesional vinculado por él, revelarlo o abstenerse de hacerlo. Está obligado a guardarlo. Claro que en situaciones extremas en las que la revelación del secreto tuviera sin duda la virtualidad de evitar la consumación de un delito grave, podría inscribirse el comportamiento del profesional infractor en alguna de las causales justificativas del hecho (C.P., art. 29)10.
Así lo sentenció la Corte Constitucional al tiempo que advirtió que viola el secreto profesional incluso quien revela un secreto que tenga la virtualidad de evitar la consumación de un delito grave, sólo que, en ese caso, la conducta del profesional podría “inscribirse en alguna de las causales justificativas del hecho”11.
3. Normas colombianas que contemplan el secreto profesional del periodista
Además de la Constitución, las siguientes normas protegen el secreto profesional de los periodistas:


Código Penal

Código de Procedimiento Penal

Artículo 68. “Exoneración del deber de denunciar. Nadie está obligado a formular denuncia contra sí mismo, contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, ni a denunciar cuando medie el secreto profesional”. (Las cursivas son nuestras.)


Artículo 385: “Excepciones constitucionales. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañera o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad.

El juez informará sobre estas excepciones a cualquier persona que vaya a rendir testimonio, quien podrá renunciar a ese derecho.

Son casos de excepción al deber de declarar, las relaciones de:

a) Abogado con su cliente;

b) Médico con paciente;

c) Psiquiatra, psicólogo o terapista con el paciente;

d) Trabajador social con el entrevistado;

e) Clérigo con el feligrés;

f) Contador público con el cliente;

g) Periodista con su fuente;

h) Investigador con el informante”. (Las cursivas son nuestras.)



Ahora bien, una cosa es el derecho a mantener en reserva la fuente y otra incurrir en el delito de espionaje que define el Código Penal en el artículo 463 de la siguiente manera: “Espionaje. El que indebidamente obtenga, emplee o revele secreto político, económico o militar relacionado con la seguridad del Estado, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años”.
4. Interceptación de llamadas telefónicas y similares
El artículo 15 de la Constitución Política exige, para que las comunicaciones privadas puedan ser interceptadas o registradas, que se cumplan tres condiciones12:


  • Que haya orden judicial.

  • Que exista una ley en la que se contemplen los casos en los cuales procede tal medida, y

  • Que se cumplan las formalidades fijadas en la ley13.


El único caso en que se puede obviar la exigencia de una orden judicial es el de las grabaciones realizadas por la propia víctima de un delito, que son válidas y no requieren haber sido obtenidas con autorización judicial para ser aportadas a un proceso14.
Nadie puede sustraer, ocultar, extraviar, o destruir una cinta magnetofónica o interceptar o impedir una comunicación telefónica, sin autorización de autoridad competente. Pero cuando una persona, como en el caso concreto, es víctima de un hecho punible y valiéndose de los adelantos científicos, procede a preconstituir la prueba del delito, para ello de modo alguno necesita autorización de autoridad competente, precisamente porque con base en ese documento puede promover las acciones pertinentes. Esto por cuanto quien graba es el destinatario de la llamada15.
5. El secreto profesional en otras legislaciones
5.1. España. En España el artículo 15 del Estatuto del periodista de la Federación de Asociaciones de Prensa de España define el secreto profesional así:
Artículo 15. Secreto Profesional. El periodista tiene el derecho, y a la vez la obligación, de mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado información bajo condición, expresa o tácita, de reserva. Ello le obliga frente a su empresario y las autoridades públicas, incluidas las judiciales, y no podrá ser sancionado por ello ni deparársele ningún tipo de perjuicio.

El periodista citado a declarar en un procedimiento judicial civil, penal o de cualquier otra índole, podrá invocar su derecho al secreto profesional y negarse, en consecuencia, a identificar a sus fuentes, así como excusar las respuestas que pudieran revelar la identidad de las mismas. El derecho al secreto alcanza las notas, documentos profesionales o soportes que pudieran manifestar la identidad de la fuente, documentos que no podrán ser aprehendidos ni policial ni judicialmente.

El deber del secreto afecta igualmente a cualquier otro periodista, responsable editorial o colaborador del periodista, que hubiera podido conocer indirectamente y como consecuencia de su trabajo profesional la identidad de la fuente reservada.
5.2. Ley del secreto profesional del periodista en el Distrito Federal de México16. Esta ley define al periodista como “[t]oda persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión y/o informaciónsu actividad principal, de manera permanente con o sin remuneración”, y agrega:
El periodista y el colaborador periodístico tienen el derecho de mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado información bajo condición, expresa o tácita, de reserva. El deber del secreto afecta igualmente a cualquier otro periodista, responsable editorial o colaborador del periodista, que hubiera podido conocer indirectamente y como consecuencia de su trabajo profesional la identidad de la fuente reservada.
La ley mexicana dispone en el artículo 4° que el secreto profesional comprende:


  1. Que el periodista o el colaborador periodístico, al ser citado para que comparezca como testigo en procesos jurisdiccionales del orden penal, civil, administrativo o en cualquier otro seguido en forma de juicio, puede reservarse la revelación de sus fuentes de información; y a petición de la autoridad ampliar la información consignada en la nota, artículo, crónica o reportaje periodístico.

  2. Que el periodista o el colaborador periodístico no sea requerido por las autoridades judiciales o administrativas, para informar sobre los datos y hechos de contexto que por cualquier razón no hayan sido publicados o difundidos, pero que sean parte de la investigación periodística.

  3. Que las notas de apuntes, equipos de grabación y de cómputo, directorios, registros telefónicos, así como los archivos personales y profesionales que pudieran llevar a la identificación de la o las fuentes de información del periodista o del colaborador periodístico, no sean objeto de inspección ni aseguramiento por autoridades administrativas o jurisdiccionales, para ese fin, y

  4. Que el periodista o el colaborador periodístico no sea sujeto a inspección de sus datos personales relacionados con su quehacer periodístico, por autoridades administrativas o jurisdicciones, con el propósito de obtener la identificación de la o las fuentes de información.


5.3. Estados Unidos. En 1972 la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sentenció que los tribunales podían exigir a los periodistas que revelaran la identidad de sus fuentes confidenciales sin infringir la Primera Enmienda (sobre libertad de expresión)17.
Sin embargo, con el tiempo esta decisión ha ido variando y hoy se tiene que por lo general un tribunal no puede obligar a un periodista a declarar a menos que el gobierno pueda probar cualquiera de las situaciones siguientes18:


  1. Existe causa probable para creer que el periodista en cuestión cuenta con información claramente vinculada a una violación específica de la ley.

  2. No puede obtener la información de ninguna otra forma menos ofensiva a la Primera Enmienda, y

  3. Tiene un interés apremiante en la información.


Además, la Ley Federal Estadounidense de Protección a la Privacidad de 1980 prohíbe a los funcionarios policiales y otros funcionarios gubernamentales emitir órdenes de comparendo a las organizaciones noticiosas, a menos que19:


  1. Hay causa probable para creer que el representante en cuestión del medio ha cometido o está por cometer un delito.

  2. Hay razón para creer que la confiscación inmediata del material en cuestión es necesaria para prevenir una muerte de alguien o lesiones corporales graves, y

  3. El material en cuestión trata de información secreta o sobre la defensa nacional.


6. Casos especiales: información sobre menores de edad infractores
Los medios de comunicación deben omitir los nombres de los menores infractores cuando dan una noticia y esta previsión “en nada afecta la función social de los medios de comunicación. Por el contrario, la cumplen de manera más responsable y consciente”20.
La experiencia ha demostrado que la individualización de las personas como delincuentes puede serles altamente perjudicial. En el derecho penal, se entiende como un mal necesario e inevitable. Pero en los casos de menores es indispensable evitar esa individualización. Ellos son más vulnerables y su identificación como infractores ante la opinión pública y a través de los medios, puede estigmatizarlos y obstaculizar su normal reinserción a la sociedad21.
7. La difusión de los nombres y fotografías de quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores es contraria a la Constitución

La Corte Constitucional encontró que la norma según la cual los contratos de concesión de los servicios de radiodifusión, televisión y espacios electromagnéticos deberían incluir la obligación del concesionario de ceder espacios de su programación para transmitir por lo menos una vez a la semana los nombres completos y foto reciente de las personas que hubieren sido condenadas en el último mes por delitos sexuales contra un menor de edad era contraria a la Constitución, dado que existía un alto grado de incertidumbre sobre la capacidad de dicha norma para alcanzar de manera efectiva el propósito de protección a la niñez con el que fue establecida22.

Es más, el alto tribunal estableció que una norma con esas características afectaría no sólo al individuo penalmente sancionado sino también a sus familias, e inclusive a las posibles víctimas y sus allegados, con lo cual podría causar más daños que beneficios.

La Corte estimó que el Congreso de la República, al expedir el inciso segundo del artículo 48 de la Ley 1098 de 2006 “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia”, no hizo los estudios los biológicos, psicológicos, sociológicos y, en general, criminológicos, sobre la naturaleza de esos delitos para sustentar la efectividad de la medida.


1 Colombia, Corte Constitucional. Excusa Nº E-003 de 1993. M.P.: Jorge Arango Mejía.

2 Javier Darío Restrepo. “Consultorio Ético. Respuesta a la consulta 343 de Randolph López, Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela 5/8/2003. ¿Un periodista puede ser obligado a revelar la fuente de donde obtuvo su noticia?” En Ética para periodistas. Tercer Mundo, Bogotá, 2000, pp. 257-258. Recuperado de www.nuevoperiodismo.org/consultorio/respuesta.asp?PREGUNTA=347&Semana=112. Consulta realizada en marzo 12 de 2009.

3 Ídem.

4 Ídem.

5 Ídem.

6 Ídem.

7 Colombia, Corte Constitucional. Excusa Nº E-003 de 1993. M.P.: Jorge Arango Mejía.

8 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-87, marzo 18/98. M.P.: Carlos Gaviria Díaz.

9 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia T-440, mayo 29/03. M.P.: Manuel José Cepeda.

10 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-411, septiembre 28/93. M.P.: Carlos Gaviria Díaz.

11 Ídem.

12 Constitución Política de Colombia, artículo 15. “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. // […] La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”.


13 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-657, noviembre 28/96. M.P.: Fabio Morón Díaz.

14 Colombia, Corte Suprema de Justicia. Auto de marzo 22/00, Radicado 10.656. M.P.: Jorge E. Córdoba Poveda.

15 Ídem.

16 Esta ley fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de junio de 2006. Recuperado de http://www.ordenjuridico.gob.mx/Estatal/DISTRITO%20FEDERAL/Leyes/DFLEY93.pdf, el 20 de febrero de 2009.

17 Estados Unidos, Branzburg vs. Hayes, 408 U.S. 665 (1972). Un periodista presenció a un grupo de personas preparando y consumiendo marihuana. Los jueces que salvaron el voto consideraron que sólo se podía obligar al periodista a revelar sus fuentes cuando esa información era muy difícil de obtener por otros medios. En otras palabras, que solo se podía vulnerar la libertad de prensa si no había otra alternativa. Un razonamiento similar al del salvamento de voto hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Goodwin vs. United Kingdom en 1996.

18 Hernán Rolinó y Rodrigo Molero. El secreto profesional del periodista. Universidad Nacional de la Plata, Argentina. En http://www.perio.unlp.edu.ar/catedras_libres/unesco/molero_rodino.htm. Recuperado el 20 de febrero de 2009.

19 Ídem.

20 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-019, enero 25/93. M.P.: Ciro Angarita Barón.

21 Ídem.

22 Colombia, Corte Constitucional. Sentencia C-61, enero 30/08. M.P.: Nilson Pinilla P.

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