Más de dos décadas han transcurrido desde que se fundó el Instituto de Previsión Social del Periodista (ipsp) y 18 años desde que 28 de sus afiliados recibieron por vez primera una prestación




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fecha de publicación27.10.2015
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Previsión social para periodistas, un modelo por discutir

Por Ligia Flores
Más de dos décadas han transcurrido desde que se fundó el Instituto de Previsión Social del Periodista (IPSP) y 18 años desde que 28 de sus afiliados recibieron por vez primera una prestación.
En la actualidad, hay unos 300 afiliados activos en la institución, la cual, según sus autoridades, afronta un proceso de transición, del que esperan conseguir una actualización jurídica y reglamentaria, “para adaptarla a las condiciones sociales del gremio de prensa”. Sin lugar a dudas, la refundación del IPSP debe pasar por la tranparencia y el robustecimiento de sus finanzas, una revisión del modelo de afiliación, el fortalecimiento de los mecanismos de capitalización y coerción para quienes evaden el pago del Timbre de prensa, así como la creación de un programa de información para los aspirantes.
Una etapa oscura

En junio de 2010, se conoció públicamente la intención del Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos, de solicitar a la Procuraduría General de la Nación (PGN) un dictamen que le permitiera auditar al IPSP, pues el Consejo Directivo les prohibió el ingreso a los auditores de la Contraloría.
Asimismo, en septiembre del mismo año, la Sala Tercera de Apelaciones, amparó a seis periodistas afiliados y ordenó al Consejo Directivo del Instituto que entregara los estados financieros, pues constantemente les había negado el acceso a la información. Estos hechos solo evidencian la etapa oscura, en términos financieros y de transparencia en que había entrado la institución.
“Dos años es un corto periodo de dirección para mantener la sanidad cuando se trabaja con responsabilidad (…), pero también puede ser muy largo cuando se actúa en el lado oscuro y corrupto en el manejo de la institución” sentencia José Luis López Quiroa, actual presidente del Consejo directivo del IPSP, quien asumió ese cargo el 30 de diciembre de 2010. Las palabras de López Quiroa tienen sentido cuando se revisan los hechos recientes que debilitaron la institucionalidad del IPSP.
Durante la administración que le antecedió, se cometieron varias irregularidades, denunciadas al Ministerio Público (MP) por la directiva actual. En 2007, cuando Ricardo Castro Barillas presidía el Consejo Directivo, el IPSP adquirió un terreno por Q.1.6 millones, ubicado en la 12 avenida y 10 calle de la zona 1, para construir la nueva sede del Instituto. El presupuesto estimado inicialmente por la directiva fue de Q.6 millones; sin embargo, el valor de la obra se duplicó y el monto finalmente asignado por el Consejo alcanzó los Q12.5 millones.
El periodista Luis Morales Chua, quien presidía la Comisión Fiscalizadora y de Transparencia, detectó las primeras irregularidades en 2008, él indica que el dinero se erogó sin que existiera un contrato de obra basado en normas del Código civil: “El Consejo de ese momento era muy ignorante en esa materia y contrataron a una empresa para construir un edificio, sin consultarle a la Asamblea, la Comisión (fiscalizadora) dijo que eso era ilegal”, asevera.
El presupuesto para esa fecha ascendía a Q13 millones 500 mil, sin embargo, la edificación, concluida en 2009, le costó finalmente al IPSP Q. 22 millones, de los cuales, únicamente se registró el pago de Q17 millones. “¿Qué pasó con los otros millones, están ahí, alguien se los quedó? Eso no se pudo establecer”, reconoce Morales Chua.
Un documento en el cual se constata la contratación de la empresa constructora responsable de los trabajos para la nueva sede del IPSP (http://pp.centramerica.com/pp/bancofotos/275-2302.pdf) describe apenas las características de la edificación, consigna el nombre del contacto (Ricardo Castro), el nombre y el número telefónico del IPSP como propietario del proyecto. Asimismo, la fecha de inicio y término de la edificación. La empresa constructora que respalda dicho documento es Anzueto y Asociados.
Ricardo Castro Barillas, señalado como el contacto en el documento, ocupó la vicepresidencia del IPSP por primera vez en el período 2004-2006 y luego la presidencia entre 2006 y 2008. La última vez que estuvo al frente de la entidad fue en la administración 2008-2010, como vicepresidente, etapa en que se conoció la renuncia de ocho directivos, entre ellos el presidente Leonel Armando Guerra Saravia, tres secretarios, los tres vocales y el tesorero. Durante el mandato de Castro también se reportaron ingresos anómalos de personas inscritas con documentación falsa.
Mas bien reacio a dar detalles sobre las investigaciones, José Luis López Quiroa –uno de los secretarios que renunció en julio de 2010–, aduce que “hubo sobrevaloración en adquisiciones, en la construcción del edificio y muchas anomalías que estamos por esclarecer en los tribunales, para de castigar lo que es punible”. Un tanto suspicaz, Morales Chua comenta: “Es riesgoso hablar de esto porque se puede crear un mal ambiente público del Instituto, pero es un hecho que se tuvo gente ladrona dirigiéndolo”.
Afiliados al instituto indican que en ese entonces la Comisión de transparencia cumplía sus fines y recomendaba a la junta directiva de la entidad, “sin embargo, no se hacía caso alguno, pues Castro era muy hábil para manipularla”.
Con la llegada de nuevos directivos, el grupo de afiliados denominado Alerta integra la comisión de transparencia y se dedica al encausamiento legal de los presuntos responsables del despojo. Este grupo está integrado por periodistas como Jesús Alvarado Mendizábal, Carmen Escribano de De León, Rina Montalvo y Joaquín Medina, entre otros.
Informes llegados a Sala de Redacción indican que en tiempos más recientes hubo otro intento de desvío de fondos de la entidad, cuando uno de sus ex personeros trató de tomar “un préstamo” de Q15 mil. López Quiroa lo niega.
Problema de fondo

El saqueo de los recursos, que descapitalizó en un 50% al IPSP, es solo uno de los hechos que lo afectan financieramente, el otro es la negativa de las empresas como las publicitarias a cumplir sus compromisos sociales. Por ley, la entidad de previsión social tiene tres fuentes de capitalización: La cuota que pagan mensualmente sus afiliados (3% sobre el salario), el producto de inversiones y el ingreso por concepto del Timbre de prensa.
El monto por las inversiones representa aproximadamente un 12% de los ingresos, en tanto que la venta de formularios, pago de cuotas ente otros, alcanza 13%. El cobro por el Timbre de Prensa conforma entre el 70 y 75% del capital que posee el IPSP. Por esta razón, reiteradamente han intentado fortalecer los mecanismos que le permitan garantizar sus ingresos, sobre todo de los que efectivamente les sostiene: el Timbre de Prensa.
Dicho timbre no es una carga tributaria que recolecte de manera directa el Estado, sino que representa un valor que se cobra en la factura al anunciante que usa cualquier medio de comunicación o propaganda difundida en el país. Los responsables del cobro y traslado al IPSP son las agencias de publicidad, las empresas de grabación o filmación de audiovisuales, así como las de impresiones en serigrafía, tipografía, tampografía y las de servicio de televisión por cable. Desde siempre la renuencia de algunas empresas responsables del cobro y entrega del timbre ha sido una limitante.
Pese a que existen dos áreas específicas de gestionar el cobro del Timbre –una de promotores y otra jurídica– , los resultados son “magros”, según sus directivos. “La mayoría (de empresas) se cierra y no responde preguntas que no están en la ley y esconden lo que nos interesa (estados financieros)”, asegura López Quiroa. Incluso, las denuncias hechas al Ministerio Público (MP), resultaron contraproducentes, pues, aseguran que el ente investigador se negó a apoyarles, aduciendo que la intención era utilizarlo como un ente cobrador.
Pese a que el IPSP posee un registro actualizado de las empresas que se rehúsan al cobro y traslado del impuesto, sus directivos se niegan a publicarlo. “Es de manejo interno”, se excusan. Lo que López Quiroa sí señala es que el IPSP ha sido víctima del ataque de publicistas, gremiales, y voceros de las agrupaciones en desacuerdo con el Timbre de prensa: “Huyen del trabajo de tener que recaudarlo y entregarlo. No les interesa apoyar al periodista”, asegura.
Se buscó la opinión del presidente de la Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad (UGAP), Eduardo Toriello, pero tras varios intentos no atendió nuestras llamadas a su oficina. Carolina Ladd, Directora Ejecutiva de la entidad, afirmó, sin dar mayores detalles, que “Hay una oposición pero es un tema legal”.
Derechos, más allá de expectativas

Quizá ajenos a la historia reciente del IPSP, periodistas departamentales que ejercen su profesión en condiciones muy distintas a los capitalinos muestran un creciente interés por afiliarse a la entidad, pero cuestionan los requerimientos exigidos.
En el artículo 70, la ley que da origen al IPSP consigna: “Para los efectos de este artículo se entenderá por Periodista, quien desempeñe funciones tales como Redactor, Reportero, Caricaturista de Planta, Reportero Gráfico, Camarógrafo de Telenoticiero, Columnista de Planta remunerado; Corresponsal de Agencia Internacional de Noticias, Corresponsal de medio informativo local o del exterior, Jefe de Información, Jefe de Redacción o Director de un periódico impreso, radioperiódico o telenoticiero”.
Como está redactada, esta normativa impediría el acceso al IPSP a locutores de programas noticiosos, entre otros. Pero además, otros requisitos de ingreso, como el salario fijo o el hecho de estar “en planilla” y el pago de prestaciones excluyen a la mayoría de periodistas departamentales.
Morales Chua recuerda que recientemente 45 locutores intentaron entrar al IPSP, pero no pudieron, porque ninguno había ejercido como periodista. El periodista y abogado traduce el espíritu de la disposición de esta manera: “Los periodistas tienen la expectativa jurídica de ingresar, pero solo el derecho, si llenan los requisitos”.
De esa cuenta, corresponsales de medios radiales que no reciben un salario, periodistas contratados a tiempo parcial – lo cual implica que no estén en planilla y no se les paguen prestaciones-, periodistas de medios digitales, locutores, presentadores y editores de televisión, entre otros, aún no caben en los parámetros que disponen el Decreto 56-90 y su reglamento, creados hace 22 años.
Estas disposiciones excluyen a la mayoría de periodistas departamentales que no viven exclusivamente de ejercer el periodismo. En la edición anterior, Sala de Redacción publicó que casi la mitad (48%) de las y los periodistas que respondieron una encuesta básica sobre condiciones laborales recibe una remuneración mensual que no supera los Q2 mil. Además, que ocho de cada diez (el 80%) ni siquiera sobrepasa los Q3 mil y que el 15% de quienes respondieron la encuesta no reciben ni Q1 mil mensuales en los medios en donde tiene estatus de “colaboradores”. Valga recordar que es una cantidad menor al salario mínimo de Q2,324 vigente para este año.
La realidad en que opera el periodismo departamental también dificulta el cumplimiento de otro de los requisitos, ya que la movilidad laboral es muy alta: “Tampoco es suficiente para entrar acá que tengamos el cartón universitario (…). Aquí puede venir alguien con licenciatura en la mano, pero si no tiene cinco años consecutivos de ejercer periodismo y no lo demuestra con documentos, no hay manera de que pueda entrar”, indica López Quiroa. Frente a este escenario, se observa difícil cumplir cabalmente con varias condiciones “sine qua non” que exige el reglamento para que alguien sea considerado como “auténtico periodista”.
Cuando se intenta compartir las críticas y comentarios de periodistas departamentales a este modelo previsional, el actual presidente del IPSP interrumpe: “yo no necesito que usted me diga de qué tipo son, pero me imagino que fácilmente puede ser que alguien dirá: yo voy y solicito un formulario y me tiene que aceptar porque así me lo reconoce el gobernador, el alcalde, la comunidad donde yo vivo”.
A propósito de lo mencionado por López Quiroa, quizá la disposición adoptada alrededor del formulario de ingreso para los periodistas departamentales es la que más refleja este modelo excluyente: “Es absurdo que para comprar un formulario tengan que apadrinarme tres personas de la capital. A mí me conocen en la localidad”, afirma un periodista de Mazatenango, Suchitepéquez. Al respecto de esta medida, el periodista Morales Chua expresa: “Si no se conoce a tres periodistas de la capital, se está un poco en harapos”. Tan solo esta norma permite evidenciar que en el IPSP todavía se concuerda con la idea de un aval de los periodistas capitalinos para “legitimar” a los departamentales.
Durante el actual período administrativo se han vendido entre 50 y 60 formularios. De éstos, son tres los expedientes a la espera del visto bueno del Consejo Directivo. No ha habido una sola afiliación del 30 de diciembre de 2010 a la fecha.
Desean actualizarse

Las autoridades del IPSP informan que recientemente se conformó la Comisión refundadora de dicha entidad, integrada por miembros del Consejo directivo, el departamento Jurídico y la Comisión de transparencia, entre otros. Esta busca realizar una discusión profunda para poder concretar la revisión reglamentaria e incluso reformas del Decreto 56-90, que le permitan a la entidad, “actualizarse”.
Las ideas más claras y concretas que en este momento señalan son: La preparación de un programa de información que permita a los aspirantes conocer los requerimientos, así como los mecanismos de cumplimiento de estos. También modificaciones reglamentarias e incluso de la Ley, para fortalecer las formas de cobro y traslado del Timbre de prensa. Asimismo, buscar las medidas coercitivas para quienes incumplan con trasladarlo.
Con relación a los requerimientos de la afiliación se estima incorporar “el aspecto electrónico, ser más puntual en las funciones que el periodista desempeña en la era moderna”. De momento, sus autoridades descartan una “apertura” que posibilite el ingreso masivo de afiliados.
Uno de los afiliados, Gustavo Berganza, opina que el modelo siempre ha sido participativo y permite a las y los afiliados detectar las anomalías. Él indica que toda la información sobre manejos financieros es trasladada durante Asamblea general, todos los sábados de cada mes. “El problema es que quienes están en activo no tienen el tiempo necesario para involucrarse más activamente en los manejos del Instituto”, apunta.
Más bien, dice Berganza, lo que le preocupa es que llegue el momento en que el IPSP incumpla su función de previsión social. “Es necesario que se piense en la manera de atraer nuevos ingresos, se han hecho intentos, pero bastante desafortunados”, señala. No falta quien haya expresado su opinión de que, así como está, el IPSP no da para más y que, por tanto, son necesarias transformaciones de fondo.


CUÑA
Una historia para valorar: “No pensábamos solo en nosotros”
Entre 1952 y 1953, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), creó un fondo de auxilio para el periodista, que beneficiaba únicamente a afiliados de la entidad. En 1974, el Congreso de la República emitió el Decreto 53-74, Ley de la caja de seguro gremial para periodistas –del cual nunca se emitió reglamento–, derogado por el Decreto 56-90, que crea el Timbre de prensa. Años después, Arturo Enrique Peralta propuso crear un fondo de ayuda para el periodista, financiado por el Impuesto al Tabaco, pero no se concretó.
En 1983, el periodista Jesús María Alvarado Mendizábal viajó a Uruguay en representación de la APG, entidad que presidía. Allí conoció la experiencia de Honduras, que ya poseía una entidad de previsión social para los periodistas. A partir de ese momento, Alvarado Mendizábal indica que no se detuvo hasta ver la constitución del IPSP. Cinco años más tarde (1988), él estaba nuevamente al frente de la APG y, en septiembre de 1989, entregó a la Junta Directiva el anteproyecto de ley, cuyo espíritu era beneficiar a periodistas agremiados a la APG, pero también a quienes no lo estuvieran, pues se reconocía que muchos ejercían la profesión en un contexto de gran inseguridad social.
El 29 de noviembre de 1989 fue entregado el anteproyecto al Congreso de la República –en la incipiente etapa democrática del país–, presidido por José Lobo Dubón. Aunque el proyecto se aprobó por unanimidad el 22 de octubre de 1990, “no era ni la sombra de lo que nosotros presentamos”, recuerda su fundador. Los primeros dos años de funcionamiento el IPSP no tuvo ingreso fijo y su primer aporte fue una “donación” de Q50, del periodista José Eduardo Zarco, luego se pidió a entidades de prensa una donación no reembolsable de Q100. “El timbre de prensa se debió cobrar desde que IPSP comenzó a funcionar, pero hubo delegados de entidades de prensa que se opusieron. Perdimos dos años de ese ingreso”, lamenta Jesús Alvarado.
Cuando se dio la primera prestación, el 26 de noviembre de 1994, “fue una fiesta”. A dos de los beneficiarios los subieron cargados y otros apenas podían caminar, pues trabajaron por años y en su vejez, estaban sin ningún ingreso. Durante ese año, se presentó una reforma al Decreto 56-90, por medio del Decreto 7-94, que modificó la forma en que se elegía el Consejo Directivo, pues eran las ocho entidades de prensa (APG, Cámara de Periodistas, Asociaciones y otras), quienes decidían su integración. El presidente Ramiro De León Carpio vetó el decreto (7-94) que permitía que la Asamblea de afiliados eligiera a sus dirigentes, pero luego de un intenso cabildeo, encabezo por Jesús Alvarado, el Congreso ratificó dicho decreto. “El decreto (56-90) tiene muchas deficiencias, pero hemos tenido que trabajar con eso”, afirma Alvarado Mendizábal.

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