1 En los párrafos siguientes caracterizarán determinados parámetros de acceso a las licencias establecidos por la Ley 26. 522, aprobada el 10 de octubre de este año, en comparación con los expuestos por la Ley 22. 285 del año 1980






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fecha de publicación08.01.2016
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Universidad de Buenos Aires

Políticas y Planificación de la Comunicación


TP final
Profesor: Diego Rossi




Estudiantes: Herrero, Sabrina/Caferri, Agustina


Segundo cuatrimestre 2009


“Análisis de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual comparado con la normativa vigente hasta su aprobación, en el marco de las políticas públicas y las practicas de comunicación masiva en Argentina”. Área temática: parámetros de acceso a las licencias”.


1) En los párrafos siguientes caracterizarán determinados parámetros de acceso a las licencias establecidos por la Ley 26.522, aprobada el 10 de octubre de este año, en comparación con los expuestos por la Ley 22.285 del año 1980.

Forma de otorgamiento. En ambas Leyes se establece que las licencias se otorgarán mediante un concurso público y permanente, aunque la Ley 22.285 lo deja en manos del COMFER y la ley 26.522 explicita que las licencias para servicios de comunicación audiovisual abierta cuya área primaria de servicio supere los 50 kilómetros y en poblaciones de más de quinientos mil (500.000) habitantes, serán adjudicadas, previo concurso, por el Poder Ejecutivo Nacional. Y en los restantes servicios de comunicación audiovisual abierta y servicios de comunicación audiovisual por suscripción que utilicen vínculos radioeléctricos no satelitales y que se encuentren planificadas, serán adjudicadas por la autoridad de aplicación.

Titulares de las licencias. La Ley 22.285 establecía que el licenciatario debía ser argentino nativo o naturalizado con más de diez años de residencia en el país, en cambio la Ley 26.522 lo reduce a 5 años, en ambos casos refieren a mayores de edad.

Para ser titular de una licencia la Ley 22.285 ponderaba calidad moral y la idoneidad cultural, acompañadas de una trayectoria comprobable. En cambio la Ley 26.522 establece que se ponderarán criterios de “idoneidad y de arraigo” en la actividad. Por otra parte, la ley 26.522 excluye a quienes hayan sido funcionarios jerárquicos de gobiernos militares y si el prestador del servicio fuera una sociedad comercial deberá tener un capital social de origen nacional, permitiéndose la participación de capital extranjero sólo de hasta un máximo del 30% del capital accionario.

En la ley de la dictadura, se establecía que no se debía “ser propietario ni socio de las diferentes sociedades de radiodifusión, no tener vinculación jurídica con empresas periodísticas extranjeras, ni nacionales”, pero en 1989 bajo la presidencia de Menem, con la aprobación de la Ley 23.696, se modifica la ley anterior con la aplicación de artículos que imposibilitaba la constitución de conglomerados en forma multimedia. Entre ellas:

  • Se elimina la restricción que disponía un límite de 3 licencias de TV o radio a una misma persona física o jurídica en distintas áreas de influencia.

  • Se elimina la restricción que establecía que no podía presentarse al concurso de una nueva licencia un propietario o socio de diferentes sociedades de radiodifusión

  • Se elimina la restricción que impedía la presentación al concurso de una persona física o jurídica vinculada a empresas periodísticas (medios gráficos)

  • Se permite que el licenciatario realice otras actividades

  • Se permite la constitución de una sociedad integrada por otras sociedades

  • Elimina la nominatividad de las licencias (no tienen que tener nombre y apellido con lo que se pierde control de las personas que forman parte de la empresa a la que se concede la licitación)

  • Con esta ley se permitió la formación de multimedios. Canal 13, Grupo Clarín y Canal 11, Telefónica

Además, en 1994 se deroga la prohibición de participación de capitales extranjeros por la aprobación de la Ley 24.124. A su vez con el Decreto 1005 del año 1999 se permite la multiplicidad de licencias llevando el límite de 4 a 24 en distintas localizaciones. En un mismo área hasta 1 de TV, 1 de radio y 1 complementaria siempre que las dos primeras no sean las únicas prestadas por la actividad privada; se permite la transferencias de licencias; ratifica la constitución de redes privadas permanentes y permite la participación de sociedades para la adjudicación de licencias; se autoriza el ingreso de capital extranjero sin restricción; se establece que los prestadores de TV pueden dar servicio de telefonía (antes estaba prohibido) y se abre la perspectiva para la convergencia.

La actual ley prohíbe tener vinculación jurídica societaria ni sujeción directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual extranjeras, el capital extranjero no podrá tener una posición dominante en la conducción de la persona jurídica licenciataria, no se puede ser director o administrador de persona jurídica. ni accionista que posea el 10% o más de las acciones que conforman la voluntad social de una persona jurídica prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal.

Transfererencia. En la ley 26.522 se mantiene la intransferibilidad de las licencias, como en la Ley 22.285, con al diferencia que la 26.522 establece que es posible sólo en caso que, luego de 5 años de transcurrido el plazo de la licencia, tal operación fuera necesaria para la continuidad del servicio, siempre que los titulares de origen mantengan más del 50% del capital.

Multiplicidad de licencias: Límites a la concentración (Art. 45 de la Ley 26.522). La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, como la ley 22.285, regulan la adjudicación de licencias de señales. Uno de los puntos clave, es que con “el fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias”, es decir, se pone límites a la concentración, a través de fijar topes a la cantidad de licencias y por tipo de medio.

La ley 22.285 establecía un máximo de 4 licencias para una misma persona física o jurídica. Para ser titular de más de una licencia de radiodifusión, debía instalar mínimamente una estación de radio en zona de frontera determinada por el COMFER. Se permitía en una misma locación hasta una licencia de radio, una de TV y una de servicios complementarios, siempre y cuando la de TV y la de radio no sean las únicas en el área. Además no se podía poseer más de 3 licencias para radiodifusión o de TV. Con modificatoria, a través de la Ley 26.522 “una persona de existencia visible o ideal podrá ser titular o tener participación en sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión” podrá tener a nivel nacional: una titularidad de licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital por suscripción, la cual excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicación audiovisual. En el caso de la radiodifusión sonora, TV abierta o radiodifusión televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico, se permiten hasta diez licencias, más el registro de una señal de contenidos. A su vez se permiten hasta 24 licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones. Por otra parte, en ningún caso se podrá prestar servicios a más del 35% del total nacional de habitantes o de abonados.

En el orden local se permite una licencia para AM, una para FM (o en su defecto 2 cuando existan más de 8 en el área primaria de servicio). En cuanto a radiodifusión televisiva por suscripción se permite una sola licencia, siempre y cuando el titular no sea titular de una licencia de TV abierta. Y en cuanto a la licencia de televisión abierta, se permite una sola siempre que el titular no posea la titularidad de una licencia de TV por suscripción. En ningún caso se podrá exceder el máximo de 3 licencias.

Por otra parte, en la normativa actual se establece que quien maneje un canal de televisión abierta no podrá ser dueño de una empresa de distribución de televisión por cable en la misma localidad, y viceversa. Es decir, con esta actualización se limita el poder de los multimedios.

Además, se prohíbe que accionista que posea el 10% o más de las acciones que conforman la voluntad social de una persona jurídica prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal.

Se abre la participación en el juego audiovisual a otros sectores. A diferencia de la Ley 22.285, con la Ley 26.522 se abre el juego a otros actores, ya que se permite la participación de cooperativas, pero siempre y cuando se garantice una porción del mercado a un competidor. Además, se destinará el 33% del espacio audiovisual a las “minorías”: organizaciones sin fines de lucro como Iglesias, universidades, ONGs y sindicatos.

Control y registro: artículo 27. La nueva legislación establece que se deberá acreditar totalmente los grados de control societario y de vinculación societaria directa e indirecta, para permitir a la autoridad de aplicación el conocimiento de la conformación de la voluntad social

El plazo de las licencia de 15 pasa a ser de 10 años. En cuanto a las licencias, la ley 22.285 estipula un plazo de 15 años, desde la fecha de inicio de emisiones y una sola prórroga de 10 años. En la normativa actual, la asignación del espectro para la prestación del servicio de medios audiovisuales se hará también por sistema de licencias, pero, a diferencia de la ley anterior, las mismas durarán 10 años y también se podrán prorrogar por diez años más, previa realización de audiencias públicas. Quienes hayan obtenido una renovación o prórroga, no podrán solicitar una nueva extensión de plazo por ningún título.

La revisión de las licencias: artículo 47. Otra actualización en la normativa actual, es que se establece que al mismo tiempo, las licencias serán controladas cada dos años, para evitar que con la incorporación de nuevas tecnologías –a partir del fenómeno de la digitalización- un licenciatario multiplique sus señales, y en consecuencia, genere un nuevo modo de concentración. En el Art. 47 se ha establecido que la “Adecuación por incorporación de nuevas tecnologías. Preservando los derechos de los titulares de licencias o autorizaciones, la autoridad de aplicación deberá elevar un informe al Poder Ejecutivo nacional y a la Comisión Bicameral, en forma bianual, analizando la adecuación de las reglas sobre multiplicidad de licencias y no concurrencia con el objeto de optimizar el uso del espectro por la aplicación de nuevas tecnologías”.

En esta propuesta formulada se agrega una hipótesis de trabajo hacia el futuro en el que el dividendo digital permitiría una mayor flexibilidad de normas. Esto se debe a que se tiene en cuenta el concepto de “dividendo digital” definido anteriormente en la misma ley como “El resultante de la mayor eficiencia en la utilización del espectro que permitirán transportar un mayor número de canales a través de un menor número de ondas y propiciará una mayor convergencia de los servicios”.

2) En lo referente al análisis de una ley, Margarita Graziano propone una “matriz de análisis normativo” a partir de la pregunta “¿Cuáles son los elementos en los que hay que hacer hincapié en toda ley de radiodifusión?”, Graziano hace una enumeración de seis puntos1. Aquí nos centraremos en “Quiénes pueden ser licenciatarios, si cualquier persona física o jurídica o si hay algún tipo de restricción para poder acceder a licencias”.

La Ley 22.285 sancionada en marzo de 1980 por el gobierno de facto de Videla, el contexto para el surgimiento de esta normativa fue altamente autoritario. Se puede decir que no garantizaba la diversidad y el pluralismo y, por lo tanto, fue necesario generar un nuevo marco normativo que avance en la democratización del sistema de medios. Si bien a lo largo de la historia, la Ley de Radiodifusión 22.285 fue sufriendo diversas modificaciones a través de diferentes decretos, es importante tener presente, que en Argentina hay medios que estuvieron en manos del Estado, y otros en manos de privados comerciales solamente, quedando afuera un montón de actores sociales que conforman la sociedad civil, otros sectores que le podrían dar diversidad de contenidos al sistema de comunicación, como por ejemplo, un espacio para universitarios, educativos, la Iglesia Católica y pueblos originarios. Con la nueva Ley hay una tendencia a la igualdad en la participación de distintos actores sociales. La actual ley no modifica su estructura de propiedad respecto de la que se tenía anteriormente. Sigue siendo mixta. En tanto que reserva para su explotación una parte y otra parte la concede en licencia al sector privado, aunque respecto a la normativa previa, anteriormente, existía la restricción de que no podían ser licenciatarios de medios, las sociedades sin fines de lucro, ahora eso se ha modificado, ya que se reserva el 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura, para las organizaciones sin fines de lucro. Además, los pueblos originarios serán autorizados para la instalación y funcionamiento de radios AM y FM y así como de señales de televisión abierta. Para acceder a las licencias se exigía anteriormente requisitos personales basados en la posesión de riqueza y preferencia de aspectos patrimoniales. Es necesario tener en cuenta, a quienes pueden emitir mas allá de que posean o no el capital necesario para acceder al sistema de medios argentino.

Por otro lado, si se observa el mapa de medios actual, se comprende que los medios tienen una conducta oligopólica cada vez mayor. Esta es una tendencia que se acentuó en el menemismo, con los procesos de desregulación, que podrían crecer y ante lo que el Estado debería intervenir, para frenar de alguna manera. La nueva ley efectivamente implementada, que controle eso, puede ser una forma de frenar esa concentración y abrir el camino a nuevas voces. Además, conforme a la ley 25.750, que determina el carácter de “bien cultural” de los servicios de radiodifusión y en consecuencia establece restricciones para que los mismos sean adquiridos y/o controlados por capitales extranjeros. Si bien hubo algunos avances democratizadores, tales como la inclusión de los sectores sin fines de lucro para acceder a licencias de radiodifusión, muchas son las exclusiones que se mantienen en lo que refiere al “acceso” y la “participación” de todos los sectores sociales en los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, los sindicatos, las organizaciones sin fines de lucro y otros sectores de la sociedad civil.

Más allá de lo anteriormente expuesto, es importante tener claro, que “definir una política de comunicación excede ampliamente el hecho de sancionar una ley. Como se ha visto, en los últimos años el sistema de democracia formal imperante en el país no ha sido capaz siquiera de establecer esto último” 2.

3) Como se dijo anteriormente en el trabajo, la nueva ley impide que una empresa propietaria de un canal de televisión abierta tenga una distribuidora de cable y, además, que éstas tengan más de una señal de generación propia o llegar a más del 35% del mercado. Uno de los grandes opositores (que ve más perjudicados sus intereses) con esas normativas es el Grupo Clarín, que (si se pone en práctica lo elaborado en la ley) estaría en la posición de elegir si se queda con canal 13 o Cablevisión/Multicanal. En caso de priorizar la distribuidora de cable, sólo podría retener una señal propia entre TN, Volver, TyC o Magazine. Al igual que el Grupo Uno, dueño de la distribuidora de cable Supercanal y socio del GDN (Grupo De Narváez) en América TV y América 24. Deberán elegir entre retener la señal abierta o de cable. Además, la ley también establece que ninguna empresa puede operar más de 10 licencias (el límite actual es de 24). Eso también afectaría al Grupo Uno, dueño de una veintena de radios y canales en todo el país, igual que a Clarín, que tiene 4 canales y 9 radios, es decir, 13 licencias en total. El grupo cordobés Cadena 3 se verá obligado a achicar sus más de 20 señales de radio en todo el país, que en muchos casos son repetidoras locales de una misma señal principal.

Por su parte, el sector privado habla de la “libertad de expresión”, “diversidad cultural y lingüística” y no niega que sea un principio de la tan aclamada “Sociedad de la Información”, pero toman medidas fuertes frente a sucesos como lo que fue la sanción de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque argumentan que la promoción de los contenidos locales “no debe engendrar barreras irrazonables para el comercio”. Es decir que, frente al mercado, el Estado debe limitarse a acondicionar el “entorno habilitador” a la implantación de las redes y a eliminar los obstáculos a la inversión y liberar la competitividad. El desplazamiento de conceptos como comunicación de la agenda de debate internacional es coherente con la mirada tecnicista de los fenómenos comunicacionales que se despliegan en el marco de un organismo técnico como la UIT.

Por otra parte, Darío Oliver, presidente de CATEL (Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones) se pregunta: “¿Qué es lo que el Estado debe hacer? Debe garantizar que esta convergencia tecnológica pueda desarrollarse de manera amplia, con un alto grado de competencia. Evitando la creación de monopolios y permitiendo que se desarrollen tanto grandes como pequeñas empresas de telecomunicaciones. Con o sin fines de lucro. Cada una satisfaciendo las necesidades de sus clientes o de sus asociados. No es impidiendo o prohibiendo como se logra esto, sino controlando. El Estado debe ser el garante”3.

La mayoría de los periodistas argentinos han manifestado su conformidad con la aplicación de la nueva Ley de Medios, muchos asintiendo que “una norma democrática es mejor que cualquier decreto de la dictadura”4. El sector del fútbol, por su parte, defiende el acuerdo entre la AFA y el gobierno por la televisación de los partidos, orientando la mirada hacia la TV con su función de entretenimiento.

En la arena de lo legal, en Argentina, en la región latinoamericana y en el mundo, existen diversas normas y legislaciones que se aplican para reglamentar el acceso y control de las tecnologías info-comunicacionales. Se puede decir que se legisla sobre la legislación comparada y se marca un contexto sobre opiniones orientadoras de algunos actores que forman parte del juego. A continuación haremos mención de algunos casos ocurridos en otros países en relación al tema de los “Parámetros de acceso a las licencias” en la Ley 26.522.

La adjudicación de licencias. Roa, Editor general de Clarín, dijo que la ley de medios se parecía a la ley de radiodifusión chavista, pero en realidad la Ley 26.522, se basa en otros conceptos normativos: a nivel internacional se recogen tres lineamientos sobre la cuestión de la administración del espectro en general, sobre todo para las telecomunicaciones. Por ejemplo, en España, se mantienen fieles al modelo tradicional de mando y control, con atribución rígida y asignación concursada, en el caso de la escasez de frecuencias, mientras que en un lugar intermedio se situarían las legislaciones y los reguladores que optan por adjudicar cada vez más segmentos del espectro en base a competiciones de mercado (subastas) o, en tercer lugar, admiten posteriormente un mercado secundario de los derechos de uso que (con alguna variante) proporciona la convergencia. También se siguen los lineamientos del Sistema Interamericano de DDHH en la Declaración de Octubre de 2000 (punto 12) y particularmente el Informe 2001 sobre Guatemala, de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. El objetivo es que se tome en consideración la importancia de los medios de comunicación para que la ciudadanía participe involucrada en el proceso democrático.

En igual orden, la legislación española vigente establece régimen de concursos, al igual que la chilena, la mexicana, la reciente uruguaya sobre normas comunitarias. Por otro lado, en Canadá, la CRTC (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission) toma en cuenta las propuestas de programación al momento de asignar una licencia. Los criterios de evaluación de solicitudes y propuestas se basan en que el pluralismo en la oferta de servicios de comunicación audiovisual y en el conjunto de las fuentes de información, en el ámbito de cobertura del servicio; garantías para la expresión libre y pluralista de ideas y opiniones; satisfacción de los intereses y necesidades de los potenciales usuarios del servicio.

En cuanto a la multiplicidad de licencias, se basa en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Presencia de monopolios u oligopolios en la comunicación social y en el Capítulo IV del Informe 2004 de la Relatoría Especial.

La revisión de las licencias: artículo 47. Esta propuesta se basa en el “dividendo digital”, ya que permitiría una mayor flexibilidad de las normas. Para este fin, se tomó la ley de Comunicaciones de Estados Unidos de 1996-sección 202 h-ha, dado a la FCC para adaptar de modo periódico las reglas de concentración por impacto de las tecnologías y la aparición de nuevos actores.

Algunas palabras finales: La “Sociedad de la Información” (SI) o “post-industrial”, es un proceso impreciso y totalizante. Autores como Manuel Castells, plantearon el surgimiento de un nuevo “Modo de Desarrollo Informacional” (MDI). La teoría del informacionalismo se orienta hacia el desarrollo tecnológico, es decir hacia la acumulación de conocimiento y hacia grados de complejidad más elevados en el procesamiento de la información. La sociedad actual, muchas veces es definida con estos nombres, es el resultado de un proceso iniciado en los años setenta en los países centrales y finaliza su consolidación, como nuevo proyecto “geopolítico global” en los años noventa y no escapa a la dinámica capitalista.

En Argentina, se ha debatido sobre los límites de la concentración mediática, y con la sanción de la “Ley de medios” se intentara subsanar problemáticas heredadas históricamente e instaladas en la Argentina de los 90. Se puede decir, que esta nueva normativa sancionada, se acerca a lo que el autor García Delgado entiende como “democracia radiotelevisiva”, ya que permitiría mayor participación ciudadana, democratización de las frecuencias y canales radioeléctricos. Sin embargo, no se debatió en profundidad sobre la “convergencia tecnológica”5 y la posibilidad de generar en el corto plazo una reglamentación que haga efectiva su regulación. Se puede decir que esa cuestión no ha quedado del todo definida. Entonces es pertinente preguntarse: ¿A quienes se les otorgaran las licencias y quien hará uso del espectro radioeléctrico que se liberara con el proceso de digitalización que se viene desarrollando? ¿Se garantizara el acceso y la participación a todos los sectores de la sociedad? Determinados discursos y prácticas han avanzado a favor de pasar de receptor a un usuario, un consumidor interpelado por las telecomunicaciones que acuerda con la lógica de “pagar para ver” (Pay per View), por eso es importante resaltar la necesidad de que se garantice el derecho de recibir algo “gratis”, porque sino en materia info-comunicacional:

¿Qué quedara para los sectores de bajos recursos?

Bibliografía utilizada:

  • Dossier sobre legislación de radiodifusión vigente: Ley 22.285/80 y normas modificatorias y reglamentarias.

  • Ley 26.522 de Servicios de comunicación audiovisual, 2009.

  • GRAZIANO, Margarita, “Textos de apoyo para las primeras clases teóricas de Políticas y Planificación de la Comunicación” (mimeo), 1997.

  • MASTRINI, Guillermo (ed.) "Mucho ruido, pocas leyes... Economía y políticas de comunicación en la Argentina (1920-2004)", Ed. La Crujía, Buenos Aires, 2da. edición, 2008.

  • OLIVER, Darío, “El rol de las cooperativas: no perdamos el foco”, en Cronista.com, 11 de octubre de 2009.

  • CAPRIATA, Laura, “Los cambios en el mapa mediático”, en lanacion.com, 11 de octubre de 2009.

  • BECERRA, Martin, “De la divergencia a la convergencia en la sociedad informacional: fortalezas y debilidades de un proceso social inconcluso”, (2000).

  • MASTRINI, Guillermo y AGUERRE, Carolina (2007), “Muchos problemas para pocas voces. La regulación de la comunicación en el siglo XXI”, en Diálogo Político Año XXIV - Nº 3.

  • MASTRINI, Guillermo y DE CHARRAS, Diego, “20 años no es nada: del NOMIC a la CMSI”.

  • CABALLERO, Roberto, “Se va a acabar…”, Nota de tapa de Revista 23, Año 12, Nro. 583, 3 de septiembre de 2009.



1 1) Ver si se trata de un SERVICIO PÚBLICO, de INTERÉS PÚBLICO o de otro tipo, y si el Estado se reserva las frecuencias o si las otorga en régimen de licencia o concesión para su explotación a terceros; 2)Quiénes pueden ser licenciatarios, si cualquier persona física o jurídica o si hay algún tipo de restricción para poder acceder a licencias; 3) Qué autoridades de aplicación de la ley se establecen, si es un único organismo o son varios, por quien o quienes son nombrados sus miembros. Quienes pueden otorgar las licencias y el grado de centralismo o no en la toma de decisiones; 4) Ver si existe especificación o no sobre los contenidos en la programación, y que características tiene; 5) Ver si hay indicaciones expresas en cuanto a la publicidad; 6) Ver si hay alguna especificación sobre la cobertura, o porcentajes de producción nacional, regional o local.

2 “Palabras finales”, Pág. 377 en: MASTRINI, Guillermo (ed.) "Mucho ruido, pocas leyes... Economía y políticas de comunicación en la Argentina (1920-2004)", Ed. La Crujía, Buenos Aires, 2da. edición, 2008.

3 OLIVER, Darío, “El rol de las cooperativas: no perdamos el foco”, en Cronista.com, 11 de octubre de 2009.

4 CABALLERO, Roberto, “Se va a acabar…”, Nota de tapa de Revista 23, Año 12, Nro. 583, 3 de septiembre de 2009.

5 Convergencia tecnológica: se puede definir como la capacidad de diferentes plataformas de red de transportar tipos de servicios esencialmente similares; o bien, como la aproximación de dispositivos de consumo tales como el teléfono, la televisión y el ordenador personal.


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