En la Ciudad de Buenos Aires, el 17/2/10, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia






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fecha de publicación10.01.2016
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En la Ciudad de Buenos Aires, el 17/2/10, reunidos los integrantes de la Sala II a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia definitiva en estas actuaciones, practicado el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.
VISTO Y CONSIDERANDO:
La Dra. Graciela A. González dijo:
Contra la sentencia dictada en la instancia previa se alzan los codemandados, a tenor del memorial que luce anejado a fs. 1335/1346. Los coaccionados fincan su disenso con el decisorio de grado, cuestionando la acreditación de la relación laboral denunciada por los actores con la empresa Recol Networks S.A. (Sociedad Argentina). Objetan, la imputación de responsabilidad a Recol Networks S.A. (Sociedad Extranjera) y la condena establecida, en los términos del art. 31 de la LCT. Se agravian, de la responsabilidad dispuesta por el Sr. Juez a quo, respecto de las personas físicas codemandadas. Argumentan, una errónea interpretación de los alcances de la presunción del art. 71 de la L.O. Critican, el progreso de la multa establecida por el art. 80 de la LCT y la condena a la entrega del certificado de trabajo. Cuestionan, la admisión de la sanción conminatoria del art. 132 bis del citado cuerpo legal. También, objetan la indemnización fijada a la coaccionada Molina, en concepto de "stock options". Finalmente, argumentan la omisión de la aplicación del tope del art. 245 de la LCT en el cálculo de la indemnización por antigüedad, de la coactora Molina. Apelan, en los términos del art. 110 de la L.O. la resolución de fs. 1295/1296 que desestima el hecho nuevo denunciado. Finalmente, solicitan como medida para mejor proveer, la producción de prueba informativa a la AFIP.
Razones de orden lógico imponen analizar en primer término la apelación vertida, en los términos de los arts.110 y 119 de la L.O., en relación a la desestimación del hecho nuevo denunciado a fs. 1286.
Liminarmente, forzoso resulta puntualizar que la expresión de agravios debe constituir una exposición jurídica que contenga un análisis serio, razonado y crítico de la decisión recurrida y que no basta con remitirse a consideraciones formuladas en presentaciones anteriores, sino que debe tratarse de un correlato crítico y adecuado a los razonamientos que se pretenden conmover.
Analizada la presentación recursiva, se advierte que la apelante se limitó a señalar que, "considero que este hecho debe ser admitido ya que en la sentencia invocada se analiza la historia de ambas sociedades Recol, se explican claramente los hechos y se decretó la falta de responsabilidad de mi mandante por la quiebra de la sociedad argentina", manifestación que -a mi criterio- no constituye una crítica concreta y razonada de la decisión cuestionada.
Sin perjuicio de ello, cabe dejar sentado que llegan firmes a la Alzada las siguientes consideraciones del Sr. Juez a quo a saber: 1) Que la parte demandada omitió expresar con claridad el modo, la forma y la fecha de toma de conocimiento de la sentencia que invoca e intenta introducir a los presentes actuados, requisitos estos indispensables para determinar el cumplimiento de lo dispuesto por los art. 78 de la LO y arts. 365 del CPCCN. 2) Que tampoco expresó con claridad la incidencia que puede tener el hecho denunciado con los que se debaten en autos, por lo que en base a todo lo expuesto -a mi criteriocabe concluir que, la presentación recursiva carece de fundamentos jurídicos suficientes para sustentar el hecho nuevo denunciado.
Por otra parte, creo necesario poner de resalto que la ausencia de indicación concreta de la fecha en la que supuestamente se habría conocido el hecho en cuestión, resulta determinante para mantener la decisión apelada, toda vez que del cumplimiento de este requisito depende la fijación de la oportunidad de la presentación en cuestión.En base a todo lo expuesto y compartiendo el dictamen emitido por el Sr. Fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (ver fs. 1367), se propicia mantener el rechazo del hecho nuevo invocado en la causa.
En lo que concierne al agravio referido a la relación laboral habida entre los actores y la empresa Recol Networks S.A. (Sociedad Argentina) se advierte que, los recurrentes no objetaron las siguientes conclusiones del magistrado de grado, a saber: 1) Que los codemandados (identificados a fs. 1319) se encuentran rebeldes, en los términos del art. 71 de la L.O. 2) Que cabe tener por ciertos los hechos expuestos en la demanda, salvo prueba en contrario. 3) Que no se encuentra enervada en la causa dicha presunción legal. 4) Que por el contrario, la misma se corrobora con los recibos de sueldo aportados

por los accionantes y reconocidos, en los términos del art. 82 inc. a de la ley 18.345. 5) Que en el caso de marras, no existe duda alguna acerca de la falta de respuesta a los requerimientos de los demandantes, lo que torna operativa la presunción del art. 57 de la LCT., todo lo cual -a mi criterio sella la suerte del recurso, en orden a la acreditación de la relaciones laborales, alegadas en el escrito introductorio.
No modifica lo decidido precedentemente la manifestación vertida en la apelación, en orden a que "los actores alegaron ser empleados de Recol Networks S.A. (Sociedad Argentina) a quien llamativamente no demandaron", habida cuenta que, los accionantes tenían la facultar de decidir contra quien y/ o quienes interponer su acción, máxime que cuando se impetró el presente reclamo ya se había decretado la quiebra de dicha empresa (ver fs.100).
Tampoco enerva lo precedentemente expuesto, la circunstancia esgrimida en la presentación recursiva, en cuanto a que no se acompañaron constancias de verificación de los créditos de los trabajadores, en la quiebra de Recol (sociedad argentina), en la medida que ello no resulta decisivo para establecer la configuración o no de los rubros peticionados al inicio.
Finalmente, cabe señalar que pese a lo argumentado a fs. 135 vta. quinto párrafo, el intercambio telegráfico aportado en la causa, da cuenta de que Recol Network S.A. (Sociedad Extranjera) fue intimada, respectivamente, por los actores -tal como sostiene el judicante de grado a fs. 1320 último párrafo-.
Corresponde ahora analizar la queja que, gira en torno a la responsabilidad decretada, en los términos del art. 31 de la LCT.
Esta Sala ha sostenido invariablemente que la existencia de un conjunto económico está dada cuando hay unidad, o sea uso común de los medios personales, materiales o inmateriales, y cuando una empresa está subordinada a otra de la cual depende por razón de capitales comunes o de negocios comunes y siempre que las decisiones de una empresa estén condicionadas por voluntad de la otra o del grupo a que pertenezca (cfr. S.D. 75396 del 21/12/94 in re "Bulesich, Antonio c/ Industrias Algodoneras Unidas SA s/ despido").
Asimismo, reiteradamente he considerado que, la existencia de varias sociedades jurídicamente diferenciadas desde el punto de vista del derecho privado, no empece a la consideración del grupo económico como sujeto empleador, puesto que como desde antiguo lo señalara la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la existencia de sociedades diferenciadas, pero unificadas económicamente, conduce al examen de otro problema:el alcance del concepto de "realidad económica", el que no requiere desconocer la constitución de sociedades de capital, perfectamente delimitadas conforme el orden jurídico privado, ni tampoco negarle personería jurídica a la sociedad local, ya que tales datos no son óbice para establecer la efectiva unidad económica de aquéllas y su comunidad de intereses a través de la significación económica de sus actividades (Fallos: 286. 97 "SAIC Parke Davis y Cía. De Argentina).
En el caso de marras, se advierte que los apelantes reconocieron en la presentación recursiva, que "Recol (Sociedad Extranjera) tenía la mayoría accionaria de la sociedad argentina y que existía una relación entre ambas empresas" (fs. 1337 cuarto párrafo).
En tal sentido, llega firme a esta instancia que, las copias del pedido de quiebra de Recol Network S.A. (Sociedad Argentina) demuestran que, Recol Networks S.A (Sociedad Extranjera) tenía el 99,983333% de las acciones de la sociedad argentina y que, el liquidador de la sociedad extranjera preveía una inversión de U$$ 5.000.000 en un plazo máximo de tres años, que efectivamente aportaron la suma de U$$ 1.563.000, hasta que en diciembre de 2001 entraron en cesación de pagos. Además, surge que fue Recol (Sociedad Extranjera) quien solicitó la quiebra de la Sociedad Argentina, por lo que cabe concluir, que era la persona jurídica codemandada quien proveía el único aporte de financiación de Recol (Sociedad Argentina), que a su vez era la formadora de su voluntad social, en la medida que detentaba la mayoría accionaria y que finalmente, tenía el control de la misma.
En lo que concierne a las maniobras fraudulentas y conducción temeraria, liminarmente creo necesario puntualizar que si bien, a fs. 1341vta/1342 se esgrime que, "las consecuencia jurídicas de un supuesto fraude no pueden ser supuestamente tenidas por ciertas en función del art.71 de la L.O" ... "que lo ocurrido en el incidente de quiebra es una clara prueba en contrario", se advierte que los recurrentes omitieron explicar la razón, por la cual -a su criterio- la quiebra decretada de la sociedad argentina podría supuestamente enervar dicha presunción legal, lo que sella la suerte del recurso, en relación a la situación procesal en que se encuentra incursa Recol Networks S.A. (Sociedad Extranjera) -ver fs. 122-, por lo que cabe tener por ciertos los hechos expuestos en el inicio, especialmente las manifestaciones vertidas a fs. 20 segundo párrafo y a fs. 20vta/21 pto. III B, en atención a la orfandad probatoria de los recurrentes, máxime, que pese a lo manifestado a fs. 1342 cuarto y quinto párrafo, tampoco peticionaron la nulidad de la notificación en cuestión.
A lo expuesto, debe sumarse la circunstancia de que, coincido con el sentenciante de grado, en cuanto a que Recol (Sociedad Extranjera) decidió desligarse de sus obligaciones legales sin asumir el riesgo empresario, constituyendo a Recol (Sociedad Argentina), respecto de la cual decidió pedir su propia quiebra argumentando que "el negocio no era viable en la Argentina, pues no se había instalado suficientemente la cultura cibernética" (ver fs.1077 vta.), frustrando así derechos e intereses de terceros, entre los que se encuentran los actores.
Dadas las particularidades de la vinculación societaria sometida a juzgamiento, cabe referir que, como lo sostuviera esta Sala in re "Kwasinski, Natalio Jose c/General Motors de Argentina S.A." (sentencia 91.221 del 29/11/02 del registro de esta Sala) cuando a responsabilidad se imputa a la casa matriz o a otra filial de una sociedad local que opera en el país como mera sucursal o filial dependiente de la primera, no resulta imprescindible acreditar la existencia de fraude en la constitución o quiebra del ente societario que asumió la titularidad del vínculo laboral.
En efecto, no puede desconocerse que a pesar de su aparente autonomía jurídica, la sociedad local se encuentra sin lugar a dudas en relación orgánica de dependencia con la sociedad foránea, por su incorporación financiera a la sociedad dominante. Si bien esa relación de subordinación no suprime la personalidad jurídica de la sociedad subsidiaria o controlada, cabe responsabilizar a la casa matriz o sociedad madre por las obligaciones laborales incumplidas por los entes jurídicos de los cuales se valió para operar por fuera de sus fronteras nacionales (con similar criterio, CNAT, Sala III, "Adano Juan O. C/Dresser Atlas Argentina SAMPIC",. Sent. del 21/2/83, T.S.S. 1983, pág. 746). Así en el famoso precedente "Swift" el Más Alto Tribunal de la Nación ha puntualizado que "el régimen de la personalidad jurídica no puede utilizarse en contra de los intereses superiores de la sociedad ni de los derechos de terceros. Las técnicas manipuladas para cohibir el uso meramente instrumental de las formas societarias varían y adoptan diferentes nombres, pero todas postulan en sustancia la consideración de la realidad económica y social y la supremacía del derecho objetivo. Es obvio que esto adquiere particular relevancia cuando los jueces deben enfrentarse con los complejos problemas jurídicos que suscita la fenomenología moderna de los grupos societarios. Particularmente en sus interferencias y conexiones, y con relación al carácter supranacional que es su nota característica en la vida contemporánea, todo lo cual consolida los poderes de concentración por las dificultades que presenta su control, la difusión de su influencia y el entrecruzamiento de sus redes de administración, con sociedades filiales reales o aparentes" (Fallos 286,257).
En el concreto ámbito del Derecho del Trabajo, el fenómeno de las empresas multinacionales o de los grupos económicos con sede principal en países extranjeros no resulta nada novedoso, y al respecto, se ha señalado que el concurso del fraude o la conducción temeraria es sólo un aspecto de la responsabilidad posible del grupo económico en relación a una forma particular de contratación (conf. arg. art. 31 LCT), porque el grupo económico multinacional que aparece bajo la forma de una persona jurídica diferente en cada uno de los países en que actúa, es una sola entidad real y debe ser considerado el verdadero y único empleador del trabajador que desarrolla tareas en las distintas filiales, aún en ausencia de conductas fraudulentas, por lo que a mi juicio, en el caso de autos, la responsabilidad de la sociedad extranjera controlante deviene indiscutible ( con similar criterio, Juan C. Fernández Madrid, en "Tratado Práctico de Derecho del Trabajo", T. I, pág. 942, Ed. La Ley 1989 y Oscar Ermida Uriarte en "Empresas multinacionales y derecho laboral", ]Ed. Amalio Fernández, Montevideo 1981, pág. 73).
En un reciente trabajo doctrinario Alejandro Castello puntualizó que, según la más prestigiosa doctrina uruguaya, el grupo económico internacional puede definirse como "el conjunto de empresas, formal y aparentemente independientes, que están, sin embargo recíprocamente entrelazadas, al punto de formar un todo complejo pero compacto, en cuanto responde a un mismo interés. El poder económico se sitúa a nivel del grupo y no a nivel de cada empresa componente, aun cuando los derechos y obligaciones respecto de los terceros nazcan a nivel de cada una de ellas.Existe una unidad profunda bajo la pluralidad de personas aparentemente distintas. Por ello, el grupo se convierte, en definitiva en la única y verdadera empresa subyacente" (conf. Castello, Alejandro en el trabajo "Grupos de coordinación o colaboración empresarial y responsabilidad laboral" - Cuestiones societarias y fideicomiso en el derecho del trabajo, Colección Temas de Derecho Laboral -García Vior, A, coordinadora-, Errepar, Bs. As., diciembre 2009, págs. 239 y ss).
Al respecto la Sala VI de esta Cámara in re "Müller, Klave c/Casa Denk Aceros Boehlerit SACI", sent. 22169 del 30/9/85, ha señalado que los actos de la filial no pueden ser desconocidos por la casa matriz ya que la relación que se traba dentro del grupo es única, y también es uno sólo el capital que en definitiva ordena los actos del personal y responde de los términos de los respectivos contratos.
En consecuencia, cabe concluir que se encuentran en las actuaciones reunidos los presupuestos previstos por el art. 31 de la LCT, tanto en lo referido a la existencia del conjunto económico, como en lo atinente a las conductas adoptadas por sus integrantes, en orden a la existencia de conductas fraudulentas o conducción temeraria.

Corresponde ahora expedirse acerca de la responsabilidad que le cabe en las presentes actuaciones a las personas físicas coaccionadas.
Forzoso resulta puntualizar, que la queja que gira en torno al mencionado tópico no constituye una crítica concreta y razonada, sino que solo se muestra como una posición en discrepancia, con lo resuelto en tal sentido.
Repárese, que llegan firmes a la Alzada dos consideraciones del judicante de grado, a saber: 1) Que de las constancias de autos, especialmente del contrato constitutivo de Recol Network (Sociedad Extranjera) surge que los codemandados eran consejeros, delegados y formadores de la voluntad social de la empresa accionada.2) Que en tal carácter no podían ignorar lo que estaba ocurriendo con lo actores, que a lo largo de la relación laboral se los registró fraudulentamente.
Si bien, argumentan los quejosos en su presentación recursiva que, "la sociedad española debe regirse por las leyes de aquel Estado y por lo tanto no le son aplicables los arts. 59, 274 y 157 de la Ley de Sociedades Comerciales", lo cierto y concreto es que, el art. 3 de la LCT prevé que "Esta ley regirá todo lo relativo a la validez, derechos y obligaciones de las partes, sea que el contrato de trabajo se haya celebrado en el país o fuera de él, en cuanto se ejecute en su territorio".
Sentado ello, surge claro que tanto la contratación de los actores, como así también la ejecución de sus respectivos contratos de trabajo se realizaron en nuestro país y no en España, por lo que no cabe duda alguna que debe aplicarse al caso la legislación nacional, tal como lo hizo el judicante de grado.
Por otra parte, resultan irrelevantes las manifestaciones de los quejosos referidas a que, "resulta llamativo que se hubiera omitido demandar a Jorge De Torres, quien fuera socio de la sociedad argentina"... "que los actores llamativamente desistieron de los codemandados que habían contestado en término la demanda", toda vez que los accionantes tienen la facultad de decidir contra quién y/ o quiénes interponer su acción, como así también de desistirlos, a su respecto.
En consecuencia el marco del análisis precedentemente efectuado debe ponderarse que la crítica esgrimida no se ajusta a las claras previsiones del art. 31 de la LCT que se declara aplicable. En efecto, la conducta de los integrantes de la Sociedad Extranjera qué más allá que por razones analógicas pueda merituarse en el marco de las normas citadas en el decisorio para fundar su condena, debe ponderarse a la luz de la disposición normativa precedentemente invocada, en tanto constituyen elementos esenciales de la persona jurídica demandada y han integrado el conjunto económico, que se declara acreditado en la causa, y cuya responsabilidad fue dispuesta. Por ende, cabe concluir que no asiste razón a las personas físicas que cuestionan la decisión, por haber resultado partícipes necesarios del conjunto económico que con sus conductas motivara la aplicación de lo dispuesto en el art. 31 de la LCT ya citado, (iura curia novit), por lo que propiciaré la confirmatoria del fallo de anterior grado, en cuanto así concluye, aunque con distintos fundamentos legales.
En orden a la condena a la entrega del certificado de trabajo, se advierte que en la presentación recursiva no se cuestiona lo decidido en relación a las personas físicas coaccionadas, -extremo que llega firme a la Alzada- sino que solo se objeta lo resuelto en orden a Recol Sociedad Extranjera, por lo que en el estricto marco en que fue expuesto el agravio, cabe ponderar que en el caso en análisis la conducta fraudulenta asumida por Recol Sociedad Extranjera genera la responsabilidad directa por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del vínculo laboral, pues la misma revistió el carácter de empleadora y por ello, considero que corresponde mantener la condena, en cuestión.
Por otra parte, si bien en el escrito recursivo se argumenta que "se agravian p or la condena a la multa por falta de entrega del certificado de trabajo", dicha mera manifestación tampoco constituye una critica concreta y razonada, sino que solo se muestra como una posición en discrepancia con lo resuelto en tal sentido, y por ello se propicia desestimar dicho aspecto del agravio. En cuanto al progreso de la indeminización a Claudia Molina, en concepto de stock options, cabe ponderar que se trata de una remuneración especial que -tal como sostiene el Dr. Julio Armando Grisolía- "otorga al beneficiario el derecho a comprar acciones de la propia empresa a una fecha prefijada y a un precio preestablecido que se mantiene fijo durante ese período" (cfre. Derecho del Trabajo y Seguridad Social T l, pág. 683/vta.)
Al respecto, se alegó en el escrito de inicio que, "entre Molina y la demandada habían pactado como parte del contrato individual de trabajo una participación en las acciones de la compañía del 10% calculado sobre la suma total del salario que debía percibir la actora a lo largo de cada año de trabajo" ... que la demandada frustró toda posibilidad de que la actora pudiera ver realizado el cobro de lo que por derecho le hubiera correspondido"... "que si el accionar de los demandados hubiera sido acorde a derecho la actora hubiera podido verse beneficiada con el 10% de la suma de su salario anual, en acciones de una compañía que hubieran tenido valor y no de una empresa inexistente (ver fs. 29 vta.), por lo que por aplicación del art. 71 de la LO y en el estricto marco en que fue expuesto el agravio, se propicia mantener la condena dispuesta en el decisorio de grado, como así también el monto allí fijado, habida cuenta que los apelantes se limitaron a argumentar que " no hay elemento para calcular cuál habría sido el beneficio", sin establecer el importe que a su criterio resultaría adecuado.
Sostienen, los recurrentes que se habría omitido aplicar en el cálculo de la indemnización por antigüedad de la coactora Molina el tope del art.245 de la LCT, que asciende a la suma de $5.521,83.- para los empleados de comercio, sin embargo, se advierte que éstos no se agraviaron expresamente del encuadramiento de la relación laboral de Molina en el Estatuto del Periodista, como así tampoco del cálculo de la indemnización por antigüedad, en función del art. 43 inc. c. de la ley 12.908, por lo que corresponde desestimar el agravio, en cuestión.
En orden a la multa del art. 132 bis de la LCT (conf. art. 43 de la ley 25.345), forzoso resulta puntualizar que dos son las condiciones fácticas y jurídicas para la procedencia de la sanción que prevé la norma aludida, a saber: 1) Obligación del empleador de retener-y de haberlo hecho total o parcialmente- en virtud de disposiciones legales o convencionales, aportes del trabajador a organismos de la seguridad social, o de cuotas, o contribuciones que estuviere legalmente obligado a efectuar a asociaciones sindicales con personería gremial, sociedades mutuales o cooperativas, 2) Omisión de depositar parcial o totalmente lo retenido.
En tal contexto, en el escrito inicial se consignó que no se ingresaron la totalidad de los aportes que le han sido retenidos a los trabajadores y ninguna prueba se produjo en la causa, con relación al ingreso de tales sumas a los organismos correspondientes. Las circunstancias denunciadas en la demanda deben tenerse por ciertas al haber quedado incursa Recol Networks S.A. (Sociedad Extranjera) en la situación prevista en el Art.71 LO.Ninguna razón se advierte para no hacer aplicación de la presunción de veracidad a favor de la parte actora, en virtud de la rebeldía mencionada precedentemente, toda vez que tanto la retención de aportes como su no ingreso a los organismos destinatarios han sido extremos expresamente alegados en la demanda y -a mi criterio- la calificación que pudiera merecer la conducta de la persona jurídica demandada al respecto no resulta óbice para tener por acreditados los presupuestos a los que la norma sujeta la procedencia de la sanción en cuestión, por aplicación de lo dispuesto en el art. 71 de la L.O.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se efectuó la consulta a la página que la AFIP ofrece en la web (www.afip.gov.ar -"mis aportes"-) que, da cuenta la certificación glosada a fs. 1389/1392, mediante la cual se ha podido verificar la ausencia del ingreso de los aportes allí identificados, para cada uno de los actores.
En consecuencia, por todo lo expuesto y habida cuenta que llega firme a la Alzada que los demandantes formularon la intimación prevista en el art. 132 bis de la LCT - en el estricto marco en que fuera expuesto el agravio- se propone confirmar el progreso de la multa en cuestión, como así también los importes diferidos a condena, en la medida en que los recurrentes no objetaron expresamente los cálculos practicados por el judicante de grado, ni sus respectivas cuantías, extremos que llegan firmes a la Alzada.
Las argumentaciones vertidas brindan adecuado sustento al pronunciamiento, razón por la que se omite el análisis de las demás cuestiones que se hubieran planteado en tanto resulten inconducentes para la solución del litigio. En tal sentido la C.S.J.N. ha señalado que "los jueces no están obligados a seguir y decidir todas las alegaciones de las partes, sino solo a tomar en cuenta lo que estiman pertinente para la correcta solución del litigio" (conf. Fallo del 30.4.74 en autos "Tolosa Juan C.C/ Cia. Argentina de Televisión S.A:" pub. En La Ley, Tomo 155 pag. 750 número 385).
En tal contexto, cabe imponer las costas de Alzada, a cargo de los recurrentes vencidos (art. 71 CPCCN).
A fs. 1333 el Dr. Sánchez de Bustamante, ex -letrado de la parte actora apela sus emolumentos, por estimarlos reducidos y a fs. 1363 apela la decisión que discrimina sus honorarios, por considerarlos bajos.
En tal sentido, tomando en cuenta el resultado del litigio, el mérito y extensión de la labor desarrollada y lo normado por los arts. 6 a 9, 19 y 39 de la ley 21.839 y art. 38 de la L.O., los honorarios cuestionados resultan adecuados, por lo que se propicia confirmarlos.
Asimismo, cabe regular los honorarios de la representación letrada de la parte actora y de los codemandados apelantes por la actuación en la Alzada en un 30% y 25%, respectivamente, de lo que en definitiva les corresponda percibir por su intervención en origen, en mérito a la importancia y extensión de los trabajos realizados (leyes 21.839, 24.432 y art. 38 L.O.).
Miguel Ángel Pirolo dijo:
Que adhiere a las conclusiones del voto de la Dra. Graciela A. González, por análogos fundamentos.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la ley 18.345), el Tribunal RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia de grado en todo lo que fue materia de recursos y agravios; 2) Imponer las costas de Alzada a cargo de los recurrentes vencidos; 3) Confirmar los honorarios cuestionados; 4) Regular los honorarios de Alzada, en la forma dispuesta en el párrafo respectivo.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Miguel Ángel Piropo.

Juez de Cámara.

Graciela A. González

Juez de Cámara.

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