La protección penal del derecho al honor en los delitos por injurias y calumnias




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2.5. La exceptio veritatis

A continuación examinamos si la veracidad de la imputación que se estima injuriosa excluye la responsabilidad del presunto injuriante. Para ello debemos distinguir dos situaciones :

  1. Cuando la injuria se dirige a particulares.

Como regla general, en este caso no es aplicable la exceptio veritatis. Como dicen cardenal murillo y serrano gonzález "(...) la veracidad o falsedad de lo imputado carecerá de relevancia en orden a configurar el tipo de injusto de algunas modalidades de injurias incluidas en dicho precepto. Así ocurre respecto de imputaciones de hechos o juicios de valor despectivos que lesionan la dignidad intrínseca de la persona (la autoestima u honor interno) bien porque lo imputado, al constituir un juicio de valor de carácter despectivo, no es susceptible de prueba, bien porque, con independencia de la veracidad o no de lo imputado, se lesiona dicha dignidad intrínseca de la persona (por ejemplo, injurias reales)"37.

Entendemos por injurias reales, verbigratia, el resaltar con menosprecio los defectos físicos de una persona -que realmente existen- o humillarla por su raza, sexo o religión, con manifiesto desprecio a la dignidad de las personas, no siendo relevante, en este caso, la veracidad de los defectos físicos o la condición del agraviado.

  1. Cuando la injuria se dirige contra funcionarios públicos sobre hechos (y no a juicios de valor38) concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones administrativas (art. 210 CP).

En estos casos, el acusado será absuelto si puede probar la veracidad de las imputaciones. Como indican cardenal serrano y serrano de murillo, "es el Estado el que tiene interés en clarificar la participación de su funcionario en los hechos imputados". "Se dice que en estas ocasiones en que las imputaciones afectan de uno u otro modo al buen funcionamiento de la función pública, el Estado tiene un interés primordial en que sean comprobadas o, por el contrario, desmentidas. De tal modo que la posible lesión del bien jurídico honor del funcionario que la imputación pudiera conllevar, con independencia de su falsedad o veracidad (en consideración a una pretendida defensa del honor aparente recogida en nuestro texto legal), cede en el ámbito de la antijuricidad ante el interés preponderante del Estado en desvelar cualquier tipo de anomalía referente al funcionamiento de la Administración Pública"39.

3. El delito de calumnia

3.1. Concepto

3.1.1. Aspecto objetivo

En el anterior Código Penal la calumnia venía regulada en el artículo 453 y se entendía por delito de calumnia "la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio".

En la nueva regulación el delito de calumnia viene recogido y definido en el artículo 205 Código Penal, el cual define dicho delito como "la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad". Por consiguiente, en el aspecto objetivo, la calumnia consiste en atribuir un hecho falso constitutivo de delito a otra persona, sea éste perseguible de oficio o a instancia de parte, por lo que la doctrina señala que constituye un tipo agravado de la injuria. Además, esto implica que si el hecho que se imputa es constitutivo de falta no existirá el delito de calumnia.

Dos son los aspectos importantes que debemos destacar de esta nueva configuración. El primero de ellos es la no regulación expresa en este tipo de las denominadas "calumnias indirectas" consistentes en ofrecer medios de pruebas inveraces de los que otros puedan derivar la imputación. Así, este tipo de delito se recoge en el ámbito de los delitos contra la Administración de Justicia. El segundo aspecto que debemos destacar y que es importante por suponer un cambio con la anterior regulación, es la desaparición de la distinción entre delitos perseguibles de oficio y los que no lo son.

3.1.2. Aspecto subjetivo

Como hemos visto, en la anterior regulación se hacía referencia a la falsedad mientras que ahora se hace referencia al "conocimiento de la falsedad o temerario desprecio hacia la verdad". Por consiguiente, se produce un cambio importante respecto a la anterior regulación en el sentido de que ya no se exige la verdad objetiva sino más bien una verdad subjetiva. La expresión "temerario desprecio hacia la verdad" es una traducción del "reckles disregard" del Derecho norteamericano. Esta expresión debe entenderse en el sentido de que se requiere el dolo, es decir, "el conocimiento eventual (doloso) de que el hecho de que se imputa es falso".

Por consiguiente, "para estimar que concurre calumnia, a ese conocimiento ha de añadirse el de que la expresión que se profiere es ofensiva, sin que quepa exigir un ulterior "animus injuriandi", ni utilizar este elemento como un criterio delimitador entre dos derechos fundamentales (la libertad de expresión y el honor) cuyos respectivos límites han de trazarse objetivamente", de acuerdo con la STC 85/199240. Existe una clara distinción por parte de los Tribunales entre los diversos animus de una persona o periodista al explicar o valorar hechos o actitudes. Así, se delimitan los siguientes animus :

  • animus criticandi : es el "propósito de criticar o censurar constructivamente el comportamiento ajeno" (STC 51/89)41.

  • animus injuirandi : es la intención específica de injuriar, de promover en la sociedad el rechazo social hacia una persona mediante una expresión de desprecio, vejativa, pretendiendo el autor causar un daño en el honor del ofendido a través de la imputación (STC 170/94)42.

  • animus narrandi : elimina toda injuria por desenvolverse dentro del campo jurídico y de la ética.

  • animus iocandi : cuando hay una expresión deshonrosa pero dentro de un espíritu de amistad o de broma que excluye toda intencionalidad de ofender. En el caso de la calumnia, hablaríamos del animus difamandi o voluntad de difamar.

Como ya señalamos, la calumnia es un supuesto agravado de la injuria. Se trata de una ofensa al honor a la que hay que añadir la imputación de un delito que puede suponer la posibilidad de que la autoridad judicial instruya el correspondiente sumario contra el agraviado

3.2. Penalidad

La penalidad viene regulada en el art. 206 Código Penal. Este precepto indica que "las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses, si se propagaran con publicidad, y, en otro caso, con multa de cuatro a diez meses". Por tanto, este precepto distingue entre :

  1. Calumnias propagadas con publicidad.

En cuanto a la publicidad, entendemos por calumnias con publicidad aquellas "que se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante (art. 211 CP 95)".

  1. Calumnias en las que no existe publicidad.

En el anterior Código Penal también se distinguía entre calumnia propagada por escrito y con publicidad que venía regulada en el artículo 454 y la penalidad era de prisión menor y multa, mientras cuando la calumnia era propaga sin los requisitos anteriores venía regulada en el artículo 455 y la pena era de arresto mayor y multa. Así, merece destacarse que en la nueva regulación la pena privativa resulta siempre facultativa.

3.3. La exceptio veritatis

Se trata de una causa de exclusión de la penalidad de naturaleza objetiva que puede tener lugar en el transcurso del proceso por calumnia, y que encuentra su fundamento en el interés del Estado en la persecución y castigo de los delitos.

Esta figura viene regulada en el artículo 207 del Código Penal. El tenor de dicho artículo es el que sigue : "El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado".

Del precepto parece claro la pretensión de excluir la pena allí donde el hecho delictivo imputado resulte ser cierto. Por lo que, aunque parece ser que la carga de la prueba recae sobre el autor de la calumnia, la prueba puede resultar suficiente si a través de medios ajenos al acusado se demuestra la veracidad de la imputación realizada.

4. Disposiciones comunes

El Código Penal de 1995 regula una serie de disposiciones que son comunes tanto para el delito de calumnia como el de injuria en los artículos 211 a 216. En el anterior Código Penal también existía esta regulación común en los artículos 462 a 467. Estas Disposiciones Generales, que es como se denominan en el Código Penal, han sufrido importantes modificaciones respecto a la anterior regulación. Los cambios más importantes son :

  • ha desaparecido la referencia a la calumnia o injuria encubiertas, aunque mediante las cometidas con publicidad existe la posibilidad de castigarlas.

  • se produce una nueva redefinición de lo que se entiende injuria o calumnia hecha con publicidad en el artículo 211 CP que ya hemos estudiado anteriormente.

  • el artículo 212 CP regula la figura del responsable civil solidario del propietario del medio informativo en caso de que exista injuria o calumnia con publicidad. Se trata de una medida de carácter civil que incrementa el régimen general de responsabilidad civil subsidiaria del empresario por el régimen de la solidaridad, por lo que autor y empresario responden conjunta y solidariamente frente al perjudicado.

  • el artículo 213 CP regula la comisión de injuria o calumnia mediante precio, recompensa o promesa.

  • por su parte, el artículo 214 CP recoge la figura de la retractación y la posibilidad de publicación del mismo en aquel medio en el que se hubiere publicado o vertido la calumnia.

  • el primer párrafo del artículo 215 CP recoge como requisito sine qua non la querella del ofendido para la persecución de estos delitos. Además, recoge que será suficiente con la denuncia cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, Autoridad o agente sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos. El artículo 215.2 continúa requiriendo la previa licencia del Juez o Tribunal para deducir acción de calumnia o injuria, cuando éstas se hayan vertido en juicio, aunque el legislador no ha precisado los requisitos de su concesión o denegación ( art. 467.6 ACP). Finalmente, el párrafo tercero de este artículo regula el perdón del ofendido como modo de extinción de la responsabilidad criminal (art. 467.4 ACP).

  • el artículo 216 CP recoge como parte integrante de la reparación del daño causado por los delitos de injuria o calumnia la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a cargo del condenado.

5. Grados de ejecución

Sobre si es posible la existencia de las formas imperfectas, debemos señalar que es discutible. No obstante, en nuestra opinión, consideramos que la injuria o la calumnia tiene que llagar a conocimiento del injuriado, por lo que se ha de admitir que son posibles la tentativa y la frustración, sobre todo cuando se hacen por escrito. Sin embargo, hay quienes opinan que es suficiente con que la injuria o la calumnia haya llegado a oídos de los demás, aunque todavía no lo sepa el sujeto lesionado por estos delitos. En este último caso, el delito se consuma con la mera exteriorización de la injuria o calumnia, por lo que no existe la posibilidad de la tentativa o la frustración. No obstante, nuestra opinión discrepa de la segunda tesis.

6. Consumanción

La consumación del delito de injurias requiere una lesión efectiva al honor y no la mera actividad. Por otra parte, al tratarse la calumnia de una figura especial desplaza a la injuria. A su vez, las dos quedan desplazadas por las configuraciones específicas en que se atiende al carácter de autoridad del sujeto pasivo.

7. Prescripción

La nueva regulación de los delitos de calumnia y de injuria, en el artículo 131.1 Código Penal, establece que prescriben al año. Seguidamente, en los dos numerales del artículo 132, se señala que los plazos de prescripción se computarán desde el día que se haya cometido el delito y se interrumpirán, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento judicial se dirija contra el culpable, empezando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o se acabe sin condena.

Respecto a lo anterior, debemos señalar que en la anterior regulación el plazo de prescripción venía regulado en el artículo 113 ACP. En él, se establecía que los delitos de calumnia prescribían al año, al igual que la actual regulación. No obstante, la divergencia la encontramos en que para los delitos de injuria se establecía el plazo de prescripción en seis meses, mientras que, como hemos visto, actualmente ha habido una ampliación de dicho plazo hasta un año. Además, la nueva regulación supone también una mayor protección del ofendido para poder ejercitar su derecho a perseguir estos delitos ya que el art. 132 del vigente Código Penal, al hablar de la prescripción y de su interrupción ha introducido el inciso "quedando sin efecto el tiempo transcurrido", cosa que no se recogía en el art. 114 ACP que era el que regulaba este tema.

8. Posible inconstitucionalidad de las injurias leves como faltas

Nos plantearnos si cualquier ofensa o insulto resulta relevante constitucionalmente para fundar una restricción a los derechos-libertades de información o expresión, entendiendo por tales restricciones tanto la imposición de una sanción penal como la imposición de la obligación de indemnizar daños y perjuicios (tanto materiales como morales). Respecto a este tema, la doctrina del Tribunal Constitucional desde las SSTC 171/199043 y 85/199244, viene manteniendo la necesidad de efectuar una ponderación aplicando el principio de proporcionalidad de los sacrificios, lo que implica negar la constitucionalidad a las limitaciones y sanciones que incidan en el ejercicio de los derechos fundamentales de forma poco comprensible, llegándose a afirmar por la STC 171/1990 que "la limitación del derecho a la información sólo se justifica si con un ínfimo sacrificio del mismo se consigue evitar un sacrificio total del derecho ajeno" dado que "el carácter molesto o hiriente de una información no constituye un sí un límite al derecho de información", siendo necesario para sobrepasar el límite de lo tolerable el que "las expresiones insultantes, insinuaciones insidiosas y vejaciones innecesarias sólo puedan entenderse dictadas no por un ánimo o por una por una función informativa, sino con malicia calificada por un ánimo vejatorio o la enemistad pura y simple".

Por ende, se requiere que la ofensa o el insulto sea grave, atendiendo a su naturaleza y la forma en que se efectúa, es decir, con ánimo de ofender. En este sentido parece que ha caminado el Código Penal vigente, tal y como ya hemos visto. Sin embargo, el artículo 625 del Código Penal, tipifica como falta "la injuria o vejación injusta de carácter leve".

En conclusión, nuestro ordenamiento jurídico entiende el bien jurídico el honor de un modo muy amplio (SSTC 139/199545 y 223/199246), y además, la intromisión ilegítima, tanto leve como grave, en el derecho al honor se sigue calificando como ilícito civil o como ilícito penal. Esto se debe a que no se ha seguido la doctrina que propugnaba la tipificación penal (imposición de penas) de las intromisiones al honor, únicamente cuando fuesen graves, remitiendo las infracciones leves al ámbito del Derecho Civil (sólo indemnización de daños y perjuicios), tal y como se planteó en los votos particulares de las SSTC 78 y 79/199547.
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