La protección penal del derecho al honor en los delitos por injurias y calumnias




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9. Causas de justificación

En este apartado trataremos la temática de las causas de justificación conjuntamente porque los criterios que utilicemos son necesariamente comunes para la calumnia y la injuria.

9.1. La legítima defensa

En un primer momento, la jurisprudencia se negaba a considerar la legítima defensa en los delitos contra el honor. Para mantener esta posición contraria o negativa, se basaba en una concepción demasiado material de la agresión ilegítima y en una confusión entre la legítima defensa y la retorsión.

La STS de 1 de mayo de 1968 supondrá un cambio jurisprudencial mediante la espiritualización del concepto de agresión y su consecuente admisión de la legítima defensa en los delitos contra el honor. El contenido de esta legítima defensa se puede desprender del pronunciamiento que se recoge en la STS de 16 de mayo de 1989, en la que se señala que cabe la legítima defensa del honor propio por medio del ataque al ajeno e, incluso, a otros bienes, como a la legítima defensa de otros bienes por medio del ataque al honor.

9.2. La retorsión

Esta figura continúa siendo un quebradero de cabeza porque se suele confundir con la legítima defensa. La podemos definir como "la respuesta al ataque verbal una vez que éste ha cesado"48. Por ende, no justifica la conducta porque no es legítima defensa. Debemos destacar la confusión que existe entre la legítima defensa y la retorsión entre la propia jurisprudencia y los encajes de bolillo realizados por el TS para evitar penar a quien la ejercita.

En este sentido, la STS de 20 de junio de 1972 señala que "el "animus retorquendi", como uno de los ánimos que desplaza el "infamandi", supone la réplica injuriosa, efectuada contra injuria precedente, que se pretende impedir en su continuidad o en sus efectos inmediatos, o incluso que se quiere vindicar reintegrativamente, y se justifica, más que en la devolución del mal por el mal, o del empleo de la injuria contra la injuria, carentes de caridad, altruismo y eticidad, en atención a la necesaria defensa, adecuada y proporcionada, en el primer caso, que se admite para todo derecho conculcado, incluso para el honor, pues nada impide que el ataque verbal, se corresponda con respuesta ideal del mismo tono, originando la legítima defensa del honor, que actúa como causa de justificación, y también se ampara en el segundo supuesto, en el justo dolor que causa la injuria, que provoca e impulsa el ánimo del ofendido a la retorsión difamatoria perturbándolo más o menos profundamente, y dando lugar a la inculpabilidad total o parcial de la acción, o a la no exigibilidad de otra conducta, de acuerdo a las circunstancias personales y ambientales".

Frente a este pronunciamiento del Tribunal Supremo, VIVES ANTÓN señala que "en una apreciación crítica, puede decirse que ni el "animus retorquendi" desplaza al "inuiriandi" (puesto que el que respondde a unas injurias con otras quiere, también, injuriar), ni la retorsión puede identificarse con la legítima defensa"49 y "en los supuestos de retorsión, la culpabilidad sólo quedará excluida si se produce una alteración del ánimo de tal naturaleza que constituya un trastorno mental transitorio" y " en los demás casos, podrá apreciarse una eximente incompleta o una atenuante, pero no resultará totalmente excluida la responsabilidad criminal".

Sin embargo, en mi opinión me parece que los argumentos del T.S. intentando buscar un camino de despenalización en este tipo de casos, es más propia de un Estado democrático donde la utilización de tipos penales como éstos que colisionan con la libertad de expresión.

9.3. El estado de necesidad

Según VIVES ANTÓN, éste es incompatible con los delitos contra el honor. Sin embargo, MUÑOZ CONDE, que en determinados casos en los que se produzca una colisión entre los derechos reconocidos en el artículo 20 y los reconocidos en el artículo 18.1 de la C.E. podría aplicarse el estado de necesidad. En esta línea, la STS de 7 de julio de 1980 señala que "la crítica política y de gestión administrativa, no integra delito, si falta el animus injuriandi, aunque el juicio sea acerbo, apasionado, exagerado o incluso injusto"50.

9.4. El ejercicio de un derecho

Este aspecto debería ser estudiado en relación con los derechos relativos a la información y delimitado en él. Respecto a este tema, debemos señalar que visto desde el punto de vista constitucional, la libertad de información es preferente por ser un elemento ineludible y un presupuesto básico de la conformación de la opinión pública libre y del Estado democrático de Derecho. Visto desde el punto de vista penal, el ejercicio legítimo de un derecho (libertad de expresión y de información) o de un oficio (periodista) es una circunstancia que exime de la responsabilidad criminal (art. 20.7 CP). Así, un tribunal al juzgar un caso de injurias o calumnias, en primer lugar debe examinar si se ha ejercido legítimamente el derecho a la libertad de expresión o información. De ser así, no existirá delito porque prevalece el interés público de la información veraz sobre el animus injuriandi.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha asentado una doctrina clara al respecto. La STC 136/199451 (Diario de León) reitera el planteamiento de muchas otras sentencias : "Si bien la legislación penal otorga una amplia protección a la buena fama y al honor de las personas y a la dignidad de las instituciones mediante la tipificación de los delitos de injuria, calumnia y desacato, este Tribunal ha declarado reiteradamente (SSTC 159/86, 107/88, 51/89, 20/90, 15/93 y 336/93, entre otras) que el reconocimiento constitucional de las libertades de expresión y de información ha matizado la problemática de los delitos contra el honor en aquellos supuestos en que la conducta que incide en este derecho haya sido realizada en ejercicio de dichas libertades, pues la dimensión constitucional del conflicto "convierte en insuficiente el criterio objetivo del animus injuriandi tradicionalmente utilizado por la jurisprudencia penal para el enjuiciamiento de este tipo de delitos". Y ello entraña que el enjuiciamiento se traslade a un distinto plano, en el que no se trata de establecer si el ejercicio de las libertades de información y de expresión ha ocasionado una lesión al derecho al honor plenamente sancionable, sino de determinar si tal ejercicio opera o no como causa excluyente de la antijuricidad".

9.5. El cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un oficio o cargo

En algunas ocasiones podría justificar ataques al honor. Por ejemplo, el testigo que en un juicio informa sobre la conducta del procesado.

9.6. El consentimiento del ofendido

El honor es un bien jurídico esencialmente disponible, con lo cual, el consentimiento del ofendido implica la justificación de la lesión de dicho bien. Sin embargo, se va a tratar de una justificación y nunca implicará que dicha lesión no sea típica, ya que la lesión a la dignidad puede seguir existiendo.

VI. Supuestos especiales

1. Las injurias y calumnias a la Corona

El fundamento de este delito lo encontramos en el respeto a la más alta institución del Estado, que tiene una consideración superior a la de los particulares. La anterior regulación recogía estas infracciones en los artículos 146.1 y 147.1 y 2 del Código Penal. Actualmente, las injurias y calumnias contra la Corona viene reguladas en el artículo 490.3 CP. Así, se entiende por injuria o calumnia contra la Corona y de la misma importancia, la que se haga "al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de la Corona".

La penalidad que se establece difiere según :

  1. Si se comete la injuria o calumnia cuando alguno de los anteriores están en el ejercicio de sus funciones :

a) si la calumnia o injuria fueren graves : la pena es de prisión de seis meses a dos años.

b) si no lo son : pena de multa de seis a doce meses.

  1. Si la ofensa no se realiza con el ejercicio de sus funciones se establece una multa de cuatro a veinte meses (artículo 491.1).

Podemos observar que mientras la tipificación de la injuria leve contra particulares es una falta, contra la corona es un delito. Como dice lluís de carreras, "si en la ofensa a los particulares las penas por injurias son inferiores a las de calumnia, no parece lógico que en el Caso de la Corona se consideren con la misma gravedad una y otras"48. Además, en este caso no se recoge la figura de la exceptio veritatis como presupuesto de la exención de la responsabilidad.

Por otra parte, un examen de la jurisprudencia nos muestra que la realidad criminal de las injurias vertidas contra el Jefe del Estado va desde el insulto proferido en estado más o menos intenso de intoxicación etílica a los posibles excesos en el ejercicio de la crítica política. Las primeras, por su intranscendencia, implican la aplicación de la pena de multa de seis a doce meses. En el segundo caso, es difícil diferenciar entre lo que constituye legítimo ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la disidencia y a la crítica política y lo que, en cambio, representa un ataque punible al honor del Monarca y a la dignidad de la Magistratura que ostenta, que requiere un consideración separada.

Así, el Tribunal Supremo señala que la doctrina general utilizada en el caso de la calumnia o la injuria es aplicable a las que se vierten contra el Jefe del Estado. Sin embargo, el Tribunal Supremo emplea un criterio más rígido que el común, porque entiende que la suprema dignidad del agraviado implica que todos los actos de menosprecio contra la misma son constitutivos de delito.

No obstante, vives antón y carbonell mateu entienden que este criterio no puede ser admitido, porque "la condición pública del agraviado, así como la máxima dignidad resultante de ella, implica, a su vez, un grado máximo de sometimiento a la crítica política, con la correspondiente "relajación de los juicios de valor" en orden a la dignidad del ofendido"49. En nuestra opinión, coincidimos con los anteriores en el sentido de que la crítica política debe implicar una relajación de los juicios de valor en orden a la dignidad del ofendido, aunque si la Corona se constituye como la institución de mayor dignidad en nuestro sistema democrático, también es razonable que tenga una mayor protección frente al ataque de terceros. Por ello, una crítica política a dicha institución realizada con respeto nunca debe ser considerada como delito. En cambio, aquellos ataques realizados con ánimo de ofender deben ser considerados como delitos pues están atentando a la institución suprema que tiene como finalidad la representación del Estado español a todos los niveles.

Así, en la sentencia de 26 de enero de 1983 se castiga un artículo titulado "El paseíllo y la espantá", en el que se ridiculiza un viaje del Monarca por el País Vasco ; en la de 11 de mayo de 1983 se castiga igualmente la conducta del Alcalde, Teniente de Alcalde y Concejales del Ayuntamiento de una pequeña localidad vasca que adoptaron una propuesta en la que se calificaba a la Monarquía española de "indigna de pisar el suelo vasco" ; en la de 10 de abril de 1984 se sanciona un artículo periodístico en el que se presenta al Rey como sospechoso de connivencia o favorecimiento del golpe de Estado de 23 de febrero de 1981 ; en las de 6 de diciembre de 1985 y 28 de noviembre del mismo año se sanciona la conducta de quienes derriban la estatua de cera del Rey en un museo, le prenden fuego y le arrojan pasquines llamándole traidor. En todas estas resoluciones se aplicó la atenuación prevista en el párrafo segundo del viejo artículo 148 bis, lo que, según vives y carbonell, "evidencia que el Tribunal Supremo concede al hecho de que se trate de expresiones de disidencia política un cierto valor atenuante"50. Pero, no obstante, el Tribunal Supremo castiga dichas conductas entendiéndolas como delito.

En cambio, si que coincidimos con vives y carbonell en la crítica que éstos hacen al Tribunal Supremo cuando indican que la crítica política excluye el animus injuriandi. "El animus injuriandi concurre si, consciente y voluntariamente, se produce un acto de menosprecio, sin necesidad de que el agente se proponga como meta final la de menospreciar o injuriar. Y dicho ánimo subsiste aunque concurra con otra finalidades legítimas, cual puede ser la de expresar la discrepancia política". Y también en que, naturalmente, "las conductas constitutivas de delito de injurias al Jefe del Estado han de significar, junto a un ataque al honor del mismo, una lesión de la dignidad de la función (entendida como pretensión de respeto indispensable para el normal funcionamiento de los poderes públicos)"51.

2. Las injurias a las instituciones y símbolos del Estado

La redacción de estos delitos en la anterior regulación era arcaica y recordaba a las vicisitudes políticas del siglo XIX, y las penas que en ellos se establecían también eran reminiscencias histórica . Para estudiar estas infracciones hemos de distinguir entre las diferentes Instituciones del Estado que ven protegido su honor mediante la tipificación en la norma penal de la transgresión del mismo.

2.1. El poder legislativo

El anterior Código Penal regulaba este delito en el artículo 156, castigando con la pena de destierro al "que injuriare a las Cortes hallándose en sesión, o a algunas de sus Comisiones en los actos públicos que las representan". Comentaba rodríguez devesa, respecto a esta regulación, que "era altamente absurdo que la pena fuera inferior a la que, por ejemplo, se impondría, sí, en vez de tratarse de las Cortes, fuera el sujeto pasivo una sociedad deportiva".

También, el artículo 157 párrafos 2 y 3 castigaban a la pena de confinamiento a "los que injuriaren o amenazaren gravemente en los mismos actos a algún miembro de las Cortes" o "los que fuera de las sesiones injuriaren o amenazaren gravemente a un miembro de las Cortes por las opiniones manifestadas o por los votos emitidos en el seno de aquéllas".

Actualmente, el artículo 496 Código Penal señala que "el que injuriare gravemente a las Cortes Generales o a una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, hallándose en sesión, o a alguna de sus Comisiones en los actos públicos en que las representen, será castigado con la pena de multa de doce a dieciocho meses". En este caso, entienden vives y carbonell, que "este artículo debe entenderse en relación con el artículo 208, como la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación"52. Esto nos conduce a la cuestión de si tienen o no dignidad las personas jurídicas. Estos autores mantienen la tesis de que las injurias se pueden producir tanto a cada uno de los miembros que componen las Cortes Generales cuando estén en sesión, como al mismo cuerpo legislativo. Entienden que las injurias que se producen colectivamente a la Cámaras repercuten en la fama y crédito de cada uno de sus componentes.

Lo anterior viene a justificar que el artículo 496, en su segundo párrafo, recoja la exceptio veritatis. Es decir, se concede eficacia eximente de responsabilidad a la prueba de la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirigen contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones administrativas.

Sin embargo, aquí debemos señalar que se trata de injurias graves ya que una Cámara legislativa no puede cometer delitos y, en consecuencia, no les puede ser inferida una calumnia, no considerándose delito la injuria leve.
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