La protección penal del derecho al honor en los delitos por injurias y calumnias




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2.2. El Poder Ejecutivo y Judicial

La anterior regulación recogía en el artículo 161 que se castigaba con la pena de reclusión mayor a : "1º) Los que injuriaren, calumniaren o amenazaren gravemente al Regente o Regentes, al Gobierno, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas". Así mismo, el artículo 162 señalaba que : "Cuando la injuria o amenaza de que se habla en el artículo precedente no fuere grave, se impondrá al culpable la pena de prisión menor". Mediante la Ley Orgánica 2/1981, de 4 de mayo, se hacía extensivas las disposiciones de esta sección a los Altos Organismos de las Comunidades Autónomas (artículo 160 bis).

El artículo 504 Código Penal es el que ahora regula las injurias, calumnias, amenazas y coacciones a altas Instituciones del Estado que determinan la existencia de un ataque a la dignidad de los poderes públicos, entendida en sentido funcional. Dicho delito se castiga con multa de doce a dieciocho meses a los que "calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma".

El Tribunal Supremo ha venido afirmando respecto de los delitos de desacato, desaparecidos en el vigente Código Penal, que el objeto de tutela o protección se hallaba representado por el honor y la seguridad de quienes encarnan el principio de autoridad (STS, Sala 2ª, de 24 de enero de 198653). El contenido de injusto radica en la "ofensa moral al principio de autoridad que desprestigia, menoscaba o mengua su traducción en la vida real". Así, se entiende que el bien jurídico protegido es el principio de autoridad, como afirman, entre otras muchas sentencias, la STS, Sala 2ª, de 18 de junio de 198654.

Por su parte, la doctrina venía entendiendo que, respecto a los desacatos, el bien jurídico protegido era el honor o la seguridad de los funcionarios públicos, en su calidad de titulares de la función (córdoba), o bien el principio de autoridad (rodríguez devesa-muñoz conde), o finalmente el normal funcionamiento de la vida político-administrativa del Estado (jaso, morillas, bustos).

En cuanto a la exceptio veritatis, la nueva regulación ha resuelto la cuestión afirmando la aplicabilidad de la exceptio veritatis a las injurias o calumnias que se vierten contra los altos organismos de la nación.

2.3. El Ejército

En cuanto a las injurias contra el Ejército, el artículo 505 es el que las tipifica. En el caso de que el sujeto activo fuese militar se aplicaría el artículo 90 del Código Penal Militar, redactados en términos semejantes.

En este caso, se lesionan la dignidad de la institución y el honor de sus miembros. En consecuencia, la referencia a los Ejércitos, etc., no implica la admisión de un sujeto pasivo colectivo, sino una designación genérica de sujetos pasivos individuales (los componentes de la institución de que se trate).

Anteriormente, esta clase de injurias venían reguladas en el artículo 242 de la antigua normativa penal. Esta regulación recogía la pena de arresto menor, sin embargo, ahora sólo es posible la pena de multa de doce a dieciocho meses, además de tratarse de injurias y calumnias graves. Por otra parte, el sujeto quedará exento de responsabilidad penal mediante la exceptio veritatis.

2.4. Los ultrajes a España

El artículo 543 establece que "las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete a doce meses". La anterior regulación recogía en el artículo 123 que "los ultrajes a la Nación española o al sentimiento de su unidad, al Estado o a su forma política, así como a sus símbolos y emblemas, se castigarán con la pena de prisión menor, y, si tuvieran lugar con publicidad, con la de prisión mayor".

En primer lugar, podemos observar una disminución en la penalidad que se recoge en la actual regulación. En segundo lugar, la doctrina y la jurisprudencia entiende que ultraje equivale a injuria, esto es, a expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otro. Podría decirse, en las misma dirección, que ultraje es expresión más fuerte que injuria y equivale a injuria grave. Se ha de referir tanto a España como a las Comunidades Autónoma, sus símbolos y emblema, siendo éstas la bandera, el himno nacional y el escuda nacional.

Para VIVES ANTÓN y CARBONELL "el artículo 543, además de no tener ningún sentido una vez desplazado de los delitos de traición, es probablemente inconstitucional, salvo que altere realmente la seguridad del Estado. Entendemos que, de no constituir, a su vez, una apología o una provocación a los delitos de traición o del resto de las figuras contra la Constitución, debe devenir inconstitucional por atentar claramente a la libertad de expresión. En todo caso, supone una clara vulneración del principio de intervención mínima del derecho penal"55.

VI. Visión general de los medios de tutela judicial del derecho al honor

1. La pluralidad de los medios de tutela

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos la protección de los derechos de la personalidad, entre ellos el derecho al honor, se abordan desde distintos planos. Dentro de nuestro sistema jurídico cabe distinguir diversos tipos de normas destinadas a proteger el derecho constitucional al honor que recoge el artículo 18.1 C.E. y que es predicable de todos los ciudadanos.

Como hemos explicado en este trabajo, el Código Penal de 1995 ha tenido en cuenta muy especialmente la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, como los bienes más dignos de protección, incluso en la propia sistemática del Libro II. Cabe, por tanto, la tutela de los derechos de la personalidad por la vía penal, pero también ante los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo y civil, de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso, además de la tutela constitucional.

Sin embargo, el ámbito de protección de éste derecho queda determinado por el propio comportamiento de cada persona, ya que, como hemos citado, su carácter personalísimo determina la voluntad de perseguir el presunto delito en el orden penal o, por el contrario, acudir a cualesquiera de los otros cauces de protección de este derecho. Siguiendo a eduardo espín, "esta pluralidad de vías de protección del honor es absolutamente imprescindible. Y quizás el principal factor que origina esta conveniencia es el que una persona ha de poder modular el alcance de la satisfacción que pretende, puesto que en muchos casos la reacción más fuerte (la penal) o, incluso, la civil, puede ocasionar más perjuicios todavía, debido a la publicidad que la misma conlleva, que vuelve a proyectar atención pública sobre la ofensa que dio pie a dicha acción"56.

Por ende, los ciudadanos podrán escoger la vía de protección que más le convenga ya que éstas son alternativas. En esta línea, la STC 241/199157 (caso El Periódico) revocó la jurisprudencia que hasta entonces había seguido el Tribunal Supremo según la cual los cargos públicos afectados por vulneraciones de estos derechos constitutivas de delito perseguible de oficio estaban obligados a seguir la vía penal58.

1.1. Protección constitucional

La Constitución española de 1978 dedica amplia atención y extensión (el TítuloI) a los derechos de la personalidad. Así, el artículo 18.1 garantiza "el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen". Por consiguiente, dicho derecho estará protegido :

  1. Por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad ante los Tribunales ordinarios gracias a la Ley de 26 de diciembre de 1978, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la persona. Dicha Ley regula procedimientos penales, contecioso-administrativos y civiles para garantizar toda una serie de derechos de la personalidad : libertades de expresión, reunión, ... . Posteriormente, mediante Real Decreto de 20 de febrero de 1979, se hizo extensivo su ámbito de protección a los derechos al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones telefónicas y telegráficas y a la libre circulación por todo el territorio nacional.

  2. En su caso, mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (artículo 53.2 C.E.).

1.2. Derecho de rectificación

El derecho de rectificación se encuentra previsto en la Ley Orgánica 2/84, de 26 de marzo. Es la vía más suave de protección al honor, tal y como ha sido señalado por la STC 168/8659 (caso Ediciones Tiempo) : " no es preciso que quien rectifique acredite la veracidad de la rectificación, sino que se trata de permitir a una persona afectada por una información dar su propia versión de los hechos, aunque en definitiva pudiera revelarse inexacta". Este derecho supone la corrección de una información errática cuando el afectado así lo desee. Se trata de corregir informaciones equivocadas que afecten personalmente y que puedan desmerecer en su fama.

1.3. Protección penal

El Código Penal de 1995 dedica el Título XI de su Libro II a la regulación de los delitos contra el honor. Las lesiones que se produzcan al honor vienen tipificadas penalmente como delitos de injuria y calumnia. Esta es la vía que protege las lesiones más fuertes al honor.

1.4. Protección civil

Durante mucho tiempo la única forma de protección en el ámbito civil de los hoy llamados derechos de la personalidad fue por vía de indemnización de los perjuicios causados con su vulneración, y por el conducto y al amparo del artículo 1902 Código Civil. En ese contexto se dictó la STS, Sala 1ª, de 6 de diciembre de 1912, que reconoció el derecho al honor y su protección civil, señalando una indemnización por los perjuicios causados, no obstante, la dificultad que ofrecía por ser éstos morales. Es el caso de la falsa noticia aparecida en el periódico "El Liberal" de Madrid, en la que se narraba que la hija de una conocida familia se había escapado de su casa con un sacerdote. El TS rechazó la alegación del demandado de tratarse de daños inevaluables y por tanto no indemnizables.

Sin embargo, y a pesar de la responsabilidad civil derivada del delito, actualmente la norma más importante en este ámbito es la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

2. La problemática entre la vía civil y penal

La existencia de poder acudir a la tutela civil y penal contra determinados atentados de los derechos que recoge y protege el artículo 18.1 C.E., ya que un mismo atentado contra estos derechos puede ser calificado como ilícito civil y penal, ha venido implicando problemas en la práctica judicial. La problemática se originó por la existencia de una jurisprudencia de los juzgados de primera instancia en la que se venían rechazando las demandas civiles de indemnización de daños por vulneración del honor, cuando la intromisión fuese susceptible de ser calificada como delito de desacato, alegándose la falta de competencia de jurisdicción.

En principio, debemos señalar que la Exposición de motivos y el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de protección civil del honor, la intimidad personal y familiar y propia imagen, establecía la preferencia de la vía penal sobre la civil. Así, dicha exposición de motivos decía que "en los casos en que exista protección penal tendrá ésta preferente aplicación, por ser sin duda la de más fuerte efectividad". Ello implicaba que cuando las intromisiones en tales derechos fuesen constitutivas de delito se estaría a lo dispuesto en el Código Penal, siguiendo la tesis tradicional de los artículos 1092 y 1093 del Código Civil, por lo que en principio no quedaba más remedio que acudir con carácter previo a la vía penal.

Sin embargo, actualmente la disposición final 4ª de la L.O. 10/1995 del Código Penal ha modificado el artículo 1.2 L.O. 1/1982, permitiendo expresamente el ejercicio de la acción civil de daños aun cuando quepa calificar la intromisión ilegítima como delito. En este sentido se dirige la doctrina del TC al señalar en la STC 72/199160, de 8 de abril, en el fundamento jurídico sexto que la responsabilidad por daños no tiene carácter punitivo.

A pesar de lo anterior, esta cuestión no deja de plantear problemas. Con la redacción anterior de la L.O. 1/1982 y lo regulado en los artículos 106, 111, 112 y 114 LeCrim, en relación con los artículos 74, 362 y 533 de la L.E.C. 1881 y 25 del antiguo Código Penal (actualmente artículos 109 y 130.4), se entendía por la doctrina mayoritaria del T.S. hasta 1992 que :

  1. cuando la intromisión constituía un delito perseguible a instancia de parte (injuria o calumnia a particulares), la parte perjudicada podía optar por la vía civil o por la vía penal indistintamente, entendiendo que si se ejercitaba la vía civil se renunciaba al ejercicio de la segunda, implicando esto la extinción de la responsabilidad penal (artículos 106 y 112 LeCrim). A sensu contrario, si en primer lugar se ejercitaba la acción penal se entendía que no se podía ejercitar la acción civil de responsabilidad por daños hasta que no recayera sentencia firme en la causa criminal ( artículos 111 y 114 LeCrim). Actualmente, la doctrina del TS mantiene la competencia del tribunal civil en todo caso, salvo que existiese causa penal pendiente( supuesto de prejudicialidad penal en los artículos 111 y 114 LeCrim)61.

  2. cuando la intromisión en el derecho al honor era constitutivo de un delito perseguible de oficio (desacato : artículos 240 a 245 del antiguo C.P., hoy artículos 490.3, 491, 496, 504, 505), es decir, cuando se producía en relación con autoridades públicas, el TS entendió la necesidad de ejercitar previamente la acción penal. Esta postura se ha mantenido hasta 1992. Resultaba así incompetente la jurisdicción civil para conocer de una previa acción civil por daños. Esta posición fue criticada por la doctrina, al entender que la jurisdicción civil resultaba siempre competente para conocer de una acción civil, salvo que existiese una previa prejudicialidad penal, que únicamente se produciría si se entablaba la acción penal por el Ministerio Fiscal, dando lugar al correspondiente procedimiento criminal62.

Tal y como apunta O'CALLAGHAN63, la tesis del TS debe entenderse superada como consecuencia de la STC 241/199164, en la que se sostiene que si no existe proceso penal pendiente, ni se encuentra condicionada la decisión de la cuestión que constituía el objeto del proceso civil a la previa calificación de los hechos como constitutivos de delito, no se incurre en un exceso de jurisdicción, pues ni el artículo 1.2 L.O. 1/1982 ni, por conexión, los artículos 111 y 114 LeCrim., 362 L.E.C. 1881 y 10.2 L.O.P.J. les obligan a ello. El TC considera como vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva una interpretación contraria. Por consiguiente, al menos para los delitos de injuria y calumnia contra autoridades públicas (desacato), el perjudicado puede escoger entre ejercitar la acción civil o penal, pero si posteriormente al ejercicio de la acción civil fuese ejercitada la acción penal, debería suspenderse el proceso civil y el fallo del mismo

En opinión de SEMPERE RODRÍGUEZ, "tanto la nueva redacción del artículo 1.2 L.O. 1/1982 como del artículo 109 del C.P. permiten llegar aún más lejos, pues, al establecer que el perjudicado podrá optar en todo caso por exigir la responsabilidad civil ante la jurisdicción civil no sólo reconoce expresamente la competencia de la jurisdicción civil para conocer de la responsabilidad civil derivada del delito, sino que además permite optar en todo caso por ella. Ello significaría la modificación de los artículos 11 y 114 LeCrim. y el reconocimiento de que, pendiente o no proceso penal, cabe ejercitar la acción de responsabilidad civil por daños ante la jurisdicción civil".

Visto esto, parece que la redacción simultánea del artículo 109 C.P. y 1.2 L.O. 1/1982 hacen pensar que se trata de consagrar legalmente la doctrina del TC antes expuesta, en relación a los delitos de desacato, impidiendo así que quien acciona por vía civil pueda verse sorprendido por una declaración de incompetencia de la jurisdicción civil. Ello explica porque no se han modificado los artículos 11 y 114 L.E.Crim. aunque en tales casos el Ministerio Fiscal no podrá ejercitar conjuntamente la acción civil y penal (atículo 108 LeCrim.), sin perjuicio de que, ejercitada ésta, se suspenda el pleito civil, pues de lo contrario se crearía un doble régimen para los delitos perseguibles de oficio que no tendría razón de ser.

Horst Antonio Hölderl Frau.
Diplomado en Estudios Avanzados UVEG.
Doctorando en Derecho Mercantil UVEG.
Abogado.

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