La protección penal del derecho al honor en los delitos por injurias y calumnias




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Notas

1 Respecto a la denominación del Código Penal de 1995 como Código Penal de la Democracia debemos indicar que ha sido criticada por parte de la doctrina al considerar que en el mismo existe una defectuosa regulación de determinados tipos penales y, sobre todo, porque el desprecio a la seguridad jurídica que se manifiesta en el mismo es patente. En este sentido, gimbernat ordeig señala que "el CP 95 no se ha limitado a reformar preceptos que se remontan tiempo atrás, sino que las modificaciones alcanzan, igualmente, a regulaciones muy recientes, resultado de Proyectos de Ley presentados precisamente por el Gobierno socialista como los que presentaron el Proyecto de CP 95, y aprobados asimismo con el apoyo de los parlamentarios de ese mismo partido que acaban de votar afirmativamente el CP 95". Determinados ejemplos "ponen de manifiesto no sólo una lamentable falta de criterio del legislador socialista, sino también el desprecio por un valor tan importante como es el de la seguridad jurídica ; pues muchas de las pautas exegéticas que trabajosamente habían ido estableciendo la jurisprudencia y la doctrina en los pocos años que han estado en vigor los preceptos actuales que regían para el error, y para los delitos contra la propiedad, de lesiones y contra la libertad sexual van a convertirse en inaplicables -por tener un sustrato legal distinto- cuando el texto legal a interpretar sea el CP 95, con el inconveniente añadido de que, por no alcanzar el nivel necesario de pena, muchos de esos delitos no van a poder llegar en casación al Tribunal Supremo, ni, con ello, ser objeto tampoco de una interpretación unitaria. Desde Radbruch sabemos que la idea del Derecho tiene, como parte integrantes, la justicia, la seguridad jurídica y la oportunidad, y que en toda reforma legislativa se produce una tensión entre el primero y el segundo de los valores : cada innovación legal persigue alcanzar unas innovaciones más justas para la materia objeto de regulación, pero ello tiene necesariamente un costo : el sacrificio de la seguridad jurídica en cuanto que, como acabo de señalar, en gran parte se convierten en inservibles las pautas de interpretación establecidas jurisprudencial y doctrinalmente para los preceptos derogados. De ahí que esta contrarreforma penal de 1995 de sectores nucleares del CP, que a su vez, acaban de ser modificados, sólo habría estado justificada si se hubiera hecho plausible que las innovaciones de la pasada década eran tan injustas que legitimaban un nuevo ataque a la seguridad jurídica : algo que nadie ha querido -posiblemente, porque tampoco hubiera podido- explicar, ya que en todo ello no han desempeñado ningún papel las ideas de justicia y de seguridad, sino únicamente criterios extrajurídicos sobre los supuestos beneficios políticos de promulgar un Código Penal de nueva planta."

2 Vid., la Sentencia New York Times Co. vs. Sullivan, 1964, del Tribunal Supremo Federal Norteamericano y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español en la que la STC 171/1990 representa una inflexión. Cfr. STC , 2ª, 171/1990, de 12 de noviembre de 1990, Fecha BOE 30-11-1990. Pte: Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Miguel (ED 1990/10283 begin_of_the_skype_highlighting              1990/10283      end_of_the_skype_highlighting). En esta sentencia el Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo interpuesto por el director y editores de "El País" contra la Sentencia que les condenó como autores de una infracción del derecho al honor por una información aparecida en el diario sobre un piloto de avión que sufrió un accidente en el que resultaron muertas 148 personas. Según la Sentencia condenatoria, el periódico habría realizado una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad, honor e imagen del piloto. Sin embargo, el TC considera que se ha vulnerado el derecho a difundir libremente información veraz, puesto que la regla de la veracidad no exige que los hechos o expresiones contenidos en la información sean rigurosamente verdaderos, sino que impone un específico deber de diligencia en la comprobación razonable de su veracidad, pues sería un límite constitucionalmente inaceptable para la libertad de prensa el impedir formular razonadamente conjeturas que, en cuanto tales conjeturas, no pueden ser valoradas, como se ha dicho, desde la exigencia constitucional de la veracidad, sino como ejercicio de la libertad de opinión a partir de unos datos fácticos veraces. Igualmente los derechos reconocidos en el art. 20 CE incluyen también, más allá de la exposición objetiva de los hechos, la libertad de critica de actuaciones profesionales que desbordan la esfera privada, incluida la posibilidad de hacer juicios de valor sobre las mismas.

3 Vid., STC 1ª, núm. 6/1988, de 21 de enero de 1988, núm 6/1988, Pte: Díez-Picazo y Ponce de León, Luis (ED 1988/322).

4 Vid., STC, 2ª, núm. 241/1991, de 16 de diciembre de 1991, Pte: Rodríguez Bereijo, Alvaro (ED 1991/11936 begin_of_the_skype_highlighting              1991/11936      end_of_the_skype_highlighting).

5 VIVES ANTÓN Y OTROS, Derecho Penal. Parte Especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, págs. 275, 276.

6 En nuestra exposición no entraremos a delimitar las diferencias entre estos diversos derechos ya que ello excede de las pretensiones del presente trabajo.

7 MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal. Parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, pág.132.

8 VIVES ANTÓN, op.cit., pág..275.

9 STC 1ª, núm. 214/1991, de 11 de noviembre de 1991, Pte: Gimeno Sendra, Vicente (ED1991/10668).

10 STC, 2ª, núm. 78/1995, de 22 de mayo de 1995, Pte: García-Mon y González-Regueral, Fernando (ED 1995/2166 begin_of_the_skype_highlighting              1995/2166      end_of_the_skype_highlighting).

11 STC, 1ª, núm. 297/1994, S 14-11-1994, Pte: Gimeno Sendra, Vicente (ED 1994/9129 begin_of_the_skype_highlighting              1994/9129      end_of_the_skype_highlighting).

12 VIVES ANTÓN, op. cit., pág. 276.

13 MUÑOZ CONDE, F., op.cit., pág. 132.

14 STS, Sala 1ª, de 23 de marzo de 1987, Pte: Martín-Granizo Fernández, Mariano (ED 1987/2279 begin_of_the_skype_highlighting              1987/2279      end_of_the_skype_highlighting).

15 STS, Sala 1ª, de 26 de junio 1987, Pte: Martín-Granizo Fernández, Mariano(ED 1987/5115 begin_of_the_skype_highlighting              1987/5115      end_of_the_skype_highlighting).

16 STS, Sala 1ª, de 24 de abril de 1989, Pte: Barcala Trillo-Figueroa, Alfonso (ED 1989/4323 begin_of_the_skype_highlighting              1989/4323      end_of_the_skype_highlighting).

17 STS, Sala 1ª, de 9 de octubre de 1997, Pte: O'Callaghan Muñoz, Xavier (ED 1997/7005 begin_of_the_skype_highlighting              1997/7005      end_of_the_skype_highlighting).

18 STS, Sala 1ª, de 24 de octubre de 1988, Pte: Albácar López, José Luis (ED 1988/8297 begin_of_the_skype_highlighting              1988/8297      end_of_the_skype_highlighting).

19 STS, Sala 1ª, de 9 de febrero de 1989. Pte: Latour Brotóns, Juan (ED 1989/1260 begin_of_the_skype_highlighting              1989/1260      end_of_the_skype_highlighting).

20 STC, 1ª, núm. 107/1988, de 8 de junio de 1988, Pte: Díaz Eimil, Eugenio (ED1988/423).

21 STC 1ª, núm. 214/1991, de 11 de noviembre de 1991, Pte: Gimeno Sendra, Vicente (ED 1991/10668 begin_of_the_skype_highlighting              1991/10668      end_of_the_skype_highlighting).

22 STC, 1ª, núm. 120/1983, de 15 de diciembre de 1983, Pte: Escudero del Corral, Angel (ED 1983/120).

23 STC, 1ª, núm. 139/1995, de 26 de septiembre de 1995, Pte: Jiménez de Parga y Cabrera, Manuel, (ED 1995/4895 begin_of_the_skype_highlighting              1995/4895      end_of_the_skype_highlighting).

24 STC, 1ª, núm. 183/1995, de 11 de diciembre de 1995, Pte: Gimeno Sendra, Vicente (ED 1995/6356 begin_of_the_skype_highlighting              1995/6356      end_of_the_skype_highlighting).

25 Siguiendo esta doctrina, la Sentencia, Sala 1ª, de 14 marzo 1996 dice (fundamento 3º, núm. 3, subapartado a): la persona física y, por extensión constitucional, la persona jurídica, son merecedores de esta tutela (se refiere al honor) y la de 20 marzo 1997 dice: en lo que respecta a la cuestión de si las personas jurídicas puedan ser protegidas a través del ejercicio del derecho al honor, superando el brocardo que especifica que "las personas jurídicas tienen prestigio pero no honor". Efectivamente, aunque en la Constitución Española no se contiene pronunciamiento alguno acerca de la titularidad del derecho al honor en relación a las personas jurídicas, a diferencia de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 que proclama que los derechos fundamentales rigen para las personas jurídicas. En igual sentido vid. STS, Sala 1ª, de 9 de octubre de 1997, Pte: O'Callaghan Muñoz, Xavier (ED 1997/7005 begin_of_the_skype_highlighting              1997/7005      end_of_the_skype_highlighting), donde expresamente se concluye que "
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