La protección penal del derecho al honor en los delitos por injurias y calumnias




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En consecuencia: la persona jurídica tiene derecho al honor, protegido constitucionalmente por el art. 18,1 CE, regulado por la L 1/1982 de 5 mayo y por la normativa procesal de la L 62/1978 de 26 diciembre y, por tanto, tiene legitimación activa en el proceso ejercitado conforme a esta última ley citada. En este sentido se acoge el primer motivo de casación que permite entrar en el fondo del asunto, planteado en el segundo motivo de casación.".

26 Posteriormente se verán en dos puntos de la exposición los casos de "Injurias y calumnias contra la Corona" y las "Injurias a las Instituciones y símbolos del Estado".

27 Para RUDOLPHI injuria es la manifestación a través de conductas o de palabras que, a través de juicios de valor o de la imputación de hechos que implican falta de respeto o de desprecio de otra persona. Cfr. RUDOLPHI, SK, & 185-3.

28 OTTO, Die einzelnen Delikte, p. 106.

29 Cfr. RUDOLPHI, SK, & 185-8.

30 VIVES ANTÓN, op.cit., pág. 286

31 VIVES ANTÓN, Tomás, op. cit. pág. 284, 285.

32 VIVES ANTÓN, op.cit., pág. 285.

33 Vid., STC 1ª, núm. 6/1988, de 21 de enero de 1988, núm 6/1988, Pte: Díez-Picazo y Ponce de León, Luis (ED 1988/322).

34 STC, 1ª, núm. 107/1988, de 8 de junio de 1988, Pte: Díaz Eimil, Eugenio (ED1988/423).

35 STC, 1ª, núm. 105/1990, de 6 de junio de 1990, Pte: López Guerra, Luis (ED 1990/5991 begin_of_the_skype_highlighting              1990/5991      end_of_the_skype_highlighting).

36 TERESA CASTIÑEIRA, M. y OTROS, El mercado de las ideas, Centro de Estudios Constitucionales, 1990, pág. 456

37 CARDENAL SERRANO y SERRANO DE MURILLO, Protección penal del honor, Ed. Civitas, 1993, pág. 141.

38 KERN, Frank-FG (2), p. 343.

39 Op. cit., pág. 137.

40 STC, 2ª, núm. 85/1992, S 08 de junio de 1992, Pte: Díaz Eimil, Eugenio (ED 1992/5974 begin_of_the_skype_highlighting              1992/5974      end_of_the_skype_highlighting).

41 STC, 2ª, núm. 51/1989, de 22 de febrero de 1989, Pte: Leguina Villa, Jesús (ED 1989/1958 begin_of_the_skype_highlighting              1989/1958      end_of_the_skype_highlighting).

42 STC, 2ª, núm. 170/1994, de 7 de junio de 1994, Pte: Mendizábal Allende, Rafael de, (ED 1994/5167 begin_of_the_skype_highlighting              1994/5167      end_of_the_skype_highlighting).

43 STC, 2ª, núm. 171/1990, de 12 de noviembre de 1990, Pte: Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, Miguel (ED 1990/10283 begin_of_the_skype_highlighting              1990/10283      end_of_the_skype_highlighting).

44 STC, 2ª, núm. 85/1992, S 08 de junio de 1992, Pte: Díaz Eimil, Eugenio (ED 1992/5974 begin_of_the_skype_highlighting              1992/5974      end_of_the_skype_highlighting).

45 STC, 1ª, núm. 139/1995, de 26 de septiembre de 1995, Pte: Jiménez de Parga y Cabrera, Manuel (ED 1995/4895 begin_of_the_skype_highlighting              1995/4895      end_of_the_skype_highlighting).

46 STC, 1ª, núm. 223/1992, de 14 de diciembre de 1992, Pte: Mendizábal Allende, Rafael de, (ED 1992/12332 begin_of_the_skype_highlighting              1992/12332      end_of_the_skype_highlighting).

47 En voto particular del magistrado VIVES ANTÓN a las sentencias citadas se ponía de manifiesto la posibilidad de "cuestionarse la constitucionalidad misma del castigo de las injurias leves" y que en STC 85/1992 se rechazó parcialmente un recurso de amparo por tratarse de una ofensa o vejación de carácter leve, que convertía en desproporcionada la sanción penal prevista (desacato). Cfr. STC, 2ª, núm. 78/1995, de 22 de mayo de 1995, Pte: García-Mon y González-Regueral, Fernando (ED 1995/2166 begin_of_the_skype_highlighting              1995/2166      end_of_the_skype_highlighting) y STC, 2ª, núm. 79/1995, de 22 de mayo de 1995, Pte: García-Mon y González-Regueral, Fernando (ED 1995/2164 begin_of_the_skype_highlighting              1995/2164      end_of_the_skype_highlighting).

48 VIVES ANTÓN, T., op. cit., pág. 281.

49 Ibídem, pág. 282

50 En este mismo sentido ver el artículo 8 de la Ley 5 de mayo de 1982 y STS de 19 de enero de 1982.

51 STC, 2ª, núm. 136/1994, de 9 de mayo de 1994, Pte: García-Mon y González-Regueral, Fernando (ED 1994/4104 begin_of_the_skype_highlighting              1994/4104      end_of_the_skype_highlighting).

48 DE CARRERAS SERRA, Régimen jurídico de la Información, Ariel Derecho, Barcelona, 1996, pág. 127.

49 VIVES ANTON, op. cit., pág. 749.

50 Ibídem., pág. 749.

51 Ibídem.

52 VIVES ANTÓN, op. cit., pág. 751.

53 STS, Sala 2ª, de 24 de enero de 1986, Pte: Soto Nieto, Francisco (ED 1986/814).

54 Cfr. STS, Sala 2ª, de 18 de junio de1986, Pte: Rodríguez López, Martín Jesús (ED 1986/4214 begin_of_the_skype_highlighting              1986/4214      end_of_the_skype_highlighting), cuyo Fº.Jº. 1º establece que "El delito de desacato es un subtipo o mejor variante del delito de injuria o calumnia cometido contra ministro, autoridad, funcionario público o agente de la autoridad, circunstancia que determina una mayor gravedad de las penas. Como en aquellos delitos privados aparece en el delito de desacato un elemento material u ontológico, constituido por las diversas conductas que la Ley castiga: expresión proferida o acción ejecutada, en deshonra descrédito o menosprecio de una persona (en el desacato, de alguna persona con las cualidades que se tienen dichas); un dolo específico o elemento subjetivo del injusto caracterizado por un ánimo de ofender (en el desacato especialmente el principio de autoridad personificado por órgano o agentes del Estado en el cumplimiento de funciones que le son propias como tales). Por último, la gravedad del reproche que reclama la antijuridicidad, será apreciado en atención al principio de autoridad, circunstancias que concurran en el sujeto activo y pasivo, y tengan la intensidad que exige la existencia del delito o de la falta; figuras que tienen una diferencia puramente cuantitativa, y delimitable conforme a los módulos deducidos de las conductas castigadas en los artículos 458 y 586.1.º del Código Penal".

55 Ibídem, pág. 782.

56 ESPÍN, E., "Los derechos de la esfera personal, en Manual de Derecho Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, pág. 213.

57 STC, 2ª, núm. 241/1991, de 16 de diciembre de 1991, Pte: Rodríguez Bereijo, Alvaro (ED 1991/11936 begin_of_the_skype_highlighting              1991/11936      end_of_the_skype_highlighting).

58 Señala la STC 241/1991 que "Conviene, pues, examinar la ratio misma de la decisión adoptada por la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que se impugna, respecto de la cual puede ya anticiparse que, al estimar el primero de los motivos de casación esgrimidos por los demandados, según el art. 1692.1 LEC y apreciar, por tanto, la incompetencia de la jurisdicción civil para conocer del asunto, anulando todo lo actuado (art. 1715.1 LEC), por no haberse respetado la preferencia de la jurisdicción penal, resulta lesiva de los derechos fundamentales en presencia.

La sentencia impugnada, al deslindar el ámbito de las acciones civil y penal que la legislación vigente (art. 1 LO 1/1982) ofrece en orden a la protección de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen garantizados por el art. 18.1 CE, ha interpretado la norma aplicable en el sentido más restrictivo y menos favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE y, en última instancia, de los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen del recurrente, con un debilitamiento o restricción de la acción civil de defensa de los mencionados derechos de la persona en favor de la vía penal, que ha de estimarse desproporcionada respecto del fin perseguido por la norma legal y que pugna con el principio de intervención mínima que preside el orden penal, llevando, en el caso, a un resultado lesivo de derechos fundamentales y constitucionalmente inaceptable consistente en obligar al justiciable a recorrer, en defensa de su honor, intimidad y propia imagen, toda la vía penal para, una vez finalizada ésta, volver a iniciar de nuevo la civil, que ya había ejercitado.
En efecto, tal conclusión se evidencia fácilmente si se parte de la preferencia de la jurisdicción penal y del procedimiento de este orden sobre el proceso civil que la propia sentencia del Tribunal Supremo impugnada atribuye al art. 1.2 LO 1/1982, y del efecto prejudicial que determina. Ello supone, como ya se ha anticipado, que, de acuerdo con el art. 114 LECr., promovido juicio criminal no pueda seguirse pleito alguno sobre el mismo hecho, procediéndose, en su caso, a suspender éste en el estado en que se hallare hasta que recaiga sentencia firme en la causa criminal. Y esa misma preferencia de la jurisdicción penal determina también, de acuerdo ahora con lo dispuesto por el art. 362 LEC, que cuando los Jueces y Tribunales hayan de fundar exclusivamente la sentencia en el supuesto de la existencia de un delito, proceda la suspensión del fallo del pleito hasta la terminación del procedimiento penal, siempre que, oído el Mº Fiscal, estimen procedente la formación de causa.
Pues bien, en el caso que nos ocupa, ejercitada la acción de protección civil del honor, la intimidad y la propia imagen del recurrente, para cuyo conocimiento era plenamente competente la jurisdicción civil, en ningún exceso de jurisdicción incurrieron ni el órgano judicial de instancia ni el Tribunal de apelación al no dar preferencia a la jurisdicción penal en aplicación del art. 1.2 LO 1/1982, pues, no pendiendo proceso penal alguno por los mismos hechos a los que el ahora recurrente imputaba la lesión de sus derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la propia imagen y cuya existencia no había sido discutida, ni estando condicionada la decisión de la cuestión que constituía el objeto del proceso civil por la previa calificación de los mismos como constitutivos de delito, es evidente que los órganos judiciales de instancia y apelación no incurrieron en exceso de jurisdicción por el hecho de no suspender el procedimiento y el fallo del pleito, pues ni el art. 1.2 LO 1/1982, ni, por conexión con aquél, los arts. 111 y 114 LECr., 362 LEC y 10.2 LOPJ les obligaban a ello, con lo que la sentencia que se impugna, al estimar el motivo de casación señalado, y anular todas las actuaciones, apreciando la concurrencia de un vicio de incompetencia inexistente, ha incurrido en manifiesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) del ahora solicitante de amparo y, como resultado último, al negarle el ejercicio de la acción de protección civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, ha venido también a lesionar dichos derechos fundamentales.
".

59 STC, 2ª, núm. 168/1986, de 22 de diciembre de1986, Pte: Leguina Villa, Jesús, (ED 1986/168).

60 STC 2ª, núm. 72/1991, de 8 de abril de 1991, Pte: Gabaldón López, José (ED 1991/3602 begin_of_the_skype_highlighting              1991/3602      end_of_the_skype_highlighting).

61 MUÑOZ MACHADO, S, "Mitos, insuficiencias y excesos en la construcción jurídica de las acciones por difamación", P.J., núm. 1, 1986, pág. 11.

62 MUÑOZ MACHADO, S, Libertad de prensa y procesos por difamación, Ariel, 1988, pág. 78 ; BERCOWITZ RODRÍGUEZ CANO, R, "Comentario a la STC de 16 de diciembre de 1991", C.C.J.C., pág. 1085.

63 O'CALLAGHAN MUÑOZ, X, "Jurisprudencia reciente sobre los derechos al honor, intimidad e imagen", A.C., 1995-1, tomo I, pág. 1.

64 STC, 2ª, núm. 241/1991, de 16 de diciembre de 1991, Pte: Rodríguez Bereijo, Alvaro (ED 1991/11936 begin_of_the_skype_highlighting              1991/11936      end_of_the_skype_highlighting).

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