Institucionales del Estado e incluso de algunos organismos no gubernamentales se destacan varios hechos, a saber (2009, julio 20/27)






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fecha de publicación13.06.2016
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[T2] 1. Las versiones de justiciaJusticia y pazPaz: confesiones y silencios1.

En junio dedel 2009 se cumplieron cuatro años de la promulgación de la leyLey 975 de 2005 o, comúnmente conocida como Ley de Justicia y Paz. Entre los balances institucionales del Estado e incluso de algunos organismos no gubernamentales se destacan varios hechos, a saber (2009, julio 20/27):2:


  • • La postulación de 3.810 miembros de los grupos paramilitares a la leyLey de Justicia y paz (FIP, julio,Paz (“Un balance de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz”, 2009).

  • • La implicación testimonial en las versiones libres de 140 integrantes de las Fuerzas Armadas,; 209 políticos locales, regionales y nacionales3; 40 servidores públicos, y 3.983 particulares en hechos delictivos relacionados con los grupos paramilitares.

• El conocimiento de miles de delitos y de sus autores, referidos principalmente a homicidios y desapariciones forzadas, resaltándoseentre los que resalta el hecho de la recuperación de 621 cuerpos entregados a sus familiares.

• La desmovilización de 31.664 integrantes de los grupos paramilitares, en diversas estructuras.

  • • El desarrollo de 1867 versiones libres a partir de las cuales se han enunciado 22.130 homicidios y 1.853 desapariciones forzadas. En dichas versiones fueron confesados 6.549 homicidios y 975 desapariciones forzadas.

• La inclusión en los procesos de Justicia y Paz de 131 guerrilleros pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FarcFARC), el Ejercito de Liberación Nacional (ElnELN), el Ejército Popular de Liberación (EplEPL) y, finalmente del, el Ejército Revolucionario Guevarista (ErgERG). En su mayoría, guerrillas conformadas durante la década del 60de los sesenta en Colombia.4 (“Un balance...”, 2009).

• Y la conclusión de 5 versiones libres.
Respecto de los logros referidos al conocimiento público de delitos, se ha resaltoresaltado en medios de masivos de información el aporte de la justicia (y en particular de la Ley 975) a la disminución de la impunidad. Otro de los logros exaltados es el establecimiento de un sistema judicial que en el marco de la Justicia Transicionaljusticia transicional le ha permitido a la sociedad colombiana y al gobierno, encauzar al país por las sendas del post conflicto, contribuyendoposconflicto, lo que contribuye a la construcción de oportunidades para la paz y la reconciliación nacional.

Sin embargo, del total de paramilitares desmovilizados solo, sólo el 18%, cerca de 694, están recluidos en prisión. En materia de condenas, los resultados no son tan loables. En el mes de agosto del año 2009, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió en segunda instancia anular la primera sentencia del proceso de Justicia y Paz, devolviendo el proceso a la Fiscalía, y ordenando reiniciar nuevamente la etapa de formulación de cargos contra el ex jefe paramilitar. A juicio de la Corte, durante el proceso y el juzgamiento,
“[…][…] no fue tenido en cuenta para la condena el delito de concierto para delinquir en el que supuestamente incurrió por su pertenencia a grupos armados ilegales. La Corte también impuso mayores requisitos a los jueces para juzgar a los postulados de Justicia y Paz”.5 . (“¿Por qué la Corte anuló la primera sentencia de Justicia y Paz?”, 2009)

La primera condena había sido proferida el 19 de marzo del año 2009 por el Tribunal Superior de Bogotá contra Wilson Salazar Carrascal, alias “Elel Loro”,, patrullero del Frente Héctor Julio Peinado Becerra6 del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia A.U.C.(AUC). El sindicado fue condenado a cinco años de prisión y 500 horas de estudio en derechos humanos y tratamiento sicológicopsicológico. Esta pena alternativa reemplazaba los 38 años a los que hubiera podido ser condenado sin las favorabilidades de la Justicia Transicionaljusticia transicional. La condena fue proferida por el delito de homicidio.7 (véase Arias, 2009).

[T3] ¿Qué tipo de delitos se enunciaron en las versiones libres?


Con relación a los hechos enunciados, el 62,4% corresponde a homicidios, seguido del reclutamiento ilícito de menores (20,1%);2%), la desaparición forzada (11,56%), la extorsión (3,14%);%), el secuestro (2,10%); los falsos positivos (0%);1%), las masacres (1,7%), el hurto calificado (1,45%) y el hurto simple (0,1%). Siguen en su orden, el desplazamiento forzado (0,2%) y las masacres 1,6%. La%). Otros delitos como el incendio, la tortura, el hurto simple y los falsos positivos, en términos de la enunciación de delitos, tienen una participación porcentual marginal entre el 0% y el incendio participan con el 0,1% respectivamente0,1% del total. Con respecto a las masacres, crímenes de lesa humanidad, fueron enunciadas responsabilidades en las de El Salado, El Aro, Chengue, La Gabarra, La India, y el asesinato y desaparición de 19 comerciantes en el municipio de Puerto Boyacá en el año de 1987. Muchos de los hechos confesados fueron realizados principalmente por el Bloque Norte de las Autodefensa Unidas de Colombia (A.U.C.). AUC.

Por tipos penales se han tipificado 22.130 homicidios, 1.020 reclutamientos ilícitos de menores; , 1.776 desapariciones forzadas; , 1.443 extorsiones, 648 secuestros, 369 desapariciones forzadas, 27 hechos de violencia sexual y 4.533 delitos de otro tipo. Por tipo de víctima, según los datos registrados por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR,), han sido victimizados 2.133 niños, 2081 mujeres, 220 sindicalistas, 176 indígenas, 83 militantes de la Unión Patriótica, 30 periodistas, 21 miembros de Organizacionesorganizaciones no gubernamentales;, 13 defensores de derechos humanos y 31.014 víctimas con otra condición social y género.8 (consultado en agosto del 2009 en la página www.cnrr.org.co/fondo_victimas.htm).

En síntesis, según los datos de la CNRR, han sido reconocidos en los relatos de versión libre, un total de 26.054 hechos, siendoen lo que han sido victimizadas, según los registros, un total de 35.771 personas. En 1867 versiones libres realizadas hasta junio dedel 2009, han sido confesados 9.968 delitos. A la fecha, (marzo 18 dedel 2010)), se habían registrado como víctimas en Acción Social 297.582 personas, sin que exista una estadística que permita establecer cuántas de las que se han identificado como víctimas están en situación de desplazamiento forzado óo cuántas de ellas son víctimas de hechos recientes de violencia o, de sucesos acontecidos en las décadas de los años 70, 80,setenta, ochenta o 90noventa. Tampoco existen datos, por lo menos públicos, que permitan establecer cuántas de estas personas, fueron despojadas de sus tierras o privadas del goce efectivo de sus tierras y territorios.

3.1.[T3] La tierra: predios rurales y urbanos entregados por la Fiscalía a Acción Social.


Según las actas, han sido entregados 31 predios rurales y 10 inmuebles urbanos, para un total de 41 bienes. Con relación a los predios rurales, fueron entregadas fincas, haciendas y lotes. Los urbanos corresponden a casas, apartamentos, un parqueadero y lotes no construidos.9. Las “fincas” participan con el 46% del total, seguidas depor los predios rurales con el 17% (7 predios),); lotes rurales y casas con 10% cada una (4 lotes y 4 casas); haciendas, apartamentos y lotes urbanos con el 5% (2 cada uno) y 1un parqueadero.

Por ubicación, la mayoría de predios se localizan en Córdoba y Antioquia (27% (%, 11 predios cada uno); Magdalena (17%, 7 predios) 17%;); Cesar y La Guajira (5%, 2 predios) 5% cada uno), y el departamento del Meta (20%, 8 predios), 20%.). El jefe paramilitar que más predios entregoentregó según las actas analizadas fue Carlos Mario Jiménez, con un total de 6 predios: 5 rurales y una urbanización con 96 viviendas construidas y un salón comunal. Los bienes están localizados en los municipios de Cáceres – (Antioquia,), vereda Piamonte. También en Córdoba municipio de, y Buenavista, corregimientos de Belén y Tierra Santa. (Córdoba). Jiménez aparece con otra propiedad entregada en el municipio de Puerto BerrióBerrío, Antioquia.

CesarCésar Augusto Botero tenía propiedades en el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia.; Freddy Rendón en elEl Poblado; Ramiro Vanoy en Tarazá; Rodrigo y Guillermo Pérez en Envigado y Puerto BerrióBerrío, vereda Cachipay, departamento de Antioquia. José Baldomero Linares Moreno aparecía con propiedades ubicadas en el departamento del Meta, municipios de Puerto Gaitán y Villavicencio. En el Meta también figura con propiedades el señor Manuel de Jesús PirabanPirabán, concretamente en el municipio de San MartinMartín. Miguel Ángel Mejía Múnera fue registrado con la entrega de 1una propiedad en el Cesar, municipio de San MartinMartín, corregimiento de cuatro bocasCuatro Bocas.

En Córdoba figuranfigura con propiedades “entregadas” los señoresel señor Pablo José Montalvo Cuitiva, concretamente en la ciudad de Montería. También Salvatore Mancuso Gómez, principalmente en la localidad de Tierralta, veredas Santa Fe de Ralito y Santa Marta. Por su parte, Rodrigo Tovar Pupo aparece en las actas con propiedades entregadas en los departamentos de laLa Guajira, en el municipio de Riohacha; en el Magdalena, en las localidades de El Rodadero y Santa Marta. En este último departamento, las propiedades están localizadas en las veredas laLa Tagua y Minca. Los predios entregados suman aproximadamente 16.000 hashectáreas y 50.000 m2metros cuadrados construidos. Más del 50% de los registros no tiene información relacionada con el área ni con las hectáreas del predio, dificultandolo cual dificulta la cuantificación total del número de hectáreas (o área en metros cuadrados) de las propiedades en manos de Acción Social.

Según los registros, el 7% de los predios rurales no tiene cultivos de ningún tipo. Uno tenía cultivo de Palma Aceiterapalma aceitera y tres tenían otros cultivos. Ocho predios fueron registrados con actividades ganaderas. De todos los predios, uno perteneciente a alias Cuco Vanoy era empleado como hospital con toda la infraestructura. Este predio estaba ubicado en el municipio de Tarazá figurandoy figuraba como titular del derecho de propiedad la Alcaldía Municipalmunicipal. Destacan otros por las actividades económicas: uno con exploración petrolera; otro de los predios tenía una urbanización construida. Nueve de los 31treinta y un predios rurales se encontraban ocupados a la fecha de registro por parte de las autoridades y dos más tenían ocupación de “cuidanderos”. El 58% de los predios rurales estaba en buen estado, 6 regulares y 7 malos10. Cerca del 95% no presentapresentaba registro de escritura pública, indicandolo que indica potencialmente que en muchos de los casos no se hizo efectivo el registro del trámite de enajenación de la propiedad mediante la firma formal de una escritura o su registro en la oficina de instrumentos públicos respectiva. Sin embargo, esta ausencia puede obedecer a que los funcionarios responsables de la acción judicial no registraron este dato en el acta de entrega.


1 Metodológicamente, este documento fue elaborado con base en la información contenida en 65 actas de recepción de bienes diligenciadas por Acción Social de la Presidencia de la República de Colombia ante la entrega de bienes efectuada por parte de la Fiscalía General de la Nación- —Unidad de Justicia y Paz-— al Fondo para la Reparación de las Víctimas administrado por Acción Social entre los años 2007 y 2009.. Analizando los datos allí consignados, se identificaron las siguientes características: nombres de los jefes paramilitares responsables de la entrega,; número de bienes y su estado; ciudades, departamentos y municipios de entrega y localización, señalando, en algunos casos, el valor total del avalúo realizado por los fiscales de Justicia y Paz durante el proceso de entrega. Luego de esto, se efectúoefectuó el análisis particular de los datos distinguiendo los predios rurales de los inmuebles urbanos, indagando por algunos atributos asociados a las actividades económicas desarrolladas y el estado de los mismoséstos, procurando establecer la importancia relativa de los bienes rurales entregados por los jefes paramilitares con respecto al total.
La otra fuente de información corresponde a las versiones libres.. Se tomaron como referencia 17 documentos digitales de versiones libres rendidas por jefes paramilitares postulados a la Ley de Justicia y Paz, pertenecientes a distintos bloques, identificandoy se identificaron los relatos asociados con los temas de tierra y territorio. En virtud de este objetivo, se buscaron en los documentos segmentos de texto que hicieran referencia a las palabras tierra, finca, parcela y territorio, en aras de inferir la relación de la tierra y el territorio con las acciones de grupos paramilitares, así como con la intención de entrega de bienes para la reparación de las víctimas. La información consignada en las actas de entrega de bienes y en las versiones libres, fue contrastada con datos secundarios provistos por diversos estudios y artículos periodísticos que dan cuenta de las estructuras paramilitares, sus dinámicas de control territorial, así como de estimados en materia de despojo de tierras.


2 Datos tomados de la revista Semana, n.º 1420, sección “Enfoque político”, julio 20 a 27 del 2009 (edición impresa).

3 120 alcaldes, 17 gobernadores, 16 representantes a la Cámara, 28 senadores y 28 concejales.

4 Un balance de la ley… Ibídem.

6 Con este nombre fue rebautizado el Bloque de las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar durante el proceso de desmovilización.

8 Consultado en: http://www.cnrr.org.co/fondo_victimas.htm. Consultado en agosto de 2009.


9 Esta clasificación corresponde a la categorización referenciada en las actas de entrega de bienes.

10 Categorización realizada por la Fiscalía General de la Nación.


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