Normas jurídicas nacionales e internacionales






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Bogotá, 30 de diciembre de 2013


Doctor

Alejandro Ordóñez

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

E. S. D.

PROCESO: Exp. Rad. No. IUS 2012-447489 IUC D-2013-661-576188.

DISCIPLINADO: GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO.

Respetado Señor Procurador:

GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, Alcalde Mayor de Bogotá, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de sancionado disciplinariamente en el radicado de la referencia, recuso al Señor Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, a la Sala Disciplinaria integrada por los señores Juan Carlos Novoa y Carlos Arturo Ramírez, a la Viceprocuradora General, doctora Marta Isabel Castañeda Curvelo y cualquier otro funcionario subalterno, de conformidad con las causales de recusación señaladas en el artículo 84 del Código Único Disciplinario.

1. CAUSALES DE RECUSACIÓN

Invoco dos causales para recusarlo:

  1. Tener interés directo en la actuación disciplinaria (Código Único Disciplinario, art. 84, num.1)



  1. Haber manifestado su opinión sobre el asunto materia de la actuación (Código Único Disciplinario, art. 84, num.1)

2. FUNDAMENTOS DE LA RECUSACIÓN

  1. Imparcialidad del juzgador

El principio de la imparcialidad del juzgador, en cualquier tipo de procesos judiciales, administrativos o disciplinarios, es uno de los fundamentos del estado constitucional moderno. A diferencia del estado absolutista, que privilegiaba la razón de estado y minimizaba –o francamente desconocía- los derechos individuales, el estado constitucional se fundamenta en la escrupulosa garantía de los derechos de los ciudadanos frente a posibles abusos del poder estatal. Y la imparcialidad del juzgador es uno de los pilares de tal estructura, fundada en que quien aplica justicia se limita a aplicar la ley y no a fallar conforme a sus preferencias personales o ideológicas.

  1. Normas jurídicas nacionales e internacionales.

La Constitución Política de 1991 retoma ese principio universal del derecho en el artículo 29, que establece el debido proceso para “toda clase de actuaciones judiciales o administrativas” y el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002) así lo recoge en el artículo 94, donde establece los principios que rigen la actuación procesal disciplinaria: “La actuación disciplinaria se desarrollará conforme a los principios rectores consagrados en la presente ley y en el artículo 3° del Código Contencioso Administrativo. Así mismo, se observarán los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción.” (Énfasis añadido).

Pero no se trata sólo de un principio establecido en la Constitución y en la Ley que expide el Código Único Disciplinario. La Corte Constitucional, en la sentencia C-067de 2003, interpreta el significado del artículo 21 del Código Único Disciplinario, que establece la “aplicación de principios e integración normativa”. De acuerdo con este artículo, en efecto, “en lo no previsto en esta ley se aplicarán los tratados internacionales sobre derechos humanos”. La Corte, en la citada sentencia, recuerda el concepto de bloque de constitucionalidad retomado en dicho artículo 21 y en el artículo 93 de la Carta Política:

“Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

La noción bloque de constitucionalidad, dice la Corte, pretende transmitir la idea de que la constitución política de un Estado es mucho más amplia que su texto constitucional, dado que existen otras disposiciones, contenidas en otros instrumentos o recopilaciones, que también son normas constitucionales, como los tratados y convenios internacionales firmados por el estado colombiano y ratificados por el Congreso de la República. Pero no sólo se trata de una ampliación del texto constitucional, sino también de la prevalencia de tales normas en el orden jurídico interno, lo que consagra el principio de globalización de los derechos humanos.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado multilateral general que establece mecanismos para su protección y garantía y que recoge los derechos de todo ciudadano en los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200 A (XXI) del 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 25 de marzo de 1976. Mediante la Ley 74 de 1968, el Congreso de la República ratificó dicho Pacto y entró en vigor para Colombia a partir del 23 de marzo de 1976.

En el artículo 14, numeral 1, del Pacto se establece: “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial…” (Énfasis añadido)
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha planteado al respecto, de modo enfático, que “el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial es un derecho absoluto que no puede tener ninguna excepción”.1
En el contexto americano, el Pacto de San José establece la Convención Americana de Derechos Humanos, que entró en vigencia el 18 de julio de 1978 y funda una de las bases del sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos. El Congreso de la República de Colombia ratificó el Pacto mediante Ley 16 de 1972. El artículo 8 del Pacto, que consagra las garantías judiciales, establece en el numeral 1:
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” (Énfasis añadido)



  1. Jurisprudencia de las Altas Cortes


En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha recordado la importancia de un juzgador imparcial como una garantía para la existencia de un Estado de Derecho, en la medida en que brinda al ciudadano un juicio justo y con respeto al debido proceso. En la Sentencia T-657 de 1998, la Corte planteó incluso que la convivencia pacífica y el orden justo, consagrados en la Constitución como principios que rigen la relación entre las personas y el ordenamiento constitucional colombiano, reposan sobre la institución del tercero imparcial. La actuación parcializada de este funcionario daría al traste con cualquier posibilidad de lograr una decisión justa, y convertiría al Estado de Derecho en una burla cruel para quienes se acercaran a los estrados judiciales en procura de cumplida justicia.

De modo similar, en el Auto 169 de 2009, la Corte Constitucional definió la imparcialidad del juez, tribunal o juzgador: “La imparcialidad del Tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia.” Consecuentemente, la Corte recordó que el juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del Tribunal como un órgano imparcial.

En aras de salvaguardar la administración de justicia se debe asegurar que el juez se encuentre libre de todo prejuicio y que no exista temor alguno que ponga en duda el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.
Si la imparcialidad personal de un tribunal o juez se presume hasta prueba en contrario, la apreciación objetiva consiste en determinar si, independientemente de la conducta personal del juez, ciertos hechos que pueden ser verificados autorizan a sospechar sobre la imparcialidad.



  1. Doctrina y jurisprudencia internacional sobre la imparcialidad del juzgador.


El debate clásico sobre la imparcialidad del juzgador se remonta al derecho romano y a su personificación alegórica en una deidad femenina: Iustitia. En efecto, la diosa romana de la justicia ha simbolizado desde entonces en el mundo jurídico occidental la imagen de la justicia. Aparece representada a menudo como una mujer con una venda en los ojos, que representa la objetividad, pues la justicia debería ser distribuida sin temor ni favores, sin consideración a identidad, dinero, poder o debilidad. La justicia, desde entonces, se simboliza como ciega e imparcial.
El ex-magistrado y profesor en la Universidad de Yale, Aharon Barak, en su obra fundamental El Juez en una Democracia2, plantea que la imparcialidad significa que el juzgador no tiene interés en el resultado y que hay ausencia de prejuicio tanto respecto a las partes involucradas en el proceso judicial o disciplinario como a la cuestión misma a decidir. La imparcialidad implica también objetividad, que se traduce en el principio de que el fallo en un proceso debe basarse en consideraciones que son externas al juez y que incluso ellas pueden entrar en conflicto con su visión personal. En palabras de Barak: “El juzgador no debe imponer sus propios valores subjetivos sobre la sociedad en la que opera (…) Jueces con perspectivas religiosas o seculares no deberían imponer sus concepciones a la sociedad en la que viven.”3
Este requerimiento de objetividad impone una fuerte carga sobre el juzgador, reconoce Barak:
“El juzgador debe ser capaz de distinguir entre su deseo personal y lo que es generalmente aceptado en la sociedad. Él tiene que construir una clara división entre sus creencias como individuo y sus perspectivas como juzgador (…) Tiene que distinguir cuidadosamente entre su credo y el de la nación. Tiene que ser crítico de sí mismo y contenido en sus emociones. Tiene que respetar las cadenas que lo atan como juez.”4

La Corte Suprema de Canadá describió el concepto de imparcialidad como “un estado o una actitud mental del tribunal o juzgador en relación con las cuestiones y las partes en un caso particular”.5 De modo similar, en un fallo clásico que hoy es citador por las altas cortes de todo el mundo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la noción de imparcialidad contiene un elemento subjetivo (ningún miembro del tribunal debería poseer un prejuicio personal) y uno objetivo (ofrecer garantías para excluir cualquier duda legítima al respecto).6

  1. Recusación del Procurador General de la Nación, a la Sala Disciplinaria integrada por los señores Juan Carlos Novoa y Carlos Arturo Ramírez y a la Viceprocuradora General, doctora Marta Isabel Castañeda Curvelo.



Las causales de impedimento y de recusación están instituidas en nuestra legislación como garantía de la imparcialidad que deben tener los juzgadores en el desempeño de su labor.

En el caso en cuestión, el Código Único Disciplinario (Ley 734 de 2002) contempla el impedimento y la recusación como mecanismos jurídicos para preservar el derecho a la imparcialidad de los funcionarios judiciales, a quienes corresponde apartarse del proceso de su conocimiento cuando se tipifica en su caso específico alguna de las causales que se encuentran expresamente descritas en la Ley.

De acuerdo con la sentencia T-176 de 2008, la Corte Constitucional planteó que estas instituciones integran el derecho al debido proceso, ya que el trámite judicial adelantado por un juez subjetivamente incompetente no puede entenderse desarrollado bajo el amparo de las garantías requeridas para la recta administración de justicia.

En el proceso disciplinario en cuestión recuso, de conformidad con el Código Único Disciplinario, artículo 84, al Procurador General de la Nación. Invoco dos causales para recusarlo:

  • Tener interés directo en la actuación disciplinaria (Código Único Disciplinario, art. 84, num.1)



  • Haber manifestado su opinión sobre el asunto materia de la actuación (Código Único Disciplinario, art. 84, num.1)

Paso a probar las razones en que se fundamenta la recusación:

  1. Interés directo (moral) en la actuación disciplinaria

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el interés como “inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc.” En el caso de un proceso judicial o administrativo, puede implicar un afecto amistoso o inamistoso hacia una de las partes o algún tipo de involucramiento emocional que afecte su imparcialidad como juzgador.

En diversas sentencias, la Corte Constitucional ha clarificado la causal de impedimento y de recusación que se concreta en “el interés directo en la actuación”. De acuerdo con el Auto 080a de 2004, la Corte planteó que “la doctrina procesal ha reconocido que la procedencia de un impedimento o recusación, por la existencia de un interés en la decisión, requiere la comprobación previa de dos (2) requisitos esenciales, a saber:

- El interés debe ser actual y directo”. De conformidad con dicha providencia, es directo “...cuando el juzgador obtiene, para sí o para los suyos, una ventaja o provecho de tipo patrimonial o moral, y es actual, cuando el vicio que se endilga de la capacidad interna del juzgador, se encuentra latente o concomitante al momento de tomar la decisión.”

- En el caso del interés moral, la Corte concluyó que “...si lo que se pretende probar es la existencia de un interés moral, debe acreditarse con absoluta claridad la afectación de su fuero interno, o en otras palabras, de su capacidad subjetiva para deliberar y fallar”.

En el Auto 169 de 2009, la Corte Constitucional sentenció al respecto:

“La imparcialidad del Tribunal implica que sus integrantes no tengan un interés directo, una posición tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. El juez o tribunal debe separarse de una causa sometida a su conocimiento cuando exista algún motivo o duda que vaya en desmedro de la integridad del Tribunal como un órgano imparcial.”

De otro lado, en el Auto 160 de 2009, se expresó:

“Faltaría a su deber e incurriría en vía de hecho quien motivara sus providencias en consideraciones privadas, ajenas al ordenamiento jurídico. Esta consideración adquiere particular significación tratándose del Procurador General de la Nación en los procesos de constitucionalidad, como quiera que, en ese escenario, al Procurador no le corresponde decidir sino conceptuar. Cabría decir que la valoración del interés moral debe ser más estricta en el juez, que decide, que en el Ministerio Público, que solo conceptúa. En la medida en que el concepto que debe rendir el Ministerio Público es la exposición razonada de los argumentos que, en su criterio, harán procedente la decisión en un determinado sentido, pero no comporta la adopción de la decisión como tal, el espacio para la interferencia de sus convicciones privadas en el ejercicio de la función es menor, porque en el concepto no pueden quedar plasmadas sino meras consideraciones jurídicas, únicas que serían de recibo. Distinta es la situación de quien está llamado a decidir como juez en un proceso, porque en esa hipótesis, los factores que pueden afectar la imparcialidad, se manifestarían con particular relevancia en la instancia de la decisión.”

En suma, la recusación de un juzgador fundada en el interés (moral) directo en la actuación se explica porque “la inclinación del ánimo” hacia una persona o hacia el asunto mismo, por alguna razón, comprometen su independencia, serenidad de ánimo o transparencia en el proceso.
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