Efectividad y límites del derecho a crear medios de comunicación




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TEMA 17: EL DERECHO A CREAR MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Efectividad y límites del derecho a crear medios de comunicación.

Como ya hemos dicho al principio de este cuatrimestre, la libertad de creación de medios es esencial para que la libertad de información sea una realidad, y ello tanto desde el punto de vista subjetivo como objetivo:

  1. La libertad de creación de medios de comunicación es un presupuesto necesario para el ejercicio del derecho subjetivo a comunicar libremente información veraz (y de la libertad de expresión de ideas y opiniones en general).

  2. Desde el punto de vista de la dimensión objetiva del derecho, tampoco podremos hablar de opinión pública libre si no existe libertad para crear medios de comunicación.

Por tanto, aunque la libertad de creación de medios no está recogida expresamente en la CE, el TC ha entendido que forma parte del contenido de la libertad de información.

Esto tiene una consecuencia muy importante de cara a la protección: posibilidad de defensa de esta libertad a través del procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y a través del recurso de amparo ante el TC. (Si lo considerásemos simplemente como una variante de la libertad de empresa no tendría esta protección porque la libertad de empresa está reconocida en el art. 38, es decir, no está en la sección 1ª del Capítulo 2º del Título 1º CE).

No obstante, la libertad de creación de medios, como cualquier derecho, también puede tener limitaciones, aunque siempre justificadas por la protección de otros valores, bienes o derechos y proporcionadas a dicho fin (recordar regla general sobre limitaciones de los derechos fundamentales).

El TC, además, ha señalado que la libertad de creación de medios, al ser un derecho instrumental, goza de una protección menos intensa que las libertades a las que sirve, por tanto, el legislador dispone de una mayor capacidad para configurar este derecho y para establecer límites.

Cada uno de los diversos medios de comunicación tendrá, además, determinadas limitaciones específicas derivadas de su propia naturaleza: corresponde al legislador fijar las reglas para cada caso ponderando los diversos derechos e intereses en juego y, posteriormente, el TC podrá revisar dicha ponderación. Así pues, la regulación de la creación de medios de comunicación será diferente según el tipo de medio de que se trate (lo vemos en el siguiente epígrafe).

Otro aspecto a tener en cuenta es el reparto competencial: art. 149.1.27ª corresponde al Estado dictar las “normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las CCAA”. Esto significa que más allá de esas normas básicas estatales puede haber un margen para que las CCAA dicten una legislación de desarrollo.

Dentro de los distintos tipos de medios de comunicación (o de empresas informativas en general) podemos establecer una división en dos grandes grupos:

  1. Empresas sometidas a un régimen de libre creación (sólo tienen que cumplir requisitos de tipo administrativo derivados de su naturaleza empresarial): empresas editoras de prensa periódica, empresas editoriales en general y agencias informativas.

  2. Empresas sometidas a un régimen de establecimiento restringido a través de un sistema de concesión administrativa: empresas de radiodifusión y de televisión.

empresas en RÉGIMEN de libre creación.

Prensa escrita:

La regulación de este medio de comunicación sigue dependiendo en parte de la Ley 14/1966 “Ley Fraga” (dictada sobre postulados contrarios a los de la CE).

Uno de los pilares de esta Ley (los otros eran el control de los periodistas mediante el carné profesional y el control de la información publicada mediante un sistema de sanciones pudiendo llegar al secuestro y a la suspensión del medio) era el control político de la creación de los medios, a través, de una parte, de la creación de medios oficiales (la prensa del movimiento) y, de otra parte, del registro obligatorio de las empresas periodísticas acompañado de innumerables trabas administrativas que encubrían un control ideológico (entre otras, depósito previo).

Evidentemente, la entrada en vigor de la Constitución dejó sin efecto este requisito del registro. Incluso antes, el 1 de abril de 1977 se había aprobado ya un Decreto-Ley de Libertad de Expresión, por el que se derogaron los contenidos más antidemocráticos de la Ley de Prensa de 1966.

El capítulo de la Ley 14/1966 relativo al registro de las empresas periodísticas fue expresamente derogado mediante la Ley 29/1984, de 2 de agosto. Por otra parte, el Estado se desprendió de su cadena de periódicos (la antigua prensa del movimiento) a principios de los años 80.

Hoy en día el régimen legal de la creación de estos medios es la libertad.

Dato importante: cualquier persona natural o jurídica (sociedad, fundación, cooperativa) puede ser editor de una publicación periódica, no se requiere una forma jurídica determinada, como ocurre con otros medios (lo veremos después).

Tan sólo quedan algunos requisitos que realmente no afectan a la libre creación del medio sino que son más bien garantías de cara a la posible responsabilidad por los contenidos:

  • Pie de imprenta: debe constar el día y el mes, el nombre y apellidos del director, el domicilio y razón social de la empresa periodística y la dirección de sus oficinas, redacción y talleres. Además, al igual que en cualquier otro impreso sea del tipo que sea, debe constar el lugar y el año de su impresión, así como el nombre y el domicilio del impresor.

  • Depósito legal: Afecta a todos los escritos, imágenes y obras audiovisuales, producidos en territorio nacional, en ejemplares múltiples y con fines de difusión. La prensa periódica está incluida. El depósito subsiste, pero no con la finalidad de control o censura con la que fue instaurado, sino con una finalidad únicamente cultural (las entidades depositarias son la Biblioteca Nacional, las Bibliotecas Públicas del Estado y las Bibliotecas Autonómicas; los fines del depósito son la recopilación y preservación de una colección nacional de materiales bibliográficos de todo tipo, la redacción y publicación de la bibliografía nacional, el control estadístico de la producción editorial y la constitución de colecciones bibliográficas autonómicas en virtud de las normas dictadas por las CCAA).

  • Número de registro: Para los periódicos hay un registro universal que es el ISSN (International Standard Serial Number), pero no es obligatorio.

Empresas editoriales:

Se refieren a las empresas que editan impresos unitarios (definición legal = obras editadas en su totalidad de una sola vez en uno o varios volúmenes, fascículos o entregas).

Los artículos de la Ley 14/1966 relativos a este tipo de empresas no fueron derogados y, en consecuencia, para ellas se sigue exigiendo el requisito del registro obligatorio, aunque, por supuesto, sin ninguna connotación de control ideológico. Hoy en día ese registro lo lleva el Instituto Nacional del Libro.

Requisitos:

  • Depósito legal. Recordar lo que hemos dicho antes.

  • Pie de imprenta: lugar y el año de su impresión, así como el nombre y el domicilio del impresor; si hubiera editor o autor se hará constar el nombre y domicilio del primero y el nombre o seudónimo del segundo.

  • ISBN (International Standard Book Number): sí es obligatorio.

Agencias informativas:

Definición: personas naturales o jurídicas que se dedican a la recogida, confección y distribución de información de cualquier tipo (noticias, gráficos, colaboraciones) con destino a las empresas informativas.

Libertad de creación muy amplia. El capítulo de la LP de 1966 relativo a este tipo de empresas también fue derogado mediante la Ley 29/1984.

Sin embargo, el Estado no se desprendió de su “agencia oficial” de noticias: la Agencia EFE sigue siendo de titularidad estatal.

Empresas en régimen de establecimiento restringido.

Radiodifusión:

Este medio ha sido definido históricamente (desde su nacimiento) como un servicio público monopolio del Estado.

Art. 2.1 Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal: “El servicio público de radio y televisión de titularidad del Estado es un servicio esencial para la comunidad y la cohesión de las sociedades democráticas que tiene por objeto la producción, edición y difusión de un conjunto de canales de radio y televisión con programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público, cubriendo todos los géneros y destinadas a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad española; difundir su identidad y diversidad culturales; impulsar la sociedad de la información; promover el pluralismo, la participación y los demás valores constitucionales, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos”

Sin embargo, desde los primeros tiempos se previó un sistema de concesiones o autorizaciones administrativas para hacer posible su explotación por personas privadas.

Durante el franquismo: régimen de censura previa y monopolio del Estado en cuanto a los servicios informativos (conexión obligatoria con RNE).

Después de la CE se sigue manteniendo la radiodifusión como servicio público de titularidad estatal (Ley 4/1980 del Estatuto de la Radio y la TV) amparándose en el art. 128.2 CE que reserva al sector público de servicios o recursos esenciales.

Otra justificación de esta titularidad pública son las limitaciones del espectro radioeléctrico. La Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones define el espectro radioeléctrico como un bien de dominio público cuya titularidad, gestión, planificación, administración y control corresponden al Estado. Esto es aplicable al uso de este espectro para telecomunicaciones (telefonía, etc.) y también para radiodifusión y TV por ondas hertzianas. Dentro de las facultades que se reserva el Estado se encuentra la de regular las condiciones para el otorgamiento del derecho al uso de este espectro por particulares.

Pero la titularidad pública no significa monopolio de gestión y, por tanto, existe un régimen de concesiones administrativas. Así, existen emisoras públicas y emisoras privadas en régimen de concesión.

El régimen de concesiones para los servicios de radiodifusión está regulado en la Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones (derogada en su totalidad, salvo en lo relativo a esta cuestión).

El Gobierno conserva mucho poder en esta materia: La implantación de todos estos servicios se lleva a cabo de acuerdo con unos Planes Técnicos Nacionales que aprueba el Gobierno y se realiza conforme a unos Reglamentos Técnicos y de Prestación de Servicios que también aprueba el Gobierno. Además, antes de empezar a prestar el servicio, tanto en la modalidad de gestión directa como indirecta, es imprescindible que el Ministerio competente apruebe el proyecto técnico de las instalaciones y las inspeccione.

El esquema es el siguiente:

  1. Los servicios de onda corta y de onda larga, serán explotados directamente por el Estado o sus entes públicos (RNE).

  2. Los servicios de onda media se podrán gestionar directamente por el Estado o indirectamente por personas privadas (físicas o jurídicas) mediante concesión estatal. El Plan Técnico Nacional distribuye las frecuencias entre RNE y las emisoras privadas (concesión por 10 años)

  3. Los servicios de FM pueden ser explotados directamente por el Estado o por las CCAA o indirectamente por los Ayuntamientos o por personas privadas (físicas o jurídicas) mediante concesión de las CCAA.

El Plan Técnico Nacional es el que establece las frecuencias que quedan en poder del Estado (RNE) y las que se atribuyen a las CCAA y a los Ayuntamientos para emisoras municipales.

Cuadro resultante:

  1. Emisoras públicas:

  • Estatales: integradas en la Corporación RTVE (dentro de la sociedad filial RNE) y reguladas por la Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal. Emisoras: Radio 1, Radio Clásica, Radio 3 (en mi opinión la mejor emisora musical del mundo) y Radio 5.

  • Autonómicas: reguladas por la legislación básica del Estado (Sigue siendo la Ley 4/1980, del Estatuto de RTVE) y por la legislación de desarrollo dictada por cada CA. Muchas CCAA tienen este tipo de emisoras, pero no todas (Castilla y León no tiene): destacan País Vasco (Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria y Euskadi Gaztea) y Cataluña: Catalunya Radio, Catalunya Informació, Catalunya Música y Icat FM. También hay emisoras públicas en Andalucía, Aragón, Galicia, Castilla-La Mancha, Valencia, Extremadura, Baleares, Murcia y Madrid

  • Municipales: reguladas por las normas básicas estatales (Ley 11/1991, de organización y control de las emisoras municipales de radiodifusión sonora) y por las normas de desarrollo autonómicas. Los Ayuntamientos necesitan una concesión (competencia de las CCAA) y pueden gestionarlas directamente o a través de empresas públicas o privadas.

  1. Emisoras privadas. Régimen de concesiones según el tipo de emisora: La concesiones corresponden al Estado en relación con las emisoras de onda media (10 años) y a las CCAA en relación con las emisoras de FM. También puede haber emisoras municipales con una concesión de la Comunidad Autónoma pero gestionadas por una empresa privada o mixta. (Continuas denuncias de arbitrariedades en las concesiones).

  2. Emisoras piratas. Según un informe de la Asociación española de Radiodifusión Comercial del año 2006, en España operan al menos 2.279 radios ilegales, el doble de las emisoras privadas autorizadas, e incluso se denuncia la aparición de auténticas cadenas de radio piratas. Según el mismo informe, también hay 504 radios municipales que incumplen la ley porque emiten en cadena o están conectadas a emisoras o cadenas comerciales privadas. Por CCAA, la que concentra el mayor número de radios piratas es Canarias con 482 (en Castilla y León se contabilizan 68).

Radio digital terrestre (DAB): Existe también un Plan Técnico Nacional (RD 1287/1999 modificado por RD 776/2006), estando repartidas las competencias de gestión y concesión de licencias entre el Estado y las CCAA. El problema es que aunque hay emisores, los receptores están muy lejos de generalizarse en la población, por lo que se puede decir que las emisoras emiten para el desierto.

Existen seis bloques de frecuencias disponibles (cada uno de ellos tiene capacidad para 6 programas de 24 horas), que se reparten de la siguiente manera:

  • 3 bloques para emisiones de ámbito estatal, uno de ellos de ámbito nacional sin desconexiones territoriales (Red FU-E) y otros dos con capacidad para desconexiones territoriales (Red MF-I y MF-II). En el primer bloque se reservan 4 programas y en el segundo 2 para gestión directa por RNE. El resto (2, 4 y 6 programas respectivamente) se gestionan indirectamente por empresas privadas previa concesión por el Consejo de Ministros.

Reparto de los programas y empresas concesionarias actuales:

FUE-E:

RNE (Radio1)

RNE (Radio clásica)

RNE (Radio 3)

RNE (Radio Exterior de España - Emisión para Europa)

Corporación de Medios Radiofónicos Digitales, S.A. (Telecinco, Vocento)

Grupo Godó de Comunicación S.A. (editor de La Vanguardia)

MF-I:

RNE (Radio 1)

RNE (Radio 5 "Todo Noticias")

COPE (Radio Popular S.A.)

Radio Intereconomía (Sauzal 66 S.L.)

El Mundo Radio (Unedisa Comunicaciones S.L.U.)

Radio Marca Digital (Grupo Recoletos)

MF-II:

Quiero Radio (Quiero Televisión, S.A.U.; participada mayoritariamente por AUNA)

M80 Digital (Unión Radio Digital S.A. = SER)

Onda Cero (Unipres = Telefónica)

Top Radio (Unión Ibérica de Radio S.A. = a través de intermediarios 100 % Telefonica)

Onda Rambla (Sociedad Radio Digital Terrenal = Luis del Olmo, Planeta y otros socios; acuerdos con Onda Cero)

Punto Radio (E-Media punto Radio S.A.U. = Grupo Vocento)

NOTA: Estas concesiones fueron otorgadas el 10 de marzo 2000 por el Gobierno (en plena campaña electoral). Quedaron excluidos dos grandes grupos de comunicación, el Grupo Correo y el Grupo Zeta; además del empresario asturiano Blas Herrero, dueño de la cadena de emisoras Onda Blanca, y el Grupo Gayá (Medipres S.A.), propietario de Europa FM. En noviembre de 2000 se adjudicaron dos licencias más a Comeradisa (Vocento) y al Grupo Godó.

  • 2 bloques para emisiones de ámbito autonómico, uno de ellos para emisión de ámbito autonómico sin desconexiones territoriales (Red FU de cada Comunidad) y otro con capacidad para desconexiones territoriales (Red MF de cada Comunidad). Se reservan tres programas en cada bloque a los entes públicos de las CCAA y el resto se pueden otorgar mediante concesión por las propias CCAA.

  • De momento, sólo las emisoras públicas de Cataluña, Galicia y Murcia están emitiendo también en digital. Cataluña ha concedido 12 licencias a empresas privadas, también han hecho concursos Galicia (6 licencias). No tengo datos de otras CCAA.

  • 1 bloque para emisiones de cobertura local en régimen de gestión indirecta correspondiendo la concesión a las CCAA. Cataluña ha concedido 48 frecuencias locales y Galicia 66. No tengo datos de otras CCAA.

Requisitos para poder ser titular de una concesión (indistintamente de AM, FM o RDT):

  • Si es persona física = nacionalidad española o de un Estado miembro de la UE (libertad de establecimiento).

  • Si es Sociedad Anónima = la participación de no nacionales UE no puede ser directa o indirectamente superior al 25 % del capital.

  • Si es entidad sin ánimo de lucro = los miembros de los órganos directivos o del patronato (fundaciones) deben ser nacionales UE y estar domiciliados en España.

  • Una misma persona física no puede ser titular de más de una concesión OM ni de más de dos concesiones FM o RDT que coincidan sustancialmente en su ámbito de cobertura.

  • Una misma persona física o jurídica no podrá participar mayoritariamente en más de una sociedad concesionaria cuando dichas sociedades exploten servicios que coincidan sustancialmente en su ámbito de cobertura.

  • Cualquier cambio en la titularidad de las acciones o participaciones de las sociedades concesionarias debe ser autorizado por la Administración competente.

  • La concesión puede ser transferible, siempre que el adquirente reúna los requisitos legales.

  • No podrá ser concesionario quien habiendo obtenido anteriormente una concesión no ha asegurado la continuidad del servicio o ha visto revocada su concesión por falta muy grave.
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