La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha prestado especial atención a la situación de los derechos humanos en Colombia y en uso de su competencia, ha






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COLOMBIA3


  1. INTRODUCCIÓN




  1. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha prestado especial atención a la situación de los derechos humanos en Colombia y en uso de su competencia, ha monitoreado y evaluado la situación de los derechos humanos en informes temáticos o de país4; en el Capítulo IV del Informe Anual5 y mediante el sistema de peticiones y casos6, así como de medidas cautelares.




  1. Con base a los criterios elaborados por la CIDH en 1997 para identificar los Estados cuyas prácticas en materia de derechos humanos merecen atención especial, la Comisión ha considerado que la situación de los derechos humanos en Colombia se enmarca en dichos criterios, particularmente en lo que respecta a la persistencia de situaciones coyunturales o estructurales que por diversas razones afectan seria y gravemente el goce y ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En consecuencia, la Comisión ha adoptado las siguientes consideraciones, conforme al procedimiento establecido en el artículo 59(1)(h) de su Reglamento, a fin de que sean incluidas en su Informe Anual.




  1. El 28 de noviembre de 2011, la CIDH transmitió al Estado una copia del borrador preliminar de esta sección de su Informe Anual de 2011 de acuerdo con el artículo citado, y le solicitó que remitiera sus observaciones dentro del plazo de un mes. El 27 de diciembre de 2011 el Estado presentó sus observaciones. La Comisión Interamericana valora la disposición del Estado de dialogar con la CIDH de manera constructiva para avanzar con la protección de los derechos humanos de los habitantes de Colombia7.




  1. Como lo ha mencionado en años anteriores, la CIDH es consciente de la compleja situación que enfrenta Colombia tras cinco décadas de violencia y su impacto sobre la población civil. También es consciente del efecto que continúa teniendo el negocio del narcotráfico en el empleo de la violencia y de los esfuerzos del Estado destinados a combatir ese fenómeno. La Comisión observa que a pesar de estos esfuerzos, las afectaciones a derechos humanos en Colombia provienen tanto de su pasado no superado, como de situaciones coyunturales y estructurales vigentes en su presente y que afectan grave y seriamente el goce de los derechos humanos. En este sentido, y a pesar de los esfuerzos destinados a desarticular la estructura armada de las Autodefensas Unidas de Colombia (“AUC”), grupos armados ilegales continúan involucrados en la comisión de actos de hostigamiento y violencia contra mujeres, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, lideresas y líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos y niñas, niños y adolescentes.




  1. Asimismo, la CIDH considera que, si bien el Estado de Colombia ha impulsado una serie de medidas tanto de índole legislativa, administrativa y judicial a fin de intentar superar las muy graves situaciones violatorias de derechos humanos derivadas, por ejemplo, del paramilitarismo y las actividades de inteligencia ilegales8, las mismas aún adolecen en algunos extremos de ineficacia o no se encuentran en entera concordancia con estándares interamericanos. Así, la CIDH nota que las denuncias por utilización del fuero militar para situaciones de violación de derechos humanos y deficiencias en el acceso a los registros de inteligencia se mantienen y que, tras seis años de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz, únicamente se ha proferido una sentencia firme. Adicionalmente, la persistencia de bandas criminales que pudieran actuar en colusión, tolerancia y aquiescencia de algunos funcionarios públicos y su progresiva evolución a estructuras emergentes de violencia continúan impactando gravemente a la sociedad colombiana a pesar de que el Estado ha adelantado esfuerzos por eliminar dichos grupos9.




  1. La CIDH también observa que continúa el grave problema del desplazamiento interno en el país y, aunque reconoce la disminución de información recibida sobre la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales de “falsos positivos”, nota con preocupación que el número de condenas a miembros de la Fuerza Pública por la comisión de ejecuciones extrajudiciales ha sido escaso y que es fundamental que se adelanten investigaciones con celeridad y se tomen acciones para impedir hostigamientos y atentados contra las víctimas denunciantes de violaciones a sus derechos humanos y sus familiares.




  1. La Comisión recalca que, a pesar de los desafíos, el Estado colombiano ha emprendido esfuerzos dignos de reconocimiento, a fin de avanzar en la pacificación mediante la desmovilización de actores armados y la protección de sus ciudadanos. Entre estos esfuerzos destaca que el 10 de junio de 2011 se sancionó la Ley 1448 “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, también denominada “Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”. Según su propio texto, el objeto de la Ley 1448


es establecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas [que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas Internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno] dentro de un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición10.


  1. La Comisión observa con beneplácito la aprobación de esta ley mas nota que, junto a las iniciativas de promoción y protección de los derechos humanos, persiste la violencia y ésta continúa golpeando a los sectores más vulnerables de la población civil. Consecuentemente, con base en información recibida del Estado y de la sociedad civil, así como en información de conocimiento público, la CIDH ha elaborado una serie de consideraciones sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año 2011. En ellas se abordan la situación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y, particularmente, la situación de grupos en especial situación de vulnerabilidad, como lo son: mujeres; pueblos indígenas; defensoras y defensores de derechos humanos; afrodescendientes; niños, niñas y adolescentes; personas privadas de libertad y personas Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexo (“LGBTI”).




  1. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA


A. Respeto y garantía estatal de los derechos a la vida; integridad y libertad personal


  1. La CIDH continúa recibiendo denuncias sobre la comisión de crímenes por parte de agentes del Estado y grupos armados al margen de la ley11. Además de las denominadas “estructuras emergentes o bandas criminales”, las cuales operan de modo parecido a las antiguas organizaciones paramilitares12, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (“FARC”) y el Ejército de Liberación Nacional (“ELN”) continúan perpetrando actos de violencia con el fin de atemorizar y castigar a civiles y comunidades y empleando minas antipersonales en violación a las normas del derecho internacional humanitario13.




  1. En cuanto a las cifras disponibles sobre muertes en el marco del conflicto, el “Observatorio de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario” de la Vicepresidencia de la República señala que entre enero y octubre de 2011 se habrían producido 12.159 homicidios14. Asimismo, indica que durante el mismo período se habrían producido 32 masacres con 149 víctimas15. Por su parte, el Centro de Investigación y Educación Popular (“CINEP”) indica que entre enero y junio de 2011 se habrían producido 201 ejecuciones extrajudiciales16, 77 homicidios intencionales de personas protegidas17, así como 6 desapariciones forzadas y 64 detenciones arbitrarias18. Indica asimismo que, a junio de 2011, se habrían registrado 102 víctimas heridas y 256 amenazadas por parte de agentes directos o indirectos del Estado19. La CIDH estima pertinente citar en su informe a ambas fuentes a pesar de las amplias discrepancias metodológicas entre ellas20, a fin de dar cuenta del panorama presentado tanto por fuentes oficiales como de la sociedad civil21, como es su práctica consistente.




  1. En febrero de 2011, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió su informe sobre la situación en Colombia y en el mismo refirió a “la drástica disminución de la práctica de presentar como muertos en combate a personas que se encontraban a disposición del Ejército, conocida como ‘falsos positivos’”22. La Alta Comisionada consideró “fundamental avanzar en los procesos judiciales por las violaciones ocurridas en el pasado y analizar en profundidad las causas de estas violaciones, como garantía de no repetición de estos hechos”23. En relación con las investigaciones, la Alta Comisionada refirió a un “retroceso significativo” de la colaboración de la Justicia Penal Militar con la justicia ordinaria en el traslado de casos de “muertos en combate” con signos de violaciones de los derechos humanos y a la información sobre destituciones y traslados de algunos jueces penales militares que podrían estar motivados por su colaboración con la justicia ordinaria24. Asimismo, refirió con profunda preocupación a la continua negación de la comisión de ejecuciones extrajudiciales por algunos miembros de la fuerza pública y los ataques que sufren sus miembros por colaborar con la justicia25.




  1. Las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la Fuerza Pública26 han sido materia de preocupación de la CIDH en sus informes anuales 2006-201027. En esta ocasión, la CIDH coincide con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en reconocer que ha disminuido la información recibida sobre nuevos “falsos positivos”. Sin embargo, durante el año 2011 ha recibido información consistente y reiterada sobre la falta de investigación e impunidad existente en relación con las ejecuciones extrajudiciales del pasado hasta el presente. Así, durante su 141° y 143º períodos de sesiones, la CIDH recibió información sobre impunidad en los casos de ejecuciones extrajudiciales, particularmente en relación con el escaso número de condenas a responsabilidades inferiores y mandos medios de la Fuerza Pública, la ausencia de condenas a altos mandos28, y la utilización del fuero militar para juzgar la comisión de hechos que pudieran constituir violaciones a derechos humanos29.

  2. Corresponde señalar que, como la CIDH mencionó en su informe del año 201030, el Estado ha informado que la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación tenía 1.244 casos activos de homicidios atribuibles presuntamente a agentes del Estado que vinculan a 3.676 miembros de la Fuerza Pública. 708 personas estaban en etapa de juicio y 361 de ellos estaban en la realización material del juicio o esperando sentencia. 281 personas se habían beneficiado con 94 decisiones de abstención de dictar medida de aseguramiento y se habían dictado 41 decisiones de preclusión de investigación que han beneficiado a 19431. Adicionalmente, a marzo de 2010, 299 casos habían sido remitidos voluntariamente por la Justicia Penal Militar a la justicia ordinaria, sin embargo existían más de 200 conflictos de competencia sobre casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales32.




  1. La Comisión continúa recibiendo información relativa a que la jurisdicción penal militar aún tiene bajo su conocimiento casos de violaciones de derechos humanos y que en estos casos el Consejo Superior de la Judicatura continúa resolviendo colisiones de competencia a favor de la jurisdicción penal militar33. En ese sentido, la Comisión observa con preocupación la propuesta de reforma del artículo 221 constitucional34, aprobada en primer debate, mediante la cual se pretendería establecer que


[d]e los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar y Policial. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro. En todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones y procedimientos de la Fuerza Pública. Cuando en estas situaciones haya lugar al ejercicio de la acción penal, la misma se adelantará por la Justicia Penal Militar y Policial35.


  1. La Comisión nota que los jueces militares adoptan decisiones de archivo y terminación de procesos en casos de violaciones de derechos humanos, así como la extensión del fuero penal militar al régimen de privación de libertad de miembros de la Fuerza Pública sindicados, acusados y condenados por violaciones a derechos humanos36. Al respecto la Corte Interamericana, entre otros casos, en el Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia37 estableció que la falta de idoneidad de la jurisdicción penal militar se extiende a todas las etapas del proceso, inclusive en la etapa de ejecución de la sentencia condenatoria. Asimismo, en los casos Cabrera García y Montiel Flores Vs. México38 y Rosendo Cantú y otra Vs. México39 la Corte reiteró su jurisprudencia constante respecto a que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria.




  1. La Comisión enfatiza que el esclarecimiento pleno de las denuncias por ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de la fuerza pública -que debe realizarse con celeridad, en el fuero adecuado y con las debidas garantías- y que el seguimiento a las medidas adoptadas por el Estado a fin de juzgar a todos los responsables y prevenir incidentes futuros, es materia de especial interés de la CIDH y de la Comunidad Internacional.




  1. Frente a la información sobre la consolidación de otros fenómenos de violencia, la CIDH reitera que la protección activa del derecho a la vida y de los demás derechos consagrados en la Convención Americana, se enmarca en el deber estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de todas las personas bajo la jurisdicción de un Estado, y requiere que éste adopte las medidas necesarias para juzgar y castigar la privación arbitraria de la vida, la integridad personal y la libertad personal. Especialmente, exige prevenir que se vulneren estos derechos por parte de la Fuerza Pública del propio Estado40.




  1. En ese sentido, durante el 2011 las medidas cautelares han continuado siendo un mecanismo importante para monitorear la situación en Colombia. La Comisión ha destacado41 la continuidad del “Programa de protección de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y líderes sociales”, el cual se extendería a más de diez mil personas42. En relación con este programa y la implementación de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, la sociedad civil continuó denunciando que los beneficiarios debían pasar nuevamente por un proceso de “demostración del riesgo” a fin de ingresar al programa de protección aún cuando las respectivas instancias internacionales ya habían determinado la existencia del mismo a través del otorgamiento de las medidas urgentes de protección. Asimismo, la sociedad civil ha expresado su preocupación por la privatización de las funciones de seguridad que se prestan en el marco de los esquemas de seguridad provistos por el Estado.




  1. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (“OACNUDH”) en Colombia expresó en 2011 su preocupación por las demoras en la realización de los estudios de riesgo, la lentitud en la implementación de medidas, la ausencia de un enfoque diferencial y la cesión de los esquemas de protección a empresas privadas y en sus recomendaciones ha alentado al gobierno a una revisión exhaustiva de las políticas y programas de protección, tanto gubernamentales como de otras entidades del Estado43.




  1. El programa de protección (que fue creado desde 1997) se encuentra regido por el Decreto 1740 promulgado el 19 de mayo de 201044. Este Decreto fue creado para “establecer los lineamientos de la política de protección de personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo, como consecuencia directa y en razón del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias”45 y ha sido criticado por los beneficiarios al considerar que limita y obstaculiza la implementación de las medidas cautelares al establecer criterios rígidos y beneficios taxativos que no necesariamente se adecuarían a las necesidades de protección.




  1. Por su parte, en audiencias y reuniones de trabajo ante la CIDH el Estado reconoció que la aplicación del Decreto 1740 acarreaba problemas y el 13 de septiembre de 2011 el Ministerio de Interior decretó su modificación mediante el Decreto 337546. El Decreto 3375 modifica algunos aspectos del Decreto 1740 entre los cuales se destaca la inclusión de un “enfoque diferencial” para la evaluación de riesgo, así como para la recomendación y adopción de las medidas de protección “por edad, etnia, género, discapacidad, orientación sexual, y procedencia urbana o rural de las personas objeto de protección”47, y la posibilidad de adoptar “otras medidas de protección […] teniendo en cuenta el enfoque diferencial y sin perjuicio de las medidas existentes”48. La CIDH continuará dando seguimiento a la implementación de las medidas cautelares y reitera la necesidad de continuar con el fortalecimiento de los mecanismos de protección establecidos para proteger la vida e integridad personal en Colombia.

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