El derecho a la educación y la educación especial en México: las deudas del sexenio que se fue




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Nota 1

El derecho a la educación y la educación especial en México: las deudas del sexenio que se fue

Fecha:15 de diciembre del 2006

Fuente: Centro de derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P. A.C.

http://www.derechoshumanos.org.mx Fecha de consulta: Lunes, 3 de enero del 2011

Investigadoras: Ana Luisa Nerio Monroy y Salomé Almaraz Reyes

Desde una perspectiva de los derechos humanos la educación es un medio para que las personas desarrollen todas sus capacidades y potencialidades y tengan acceso a la herencia cultural de la humanidad. Además la educación contribuye a que podamos exigir y ejercer otros derechos humanos.

Mediante la educación, las personas aprenden a relacionarse unas con otras en un ambiente de respeto y de equidad. La educación es un derecho universal y en México está garantizada mediante el artículo tercero constitucional. Todos los mexicanos tienen derecho a la educación y además a no ser discriminados de acuerdo con el artículo primero constitucional. Existe sin embargo un sector de la población que no tiene asegurado su acceso a la educación de calidad que necesita y ese es el la niñez y la juventud que requieren una “educación especial”.

De acuerdo a la información disponible en México hay más de 2 millones de niños con algún tipo de discapacidad, pero el sistema educativo sólo atiende a 400 mil; 42 por ciento de los municipios tienen algún servicio de apoyo para la educación especial; únicamente 53 normales de un total de 457 imparten la licenciatura en el área y sólo hay 45 mil maestros atender a estos alumnos. Las cifras de hace cuatro años a la fecha no han tenido cambios significativos, de acuerdo con los propios datos de la SEP, de 43 normales que en 2002 ofrecían esta licenciatura, ahora existen 53 y hay 45 mil miembros del personal no administrativo (docentes, directores, sicólogos y trabajadores sociales) que atienden a esta población.1

El gobierno de Vicente Fox, presentó en 2002 el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, pero el programa repitió el esquema ya aplicado por los dos gobiernos antecesores: bajo la idea de la integración, estos niños fueron incluidos en escuelas regulares, lo que permitió al gobierno conservar el mismo presupuesto y ampliar la matrícula. Este tipo de educación ha generado justo el efecto contrario a sus objetivos pues no ha logrado “integrar a la escuela regular, a la sociedad y a la vida productiva a las personas con necesidades Educativas Diferentes con o sin discapacidad”2. Actualmente, la niñez con alguna discapacidad enfrentan una exclusión disfrazada, pues no hay metodologías para facilitar su aprendizaje y desarrollo y tampoco maestros suficientemente capacitados, ni recursos materiales para facilitar ese proceso.

Hoy en día la niñez con capacidades distintas son atendidos dentro de las dos opciones que ofrece nuestro sistema educativo: los Centros de Atención Múltiple (CAM) que atienden a escolares con diferentes discapacidades, y las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular USAER, que dan asesoría a las escuelas regulares a donde asisten estos menores. Los recursos destinados para este tipo de enseñanza fueron escasos, y no fue hasta 2005 en que el gobierno federal destinó la irrisoria cantidad de 3 millones 230 mil 199 pesos a los CAM (a cada centro le correspondió en promedio una cantidad de 2 mil 500 pesos), en cambio, las USAER, que son las instancias de apoyo a los niños con necesidades educativas especiales que asisten a una escuela regular, y que para este gobierno fueron la clave de la llamada integración contaron con más recursos.

Como en muchos otros temas, la administración de Vicente Fox se negó a reconocer su fracaso. La titular de la Dirección de Innovación Educativa de la SEP, Maricamen Escandón Minutti, afirmó que los logros de esa administración han sido impresionantes en esta materia, aunque se abstiene de catalogar como un éxito los resultados de la integración educativa.3

3Ante los recortes al presupuesto para la educación, la situación se vuelve cada vez más incierta. Apenas puede creerse que el gobierno actual no cobre conciencia cabal del papel que la educación tiene para el desarrollo de un país. Debe preocuparnos el futuro de la educación en México porque con ella no sólo se deja a miles de niños sin oportunidades de desarrollo, sino que además se limita el potencial económico, político, social y cultural del país.

1 www.sep.gob.mx

2 www.sep.gob.mx

3 Karina Avilés, “ Denuncian franco retroceso de la educación especial en el país”, La Jornada, 31 julio 2006.
Nota 2

Sobrevivientes recuerdan a los suyos como cada año desde 1997

Si la masacre de Acteal es dolorosa, la impunidad la agrava

Fecha: 23 de diciembre del 2010

Fuente: cn cimacnoticias. Periodismo con perspectiva de género.

http://www.cimacnoticias.com Fecha de consulta: Lunes, 3 de enero del 2011

Por Patricia Chandomí, corresponsal

Tuxtla Gtz. Chis. 23 dic. 10 (CIMAC).- “De las peores muertes imaginables para los seres humanos, está la masacre... porque no sólo se mata al masacrado, sino a sus sobrevivientes, que mueren de a poco de la pena de imaginarse el dolor que pasaron sus familiares, y lo que empeora las penas, es el tener que soportar la impunidad de los asesinos”.

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Las masacres, explica el investigador Juan Carlos Segura, quien hace una importante reflexión sobre ellas, son principalmente pedagógicas, tienen la tarea de enseñar a los otros y otras a callarse, a tener miedo, a vivirlas como una amenaza constante.

Sin embargo, las masacres tienen sus notables contradicciones, como en Acteal, una masacre que se hizo para silenciar y proyectar temores en 1997, hoy a 13 años, despierta más voces con coraje y dignidad.

Ante la nula investigación y la impunidad, el pueblo de Acteal construye sus propias alternativas de resistencia contra el olvido, combate el discurso de la mentira y transmite su verdad, la verdad de sus muertos y de sus sobrevivientes.

Como cada año desde 1997, como cada día 22, de cada mes, las y los sobrevivientes recordaron a sus muertos acompañados de colectivos solidarios, comunidades, organizaciones e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, juntos reflexionaron e intercambiaron experiencias en el encuentro “Tejiendo Resistencias y Autonomías frente a la Contrainsurgencia y la Dependencia”.

Ante cientos de solidarios de México y del mundo, los sobrevivientes dijeron que a 13 años de la masacre la situación no ha cambiado porque la implementación de las estrategias de control y cooptación social se mantienen, se van creando otras nuevas para debilitar los pueblos en la construcción de sus propias autonomías, además de la presencia de paramilitares y las armas en las zonas.

“Como una confirmación de la impunidad, este año fueron liberadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 15 personas más responsables materiales, según testimonio de los sobrevivientes. Liberaciones que se sumaron a los otros 29 responsables señalados todos como paramilitares” sostuvieron los sobrevivientes, asociados en la organización civil Las Abejas.

Esta liberación llegó como un segundo mensaje de violencia y otra vez falló en su objetivo de dejarlos callados, desde hace años, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que atrajera el caso, y hace un par de semanas, fue aceptado.

La CIDH señaló al Estado mexicano como responsable de la masacre por acción y omisión. Por acción al cometer ataques contra la población civil por grupos paramilitares a fin de debilitar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y por omisión al deliberadamente no intervenir durante la consumación de los hechos y la denegación de la justicia hasta la fecha.

Es así que la masacre de Acteal perpetrada para subordinar y silenciar identidades, hoy inscrita en los cuerpos de cada uno de los sobrevivientes, alza la voz para sanar las heridas con justicia y dignidad.

10/PCH/LR/LGL


Nota 3

Una mujer más alcanzó el beneficio de reforma penal: Las Libres

Liberarán hoy a 7 mujeres presas por aborto en Guanajuato

Fecha: 07 de Septiembre del 2010

Fuente: cn cimacnoticias. Periodismo con perspectiva de género.

http://www.cimacnoticias.com Fecha de consulta: Lunes, 3 de enero del 2011

Por Anayeli García Martínez

México, D.F. 7 sep 10 (CIMAC).- Hoy martes entró en vigor la reforma al Código penal, que dejará libres a siete mujeres de Guanajuato acusadas de “homicidio en razón de parentesco”, aunque el delito seguirá siendo castigado en la entidad, por lo que se prevé que obtengan su libertad después de las seis de la tarde, informó Verónica Cruz Sánchez, directora de la organización La Libres.

Cruz Sánchez, dijo a Cimacnoticias, que “este beneficio legal” alcanzará a una séptima mujer, también acusada de homicidio en razón de parentesco- de la cual su organización tenía conocimiento, pero que no apoyaron jurídicamente.

La activista argumentó que lo anterior fue porque así lo pidió, “es por ello que no documentamos su caso, pero sabemos que está en condiciones similares”, comentó.

Luego de que el Congreso del estado aprobó una iniciativa del gobernador, Juan Manuel Oliva, que disminuye las penas de “homicidio en razón de parentesco” de 35 años a condenas de 3 a 8 años, estas mujeres recuperarán su libertad, sin embargo, en otros estados del país aún hay mujeres encarceladas por interrumpir un embarazo no deseado.

Un ejemplo son las cifras de la Procuraduría de Justicia de Puebla, donde en 8 municipios de la entidad hay

30 casos de mujeres indiciadas por practicarse un aborto, 9 de ellas ya fueron consignadas y 21 más enfrentan procesos de averiguaciones previas.

Los municipios en los que se registran estos casos son: Acatlán, Cholula, Huauchinango, Izúcar de Matamoros, Teziutlán, Tepexi de Rodríguez, Puebla y Tehuacán, en estos dos últimos municipios, se presentan el mayor número de casos con 7 y 8, respectivamente.

El grupo de Mujeres de San Cristóbal de Las Casas a su vez, ha documentado otros casos, como Baja California donde, dicen, hay 90 mujeres presas y en Sonora 30, también acusadas por decidir sobre su cuerpo.

A partir de la despenalización del aborto en el Distrito Federal en 2007, en los diferentes estados de la republica mexicana 17 congresos locales modificaron sus constituciones para criminalizar el aborto.

En Guanajuato el 8 de mayo de 2009 se aprobó la reforma constitucional que “protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, y el viernes 3 de septiembre de este año, se publicó la reforma que reduce las penas en “homicidio en razón de parentesco” de 35 a 3 y 8 años de prisión.

En este contexto, hoy serán liberadas siete mujeres en Guanajuato; de acuerdo con la directora de la organización La Libres, desde ayer están esperando su liberación, por ello pasaron la noche afuera del penal de Puentecillas, en Guanajuato, mientras que en el de Valle de Santiago, una más espera su libertad.

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Pero el delito sigue, afirmó a Cimacnoticias, Cruz Sánchez, quien dijo que aún no tienen nada preparado para las seis mujeres, pues esperan hablar con ellas y ayudarlas a reinsertarse a la comunidad y a su familia.

Al cierre de esta edición funcionarios del gobierno estatal, informaron que la salida sería después de las seis de la tarde, cuando finalicen los trámites.

10/AGM/LR/LGL

Nota 4

Del Ángel al Hemiciclo, 50 mil siluetas de mujeres piden respeto

Celebran segundo aniversario de constitucionalidad de ILE en DF

Fecha:24 de Agosto del 2010

Fuente: cn cimacnoticias. Periodismo con perspectiva de género.

http://www.cimacnoticias.com Fecha de consulta: Lunes, 3 de enero del 2011

Por Guadalupe Cruz Jaimes

México, DF, 24 ago 10 (CIMAC).- Promotoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas, salieron hoy a las calles de la Ciudad de México, para celebrar el segundo aniversario de la constitucionalidad de la ley que permite la interrupción Legal del Embarazo (ILE), procedimiento mediante la cual casi 50 mil mujeres del país pudieron decidir sobre su cuerpo sin poner su vida en riesgo.

Las integrantes de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser) partieron del Ángel de la Independencia, donde colocaron unos barrotes pintados en papel como símbolo de la opresión que sufren las mujeres para ejercer su derecho a interrumpir un embarazo no deseado.

Las promotoras atravesaron los barrotes y avanzaron del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, encabezadas por una reproducción de la imagen de La Patria, pintada por Jorge González Camarena, a la que llamaron “La Matria”.

Las activistas recuperaron esta imagen “como muestra de libertad para que nos acompañe en esta lucha por la libertad de las mujeres”, señalaron.

Durante el recorrido las activistas, colocaron 50 mil siluetas de mujeres en representación de las mexicanas que ejercieron el derecho a decidir sobre su cuerpo de manera segura en la capital, desde el 28 de agosto de 2008, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la ILE.

Al respecto, Leticia Cuevas, de Ddser, señaló en entrevista que al colorido festejo, liderado por “La Matria”, figura elaborada con la técnica de cartonería que mide 3 metros y medio, hace un llamado a la aplicación del Estado laico en el país.

“Mientras en el Distrito Federal (DF) hay libertad, en otros estados de la república quieren criminalizar a las mujeres”, lamentó.

Cuevas señaló que a partir de la despenalización del aborto en la Ciudad de México y del fallo de la Corte, “se vino una escalada de reformas a las constituciones locales que penalizan el aborto, mediante una estrategia de la jerarquía de la iglesia católica con los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional”.

Con el propósito de “blindar la despenalización del aborto, para que no ocurriera lo mismo en otros estados”, de octubre de 2008 a la fecha se han reformado las legislaciones locales para limitar o anular la ILE en 17 de las 32 entidades federativas.

La prohibición en las leyes no impide que las mujeres del país aborten, con ello sólo se consigue que pongan en riesgo su salud y su vida, aseguró Cuevas, mientras decenas de sus compañeras decoraban el Paseo de la Reforma con la imagen de las 50 mil mujeres y la leyenda “Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”.

La ILE representa la oportunidad de que las mexicanas puedan decidir de manera libre sobre su cuerpo, no sólo las capitalinas, ya que durante las primeras 12 semanas de gestación las habitantes de otros estados de la república pueden acudir a los 14 hospitales del DF donde se práctica la interrupción de embarazos no deseados.

Por ello, entusiasta, Leticia Cuevas expresó que este día salieron a exigir el respeto a los derechos de las mujeres, a celebrar las vidas salvaguardadas de cerca de 50 mil ciudadanas que libremente decidieron sobre sus cuerpos, y a recordar el Estado laico.

A la movilización se sumaron mujeres de otras entidades federativas, una de ellas fue Rocío del Río, de Baja

California, quien además de manifestar su satisfacción porque en la capital se cumplan ya dos años de la constitucionalidad de la ILE, mencionó que este derecho debe ser ejercido por todas las mexicanas que así lo decidan.

Por lo que dijo que es preciso que se escuchen las voces de las mujeres de provincia, ya que no puede haber “mexicanas de primera y segunda, necesitamos que también en los estados, podamos gozar de este derecho fundamental”.

Al llegar al Hemiciclo a Juárez, las promotoras de Ddser, señalaron que la mejor forma de celebrar el bicentenario de la independencia de México es con el “respeto irrestricto al Estado laico”, enunció Cuevas.

Y, por último, entonaron el himno nacional mencionando a las “mexicanas al grito de guerra…”, comprometidas con el avance de los derechos de las mujeres.

10/GCJ/LR/LGL


Nota 5

Piden ONG campaña de información para mujeres indígenas

Lejana e inaccesible la anticoncepción para chiapanecas

Fecha:09 de Junio del 2010

Fuente: cn cimacnoticias. Periodismo con perspectiva de género.

http://www.cimacnoticias.com Fecha de consulta: Lunes, 3 de enero del 2011

Por Sandra de los Santos Chandomí, corresponsal

Tuxtla Gtz. Chis. 9 jun 10 (CIMAC).- Después de confirmar que el estado de Chiapas, ocupa el último lugar a nivel nacional en el uso de métodos anticonceptivos por parte de las mujeres en edad fértil, diferentes organizaciones civiles demandaron al gobierno local que se garantice el abasto de anticonceptivos en los centros de salud y se capacite al personal en la materia.

La Red de Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser), el Colectivo Integral de la Familia (Cifam), el Colectivo Feminista Mercedes Olivera (Cofemo) y el Colectivo de Mujeres de San Cristóbal (Colem), se pronunciaron por la creación de una campaña masiva de información sobre métodos anticonceptivos para la población indígena, adaptada a su contexto y lengua.

Nancy Zárate Castillo, coordinadora en Chiapas de Ddser dijo que los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2009, que dio a conocer hace unos días el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), confirma los datos que esta agrupación había adelantado.

Ello como parte de una fiscalización de insumos de planificación familiar que Ddser aplicó en 9 clínicas del sector salud, en los municipios de Cintalapa, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez, de una encuesta de 84 mujeres, de entre 16 y 45 años de edad, el 71 por ciento de ellas reportó tener una vida sexual activa.

En San Cristóbal de las Casas, sólo el 20.7 por ciento de las mujeres encuestadas reportó haber utilizado algún método anticonceptivo en el último año.

La activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres reportó que en esas clínicas, existen graves problemas para el acceso a la información sobre métodos anticonceptivos y para tener la opción de sacar una cita para colocarse el implante o DIU, ni tampoco se les ofrecen condones.

En la fiscalización, señaló Nancy Zarate Castillo, se identificó una baja proporción de personal de salud capacitado en Planificación Familiar.

10/SSCH/LR

Nota 6

Sólo existen tres vías de transmisión del virus

La educación, prevención más efectiva contra el VIH

Fecha:04 de Agosto del 2010

Fuente: cn cimacnoticias. Periodismo con perspectiva de género.

http://www.cimacnoticias.com Fecha de consulta: Lunes, 3 de enero del 2011

Por Mónica Tejeda Hernández

México, DF, 4 agosto 08 (CIMAC).- La situación actual del VIH/SIDA en el país demuestra que la mejor forma

de prevenir la propagación del virus mediante información oportuna sobre las situaciones de riesgo que existen, consideró Pedro Ávalos, presidente de la fundación Amigos previniendo el VIH/SIDA.

En el marco de la XVII Conferencia Internacional sobre el SIDA, el activista informó que son tres los tipos de prevención, pues no sólo las y los ciudadanos que viven sin el VIH/SIDA necesitan obtener la información oportuna sobre el tema; “debemos garantizar el derecho a la información que todos como ciudadanos tenemos, incluidos los que ya viven con el virus”, dijo.

Científicamente comprobado, aseveró, sólo existen tres vías de transmisión: la sanguínea, que tiene que ver con los análisis de sangre, transfusiones e intervenciones quirúrgicas; la perinatal, en el caso de madres que viven con el VIH y se lo transmiten a sus hijas e hijos a través de la placenta, la lactancia o durante su nacimiento y, por último, la sexual.

En la prevención primaria, explicó, se debe evitar que las personas adquieran el VIH al garantizarles toda la información sobre las vías de transmisión y las maneras cómo se puede prevenir una infección. “Es necesario desaparecer los mitos que se han creado e informar a las personas sobre las maneras en las que se pueden o no contagiar”, argumentó.

La prevención secundaria, en tanto, se enfoca a promover la detección oportuna; garantizar información veraz que no sea discriminatoria, así como a promover consejería previa y posterior a los resultados que arroje a la prueba de detección y mejorar la calidad de vida de las personas con VIH, sus familiares y amigos.

En el caso de personas que viven con el VIH, dijo, se debe ejercer una prevención terciaria para evitar que desarrollen el SIDA, tengan garantizados sus derechos como ciudadanas y ciudadanos y que vuelvan a su estado asintomático.

Por último, Pedro Ávalos señaló que, en la detección del VIH/SIDA, todos los centros de salud y hospitales pertenecientes al sector público de México tienen la obligación de ofrecer, de manera gratuita, la “prueba rápida” en sangre, en la que las mujeres embarazadas constituyen la población prioritaria.

08/MT/LG/CV

Nota 7

La PGR aún nos debe una disculpa”

Fuente: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

http://centroprodh.org Fecha de consulta: Lunes, 3 de enero del 2011

Juan José Arreola / El Universal

Alberta Alcántara Juan y su cuñada, Teresa González Cornelio, recobraron su libertad después de haber estado presas tres años, siete meses y 28 días. Las acusaron de haber secuestrado —junto con la también indígena otomí Jacinta Francisco Marcial— a seis policías federales.

Durante el tiempo que llevan en libertad —un mes y seis días— no han recibido apoyos de nadie como tampoco disculpas por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), que fue la instancia que las acusó.

Alberta y Teresa refieren que su vida sigue igual o peor, y tratan de reincorporarse a sus actividades.

Alberta, ¿qué hay de la disculpa pública? ¿Han recibido la ayuda o los apoyos que les ofrecieron?

Nadie, bueno, la delegada de la Procuraduría General de la República afirmó que sí somos culpables, o sea ella en su discurso señaló que somos culpables y no da su disculpa.

¿Ustedes insisten en que deben recibir una disculpa pública?

Sí, la pedimos a las autoridades porque nosotras somos inocentes y no nos comprobaron ningún delito… seguimos insistiendo en que nos den una disculpa pública.

¿De la delegada de la PGR en Querétaro o de quién?

Por parte de la delegada, ya que fueron ellos los que nos acusaron del delito de secuestro y hasta de posesión de cocaína.

Dicen que no tienen trabajo y que por falta de recursos venden artesanías. ¿Les alcanza?

Pues no, no tenemos nosotros trabajo. No tenemos un ingreso y por ello salimos a vender artesanías. Así sacamos algo para cubrir parte de los gastos de la familia.

¿Están endeudadas?

La verdad no sabemos. Nuestra familia es la que sabe de esto. Ellos no nos han querido decir cómo le hicieron en estos tres años para sostener nuestra lucha desde la cárcel. Pero sí deben dinero en la caja (popular) y en el banco. Sólo mi hermano sabe cuánto es.

Nota 8

Reparación del daño a Jacinta

Fuente: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.

http://centroprodh.org Fecha de consulta: Lunes, 3 de enero del 2011

Luis Arriaga / El Universal

El 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de Derechos de los

Pueblos Indígenas con el voto a favor de 143 países, México incluido. Se trata, sin duda, de un hito en el camino hacia el reconocimiento de estos derechos. En su momento, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que los Estados y los pueblos indígenas se reconciliaban con sus dolorosas historias y mostraban su disposición de avanzar juntos por el camino de los derechos humanos, la justicia y el desarrollo para todos.

No obstante las buenas intenciones expresadas en esta declaración no vinculante, la realidad de los pueblos indígenas dista mucho de ser reconocida plenamente. Prejuicios y situaciones históricas perpetúan la discriminación hacia ellos. Persiste el temor a reconocer las prácticas y las instituciones que durante siglos los han mantenido cohesionados. Iniciativas económicas y políticas constituyen también hoy amenazas graves para estos pueblos que generalmente, por su modo de vida y su concepción del mundo, se asientan sobre territorios bien conservados.

El historial de discriminación y exclusión que ha caracterizado la relación con los pueblos indígenas en México ha permeado a todas las instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales.

Poseedores de una larga tradición organizativa, los indígenas de México, ante la falta de reconocimiento a sus propias instituciones, enfrentan obstáculos insalvables cuando actúan ante las diversas instancias gubernamentales. Esto resulta muy evidente en la actuación ante las instituciones jurídicas.

Casos recientes, como los de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, acusadas de secuestrar a seis agentes de la extinta AFI, han mostrado que el sistema penal en México, cuyas deficiencias son estructurales, resulta particularmente perjudicial para quienes viven previamente en condiciones de discriminación. Mujeres, pobres e indígenas son quienes más experimentan en el país los efectos de cualquier violación a los derechos humanos.

Jacinta Francisco Marcial, liberada el 15 de septiembre de 2009 después de que la PGR (que nunca tuvo pruebas) decidió presentar conclusiones no acusatorias, estuvo en la cárcel durante tres años. Fue sentenciada a 20 años por un juez que avaló las irregularidades existentes durante todo el proceso; dio valor a todos los actos del Ministerio Público pese a que sus pruebas carecían de los mínimos elementales como coherencia, objetividad y veracidad.

Ayer, Jacinta dio a conocer que presentó una demanda ante la PGR para exigir la reparación del daño, dando un paso más en la lucha de los pueblos indígenas por el reconocimiento de su condición y el acceso a la justicia.

El proceso que condujo a la sentencia de 20 años por un delito inexistente (la PGR, con pruebas inventadas, la consignó por el secuestro de seis agentes federales) estuvo lleno de fallas que constituyeron violaciones a los derechos humanos de Jacinta. Hubo además irregularidades que conciernen a su condición étnica: en el momento de su detención su comprensión del español era el mínimo indispensable para realizar operaciones prácticas, por lo que era necesario, como lo establecen las normas internacionales de derechos humanos y la misma Constitución, que se le hubiera proporcionado un traductor. En ningún momento hubo la más mínima preocupación por considerar esta circunstancia.

Casos como el anterior son muestra de la histórica responsabilidad del Estado mexicano para transitar hacia la democracia. Múltiples son los relatos de agravios cometidos por funcionarios públicos, muchas veces en complicidad con otros grupos de poder, contra los diversos pueblos indígenas de México. Variados son también los esfuerzos que estos pueblos realizan para construir una sociedad plural y equitativa.

En la línea de estos esfuerzos se ubican las acciones de Jacinta. Con su decisión, avalada por el Centro Prodh, contribuye a que hechos similares a los que la afectaron no se repitan, es decir, que el acceso a la justicia en México sea efectivo para todos los indígenas. Es una lucha que, dado el carácter interdependiente de los derechos humanos, contribuirá a hacer efectiva la totalidad de los derechos de los pueblos indígenas.

NOTA 9

Necesario, actualizar el marco legal, afirma el secretario del Trabajo

Persiste discriminación laboral contra la mujer, reconoce Lozano Alarcón

Hay que castigar hostigamiento sexual y eliminar el requisito de no gravidez para obtener empleo

Periódico La Jornada, Sección Sociedad y Justicia

Sábado 19 de mayo de 2007

SUSANA GONZALEZ G.

A pesar de que las mujeres sostienen uno de cada cuatro hogares del país, aventajan a los hombres en su preparación académica (tienen un promedio de estudios de 9.2 años, contra 8.6 años de los varones) y ocupan 30 por ciento de los puestos directivos en los sectores público y privado, "seamos realistas, claramente sigue habiendo discriminación laboral hacia la mujer", aseveró Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Por ello, manifestó que debe actualizarse el marco legal laboral para dar el lugar que la mujer merece en el trabajo y "castigar, prohibir y señalar" los actos de hostigamiento sexual, así como "eliminar de una vez por todas ese ominoso certificado de ingravidez" que algunas empresas exigen a las mujeres como requisito para contratarlas, limitando las oportunidades de trabajo para quienes están embarazadas.

"Son tantas las cosas que podemos y debemos hacer en este tema, como reconocer los horarios de la mujer que trabaja y que también debe cumplir como madre de familia. Tenemos que dar esas facilidades de trabajo y sin que haya jornadas inhumanas, ciertamente flexibilizarlas y tener horarios discontinuos", expresó el funcionario, al participar en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Empresaria, organizada por la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas (AMMJE)

Lozano Alarcón agregó que cuatro de cada 10 mexicanas trabajan, y en los últimos 11 años han incrementado su participación en la actividad industrial, al pasar de representar 21 a 27 por ciento, mientras en el sector servicios concentran casi la mitad de los puestos de trabajo, dado que ocupan 48.8 por ciento del total de los empleos, aunque detalló que se ubican principalmente en puestos como despachadoras de comercio, secretarias, trabajadoras domésticas, profesoras y recepcionista, entre otros.

La celebración de la mujer empresaria se lleva a cabo el tercer viernes de mayo y fue instituida desde 2000

por Les Femmes Chefs d'Entreprises, una organización con presencia en 50 países y a la que pertenece AMMJE, que a su vez tiene 40 delegaciones en 28 estados del país y cuya dirigente nacional es María del Carmen García Noemí.

Tanto García Noemí como sus socias Mary José Morteo y Alia Lorena Ibarra, manifestaron que requieren "herramientas" y apoyos, sobre todo facilidades de financiamiento, así como una reforma laboral y fiscal

para hacer competitivas las pequeñas y medianas empresas que encabezan.

Además del secretario del Trabajo, otros funcionarios federales acudieron al festejo de la AMMJE, al igual que argarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón, quien aseguró que la asistencia de los empleados públicos demuestra que el tema de las empresarias "no es un asunto sólo de las mujeres, sino de política pública federal y estatal".

45Consideró que en la medida que se incremente el número de empresarias en el país "más normal va a ser que haya mujeres tomando decisiones", pero lamentó que no se registre un cambio cultural a la misma velocidad y persistan estereotipos, pues refirió que en una encuesta 45 por ciento de los entrevistados considera que la mujer debe ser responsable de la familia, lo que implica, dijo, "que piensan que ustedes no deberían ser empresarias o subsecretarias".

A las mujeres que trabajan fuera del hogar, dijo Zavala, les hacen muchas preguntas que nunca se plantean a los hombres, como cuestionar dónde dejan a los hijos, si van a seguir trabajando después de casarse o de tener al primer o segundo hijo, y agregó que a las empresarias seguramente les preguntan quién las ayudó, cómo heredó la empresa o si el esposo se encarga del trabajo.

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