3°. Que a fin de determinar la legislación sobre la cual deben analizarse los hechos denunciados, cabe considerar que los supuestos delitos de carácter sexual investigados se habrían cometido entre el año 1980 hasta Enero de 2004. Derecho aplicable






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título3°. Que a fin de determinar la legislación sobre la cual deben analizarse los hechos denunciados, cabe considerar que los supuestos delitos de carácter sexual investigados se habrían cometido entre el año 1980 hasta Enero de 2004. Derecho aplicable
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33°.- Que rola a fojas 777 y 779, fotocopia de las decisiones del Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de Santiago, en relación al matrimonio Hamilton-Miranda, de 27 de agosto y de cuatro de noviembre de 2010, respectivamente. De tales instrumentos, reconocidos en el curso de esta investigación por el denunciante, por Verónica Miranda, y por los sacerdotes Eugenio Zúñiga, Francisco Walker y Francisco García de Vinuesa, quienes intervinieron, en diversos roles en dicho proceso, consta que el fallo de primer grado, acogió la causal de nulidad matrimonial propuesta por el Sr. Hamilton, de “grave defecto de discreción de juicio, debido a la falta de libertad interna, por haber sido abusado sexual y psicológicamente por su director espiritual, antes y después del matrimonio, de acuerdo al canon 1095,2”. La sentencia de segunda instancia confirmó la de primer grado, eliminando, al citar la causal, los hechos que la constituían, sin modificar el fondo de la resolución, como lo explicó en su declaración el sacerdote Walter.

Del cuaderno sobre Investigación Eclesiástica Previa, consta que el Promotor de Justicia, Pbro. Eliseo Escudero, con fecha 27 de abril de 2006, informó al Cardenal Obispo de Santiago, que “las declaraciones de James (de 18 de enero de 2006 que remite) otorgan plena validez a los hechos denunciados por su madre y esposa,” (fojas 132). Luego agrega “Con los antecedentes hasta ahora recogidos el Sr. cardenal puede llegar a algunas certezas suficientes como para actuar según su prudencia pastoral”. En el informe del segundo Promotor de Justicia, sacerdote Fermín Donoso Espic, de 22 de enero de 2010, éste consignó “En cuanto a los abusos sexuales y acciones masturbatorias a iniciativa del padre Karadima, los tres testigos (Hamilton, Murillo y Cruz) dan cuenta de estos hechos con claridad, incluyendo detalles concretos que dan verosimilitud a sus relatos. Además las declaraciones de los tres denunciantes fueron presentadas en forma independiente.”, “Como observa el anterior promotor de justicia, las declaraciones de los denunciantes no parecen producto de revanchismo o ira, y menos de estar buscando dañar a las personas o la iglesia, sino están más bien motivadas por el deseo de evitar estos males a otras personas”. En el informe final de 15 de junio de 2010, fojas 151, el promotor de justicia valora la totalidad de los antecedentes reunidos en la investigación canónica y concluye que el padre Fernando Karadima Fariña ha incurrido en el delito de abusos sexuales con dos menores de edad, delito reservado al Tribunal Apostólico de la Congregación de la Doctrina de la Fe y ha cometido también actos de abuso sexual con una serie de personas adultas mayores de dieciocho años.

De los antecedentes recibidos mediante exhorto internacional, agregados a fojas 1196, aparece que el proceso penal administrativo contra el sacerdote Karadima se inició ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 16 de junio de 2010. Las Actas de la investigación previa, conducida por la Arquidiécesis de Santiago, fueron remitidas a Roma por el Cardenal señor Francisco Javier Errázuriz, concluyendo el proceso con la dictación del Decreto de 24 de noviembre de 2010, que declaró culpable al imputado de los delitos de abuso de menores -individualizándose a Fernando Batlle Lathrop, Juan Luis Edwards Velasco y Luis Antonio Lira Campino- y de otros delitos establecidos en el can. 1395&2 por haber cometido con violencia actos contra el sexto mandamiento del Decálogo con víctimas adultas, abusando también de la dependencia psicológica, mencionando entre otros, a José Andrés Murillo Urrutia, James Hamilton Sánchez y también Fernando Batlle.

Mediante Decreto de 8 de junio del año en curso, la Autoridad Eclesiástica, rechazó el recurso intentado por la defensa del sacerdote Karadima, mantuvo la condena canónica impuesta –retirarse a una vida de oración y penitencia y la prohibición perpetua del ejercicio público de cualquier acto de ministerio-, y eliminó “el nombre de Luis Antonio Lira Campino del elenco de víctimas de abuso sexual de menores del Decreto impugnado”, aclarando que dicha cancelación no invalida la sustancia del mismo.

En los mismos antecedentes, se adjunta además, un cuadro resumen de nueve acusaciones de orden sexual contra Karadima, respecto de hechos que habrían acaecido en los años: 1975, 1979-1987, tres del año 1980, 1983-2004, 1978-2005, 1991-1994, 1994-1996. Se describen el tipo de abusos -tocaciones, besos, actos masturbatorios, sodomía y relaciones sexuales- pero no se individualizan los ofendidos.

34°.- Que, como consideraciones generales, aplicables al señor Hamilton, el tribunal considera su declaración incriminatoria como carente de móviles espurios que pudieran desvanecer su relato. También se tiene en cuenta las corroboraciones periféricas al hecho, como es el patrón de conducta del hechor para relacionarse con sus víctimas. Asimismo, las situaciones de abuso descritas por los otros ofendidos y ejecutadas por quien ejercía a su respecto una posición dominante y controladora. Amén de las otras conductas indebidas, de menor intensidad, descritas por los testigos antes referidos, quienes luego de un proceso interno de reflexión, han sido capaces de asumir en su real dimensión, calificando los hechos como un atentado a su libertad sexual y de conciencia, expresando que, por su experiencia, lo relatado por Hamilton les parece verosímil.

La versión dada por aquellos testigos cercanos al padre Karadima, que afirman no haber visto conductas de orden sexual impropias de su parte, sólo permiten aceptar que ellos no vivieron experiencias de este tipo.

Además, no existen antecedentes serios para inferir un móvil de resentimiento, venganza o enemistad de la víctima hacia el victimario que prive a las declaraciones de Hamilton de la aptitud suficiente para justificar su existencia.

La supuesta confabulación entre los denunciantes desaparece si nos atenemos a la fecha en que las denuncias se habrían presentado ante al Arzobispado de Santiago, tal como consta en la Investigación Eclesiástica y, se desprende de los informes de los Promotores de Justicia emitidos el 28 de junio de 2004, 30 de noviembre de 2005, 27 de abril de 2.006, 8 de septiembre de 2.009 y 22 de enero y 16 de junio de 2010, allí contenidos. (Cuaderno anillado de documentos de fojas 128, 131, 132, 135 y 151, respectivamente).

Por otro lado, la desaprobación del padre Fernando a una relación sentimental vivida por el Sr. Hamilton, en una época posterior a los abusos, no es suficiente para configurar la animosidad como móvil de las acusaciones, desde que el vínculo afectivo existió, atento a las declaraciones de su ex cónyuge y su cuñada, involucrada en esta relación.

Finalmente, que el sacerdote Karadima no recomendara a Cruz y Murillo para seguir una vida religiosa, aparece como irrelevante si se tiene presente que ambos ingresaron a las instituciones escogidas, sin su apoyo y se retiraron voluntariamente años después.

Además, conforme a los hechos asentados en esta decisión, es útil resaltar la persistencia en la incriminación. Así, Hamilton declaró en la Investigación Eclesiástica previa en enero de 2006, luego inició el proceso de nulidad matrimonial en el año 2008, invocando como hechos de la causal esgrimida “abuso psicológico y sexual por parte de su director espiritual”, insistiendo en sus dichos ante el Arzobispado de Santiago en agosto de 2009 y el Ministerio Público en el año 2010; asimismo, en espera de una respuesta por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, solicitó apoyo al sacerdote Percival Cowley y al Obispo Auxiliar de Santiago, Monseñor Cristián Contreras, quienes así lo han reconocido en sus respectivas declaraciones.

Las acusaciones, en los términos trascritas, se han reiterado en el tiempo, sin vacilaciones, ambigüedades ni contradicciones sustanciales. En los dichos no se observan divergencias importantes respectos de los elementos objetivos de las conductas sexuales imputadas al sacerdote Karadima. En este sentido, la relativa imprecisión o desorden fáctico en la imputación, en cuanto a las fechas exactas de comisión de los abusos no la afecta, por el contrario, sería ilógico pretender, años después, que la víctima recordase con lujo de detalles fechas, horas y demás circunstancias de las agresiones que habría sufrido.

35º.- Que los elementos de juicio referidos constituyen un conjunto de presunciones que permiten establecer que James Hamilton se vinculó a la Parroquia El Bosque al inicio del año 1983, a la edad de 17 años, que el sacerdote Fernando Karadima, conociendo su historia familiar, lo nombró su secretario personal, incorporándolo a su círculo íntimo, exigiendo de él obediencia total y lealtad sin cuestionamientos, lo premió con su afecto y ciertos privilegios de orden económico. El sacerdote se transformó en su director espiritual, confesor, en una autoridad moral y religiosa, influyendo en aspectos personales. Hamilton dejó que el sacerdote guiara su vida y la de su cónyuge, sometiéndose a la voluntad de este hombre “santo”, discípulo del Padre Hurtado y formador de muchos sacerdotes.

Los elementos de convicción son idóneos y suficientes, para sostener, en esta etapa, que las conductas abusivas se habrían desarrollado por iniciativa del sacerdote, asesor espiritual de la víctima, quien habría establecido la frecuencia de sus incursiones abusivas y la entidad de las mismas, llegando a la reiteración sistemática de actos de clara significación sexual, no consentida ni querida por el ofendido, quien no habría logrado percibir el componente subjetivo del abuso y su intencionalidad, sintiendo culpa por su falta de templanza y por haber hecho “pecar a un hombre de Dios”.

Para arribar a estas conclusiones el Tribunal, tiene presente los dichos de los testigos de contexto y aquellos que presenciaron tocaciones en la zona genital del señor Hamilton por parte de Karadima y la prueba documental antes referida.

En definitiva, el tribunal estima que Hamilton se habría visto involucrado, sin su voluntad, por actos de otro individuo, en un contexto sexual que habría afectado su facultad de ejercer libremente su comportamiento sexual.

Que, conforme a los antecedentes de mérito, el abuso que el tribunal considera concurrente, entendido como una posición dominante o de superioridad del agente, se motiva desde la reverencia y santidad que un sujeto habría creado en relación a su persona como sacerdote y director espiritual, desde la diferencia de edad, la especial vulnerabilidad de la víctima derivada de su situación familiar, desde la real necesidad de éste por recibir orientación religiosa, todo lo cual habría sido conocido por el ofensor, quien además gozaba de un reconocido prestigio, ejercía un cargo pastoral al interior de la iglesia católica y era denominado “santo” por sus cercanos, quienes lo obedecían sin cuestionamientos por su poder moral e influencias en su entorno social y religioso.

La dependencia afectiva, económica en sus inicios y psicológica de Hamilton respecto de su director espiritual la relatan con claridad personas de su entorno cercano, como son precisamente, su madre, su ex cónyuge y la hermana de esta y fluye del fallo de primer grado del Tribunal eclesiástico sobre nulidad matrimonial. Esta conclusión se desprende también de los testimonios de aquellos que frecuentaban la parroquia El Bosque, donde ejercía su cargo el agresor, quienes narran la intensidad del vínculo creado por el sacerdote en relación a sus dirigidos, especialmente con James Hamilton.

36°.- Que, si nos atenemos a las condiciones de prevalencia o dependencia del actual artículo 363 N° 2 del Código Penal, es dable consignar que la enumeración no es taxativa y que debe el victimario tomar conciencia de la ocurrencia del prevalimiento y utilizarlo. Esta circunstancia puede tener cualquier naturaleza o derivar de cualquier causa, haya sido o no provocada por el autor en miras de la obtención del resultado buscado. La relación de dependencia debe corresponder, entonces, a un vínculo de carácter funcional. El agente realiza determinadas conductas o acciones que crean una relación desigual entre ambos, en relación a la autoridad que adquiere uno de ellos. La víctima está en una posición de inferioridad de la cual derivan obligaciones de respeto y obediencia suficientes para afectar el normal proceso de expresión de voluntad. El artículo 366 contempla como presupuesto del tipo agravado la situación que el relato fáctico de Hamilton denuncia, en la especie, ser el agresor sacerdote, director espiritual y confesor de la víctima.

Ahora, precisado lo que el tribunal considera como abuso o prevalimiento, ha de anotarse que actos de significación sexual, en opinión de la doctrina, son aquellos objetivamente adecuados, dentro del medio social en que se desarrollan, para excitar el instinto sexual de una persona y que afecta su libertad o autodeterminación sexual. Lo sexual se torna evidente tratándose de actos que involucran la invasión de órganos genitales.

37°.- Que, los antecedentes, en el contexto procesal que se revisan, son a juicio de esta sentenciadora suficientes para concluir que se encuentra justificado en autos que James Hamilton a la edad de 17 años, desde mediados del año 1983 y hasta octubre del mismo año, primero en público y luego en privado, fue objeto de tocaciones en los genitales y de besos en la boca por parte de su confesor y director espiritual, quien para ejecutar las conductas descritas se valió de su condición de sacerdote y del vínculo de superioridad y dependencia creado en relación a la víctima, lo que no fue consentido o aceptado libremente por ésta.

Lo anterior no se altera con las declaraciones de testigos que afirman la conducta intachable del sacerdote y que Hamilton habría ostentado, por su personalidad, un grado importante de autonomía conductual en sus relaciones sociales, pues el ambiente que habría creado el sacerdote, de subordinación total a su persona, demuestran que éste se habría aprovechado de las ventajas de su ministerio y de la circunstancia del desvalimiento que el ofendido ofrecía, siendo posible aceptar que Hamilton se habría encontrado en estado de inferioridad respecto del sacerdote con quien mantenía una relación de dependencia.

El tribunal adquiere convicción suficiente para concluir, que la voluntad del ofendido, desde los 17 años, habría sido anulada, aplastada o sometida por la autoridad que sin límite, habría ejercido sobre él el ofensor, resignándose a los abusos que éste le habría impuesto.

Las conductas descritas, en las condiciones anotadas, realizadas por un sacerdote, dentro del ámbito del ejercicio pastoral, no pueden calificarse de escasa significación sexual pues de acuerdo a la valoración que cabe asignarles conforme a las concepciones propias de la sociedad y del lugar en que estas se habrían ejecutado, resultan, por su naturaleza, idóneas para estimarlas como ilegítimas.

En consecuencia, a la época de ocurrencia de los hechos, las conductas descritas, eran constitutivas del delito de abusos deshonestos, reiterados, previsto y sancionado en la norma del artículo 366 del Código Penal.

Los elementos de convicción reunidos en esta causa configuran también un conjunto de indicios para atribuir credibilidad a las conductas sexuales abusivas descritas por James Hamilton a partir de los 18 años y hasta diciembre de 2003, las que habrían consistido en besos en la boca, tocaciones en la zona genital, por sobre la ropa o directamente en el pene, actos de masturbación mutua y sexo oral. Sin embargo, aun existiendo antecedentes para estimar justificada la existencia de tales actos, desde los simples roces a los órganos genitales de la víctima hasta agresiones sexuales directas, esos hechos no son actualmente punibles en el Código Penal. En efecto, considerando la edad de la víctima a esa data –mayor de 18 años- ellas resultan atípicas al tenor de lo previsto en el artículo 366 del Código del ramo, según modificación legal vigente a partir del 1° de junio de 1993, límite de edad también previsto en la actual regulación del artículo 366.
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