El hábeas corpus instructivo en el ámbito de los delitos de desaparición forzada: hacia la ubicación de las víctimas y de sus responsables como una manifestación del derecho a la verdad




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    1. Comisión respectiva: DERECHOS HUMANOS N° 1



    1. Sub-comisión: DELITO CONTRA LA HUMANIDAD: NARCOTRÁFICO, TRÁFICO DE ÓRGANOS, TRÁFICO DE NIÑOS, GENOCIDIO, DESAPARICIÓN FORZOSA, TORTURAS



    1. Título de la ponencia: EL HÁBEAS CORPUS INSTRUCTIVO EN EL ÁMBITO DE LOS DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA: HACIA LA UBICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y DE SUS RESPONSABLES COMO UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD



    1. Nombre del autor: FERNANDO VICENTE NÚÑEZ PÉREZ, peruano, abogado por la Universidad de San Martín de Porres del Perú. Ganador del Concurso de Investigación Jurídica Mario Alzamora Valdez (2003 y 2004) en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres del Perú. Profesor del Curso de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Escuela de Graduandos Aguila & Calderón (EGACAL). Profesor de Práctica Forense del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Colaborador permanente con diversos artículos en la editorial Normas Legales.



    1. Universidad o Institución respectiva: Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres del Perú. Escuela de Graduandos Aguila & Calderón-EGACAL.



    1. Correo electrónico del autor: fernu_dpenal@hotmail.com; fernu_dpenal@latinmail.com.



EL HÁBEAS CORPUS INSTRUCTIVO EN EL ÁMBITO DE LOS DELITOS DE DESAPARICIÓN FORZADA: HACIA LA UBICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS Y DE SUS RESPONSABLES COMO UNA MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA VERDAD


FERNANDO VICENTE NÚÑEZ PÉREZ(1)

¨...un Estado de Derecho debe proteger al individuo no sólo mediante el Derecho Penal, sino también del Derecho Penal¨(2)


1. EL DESARROLLO DEL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL PERUANO
En el año de 1980, a la par que retornábamos a la institucionalidad democrática, se inicia en el país un proceso de grave violencia con el surgimiento de organizaciones terroristas que provocan la respuesta indiscriminada por parte del Estado Peruano(3).
Dentro de nuestro contexto nacional(4), siguiendo a VÉLEZ FERNÁNDEZ(5), no cabe duda que:
“La Desaparición Forzada de Personas surge en nuestro país en un contexto de violencia política, especialmente en el marco de la instauración de un estado de emergencia y como consecuencia de la aplicación de una política antisubversiva empleada por lo comandos militares frente al accionar de los grupos terroristas”.
Las principales violaciones a los derechos humanos surgidos en la época citada, como detalla GARCÍA COBIÁN CASTRO, tuvieron lugar en un contexto político en el que se devaluaron severamente los principios democráticos no solo como consecuencia del accionar de los grupos terroristas sino porque los gobiernos que los enfrentaron concentraron su respuesta en su dimensión represiva, produciéndose una expansión desmesurada de las competencias de la Policía Nacional y especialmente de las Fuerzas Armadas. Ello tuvo como correlato la inhibición de las autoridades civiles, incluidos los jueces y fiscales, frente a las funciones que les correspondían en un modelo de Estado constitucional y democrático, varias de las cuales fueron delegadas a las fuerzas del orden, en abierta contradicción con la Constitución(6).
En lo que se refiere a la génesis del Código Penal peruano de 1991(7), el delito de desaparición forzada fue ubicado en su inicio entre los delitos de terrorismo, siendo específicamente su ubicación en el artículo 323° del Capítulo II del Título XIX de la Parte Especial del mismo cuerpo de leyes, dedicado a los “Delitos contra la Tranquilidad Pública”, en donde se partía de una concepción de este delito como un tema clásico de la parte especial. Este tratamiento sistemático era criticado por la doctrina de la época, ya que la tranquilidad pública se aprecia como un bien jurídico que busca el mantenimiento del status quo u orden social, más que la protección de los derechos inalienables de las persona(8).
A partir del autogolpe del 5 de abril de 1992, el delito de desaparición forzada ha tenido diversas modificaciones en su redacción como en su ubicación. Mediante el artículo 22° del Decreto Ley N° 25475 del 6 de mayo de 1992(9), se puso en vigencia una nueva legislación en materia de terrorismo, es decir que desde su ubicación original en el Código Penal, pasó posteriormente a formar parte de un ley penal especial (fuera del Código Penal), derogando con ello todo el Capítulo II del Título XIX de la Parte Especial, el mismo que incluía el delito de desaparición forzada, perdiendo éste injusto penal por unos meses vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, siendo posteriormente restituido en su vigencia mediante el artículo 1° del Decreto Ley N° 25592 del 2 de julio de 1992.
Luego, mediante la Ley N° 26926 del 21 de febrero de 1998, se incorpora al Código Penal el Título XIV-A denominado como “Delitos contra la Humanidad”, el mismo que crea un título específico e independiente, comprendiendo modalidades de violaciones a los Derechos Humanos, por lo según el profesor CARO CORIA(10):
“ ... se apostaba por una regulación autónoma y conjunta de las más graves violaciones de los Derechos Humanos, decisión que merece una valoración positiva a la luz del desarrollo de la dogmática sobre la materia que reivindica la existencia de un bien jurídico propio, distinto de los bienes individuales afectados que encuentran protección en otras normas del llamado Derecho Penal clásico”.

Por esta última ley citada, el delito de desaparición forzada fue trasladado de ubicación, sin modificarse en contenido (del artículo 1° del Decreto Ley N° 25592 al Capítulo II del Título XIV-A del Código Penal).
2. EL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA DESDE UNA BREVE VISIÓN SUPRANACIONAL
2.1. LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS CONTRA LAS DESAPARICIONES FORZADAS(11): Si bien nos encontramos frente a un instrumento internacional que reprocha una práctica que atenta contra los fundamentos propios de los Derechos Humanos, el mismo no posee carácter vinculante, siendo en todo caso, según la opinión de doctrina autorizada en el tema, un avance significativo en la vía de la tipificación jurídica internacional de la Desaparición Forzada de Personas. Asimismo, su aprobación abre la puerta para el desarrollo del tema por otras normas más concretas a través de la vía convencional(12).
En cuanto al valor jurídico de toda declaración, siguiendo a NOVAK y SALMÓN(13), debe concluirse que:
“... las declaraciones carecen de efectos jurídicos vinculantes, no sólo en virtud de su contenido evidentemente programático, sino también por la forma que revisten, esto es, por estar generalmente contenidas en resoluciones emitidas por órganos de una organización internacional que carecen de competencia para emitir decisiones obligatorias”.

2.2. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS: A decir verdad, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas(14), viene a regular este tipo penal como característica de lo que ha ocurrido en diversas partes de América Latina, tomándose en cuenta la preocupación de la comunidad americana con la finalidad de regularla.
2.3. LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS EN EL ESTATUTO DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL: El Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional(15), según la posición de la COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS(16):
“... viene a complementar la ineficacia de las jurisdicciones nacionales en la investigación y sanción del crimen de desaparición forzada”.
Ambos tratados internacionales sobre Derechos Humanos citados amplían la esfera de posibles autores, al prever adicionalmente a los agentes no estatales. Esta amplitud en la redacción, hace notar más bien que el artículo 320° de nuestra norma sustantiva restringe como sujeto activo al funcionario o servidor público, proponiendo parte de la doctrina en ampliar el ámbito del sujeto activo, de manera que se considere como tal a aquellos particulares o grupos que actúan con el consentimiento del Estado, y también a agentes no estatales, en especial organizaciones políticas(17).
3. EL HÁBEAS CORPUS INSTRUCTIVO FRENTE AL DELITO DE DESAPARICIÓN FORZADA
El proceso constitucional del hábeas corpus, se entiende modernamente, tiene la finalidad de proteger toda la gama de derechos en la que se puede exteriorizar el derecho a la libertad individual, pudiendo protegerse objetos que en su inicio eran derrepente impensables poder abarcarlos.
Claro está, que el modelo de Estado constitucional no solo supone el reconocimiento de la libertad individual a nivel del más alto rango normativo, sino la previsión de procesos constitucionales que cristalicen la supremacía de la Carta Fundamental y la consiguiente fuerza normativa de los derechos contenidos en ella(18).
Una de las muchas innovaciones que trae consigo el Código Procesal Constitucional, es referente a los diversos derechos que son susceptibles de protección por medio del proceso constitucional del hábeas corpus, detallándose en su artículo 25° en numerus apertus, los derechos que forman parte del circuito de protección.
Dentro de esa línea, entre los derechos que es objeto de protección a través de este proceso constitucional, se encuentra como novedad el derecho a no ser objeto de una desaparición forzada, el mismo que tanto doctrinaria como jurisprudencialmente ya había tomado el nombre de hábeas corpus instructivo. Si bien es cierto, dentro de nuestra realidad de violencia política vivida existió desconocimiento de cómo enfrentar por medio del hábeas corpus el drama de las desapariciones forzadas de personas, por no estar plenamente establecido en la ley, la actualidad nos quiere dar otra cara de esperanza frente a hechos que ojalá no se vuelvan a repetir.
Esta modalidad de hábeas corpus podrá ser utilizada cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida-desaparecida. Por consiguiente, la finalidad de su interposición es no solo garantizar la libertad y la integridad personal, sino, adicionalmente, asegurar el derecho a la vida, y desterrar las prácticas de ocultamiento o indeterminación de los lugares de desaparición(19).
Frente a este tipo de proceso constitucional, el mismo que surge evidentemente del derecho a la verdad, derecho que últimamente ha sido reconocido plenamente por nuestro Tribunal Constitucional, el juez especializado debe constituirse al lugar de los hechos, con el fin de poder asegurar los elementos de juicio que le servirán para ubicar el paradero de la víctima o de sus restos adoptando las medidas necesarias, pudiendo notificarse al Ministerio Público con el fin de que se determine a los responsables mediante una adecuada investigación. Esto último es muy importante, ya que en un contexto particular de violaciones generalizadas, masivas y sistemáticas a los derechos humanos, la verdad sobre el paradero de un familiar, el destino de su vida, la ubicación de sus restos y la autoría de estos agravios, se convirtieron en una condición esencial para una vida digna(20). Entonces, el juez pretenderá identificar a los responsables de dicha conducta delictiva a fin de que sean procesados y sancionados penalmente por la vía ordinaria(21), estableciendo el nuevo Código Procesal Constitucional un trámite especial, frente a los diversos casos de hábeas corpus que existen.
4. LA APRECIACIÓN DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DENTRO DE LA JURISPRUDENCIA VINCULANTE Y RELEVANTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Dentro de las siguientes líneas vamos a desarrollar las principales directrices y parámetros que ha sentado nuestro máximo intérprete de la Constitución sobre el tema investigado, resaltando las partes más importantes, conforme a la pertinencia de la relación con el hábeas corpus instructivo, sirviendo de referente para el operador constitucional frente a un caso similar, por ser éstas sentencias vinculantes(22):
a. EXP. N.º 2798-04-HC/TC-LIMA (GABRIEL ORLANDO VERA NAVARRETE)


  • Dada la trascendencia de los procesos penales que actualmente se siguen por los hechos atribuidos al Grupo Colina, este Tribunal considera necesario efectuar algunas consideraciones sobre la necesidad de investigar y sancionar los hechos que son materia de dichos procesos penales.




  • Los hechos que son materia de los procesos penales seguidos contra el recurrente forman parte de un conjunto atribuido al autodenominado Grupo Colina, todos ellos cometidos bajo una modalidad delictiva que ha motivado el rechazo y la condena de la Comunidad Nacional e Internacional. El Estado Peruano no debe tolerar la impunidad de éstos y otros graves crímenes y violaciones a los derechos humanos, tanto por una obligación ética fundamental derivada del Estado de Derecho, como por el debido cumplimiento de compromisos expresos adquiridos por el Perú ante la Comunidad Internacional.



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