Elección de representantes o personas para los cargos públicos. El




descargar 1.4 Mb.
títuloElección de representantes o personas para los cargos públicos. El
página4/32
fecha de publicación01.11.2015
tamaño1.4 Mb.
tipoLección
p.se-todo.com > Derecho > Lección
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

LECCIÓN 2
El sufragio. Aspecto subjetivo y objetivo del sufragio. Naturaleza jurídica. Características del sufragio. Sufragio y Democracia representativa. Funciones del Sufragio. Los arts. 3ro. de la CN y 1ro. del Código Electoral. El voto. Características. Art. 4to. del Código Electoral. Clasificación de los tipos de votos. Capítulos I y II del Libro III del Código Electoral.
Concepto, aspectos, caracteres y funciones

El Sufragio.

El sufragio o voto es una expresión política de la voluntad individual. Su existencia tiene por objeto la participación del ciudadano en la designación de los representantes del pueblo, de determinados funcionarios públicos, o la aprobación o rechazo de ciertos actos de gobierno.

En una democracia representativa como la nuestra, la existencia y vigencia del sistema electoral es una pieza fundamental, ya, que según lo manda la Constitución Nacional: "el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes" (art. 2). Es en la elección de esos representantes por medio del voto de la ciudadanía, donde se encuentra uno de los elementos principales del sistema democrático. Existen diferentes modos de sufragio, y de acuerdo con la forma que adopten, pueden distinguirse varias clasificaciones:

1 - Universal: El voto corresponde a todos los habitantes con excepciones de carácter general. No votan los menores de edad, los extranjeros, los incapacitados, etc. Calificado o Restringido: Sólo se permite votar a quienes poseen determinada posición económica o cierto grado de instrucción.

2 - Secreto: El sistema impide saber por quien vota cada ciudadano.

3- Público; Al votar, el votante evidencia públicamente por cual candidato o partido lo hace, (voto cantado).

4- Obligatorio; Votar es un derecho y un deber. No hacerlo provoca una multa o sanción en perjuicio del ciudadano que incurre en esa falta.

5- Facultativo: Votar es sólo un derecho. Quien no quiere hacerlo, no concurre a sufragar.

6- Directo: Los votantes sufragan directamente por los candidatos propuestos para cubrir los cargos electivos.

7- Indirecto: Los votantes sufragan por electores quienes, a su vez, hacen la elección final entre los candidatos propuestos para cubrir los cargos electivos.

La organización del sufragio, en lo que hace a la distribución territorial de los cargos electivos, también da lugar a distintas formas:

  1. De colegios, distritos o circunscripciones uninominales: El territorio se divide en pequeños distritos o circunscripciones y en cada uno de ellos se elige un representante. Los votantes de cada distrito sólo eligen entre los candidatos a ocupar ese cargo.

  2. De colegios, distritos o circunscripciones plurinominales; El territorio se divide en grandes distritos electorales; a cada uno de los cuales corresponde un cierto número de candidatos (en el caso de los diputados nacionales, ese número cambia según el número de habitantes de cada distrito). El ciudadano de cada distrito vota por el total de la lista de candidatos para esa región. Es el sistema predominante.

  3. De colegio o distrito nacional único: En este caso el territorio nacional constituye un solo distrito electoral. Cada ciudadano vota por tantos candidatos como cargosa cubrir existen en todo el país.

También el sistema de representación da lugar a diferentes formas electorales:

  • Mayoritario: En cada distrito electoral sólo son elegidos los candidatos del partido que obtiene la mayoría; las minorías quedan sin representación en ese distrito.

  • Minoritario: En cada distrito son elegidos representantes de las mayorías y también de las minorías, según distintos procedimientos:

  • Voto imperfecto o limitado

  • Voto acumulado

Empíricos o no proporcionales

  • Del mínimo electoral

Proporcionales

  • Sistema D'Hont

  • Sistema Have

  • Sistema Hagenbach

Analizaremos, en primer lugar los sistemas no proporcionales o empíricos:

• Voto imperfecto o limitado: cada ciudadano vota por un número de candidatos inferior al total de cargos a ocupar. Los cargos restantes son asignados a las minorías.

Régimen de voto acumulado: Se permite a cada votante emitir un sufragio por cada cargo a cubrir; le está también permitido concentrar su voto en uno o varios candidatos-

- Sistema del mínimo electoral: Un candidato puede presentarse como tal en varios distritos y es elegido sumando todos los sufragios que obtenga, aún cuando no logre mayoría en ningún distrito en particular.

Los sistemas proporcionales se aplican para lograr una mayor precisión en la representación de mayorías y minorías. Se busca con ellos que el número de elegidos corresponda proporcionalmente al número de votantes que haya apoyado a cada partido y refleje así, más exactamente, la voluntad de la ciudadanía. En el cuadro anterior se han citado varios de estos sistemas, de los que describiremos solamente el creado por el profesor D'Hont, que es el que se aplica usualmente en nuestro país:

1- Se divide el número total de votos obtenidos por cada partido por 1, 2, 3...hasta completar el número de candidatos a elegir.

2- Se ordenan numéricamente los cocientes de estas operaciones, de mayor a menor, hasta una cifra igual al numero de representantes a elegir.

3- El menor de esos cocientes se usa como divisor común.

4- Se divide el número de votos obtenidos por cada partido por ese divisor común y el resultado es el número de representantes que corresponde a cada partido.




Aspecto subjetivo y objetivo del sufragio.

“El derecho de sufragio, como los demás derechos fundamentales, puede ser entendido en sentido subjetivo y en sentido objetivo. Desde el primero, aparece como una facultad del titular del derecho de libertad; el derecho a votar (o a presentarse como candidato) y por lo mismo también la libertad de no votar (o de no presentarse como candidato) son la expresión de ese sentido subjetivo del derecho de sufragio. Desde la consideración objetiva, el derecho de sufragio es, como ya se señaló, un principio básico de la democracia o, en términos jurídicos, del ordenamiento democrático. Visto como principio, el sufragio tiene, entonces, una dimensión institucional indiscutible: sin el derecho de sufragio no hay democracia. Una y otra dimensión pueden, y deben, encontrarse en equilibrio, aunque a veces no ocurre así y la acentuación de la dimensión objetiva o institucional pueden incluso hacerla prevalecer sobre la dimensión subjetiva del derecho mudándolo de naturaleza, esto es, transformándolo de derecho en obligación”.

La naturaleza jurídica del sufragio

En torno a la caracterización jurídica del sufragio, se ha producido un intenso debate a partir de la Revolución francesa, cuyas posiciones principales son las siguientes:

A. El sufragio como derecho

La teoría del sufragio como derecho aparece conectada a la concepción rousseauniana de la soberanía popular entendida como la suma de las fracciones de soberanía que corresponden a cada ciudadano. A partir de aquí se deduce que el sufragio es un derecho pre estatal, innato a la personalidad. Para Rousseau, de la cualidad de ciudadano se deduce su derecho de voto, “derecho que nada puede quitar a los ciudadanos”, concluye.

B. El sufragio como función

La teoría del sufragio como función se conecta con la concepción sieyesiana de la soberanía nacional -la nación, ente distinto de cada uno de los ciudadanos que la componen, es la única soberana- de la que se deriva la separación entre el derecho de ser ciudadano (ius civitatís) y el derecho a ser elector (jus suifragii).

De acuerdo con esta doctrina son titulares del jus suffragii aquellos ciudadanos que reúnan las condiciones determinadas por el legislador, que les coloca en una situación objetiva particular: se les pide que participen en la elección de los gobernantes; con ello no ejercen ningún derecho personal, sino que actúan en nombre y por cuenta del Estado, ejercen una función política (J.M. Cotteret y C. Emeri: Les systémes électoraux. Paris, 1973).

C. El sufragio como deber

La lógica inherente a la concepción anterior conduce inevitablemente a admitir que el sufragio es un deber jurídico estricto; no es el sufragio –mantienen los que apoyan esta tesis– un derecho disponible por el individuo, sino una obligación jurídica impuesta al individuo en aras del funcionamiento armónico de la vida política del Estado. Aunque los teóricos del voto obligatorio sostienen que éste no coarta la libertad individual porque sólo obliga al ciudadano a participar bajo la amenaza de una sanción, pero no impone deber alguno respecto del contenido del voto, consideramos que el sufragio que deja de ser libre en cuanto a la decisión primaria sobre su emisión, deja de ser auténtico sufragio.

A partir de estas teorías clásicas han surgido modernamente otras concepciones que tratan de enmarcar el sufragio bien como función estatal, bien como función pública no estatal, bien, finalmente, como derecho público subjetivo y función pública no estatal. Esta concepción última, flexible e híbrida, es la que ha sido acogida mayoritariamente –tanto doctrinalmente como en el Derecho Positivo– y permite clasificar al sufragio entre los derechos-función. El sufragio es, además de un derecho personal –aunque ejercido corporativamente– de carácter funcional, una función, pues a través del mismo se procede a determinar la orientación de la política general, ya sea mediante la designación de los órganos representativos, ya sea mediante la votación de las propuestas que sean sometidas a la consideración del cuerpo electoral.

Características del sufragio

El sufragio ha de ajustarse a unas pautas determinadas para que las elecciones puedan calificarse de democráticas, pautas que parten de una condición previa: la universalidad del sufragio. Se funda en el principio de un hombre, un voto. Con la misma se pretende el máximo ensanchamiento del cuerpo electoral en orden a asegurar la coincidencia del electorado activo con la capacidad de derecho público. La definición del sufragio universal sólo puede hacerse de modo negativo. El sufragio es universal cuando no se restringe ni por razón de la riqueza (censitario) ni por razón de la capacidad intelectual (capacitario). El sufragio universal significa que el cuerpo electoral está compuesto por todos los ciudadanos–sin discriminación de grupos sociales específicos– que cumplen determinadas condiciones (nacionalidad, edad, goce de los derechos civiles y políticos e inscripción en el censo). Fuera de estas condiciones de carácter técnico, cualquier otra resulta inadmisible o incompatible con la universalidad del sufragio, que hoy constituye una conquista irrenunciable en los Estados democráticos. De la misma forma, la capacidad electoral pasiva debe tender también a la universalidad.

Las limitaciones impuestas, sean las que sean, deben responder no a limitar la libre elección, no a intenciones políticas, sino a razones de orden práctico fundadas en el interés general de la comunidad.

Cumplida la condición previa de la universalidad, el sufragio, en un Estado democrático, ha de responder a las siguientes pautas que hoy proclaman todos los textos constitucionales:

La libertad de sufragio

Cuyo principal componente es la vigencia efectiva de las libertades políticas. El sufragio es libre cuando no está sujeto a presión intimidación o coacción alguna. Pero no basta con preocuparse de la protección del elector considerado aisladamente, pues –escribe W.J.M. Mackenzie (Elecciones libres. Traducción española. Madrid, 1962) – “la fuerza organizada y el poder del capital no deben emplearse para influir al elector individuo, porque destruyen la naturaleza del sufragio”. Pero ¿no es igualmente improcedente que la intimidación y el soborno influyan en los electores como conjunto? Este problema es más difícil. La fuerza organizada y la libertad de disponer del dinero son los resortes del poder en la sociedad y ningún acto social –y la votación lo es– puede sustraerse por completo a su influencia. Con todo, es una premisa fundamental del sistema el que las elecciones no pueden ser libres si quienes gobiernan pueden manejarlas para afianzarse en el poder, porque las elecciones libres tienen como finalidad esencial la legitimación y la limitación del poder.

La igualdad de sufragio

Es consustancial al sufragio universal (un hombre, un voto). Exige no sólo que todos puedan votar sino que todos los votos tengan el mismo valor. Todos los votos deben influir en el resultado electoral; éste debe estar formado por la suma de todos los votos (H. Kelsen: Teoría general del Estado. México, 1979). Este principio se viola a través de fórmulas tales como el sufragio reforzado, es decir, de la atribución de dos o más votos a determinados electores que presentan requisitos específicos (voto plural, voto familiar o voto múltiple) o como el sufragio indirecto que puede ser de doble grado o de grado múltiple y que aunque se suele disfrazar con argumentos federalistas o descentralizadores en realidad introduce desigualdades en la representación, así como un elemento censitario, ya que aunque el sufragio es universal en la base es censitario en la cumbre.

El secreto del sufragio

Constituye exigencia fundamental de la libertad de sufragio considerada desde la óptica individualista. Aunque se han ofrecido argumentos a favor del voto público por autores de gran relieve como Montesquieu o Stuart Mill, hoy se entiende que el carácter público del voto implica un atentado a la libertad del elector al hacerle más vulnerable a las presiones e intimidaciones de grupos privados o del poder mismo. El secreto del voto es en todo caso un derecho del ciudadano elector, no una obligación jurídica o un principio objetivo.

“Así pues, cuando se formula el problema del derecho electoral en el terreno de la teoría general del Estado, hay que reconocer que: primero los ciudadanos, como tales, no pueden tener parte en el ejercicio de la soberanía sino en virtud de la Constitución. Así, cuando el elector acude a votar, no lo hace como miembro del cuerpo nacional que por tal motivo tiene un derecho preexistente a la ley del Estado, sino que vota en virtud de una vocación que desciende de la Constitución, y por consiguiente en virtud de un título otorgado y derivado. Y en este sentido, el derecho de sufragio no es un derecho individual, ni tampoco cívico, sino una función constitucional. Segundo, por los mismos motivos, el derecho de elección no es, para el ciudadano, el ejercicio de un poder propio, sino el ejercicio del poder de la colectividad. Y también en esto aparece como una función estatal. El ciudadano, al votar, no actúa por su cuenta particular, como persona distinta del Estado o anterior al Estado, sino que ejerce una actividad estatal en nombre y por cuenta del Estado. Así es como, en la democracia directa, el cuerpo de ciudadanos ejerce su potestad estatutaria como órgano supremo del Estado, no constituyendo más que una sola y misma persona con este último (...). Igualmente, en la democracia llamada representativa –suponiendo que el régimen electoral se conciba como un medio de hacer depender la voluntad de los elegidos de la del cuerpo electoral- no debe considerarse por ello a éste como dotado con respecto al Estado de una personalidad o soberanía especiales, sino como formando un órgano estatutario de la persona Estado, por la cual tiene el encargo de querer de una manera inicial. Tercero y finalmente, del hecho de que el elector no tiene poder propio, sino únicamente una competencia constitucional, resulta que sólo puede ejercer esta competencia dentro de los límites bajo las condiciones que la misma Constitución ha determinado”.

Asimismo es menester considerar que en la raíz de la cuestión debatida: obligatoriedad-voluntariedad del sufragio, está el concepto de democracia mismo. Alejados de concepciones excesivamente prescriptivas o valóricas de la democracia, que la entienden como una “filosofía de vida” o la definen por sus valores y principios de identidad como la “noble” tradición republicana, podemos sostener que desde una concepción procedimental o más descriptiva de la democracia, tenemos dos aproximaciones a partir de las cuales también se puede responder acerca de la cuestión de la obligatoriedad del sufragio: una aproximación (concepción liberal) entiende que la democracia es un método para que el pueblo elija entre élites en competencia por el voto popular análogo al mercado, en que el derecho de sufragio el ejercido libremente (sin coacción o presión) por el ciudadano-consumidor, y otra aproximación(concepción deliberativa) entiende la democracia como un método para adoptar decisiones correctas, fruto de la deliberación pública, diálogo y plural intercambio de ideas, en la que el sufragio es un derecho que permite hacer efectiva la participación en estas decisiones.

Con frecuencia el (neo) liberalismo rampante, que en ocasiones seduce bajo la etiqueta bien pensante angloamericana, se inclina por la primera aproximación acerca de la democracia revistiéndola de un análisis formal- economicista, cuando no plagado de fórmulas de dudosa utilidad científico analítica o más vulgarmente recurriendo a “encuestas”, “sondeos” o “estudios de opinión”, y en que la respuesta está en el mercado en que partidos, candidatos y programas son la oferta (bienes) que periódicamente el ciudadano-consumidor adquiere libremente. En esta concepción liberal la política, en el sentido de formación de la voluntad política de los ciudadanos, tiene la “...función de agavillar e imponer los intereses sociales privados frente a un aparato estatal que se especializa en el empleo administrativo del poder político para conseguir fines colectivos” (Habermas); y los derechos políticos dan a los ciudadanos la posibilidad de hacer valer sus intereses privados de modo que puedan agregarse a otros intereses privados, hasta formar la voluntad capaz de una efectiva influencia.

La participación de la comunidad política en lo que le es común es una objetivo de la democracia, siguiendo en esta parte a la vieja tradición republicana, participación amplia, sin exclusiones o discriminaciones, de modo que todos sean parte de la deliberación en el espacio de lo público y del diálogo, de suerte que la autonomía personal-colectiva nos libere de la dominación desnuda, y nos haga partícipes de la autoridad o poder político estatal, confiriendo un fundamento secular a la obligación política. Ello es así porque nuestra libertad no sólo es negativa, consistente en el despliegue de nuestra subjetividad a favor de una más plena personalidad, sino también libertad positiva, consistente en la autonomía para adoptar decisiones que nos obligan a todos. En palabras de Habermas: “El derecho de voto interpretado como libertad positiva se convierte en la tradición republicana en paradigma de los derechos en general, no sólo porque ese derecho es condición sine qua non de la autodeterminación política, sino porque en el queda claro cómo la inclusión en una comunidad de iguales depende de que los individuos estén capacitados para hacer aportaciones autónomas y para posesionarse como consideren oportuno”. En la “difícil” democracia contemporánea, que reduce los ámbitos de la política y de lo público, resulta gravitante para el Estado democrático, contribuir a generar condiciones de “juicio político” en la ciudadanía, el que no sólo exige un “procedimiento de decisión”, sino una educación en visión hermenéutica, en gusto y entendimiento; que haga del ciudadano un sujeto activo y juzgante.

La tradición republicana en este aspecto es valiosa, ya que nos permite reunir la libertad negativa-positiva, y por cierto la igualdad formal-material, ligando libertad e igualdad con la democracia misma, a través de los derechos fundamentales, en la que éstos como dispositivos contra mayoritarios protegen a las personas en los planos individual, social y político de las mayorías, generándose un “coto vedado” asegurador de la no ingerencia, de la autonomía y de un mínimo de bienestar. Esta poderosa ligazón entre libertad positiva e igualdad es el soporte de la democracia de los antiguos y de los modernos, a partir de mito expuesto por Protágoras, en el diálogo homónimo, de la distribución a todos los hombres del arte del juicio político (politiké techne), que conlleva la igualdad política (isotimia).

Por ello conforme a la Constitución, en su definición republicano democrática, se le impone a los ciudadanos electores la “pesada carga” de concurrir a ejercer su derecho de sufragio cada cuadrienio, en elecciones políticas y elecciones administrativas.

En el fondo la aproximación propuesta en este trabajo busca en los planos teórico –práctico dar cuenta de la naturaleza compleja de derecho de sufragio, de la necesidad de abordar su estructura normativa y de contenido en una dimensión subjetiva que permite encuadrar este derecho fundamental como un derecho subjetivo público de participación, y en una dimensión objetiva que permite identificar en la obligatoriedad una base o principio constitucional configurador del sufragio universal, y que engarza con el orden republicano democrático, dado que a través del cuerpo electoral se efectiviza la soberanía popular; convergiendo así de algún modo sincréticamente la concepción liberal y la concepción republicana de democracia.

En consecuencia se asiste a un abordaje teórico del derecho de sufragio desde la doctrina de los derechos fundamentales, ligando el sufragio activo – sufragio pasivo en su dimensión subjetiva a la facultad de participar en la formación de la voluntad política del Estado y su dimensión objetiva al orden político democrático republicano.

Esta doctrina de los derechos fundamentales reconoce en el derecho de sufragio, una doble o compleja naturaleza (derecho-función), y como dominante una aproximación “institucional” o abierta, que supere los riesgos que por una parte reduce el derecho de sufragio a un derecho negativo o civil en que la participación en la cosa pública es disponible por el titular, y los riesgos de funcionalización y utilitarismo que subyace al sufragio – deber o sufragio función.

Un sector dominante de la doctrina define el derecho de sufragio como un derecho – deber o función, doble naturaleza asociada a la participación política del ciudadano en la comunidad política y a la virtud cívica que es el soporte espiritual en el sentido de Montesquieu del orden republicano democrático. Desde esta perspectiva la ciudadanía o cuerpo electoral es un cuasi órgano del Estado (poder electoral) en que reside la soberanía, y por ende, la fuente de legitimidad del poder político.
Sufragio: Democracia representativa y Democracia participativa

El tema central de este capítulo está presente en el debate político de la humanidad desde hace, por lo menos, dos siglos.

Las raíces de los sistemas políticos de representación se encuentran en los regímenes constitucionales de los Estados Modernos. Los regímenes políticos antiguos y medievales, por darse en sociedades esclavistas o serviles, no pueden ser identificados con las situaciones inauguradas en el Estado Moderno.

Al igual que el Absolutismo, donde la idea de “contrato” ya aparece y el súbdito ya es portador de ciertos derechos, su condición también es distante a la calificación de ciudadano.

Los orígenes de los sistemas representativos nacen de concepciones liberales que expresaban el desarrollo y la maduración de las sociedades mercantiles y de las condiciones objetivas para el surgimiento del capitalismo.

Ese proceso no fue lineal ni simultáneo en Europa o el Nuevo Mundo y expresa a través de varias corrientes teóricas las contradicciones y conflictos sociales que permearon el surgimiento del modo de producción capitalista.

Para simplificar, a efectos de esta presentación podemos reducir a dos grandes vertientes ideológicas burguesas la justificación del Estado, su necesidad y cómo se legitima. Ambas parten del derecho natural del hombre a la libertad y de la crítica al Estado absolutista, en su justificación del derecho divino de las monarquías o del “contrato” por el cual los hombres, para salir del permanente estado de guerra en que, naturalmente, se encontraban, abdicaban de su soberanía y la transferían de manera absoluta a un rey.

Esta era para los absolutistas la única condición por la cual los hombres podrían vivir en armonía pues todos abdicaban de su soberanía a favor de un Estado todopoderoso que, por el temor y el poder coercitivo, garantizaba la paz y la vida en sociedad.

La primera de esas vertientes, la concepción liberal posesiva propietarista, está en el pensamiento de John Locke (1632-1704) que construye su critica al Absolutismo, como dijimos, no por su carácter contractual que ya aparecía en la obra de Thomas Hobbes (1588-1679) sino por la crítica y justificación del derecho divino en el que los monarcas buscaban justificar su poder absoluto.

El derecho natural para Locke es el derecho a la libertad que, junto con el trabajo, sustenta el derecho a la propiedad y el Estado tiene como función, como objetivo defenderla. Pero esta debe ser la función esencial del Estado bajo control de representantes delegados con el derecho de hacer las leyes y aplicarlas.

La otra vertiente es la concepción liberal “igualitaria” de Jean Jacob Rousseau (1712-1778) cuya base del contrato social presupone la idea del derecho natural a la libertad pero también a la igualdad como condición humana.

Esta introducción no es una divagación teórica o un mero juego de palabras sino que busca situar los orígenes de nuestro debate sobre la delegación de poder. Comprender que no es un debate reciente y que se constituyó hace siglos como un desafío para la humanidad.

De igual modo registrar que las diferentes concepciones teóricas, ideológicas de ese proceso expresan intereses sociales distintos a lo largo de la historia y tienen, hasta hoy, consecuencias diferentes en el desarrollo político de la humanidad.

Es importante destacar que este debate expresa intereses sociales distintos entre clases y fracciones de clase en el pasaje de una sociedad de pequeños productores, artesanos y agricultores que salen del yugo feudal hacia la consolidación de una nueva elite dominante típicamente capitalista. Le da la verdadera dimensión histórica de que estas concepciones responden a un momento de la humanidad. No son eternas, como no lo fueron las concepciones del mundo del feudalismo o de la transición absolutista. Son relaciones de la sociedad y del Estado que pueden ser alteradas por el protagonismo de los agentes históricos.

Esto vale para esa época y vale, por supuesto, para los días de hoy.

La concepción propietaria se fundaba en la identificación de que el derecho a la libertad es el derecho a la propiedad. El Estado era el “contrato” para su garantía, para el mantenimiento de la propiedad y de otros derechos.

En esta concepción, tanto en Locke como en las formulaciones de Kant (1724-1804) sobre el Estado de Derecho, se presuponen ciudadanos con derechos desiguales en función de la propiedad: “Ciudadanos independientes y ciudadanos no independientes”. A éstos, por su condición de desposeídos, de no propietarios, no se les podía otorgar el derecho al voto, el derecho a la representación en el poder de Estado, de preferencia parlamentario.

Para Locke, a pesar de su visión laica y de la defensa de la tolerancia en una época de intransigencias confesionales, el Estado, la sociedad política que resulta del contrato y lo que expresa la soberanía, el poder coercitivo del Estado, incluso el de condenar a muerte!

La otra concepción, burguesa democrática, el liberalismo igualitario de Rousseau, se fundaba en la visión que “los hombres nacen libres e iguales”, además de que él también constatase que, en su época, “en todas partes había engrillados”.

Si la frase expresaba la realidad del mundo en que vivía donde los hombres no nacían libres e iguales, como “deseaba” el pensamiento de Rousseau, ésta fundamentación es riquísima para expresar su pensamiento basado en la pequeña producción y en el artesanado, la realidad de las pequeñas localidades y/o regiones que rápidamente comenzaba a ser superada por la acumulación capitalista.

Esa realidad conocida por el autor fue suficiente para defender que la soberanía del pueblo, formado por individuos “libres e iguales” no podría ser transferida por necesidad y opción a un monarca, como querían los absolutistas, ni podría ser delegada, en el contrato, al Estado Parlamentario.

Decía Rousseau que al acto en el cual se realiza el contrato de la sociedad política, donde el pueblo conviene un gobierno, existe un momento anterior que es aquel en que el pueblo es pueblo y ésta condición es la convención primera, aquella soberanía que no puede ser transferida, delegada o dividida.

Para que se mantengan las condiciones de libertad e igualdad donde ningún ciudadano pierda su soberanía en el proceso de formación de la voluntad general, esta no puede ser delegada o transferida, a no ser a los encargados de ejecutarla cuyos mandatos deben ser revocables en cualquier momento.

La concepción utópica de Rousseau, era irreal al mundo que lo rodeaba y rápidamente se transformaba, bien como su concepción sobre la propiedad era simplista, ingenua y basada en la picardía de usurpadores, preanunciaba el gran desafío para cualquier avance democrático al interior de las concepciones liberales.

A partir de estas grandes vertientes se dividen, a lo largo de estos casi dos siglos, sistemas políticos representativos con características propias, con diferenciaciones, pero fundados de modo predominante en la visión del liberalismo propietarista, posesivo.

Se desdoblan en las formas de repúblicas o monarquías constitucionales parlamentarias donde la soberanía popular delegada al Parlamento unifica las funciones legislativas y ejecutivas a partir de las relaciones de fuerzas al interior de la institución.

Se expresan también en las repúblicas presidencialistas donde la división de poderes y competencias es más nítida y donde el Ejecutivo y el Legislativo son elegidos por criterios diferentes.

En esa larga experiencia histórica de los países liberales, ya tenemos un elemento de debate e intercambio de informaciones, los sistemas electorales.

Estos también expresan diferentes niveles de desarrollo económico y grados distintos en la organización política de las clases y fracciones de clases sociales en la disputa de espacios y representaciones dentro del sistema liberal.

Pero, principalmente, ese proceso histórico dio visibilidad cristalina al hecho de que el liberalismo, a lo largo de esos dos siglos, no fue y no es sinónimo de democracia.

Dependiendo del país, durante décadas en el siglo pasado y en este, el derecho a la organización político-partidaria, el derecho al sufragio universal, fueron conquistas duramente alcanzadas. A lo largo del liberalismo, el ejercicio del voto fue elitista, excluyente o limitador: el voto censatario basado en la propiedad y/o en los impuestos dominó el siglo XIX.

En el Brasil-Imperio se excluían a los negros esclavos, a los indígenas, a las mujeres, a los pobres, en suma, a la mayoría oprimida de la población. Al fin, estos no podían ser

“ciudadanos independientes”, como pensaban Locke y Kant, lo que beneficiaba a la oligarquía terrateniente.

Las luchas sociales del siglo XIX por el derecho a la sindicalización, al partido político y a la universalización del voto complementaban así las luchas por la jornada de trabajo y por las condiciones laborales.

Las nuevas contradicciones, los nuevos conflictos, las nuevas relaciones de clase producirán nuevas concepciones político-ideológicas de explicación del mundo y de las relaciones entre la Sociedad y el Estado. Al par de las reivindicaciones y conquistas sociales se desarrolla una nueva concepción del mundo: el pensamiento socialista.

Este tampoco es unívoco, pero en la concepción marxista se hace la crítica a la concepción liberal, afirmando – de manera esquemática – el carácter de clase del Estado, su relación y subordinación a los intereses predominantes en la sociedad en la esfera de la producción.

La igualdad del Estado de Derecho no supera la igualdad jurídica del ciudadano y apenas intenta esconder la enorme desigualdad presente en la sociedad civil en función de la propiedad privada de los medios de producción.

Fuera de la condición insubstituible de que el socialismo requiere la superación de la sociedad de clases y, por lo tanto, del fin de la propiedad privada, el marxismo no desarrolla una concepción del Estado socialista en el sentido de teorizar sobre las nuevas instituciones y sobre cómo serían las relaciones políticas en la nueva sociedad.

Fueron experiencias concretas como la vivida por la Comuna de París (1871) y después por la Revolución Rusa (1917) las que permitieron sistematizaciones teóricas y propuestas que retomaron el problema de la representación política, de la delegación de poder.

La cortísima vida de la Comuna, sofocada en poco más de dos meses de experiencia, no

Permitió a las clases populares que la impulsaron desarrollar un nuevo tipo de Estado. Pero, al menos, procuraron constituir nuevas relaciones políticas donde predominaban criterios para disminuir delegaciones de poder, ampliar la revocabilidad de los mandatos, modificar a las fuerzas armadas substituyéndolas por ciudadanos armados y disminuir diferencias de remuneración entre los servidores públicos, tratando de no crear privilegios ni favorecer burocracias.

La victoria de la Revolución Rusa inauguró una nueva etapa en la historia de la humanidad proponiéndose constituir las relaciones políticas de un nuevo Estado cuya gran pretensión y objetivo era, también, auto extinguirse junto con el fin de la sociedad de clases.

El gobierno basado en consejos (soviets) que retomaba el viejo tema de la delegación de poder, se proponía superar la mera igualdad jurídica y la distancia del poder político de la mayoría de la población, a través de los consejos (soviets) que resumirían en una sola persona al productor y al legislador.

La experiencia soviética no sobrevivió a la guerra civil y al proceso de autoritarismo y burocratización que prevaleció en la lucha interna en la Unión Soviética. El partido único y la identificación de este con el Estado centralizador y todopoderoso apartaron la posibilidad del fortalecimiento de la auto-gestión, de la auto-organización y del control democrático de un Estado tan sólo planificador “de las cosas” y no un instrumento de dominación de clase, “de la gente”.

El “socialismo real” del Este Europeo y de China y sus seguidores menores sofocaron este debate en el campo de la izquierda a lo largo del siglo y el extendido predominio de las experiencias social-demócratas o de las democracias burguesas liberales consolidó a la democracia representativa como un ápice del avance político de la humanidad.

El brillo fue ofuscado, ciertamente, por el rosario de dictaduras militares y de autoritarismo populista que se sucedieron en América, África y Asia y la misma Europa no salió indemne:

Portugal, España y Grecia confirmaron que el siglo XX todavía no sería el siglo de la civilización.

En las últimas décadas, el fin de la “guerra fría”, la profunda crisis vivida por las experiencias del Este Europeo y la fallida “doctrina de seguridad nacional” en América

Latina, consolidaron a la democracia representativa en un gran número de países y en los casos en que sustituyó dictaduras tuvo destacada importancia en las conquistas políticas de esas sociedades.

Es innegable, entretanto, que en la mayoría de los países de democracia liberal el sistema de representación vive un proceso de crisis de legitimidad que se expresa en la abstención electoral, en la apatía y no participación político-social y en los bajos índices de afiliación (político) partidaria.

Las causas varían entre los distintos países pero puede afirmarse que las principales residen en:

  • El proceso de burocratización y el carácter autoritario de las administraciones y parlamentos;

  • La falta de control de los electores y/o del partido sobre los electos;

  • Los sistemas electorales que distorsionan la representación, defraudando la voluntad popular, a través de los mecanismos distritales y/o barreras y obstáculos para los partidos pequeños;

  • La falta de coherencia entre el proyecto y el programa electoral y la práctica de los electos;

  • Los cambios partidarios sin pérdida del mandato, donde el Brasil debe ostentar el record mundial, amparados por la ley;

  • La incapacidad de esos sistemas que garantizan la reproducción del capitalismo y su legitimidad frente a la evidencia de ser éste reproductor de desigualdad y de explotación social.

Es en este cuadro que nuestra experiencia de once años de democracia participativa, en

Porto Alegre, adquiere sentido e importancia.

Sin desconocer los límites de las experiencias locales y que nuestra práctica necesita estar inserta en un proyecto mayor, que piense al país dentro de una nueva concepción del mundo, no cabe cruzar los brazos y esperar que todos los problemas teóricos y estratégicos estén resueltos para poder actuar.

Al final, como dice Eduardo Galeano, citado en este panel, la utopía, aun cuando pareciera apartarse de nosotros tiene como función obligarnos a caminar para alcanzarla.

En ésta última década construimos, el gobierno y el movimiento popular, una rica experiencia participativa. Tiene su centro en el Presupuesto Público, el elemento más importante, pero no el único, en una gestión municipal.

Es cierto que el grado de comprensión y de conciencia es diferente entre los participantes, pero quien vive esa práctica difícilmente no adquiera otra visión del Estado, de su funcionamiento y de su carácter.

Lo que importa, con todo, desde nuestro punto de vista, es que en la práctica desarrollada se resaltan experiencias que componen o tienen la potencialidad de componer un proyecto mayor que venga a retomar el viejo dilema de cómo construir y garantizar una democracia concientizadora y transformadora en sí misma.

No pretendo retomar la dinámica de los mecanismos de funcionamiento de esa experiencia.

Sus plenarias regionales y temáticas, su organización a partir de un Reglamento Interno producido por los participantes y que se perfeccionó a lo largo de la década del 90, fue objeto de una larga exposición.

Nuestro objetivo en este momento es intentar rehacer el eslabón de una experiencia concreta con el debate teórico anterior sobre la democracia representativa y participativa.

Para nosotros, esa cuestión es esencialmente programática. Reflexión y práctica del campo político democrático-popular, que las fuerzas y partidos socialistas pretenden representar.

La cuestión democrática es central en cualquier proceso de resistencia y superación al neoliberalismo predominante. La democracia participativa, por su potencial movilizador y concientizador, permite a los ciudadanos descubrir al Estado, establecer un efecto de demostración para otros sectores de la sociedad traduciendo este método para las esferas de la lucha política y de la competencia administrativa.

Por lo tanto nuestro objetivo era establecer la ligadura entre las cuestiones teóricos programáticos y nuestro método de construcción de una experiencia de democracia participativa en sus elementos constitutivos.

Así, las principales características de nuestra experiencia pueden ser resumidas en algunos aspectos susceptibles de servir de referencia y de método, independiente del conocimiento insustituible de cada realidad, para otras experiencias.

La primera de ellas es la
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

similar:

Elección de representantes o personas para los cargos públicos. El iconEsta Ley prohíbe que los funcionarios públicos se procuren beneficio...

Elección de representantes o personas para los cargos públicos. El iconSelección de los mejores estudiantes para cargos importantes en el

Elección de representantes o personas para los cargos públicos. El iconElección de delegado: actas y actividades para la elección de delegados. Doc. Adjunto

Elección de representantes o personas para los cargos públicos. El iconSon conductas criminales de cuello blanco (white collar crime), en...
«Melissa». Entre los cargos presentados contra él, figuran el de «bloquear las comunicaciones publicas» y de «dañar los sistemas...

Elección de representantes o personas para los cargos públicos. El iconCcoo presenta su informe al consejo de expertos para la reforma de los medios públicos

Elección de representantes o personas para los cargos públicos. El iconElección de palabras clave (keywords) para optimizar la eficiencia...

Elección de representantes o personas para los cargos públicos. El iconEl lunes acaba el plazo que Rubalcaba ha dado para consensuar una...

Elección de representantes o personas para los cargos públicos. El iconEl juez de instrucción decidirá en 10 días cuáles son los cargos contra los McCann

Elección de representantes o personas para los cargos públicos. El iconJovenes y espacios publicos
«espacios de los ritos», producen una dinámica distinta a los «espacios de cotidianeidad» en la medida que, los primeros son espacios...

Elección de representantes o personas para los cargos públicos. El iconInstrucciones impreso autoliquidación precios públicos. Grado superior...




Todos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
p.se-todo.com