Entrevista a Felipe Gonzalez




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títuloEntrevista a Felipe Gonzalez
fecha de publicación01.11.2015
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.CASO GAL .
Entrevista a Felipe Gonzalez.
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Entrevista y opinión años después de Vera.
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El Mundo destapa el caso Gal.


La quinta Legislatura, que empezó tras las elecciones de 1993, se anunciaba difícil para el Partido Socialista, que por primera vez desde 1982 se veía en la necesidad de recurrir al apoyo de los nacionalistas catalanes si quería tener mayoría suficiente para gobernar. Jordi Pujol se veía cada vez más arrastrado por el rosario de escándalos que se desgranó en 1995: muchos episodios de corrupción se conocían ya por la opinión pública.. Los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación, según pomposamente se autodenominaron) aparecían cada vez con mayor claridad como el producto de la voluntad gubernamental a través del Ministerio del Interior. Felipe González, y con él todo el Gobierno y todo el PSOE, se atrincheraba en la ausencia de prueba, y se negaba  a asumir ninguna clase de responsabilidad política mientras no hubiera sentencias judiciales firmes. Esto, unido al hecho de que el juez Baltasar Garzón había vuelto al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tras un breve y tormentoso paso por la política (precisamente de la mano de González, a quien acompañó como número dos de la candidatura del PSOE en las recientes elecciones generales), desencadenó la apertura de varios sumarios que versaban sobre asuntos que estaban a punto de prescribir, como el secuestro de Segundo Marey, primero del caso GAL. La lenta, pero implacable, acción de los tribunales de justicia se había puesto en marcha, y la Legislatura terminó con la convocatoria de elecciones anticipadas para marzo de 1996. Pujol ya no soportaba más un apoyo que le iba a salir carísimo.

 

El caso GAL estaba compuesto en realidad por varios sumarios judiciales técnicamente independientes entre sí, pero políticamente unidos sin remedio, porque obedecían, según todas las sospechas, a un único designio. La peor de las hipótesis posibles era ésta: el Gobierno, con el impulso o, al menos, la aquiescencia de su presidente, había decidido combatir a ETA con sus mismas armas: la intimidación, el asesinato y el secuestro, en acciones paralelas al trabajo visible de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Para ello había resuelto emplear los fondos reservados, sobre los cuales, aprovechando su opacidad, se habían lanzado varios altos cargos además para enriquecerse todo lo posible. Pues bien, a lo largo de 1995 España vivió la pesadilla de una investigación judicial sistemática en las alcantarillas del poder, que amenazaba con confirmar esa peor hipótesis.

Era una investigación  forzada por la negativa de González a asumir sus responsabilidades políticas, en la confianza de que las más altas instancias del mundo judicial considerarían una obligación de Estado el pasar de puntillas por estos asuntos, cuya fetidez empezaba a impregnar toda nuestra vida pública.

Simultáneamente iban estallando otros escándalos de corrupción, y los procesos judiciales abiertos con anterioridad cumplían inexorablemente sus etapas. El torbellino de noticias tremendas sobre el pésimo uso del poder que los sucesivos Gobiernos de Felipe González habían venido haciendo desde 1983, en cuanto llegaron al poder, echaba por tierra el argumento exculpatorio según el cual una permanencia tan larga en el control del Presupuesto acabó relajando aquella tan cacareada ética con que ganaron la primera vez. De relajación ética, nada: las cloacas funcionaron desde el principio, y lo único que se relajó fue el cuidado en mantener ocultos los desafueros.

 

Nada más empezar el año, el PSOE y el Gobierno iniciaron una ofensiva para zanjar el caso GAL cuanto antes. González salió a la palestra para negar cualquier relación entre los GAL y el Gobierno, apeló al sentido del Estado, y cuando todo esto falló y nuevos datos incontestables y nuevos testimonios se acumulaban en su contra, recurrió a dos tácticas complementarias: por un lado, se dedicó a acorazarse a sí mismo sosteniendo que se enteró de todo por los periódicos; por otro, puso en circulación la acusación de que había una conspiración contra la democracia, contra el PSOE, contra él y contra el mismo Rey, la Corona y la Monarquía, alentada por el ex banquero Mario Conde y por el ex miembro del Cesid Juan Alberto Perote, que robó más de 1.000 microfichas de los servicios de espionaje, supuestamente comprometedoras para el Rey, pero en realidad ciertamente comprometedoras para los responsables del GAL. El 9 de abril, día en que apareció públicamente denunciando la conspiración, se publicaba que había sido descubierta una carta de hacía una veintena de años en la que José María Aznar prestaba su apoyo a Falange Española Independiente. No era gran cosa, pero valía para empezar a hacer ruido. Duró bien poco, sin embargo, el efecto de esta maniobra, porque Aznar era objeto en abril de un atentado de ETA, que hizo estallar una bomba al paso de su automóvil, y salvó la vida milagrosamente, reaccionando con una entereza y un dominio de sí que produjeron auténtico pasmo admirativo en España y fuera del país.

Pero fuera la que fuese la eficacia de estos mecanismos de defensa, lo cierto era que la instrucción del caso Marey seguía su curso y, lo que era peor, amenazaba con ir tirando de los datos como de las cerezas en una espiral que presagiaba lo peor. Urgía, por tanto, descalificar la instrucción misma, incluido el juez que la llevaba. El acoso contra Baltasar Garzón fue implacable y se produjo desde todos los flancos. Garzón, por su parte, era en cierto modo blanco propicio, porque el error de haber intentado hacer carrera política lo colocaba en la enfilada de tiro de quienes lo atacaban.

Con la perspectiva que da el paso de estos pocos años, la sola cronología de los hechos más relevantes, tanto en el proceso de esclarecimiento de la verdad de los GAL como de otros escándalos, resulta sumamente esclarecedora de lo que ocurrió en realidad, y permite separar el grano de la paja y el ruido de las nueces.

Desde que los peritos determinan el 3 de enero que la letra del comunicado de los GAL responsabilizándose del secuestro de Marey es de Julián Sancristóbal, se precipitan los acontecimientos. Esta prueba documental permite que dos días más tarde el fiscal general del Estado abra diligencias contra Barrionuevo. Sigue a lo largo de todo el año, naturalmente, la estrategia defensiva del ruido y los ataques: negación obstinada de las evidencias, ataques a Garzón, almuerzos y cenas de homenaje a Barrionuevo y Vera. González pretende aprobar una ley para altos cargos en marzo que es criticada hasta en el mismo Gobierno y no prospera. También se trata de desviar la atención con un proyecto de ley de aborto libre.

Pero la investigación prosigue, y el 15 de enero, jueces suizos y españoles establecen que Sancristóbal tiene un patrimonio de unos 9.700 millones de pesetas. La reacción de Sancristóbal es una asombrosa, inaudita y escandalosa comparecencia en la primera cadena de Televisión Española, a la hora del primer Telediario, el día 18, en la que vierte sobre Garzón toda clase de acusaciones. Ni siquiera se guardan las formas de una entrevista, y se suceden los primeros planos del ex gobernador civil de Vizcaya acusando e insultando a todo lo que se le pone por delante. Pero se acumulan las pruebas testificales, Ricardo García Damborenea acusa a Barrionuevo y a González, Garzón encarcela a Vera y a Damborenea, los policías Alvarez y Planchuelo van también a prisión, se formaliza una acusación contra 14 personas, y Sancristóbal, en su declaración del 17 de julio ante el juez, acusa ya a Barrionuevo y a Vera de haber ordenado el secuestro, se autoinculpa, y declara que supone que González tenía que estar al tanto. Más rotundo es Damborenea, quien también se inculpa y sostiene que, sin la aprobación de González, los GAL habrían durado cinco minutos».

Fueron tan repetidos los testimonios, tan coherentes las declaraciones, fue tan irrefutable la lógica interna de la instrucción, que el Tribunal Supremo hubo de asumir la instrucción al estar implicado José Barrionuevo, mantenido como diputado por González, incluso en los periodos de vacaciones parlamentarias como miembro de la Diputación Permanente del Congreso. El nuevo instructor, Eduardo Móner, acaba pidiendo el suplicatorio contra Barrionuevo el 20 de octubre. Son inútiles los esfuerzos de Barrionuevo por impedir una votación favorable, y el Congreso lo concede un mes después. Felipe González, gracias a una apretada votación favorable en el Supremo, se libra de ir a testificar como imputado y será citado como testigo. No hay pruebas documentales, y la sola lógica interna de los hechos no basta para implicarlo.

Gracias a lo ocurrido (y lo publicado) en 1995 fue posible acercarse a la verdad de los años del felipismo. Las sentencias llegarían después, y aún hoy quedan varios juicios pendientes. La pesadilla está tocando a su fin.

 

Pero 1995 no fue sólo el año en que saltó el caso GAL. Todo un océano de corrupción salpicó esos 12 meses cruciales, y EL MUNDO tuvo un papel destacado en ofrecerlo a la luz pública. Basten unos botones de muestra que nos ofrecen un cuadro escalofriante:

. El 26 de febrero se revela que el Cesid espió telefónicamente a Adolfo Suárez. En junio estalla la noticia: el Cesid espió a empresarios, políticos, periodistas... y al propio Rey. González declara haberse enterado también por los periódicos, pero es tan grande el escándalo que dimite el general Emilio Alonso Manglano, director del Cesid, y Narcís Serra y Julián García Vargas, ministro y ex ministro de Defensa, han de abandonar el Gobierno días más tarde, tras una bochornosa comparecencia parlamentaria del primero.

. El 12 de enero es procesada la ex directora general del BOE, Carmen Salanueva. El 7 de diciembre es condenada a cuatro años de cárcel como culpable de un delito de estafa.

. El 5 de enero desaparece el ex presidente del Gobierno navarro Gabriel Urralburu. Tras todo un año de diligencias judiciales por enriquecimiento delictivo y sospechas, en diciembre ingresa en prisión junto con su ex consejero de Obras Públicas, Antonio Aragón. Más tarde será juzgado y condenado.

. A finales de febrero es detenido Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, en algún lugar que todavía hoy se desconoce. La sarta de embustes sobre las circunstancias de esa detención con que el ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch (eficazmente auxiliado por la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles) obsequió a la ciudadanía fue poniéndose de manifiesto en semanas, meses y años siguientes, desde el mismo día en que contó las primeras mentiras.

. 13 de marzo: el presidente de Seat, Juan Antonio Díaz Alvarez, revela que una comisión millonaria fue entregada al embajador de Alemania en Madrid, Guido Brunner, por gestiones a favor de la concesión de una parte sustancial del AVE a Siemens. Leopoldo Calvo-Sotelo, ex presidente del Gobierno, dimite del consejo de Siemens al día siguiente. Brunner empieza negándolo, hasta que va admitiendo con cuentagotas cada detalle hasta confesarlo todo.

. A partir del verano se estrecha el cerco en torno al coronel de la Guardia Civil Rodríguez Galindo, en relación con el secuestro y asesinato de los terroristas Lasa y Zabala por personas pertenecientes al cuartel de Intxaurrondo. El 3 de agosto, el Gobierno asciende a Galindo al generalato. Belloch impide que haya testimonios gráficos del acto de imposición del fajín. Entre las revelaciones acerca de Galindo se sabe que cobró primas millonarias por desarticular comandos de ETA. El juicio está pendiente de celebrarse todavía.

. El 4 de octubre, el fiscal acusa a 23 personas por el caso Filesa, de financiación delictiva del PSOE.

. El 25 de octubre, el ex ministro del Interior José Luis Corcuera, junto a Vera y Sancristóbal, son formalmente acusados de uso indebido de fondos reservados. Este caso se perfila como otra bomba de tiempo que estallará un día.

. El año termina con la tercera sentencia condenatoria contra Juan Guerra, hermano del ex vicepresidente Alfonso Guerra. En esta sentencia, de 26 de diciembre, Juan Guerra es condenado a dos años de cárcel y a pagar 92 millones de pesetas al Fisco.

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http://tu.tv/videos/el-mundo-y-garzon-destapan-caso-gal-c_1

DESDE EL PERIODISMO : 

Los GAL  trajeron como consecuencia uno de los episodios periodísticos españoles más importantes. El País y, el ya difunto, Diario 16 protagonizaron una competición mediática con momentos de alta tensión que se ha prolongado hasta la actualidad. Los artículos eran diferentes, las personas entrevistadas eran distintas, los artículos de opinión no eran los mismos, y todo ello, debido a una razón suprema: las fuentes. El País, diario de conocida tendencia socialista, favorecía en aquella época los intereses del PSOE liderado por González. Diario 16 estaba dirigido por Pedro J. Ramírez. Por todos es conocida, la amistad que mantenía el riojano con Aznar, por aquel entonces, líder de la oposición. Con la aparición del caso “GAL”, las fuentes adquirieron un carácter especial. Pocas veces los artículos de estos dos diarios contenían la misma información. Las fuentes no eran compartidas por uno y otro diario, salvo en contadas ocasiones. 

Año 1984. España y el País Vasco Francés están siendo escenarios de asesinatos de terroristas a manos de un grupo conocido como GAL. La incertidumbre reina en los medios de comunicación. Nadie sabe el origen de esta organización y se van publicando artículos en estos dos diarios.

El día 4 de marzo de 1984, El País publica un artículo en el que afirma:
“Un industrial guipuzcoano, cuya edad se sitúa entre los 35 y 40 años, contrató a los cuatro presuntos miembros de los GAL Daniel Fernández, Dani, Mariano Moraleda Muñoz, Juan Luis García y Vicente Manuel Fernández, detenidos el pasado jueves en Irún y acusados de estar relacionados con el asesinato de Jean Pierre Leiba, trabajador francés muerto ese mismo día en Hendaya, según ha sabido este periódico de fuentes policiales”.

El 6 de marzo de 1984, Diario 16 redacta lo siguiente:
“Según estos rumores, los miembros del GAL serían pistoleros a sueldo, contratados por una empresa británica, que disponen de gran parte de la información sobre los movimientos de los refugiados (…) La base de esta información sería recogida por chivatos españoles y franceses pagados y por los servicios policiales españoles, junto con confidencias de policías franceses”.

El 10 de mayo de 1985, El País utiliza de nuevo una fuente oficial, en este caso el gobierno socialista, para desmentir una acusación que se hizo a la policía de ayudar a los comandos GAL:
“El director de la Seguridad del Estado, Julián San Cristóbal, confirmó ayer que la matrícula del coche en el que viajaban unas personas que se entrevistaron en junio de 1984 con Jean-Philippe Labade, presunto miembro de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), había correspondido al cupo de placas automovilísticas utilizadas en años anteriores por la Brigada Regional de Información de la Jefatura Superior de Policía de Vizcaya. San Cristóbal precisó que la matrícula había sido dada de baja para esos usos en octubre de 1983”.

El 12 de mayo del mismo año, Diario 16 publica un artículo redactado por Melchor Miralles, periodista enviado como corresponsal al País Vasco francés:
“La tesis mantenida por las fuentes consultadas por Diario 16 es la de que el Batallón Vasco Español y el GAL son una misma cosa, aunque dependan de personas distintas. En ocasiones, trabajan sin sigla, y parece fuera de toda duda la colaboración que siguen prestando antiguos funcionarios de Policía a la Comisaría General de Información”.

La primera semana de septiembre de 1987, Diario 16 comienza a publicar un serial de reportajes en el que descubren el zulo de los GAL encontrado en Col de Corlecou (Francia). En ellos se adjuntan fotografías y planos encontrados entre la documentación del grupo antiterrorista.
La fuente es privada y confidencial. Diario 16 es el único periódico español que tuvo esa información. La fuente que les llevó a este zulo es un hombre que formó parte del grupo anti-ETA, el cual realizó una llamada anónima al periódico y que, posteriormente, llevó a los periodistas al zulo. La información se publica sin mencionar el nombre de la fuente ya que la vida del conocido como “garganta profunda”, apodo que se le atribuye debido al pseudónimo que se otorgó a la fuente reveladora del caso Watergate, está en juego.
La repercusión que tuvo el descubrimiento de la participación del PSOE en la creación de los GAL no dejó indiferente a nadie. Diario 16 ejerció, en el año 1987, como perro guardián de la democracia. Consiguió destapar un caso que estaba acabando con vidas humanas y, al mismo tiempo, con la democracia española sin que sus ciudadanos lo supieran.
Bibliografía: 

-Periódico "El mundo".

-Diario 16.

-"El País".

Alumna: María Martínez Rodríguez.

Clase: 2ºBachillerato A.

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