Reforma al interior del consejo superior de la judicatura






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REFORMA AL INTERIOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA



MARISOL BALLESTEROS

WILSON CALA ARDILA

GLORIA H. MARIN MARTINEZ

MARIA PIEDAD GRANDAS ZAMBRANO

HELDER VERGARA SUAREZ

juriscol1@yahoo.es


UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

SECCIONAL BUCARAMANGA

FACULTAD DE DERECHO

2004

REFORMA AL INTERIOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA



MARISOL BALLESTEROS

WILSON CALA ARDILA

GLORIA H. MARIN MARTINEZ

MARIA PIEDAD GRANDAS ZAMBRANO

HELDER VERGARA SUAREZ

Proyecto de Investigación presentada al Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas CIS

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

SECCIONAL BUCARAMANGA

FACULTAD DE DERECHO

2004


AGRADECIMIENTOS


En primer lugar a Dios, fuente de toda creación, sin cuya voluntad ni una hoja de los árboles se mueve y cuyo espíritu anima toda acción humana y aún toda omisión a su fuerza y su poder este trabajo institucional de se debe.

En segundo lugar a nuestra facultad a la que todo le debemos, quien nos ha abierto las puertas en el no fácil camino del ejercicio profesional.

A los doctores Ludwing Herrera y Evaristo Rodríguez Porras, quienes fueron guías certeras y cuya paciencia y empuje no nos permitieron desfallecer, muchas horas robadas a sus gratas compañías deberán ser recompensadas por nosotros.

A nuestras familias, un beso especial y cariñoso por acompañar con paciencia la ardua tarea que demando el desarrollo de la presente investigación.

Agradecemos de todo corazón al Dr. JAIME GIRALDO ANGEL, a quien atesoramos por habernos dedicado su valioso tiempo y su especial colaboración y permitirnos concertar algunos puntos de vista coincidentes sobre muchos de los factores que obstaculizan la buena marcha de la justicia en Colombia, quien sabiamente dice: “que a la justicia le falta pueblo”, compartimos en un todo su sentir cuando expresa que la falta de integración entre el derecho y la realidad social ha hecho del ordenamiento jurídico una estructura formal que se aprende racionalmente en las facultades de derecho, pero que no tiene ningún entronque en la forma de vida cotidiana del país. El derecho se ha convertido así en una estructura metafísica, útil sólo para disertaciones académicas pero no para resolver los conflictos sociales de la comunidad, tan cierta es su afirmación que debemos concluir con la hecha en su momento por Juan Jacobo Rousseau: Al fin y al cabo, la única ley que cuenta es la que esta grabada en el corazón de la gente.




CONTENIDO




  1. TITULO

  1. PROBLEMA

    1. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PROBLEMA

    2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

    3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

    4. FORMULACION DEL PROBLEMA

    5. DELIMITACION DEL PROBLEMA

      1. DELIMITACION ESPACIAL-TEMPORAL

      2. DELIMITACION CONCEPTUAL

  2. JUSTIFICACIÓN

  3. OBJETIVOS

    1. GENERAL

    2. ESPECIFICOS

  4. MARCO REFERENCIAL

    1. MARCO HISTORICO

    2. MARCO LEGAL

    3. MARCO CONCEPTUAL

  5. DISEÑO METODOLOGICO

    1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

    2. METODO DE INVESTIGACIÓN

    3. PLAN DE TRABAJO

    4. ESQUEMA CAPITULAR

    5. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

  6. DISEÑO ADMINISTRATIVO

    1. RECURSOS

      1. HUMANOS

      2. MATERIALES

      3. INSTITUCIONALES

  7. PRESUPUESTO

  8. CRONOGRAMA

BIBLIOGRAFÍA



  1. TITULO



REFORMA AL INTERIOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA



  1. PROBLEMA


2.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PROBLEMA

En la historia constitucional y administrativa de Colombia se registran escasos intentos para establecer instrumentos adecuados de gobierno y administración de la rama judicial. El primer antecedente del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. se encuentra en 1970, pues, se expide el primer Estatuto de Carrera -que nunca tuvo aplicación- y se creó el Consejo Superior de la Administración de Justicia, bajo la dirección del Ministerio del ramo.

Posteriormente, mediante el Acto Legislativo No. 1 de 1979, se intentó la creación del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, con las funciones de administrar la carrera judicial y ejercer la potestad disciplinaria, en una reforma constitucional que, a la postre, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Sólo en 1987, mediante el Decreto 52, se pone en funcionamiento la carrera judicial, pero mantuvo su manejo bajo la dirección del Gobierno.

Ese viejo Consejo Superior de la Administración de Justicia, integrado por miembros de la judicatura, entró en funcionamiento con el apoyo de la Dirección Nacional de Carrera Judicial, que enriqueció sus funciones hasta adquirir, en desarrollo de la Ley 38 de 1989, su consolidación mediante la atribución de ejecutar el presupuesto de funcionamiento de la rama, excepto en cuanto a los recursos de inversión que continuó en cabeza del Ministerio de Justicia, a través del Fondo Rotatorio.

En estas condiciones, no se registraron avances significativos frente a la crisis en la administración de justicia, la cual, lejos de superarse, persistió en sus principales manifestaciones, tales como ausencia de políticas de desarrollo para la justicia, deficiencia en la asignación de recursos y falta de autonomía en la ejecución de los mismos. Por otra parte, la realización de las actividades operativas encomendadas a la rama presentaba dificultades resultantes de una mínima participación del Consejo Superior de la Administración de Justicia y de la precaria estructura organizacional de la Dirección Nacional de Carrera Judicial. Así, fue evidente la inexistencia de políticas y programas de desarrollo del talento humano, pues el régimen laboral y salarial no correspondía a un diseño técnico.

Los planes y programas de formación, capacitación y adiestramiento de los funcionarios y empleados judiciales, no respondían a políticas claras, ni se sometían a evaluación y control. Se configuró un sistema jurídico caracterizado por las constantes reformas legales, sin obedecer a políticas definidas en el contexto de la realidad nacional y por la insuficiencia en la difusión de la legislación vigente, y se produjo un incremento exagerado de la criminalidad y de la impunidad formales.

En este sentido fue evidente la ausencia de políticas y programas de modernización tecnológica y de administración y control, tanto de los despachos judiciales como de los entes de administración de la rama judicial y se generó un gravísimo estado de carencia de recursos físicos adecuados a las necesidades de las corporaciones y despachos judiciales, y se destacó la proliferación de obras inconclusas y mal ubicadas, dispersas en todo el territorio nacional, edificios ocupados por otras entidades, con grandes cargas tributarias.

Además, se pudo constatar la generalización del aumento del atraso judicial y consecuentemente, el aumento de pérdida de credibilidad en el sistema, la congestión en los despachos judiciales, la falta de personal, la inadecuada distribución territorial de los juzgados y de las competencias, el bajo rendimiento y las carencias en la calidad y actualización de la información sobre la actividad judicial.

En tales condiciones, en el país se consolidó la idea de independizar el poder judicial de la tutela del Gobierno y del Legislativo, mediante la atribución de funciones administrativas de la mayor trascendencia al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, como el elemento a través del cual se garantiza la transparencia y objetividad de la selección de las magistraturas y las judicaturas; se pretendió dar plena participación a la rama judicial en el proceso nacional de desarrollo, se intentó efectuar una coherente división territorial del país, y otorgarle al Consejo una capacidad normativa residual, supletoria y complementaria de la función legislativa del Congreso, desde luego, con la facultad de ejercer el control de rendimiento de todas las oficinas judiciales.

El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. de Colombia, que se introdujo en el ordenamiento constitucional colombiano a partir de la nueva Carta Política de julio de 1991, se concibió como uno de los nuevos y más importantes instrumentos orgánicos de gobierno y administración del Estado, específicamente previsto para garantizar el autogobierno de la rama judicial del poder público.


    1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El régimen constitucional y legal del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. de Colombia, está previsto, principalmente, en los artículos 254 a 257 de la Carta Política y en el Título IV de la Ley 270 de 1996, llamada ley estatutaria de la administración de justicia, L.E.A.J.

La principal característica de esta entidad radica en ser un organismo constitucional creado directamente por la Carta Política y desarrollado en disposiciones legislativas de rango especial, la cual le da al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. el mismo nivel orgánico que tienen las altas cortes como la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, pero lo dota de funciones, atribuciones, facultades y competencias especiales descritas directamente por la Constitución. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la Judicatura cumplirá las siguientes funciones:

1. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despachos judiciales.

2. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.

4. Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y procedimentales.

Se debe tener en cuenta, que la sociedad espera de la Judicatura Colombiana un compromiso serio y decidido en el trabajo de interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico nacional, acorde con la perspectiva del Estado social de derecho. En punto de esto, se hará un cuestionamiento acerca de la política dirigida a identificar o reevaluar los planteamientos sobre la inconveniencia que presenta el hecho que sea el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. quien se encargue del funcionamiento y manejo de la sala administrativa. No existe un fundamento profundo en la renuencia por parte de esta Corporación, a que esta Sala la desarrolle, en su integridad, un profesional especializado en esta rama, como lo es un profesional en las áreas financieras, contables o ciencias económicas, quien tendría plena competencia, conocimiento profundo y facultades plenas para desarrollar este ente netamente administrativo; que no requiere que sea desarrollado exclusivamente por profesionales en derecho, máxime que en la actualidad la administración de la administración de justicia no viene aplicando el nuevo derecho económico que se está desarrollando a pasos agigantados en procura de la seguridad jurídica de los administrados desbordándose así una mayor eficiencia.

Dentro de la estructura actual del Consejo superior de la Judicatura, sala Administrativa anexa a está y dependiente se encuentra la dirección ejecutiva de administración judicial nacional y seccionales, que por su estructura son los representantes legales del Consejo Superior de la Judicatura para la contratación de los bienes y servicios que demanda la administración de justicia. Reseñamos lo anterior en razón a que el papel, como ejecutor, de las directrices trazadas por la Sala Administrativa frente a las diferentes contrataciones de los bienes y servicios que demanda la administración de justicia no se viene efectuando con la categoría que el cargo nos enseña “ ejecutivo” , valga decir, que en los diferentes despachos judiciales del país falten los elementos mínimos para el cumplimiento de la labor propia de administrar justicia como lo es papel, tinta para impresoras, servicio telefónico y lo más elemental el agua potable en las edificaciones que por no cumplir funciones ejecutivas permiten el corte de los servicios públicos llamados esenciales y los elementos de oficina. Es por eso que la administración de justicia en el país, está en espera de una reforma perentoria. por la mala administración que viene haciendo el ente en mención. Que en gracia de discusión lo que viene cumpliendo es un papel de simple pagador.

El tema de la administración de justicia tiene una estrecha relación con la operatividad del régimen político, pues lo que en el fondo se busca es que la acción del Estado esté encaminada a llenar de contenidos éticos la labor del poder judicial en la tarea de dilucidar, por la vía de la civilidad, las discrepancias ciudadanas.

Bien lo ha dicho el doctrinante Carlos Botero Borda en su libro “ De la Gerencia de los asuntos jurídicos, el arte de ser abogado”, el profesional del derecho bien sea en su desempeño de su profesión liberal o en la judicatura su compromiso es de servicio hacia un mejor y bienestar social procurando que las soluciones sean bajo el amparo de la Ley y la justicia, es por eso que las facultades de derecho del país deberían ocuparse mucho más por promover en los futuros profesionales del derecho un sentido de compromiso con la justicia y de respeto por la Ley. como único camino correcto en la construcción de una sociedad civilizada.

La administración de justicia no es solo el conjunto formal de leyes y normas, sino un escenario de cultura cívica con un ingrediente esencial de diálogo y respeto por las diferencias, por lo que al hacer parte de la democracia, su objetivo no puede ser otro que buscar la superación de lo estrictamente jurídico para ubicar al ciudadano en el proceso de creación, desarrollo y aplicación del derecho.
La administración de la justicia como una función pública, en concordancia con el acto legislativo 003 de 2002, produjo una modificación que no es precisamente la concebida por el gobierno nacional, en la cual se advierte la intención de convertir la administración de justicia en un servicio público de carácter permanente y esencial. En el mismo sentido se advierte esa tendencia en los cambios planteados sobre los artículos 228 y 229 del estatuto Superior. Esta mutación de la naturaleza pública de función en servicio, como lo afirmó la Corte Constitucional “... la justicia ha pasado de ser un servicio público más, a convertirse en una verdadera función pública ..... significa lo anterior que tanto en cabeza de los más altos tribunales como en cada uno de los juzgados de la república, en todas las instancias, radica una responsabilidad similar, cual es la de hacer realidad los propósitos que inspiran la Constitución en materia de justicia, y que se resumen en que el Estado debe asegurar su pronta y cumplida administración a todos los asociados....
La política dirigida a identificar los elementos , recursos tanto económicos como humanos para que el Consejo superior de la Judicatura , Sala administrativa cumpla con los fines de uno de los tres poderes del Estado, como lo es el poder judicial, debe estar orientada a las necesidades sociales que el país demanda y no basados en cuadros estadísticos como los enviados por el Departamento Nacional de Planeación; es de anotar que únicamente podemos exponer en esta tesis los datos ofrecidos por este ente, siendo imposible anexar los del Ministerio de Hacienda y Ministerio de Justicia y del Gobierno por cuanto estos últimos se rehusaron a colaborarnos con la presente investigación, que solamente reflejan datos numéricos y fríos que frente a los ingresos y egresos nacionales están ubicados dentro del rubro de gastos reflejándose así que los recursos que manda la administración de justicia son una carga para el Estado y no una inversión social, como efectivamente lo es para la convivencia en paz y armonía.

A continuación transcribimos la información suministrada por el Departamento Nacional de planeación Nacional.

  • Presupuesto vigencia 2004:

-Consejo Superior de la Judicatura:

Proyecto

Apropiación

Implantación Convenio Ejecución Recursos de Apoyo al Régimen Penal Acusatorio y Sistema de Juicios Orales y Públicos en D:J (Distritos Judiciales) de Bogotá, Armenia, Pereira y Manizales-Comité Bilateral Colombia-USA.L.C.D"

14,877

Capacitación formación de funcionarios y empleados judiciales y del personal administrativo

3,812

Cifras en millones de pesos 

-Fiscalía General del la Nación

Proyecto

Apropiación

Mejoramiento adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de la Fiscalía General de la Nación ( Para bodegas de evidencias)




1,985

Cifras en millones de pesos 

Presupuesto vigencia 2005

-Consejo Superior de la Judicatura:


Proyectos de inversión

Apropiación

Construcción salas de audiencia para el Sistema Penal Acusatorio a nivel nacional

1,500

Adquisición y/o adecuación y dotación salas de audiencia para el Sistema Penal Acusatorio a nivel nacional

7,406

Diseño implementación y puesta en marcha inicial de la plataforma tecnológica y sistema de información requeridos para la funcionalidad del Sistema Penal Acusatorio para los despachos judiciales y Centros Administrativos

5,938
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