Secretaria nacional de la juventud: guía de orientación de estudios






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Contraofensiva urgente


Por: Jaime de Althaus Guarderas

A estas alturas no cabe duda de que está en marcha una ofensiva política nacional e internacional contra la democracia y el modelo económico. Y ante una ofensiva de esa naturaleza, la única respuesta ganadora es una contraofensiva en el mismo terreno, político e ideológico. Eso supone que el presidente de la República asuma el liderazgo y tome la iniciativa, lo que implica, para comenzar, el despliegue de una estrategia territorial que contrarreste la del adversario: viajar cada semana a una provincia de la sierra a realizar en ella un consejo de ministros, resolver atrasos e incumplimientos, identificar a los responsables de esos atrasos, exponer una propuesta de desarrollo y defender o explicar las virtudes del modelo, de la inversión, de la buena inversión minera —castigando severamente a la contaminante—, de la ley de aguas, de la ley de carrera pública magisterial, etc.

Predicar y resolver hasta el cansancio. Aquí se requiere un combate político e ideológico, una presencia activa capaz de adelantarse a los movimientos del antisistema, una identificación con las preocupaciones y aspiraciones de la población y un intenso esfuerzo de persuasión hasta demostrar que hay un proyecto de desarrollo en el que todos tienen cabida. Argumentos no faltan y capacidad explicativa tampoco. El presidente está especialmente dotado para esas tareas.

El Gobierno se ha preocupado por atraer la inversión —muy bien— pero ha abandonado por completo el terreno de la batalla política y social, que ahora es crucial. No es posible que se haya fracasado en la convocatoria al ingreso a la carrera pública magisterial. Los 30.000 maestros que debieron ingresar el año pasado no pudieron hacerlo debido a una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Sutep. Primera batalla perdida. Este año, en lugar de presupuestar 60 mil plazas para recuperar el año perdido se abrieron escasamente 20 mil, con el agravante de que solo postularon 11.000 maestros: el Sutep ganó la segunda batalla, pese al incentivo de una remuneración mucho mayor. Una vergüenza. No hubo campaña política para asegurar participación.

Los incumplimientos de los acuerdos pactados con la población se deben, en parte, a la maraña burocrática que no ha sido despejada y a la disminuida capacidad de gestión de un Estado descentralizado a la mala, pero también a que no hay un látigo detrás de los responsables. Para eso el presidente debe viajar.

Y debe hacerlo llevándole a la sierra, además, una propuesta integral de desarrollo capaz de movilizarla. Pero movilizarla al progreso. Sierra Productiva (y que Juntos ofrezca la alternativa al campesino de recibir tecnologías y no solo dinero), Sembrando, Provías Rural, aseguramiento universal, etc., pueden ser elementos de esa propuesta. Recuperar la iniciativa, antes de que sea demasiado tarde.

El gas de Camisea y el ejemplo argentino


Por Humberto Campodónico Vie, 26/06/2009

A principios del 2004, el gobierno argentino comunicó a las autoridades chilenas que no podía seguir suministrando gas por los gasoductos que unen a ambos países. Dijo el gobierno argentino que las reservas de gas existentes no alcanzaban para satisfacer el consumo de su mercado interno y, a la vez, continuar con la exportación. Las restricciones han llegado, en ocasiones, a más del 90% del total comprometido.

Como es lógico, el gobierno chileno se quejó fuertemente, con una serie de argumentos, tales como el respeto a los contratos que, además, habían sido suscritos por empresas privadas a ambos lados de la frontera.

El gobierno argentino lamentó los perjuicios que sufriría Chile por esa medida (millonarias inversiones en los gasoductos, en los tendidos de las redes y en los contratos suscritos por las industrias para abastecerse de gas natural), pero que su primera obligación era atender a sus ciudadanos, que no podrían entender que en Argentina falte gas, porque se está yendo a Chile.
Y así fue. Las exportaciones siguen restringidas hasta hoy. En el ínterin, el gobierno chileno no se quedó con las manos cruzadas. Le encomendó a la estatal petrolera ENAP que construya un Terminal de regasificación en la costa central para traer barcos con Gas Natural Licuado. Ese Terminal –que ha costado US$ 1,000 millones– ya se terminó y en pocos días llegará a Quintero el primer cargamento de gas.

Hay varias lecciones. Primero, que la prioridad de todo Estado en materia energética es el abastecimiento de su mercado interno. Ese es el punto de partida y es lo que establecían las leyes peruanas, hasta que fueron cambiadas bajo el gobierno de Toledo (ver Camisea: Así fue la cosa, www.cristaldemira.com, 22/6/09).

Pero ese cambio –y el compromiso de exportar la mitad de las reservas probadas a México - no modifica la prioridad que tienen los peruanos de usar su gas. Con ese mismo argumento, el gobierno argentino no hubiera podido restringir las exportaciones a Chile.
Segundo, se debe proceder de inmediato a la renegociación del contrato del Lote 88 (donde están las mayores reservas) para que el 100% de su producción sea destinado exclusivamente al mercado interno. Si eso causa perjuicio a Peru LNG habrá que sentarse a la mesa a negociar una solución, que respete que esas reservas se quedan en el Perú. Se podría exportar las nuevas reservas que se encuentren, como los 2 TCF de Repsol (socio de Peru LNG) en el Lote 57.

Tercero, las reservas del Lote 88, primero, y del Lote 56, después, revirtieron gratis al Estado porque Shell (empresa que las descubrió) no las pudo explotar, por distintas razones. Es por eso que el Estado puede fijar el precio del gas, algo que no va a suceder con los nuevos descubrimientos.

Es inconcebible que sean esas reservas –nuestro pasaporte para una nueva matriz energética con una menor dependencia del caro petróleo importado – vayan a la exportación, privándonos de un energético barato, que da competitividad a la industria y combustible barato (como lo saben los taxistas).

Cuarto, queda clarísimo que al modelo primario exportador no le interesa el consumo de gas por los peruanos, sino sus negocios. En este caso, el choque de intereses aparece en su totalidad.

El país necesita un Plan Energético Integral y una modificación radical de la Ley de Hidrocarburos 26221 de 1993, que otorga la propiedad del petróleo y el gas a los inversionistas privados, motivo por el cual hacen lo que les da la gana con nuestros recursos naturales. En el ínterin, no debe salir una molécula del gas del país si es que no está plenamente garantizado el abastecimiento pleno del mercado interno. No hay política energética sin el Estado: lo demuestra Argentina y, también, Chile, que buscó, y ya consiguió, poner en marcha alternativas energéticas
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