Secretaria nacional de la juventud: guía de orientación de estudios






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A Doe Run no me la toques


Por Roberto Ochoa B. Vie, 26/06/2009

Los mismos histéricos que exigieron respeto a la autoridad y represión contra los “salvajes” nativos de la provincia de Bagua, en Amazonas, y que luego se hicieron de la vista gorda ante la masacre de policías y manifestantes, son ahora los que quieren ver sangre  contra los “ignorantes” campesinos y ganaderos altiplánicos de Sicuani.

Pero los campesinos de Sicuani han demostrado estar mejor informados que el resto de la población. Hoy en día las hidroeléctricas son consideradas poderosos agentes del cambio climático y responsables directos del calentamiento global, no solo por el incremento de las temperaturas allí donde se forman las inmensas lagunas vecinas a las represas, sino también por su negativo efecto en las  aguas subterráneas, puquios, ojitos de agua o espejitos de cielo del que dependen miles de campesinos y ganaderos locales.

Pero eso no le importa a los histéricos defensores del capitalismo salvaje. Prueba de ello es su complaciente actitud ante el caso Doe Run y la paralización en La Oroya.

Doe Run fue todo un faenón del gobierno de Alberto Fujimori. Y los mismos funcionarios cómplices del negociado fueron los que aprobaron la sucesiva postergación de la aplicación del PAMA durante el régimen fujimorista y las posteriores administraciones de Toledo y García.

El propietario de Doe Run se zurra en el Perú y, sin embargo, cuenta con “facilitadores” entre los personajes más notorios del actual gobierno, disfrazando una inevitable intervención y justiciera estatal con complicados procesos en el que participarían los trabajadores.

Puro cuento chino para terminar por aceptar las colonialistas condiciones del propietario de Doe Run.

Si algo hay que hacer con La Oroya es construir nuevos tramos de la Carretera Central lejos de esta contaminada ciudad pero cercana a las rutas de Junín-Cerro de Pasco, de Tarma-Chanchamayo y del Valle del Mantaro. Solo así evitaríamos depender de los caprichos de propietarios y trabajadores de Doe Run. Van a ver cómo se ponen las pilas.
Simon y Cabanillas aseguran que gobierno es víctima de un complot

MInistra dijo que el comando policial decidió  intervención en bagua. Premier reveló que, en la víspera, el Consejo de Ministros determinó que había que “poner orden” en Curva del Diablo, pero con un costo mínimo.

Jorge Loayza.


El premier Yehude Simon reveló que en el Consejo de Ministros previo al 5 de junio se determinó que había que “poner orden” en la Curva del Diablo, mientras que la  ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, dijo que con la “decisión del gabinete” el comando de la Policía Nacional –y no ella– decidió la fecha y hora del operativo que costó la vida de 24 policías y 10 nativos.

El jefe del gabinete estuvo doce horas ante el pleno del Congreso. En la mañana respondió por la intervención de la Sunat en Panamericana TV, y en la tarde por el operativo de Bagua.

Según Simon, le iba a tomar pocos segundos señalar quién dio la orden, pero luego dijo que el tema era más profundo y dio un largo discurso en el que trató de explicar las causas del conflicto amazónico.

También culpó a cierto sector de la oposición por informar mal a los nativos.

Al final, Simon reveló que antes del operativo, en el Consejo de Ministros, se dijo que había que poner orden en la Curva del Diablo “pero con el costo mínimo”.

“Debemos reconocer que la Policía Nacional tenía que cumplir con su deber de desbloquear la vía. En el Consejo de Ministros se habló del agotamiento del diálogo y de cómo miles de peruanos exigían  orden. Se dijo que en función a la Constitución y las normas hay que hacer los esfuerzos para poder poner orden en nuestro país”, acotó.

A su turno la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, indicó que de acuerdo con las normas establecidas, el comando policial tuvo que determinar cómo y cuándo intervenir, por lo cual dijo que no era posible que una autoridad política manipule esa decisión.
También señaló –con documentos en mano– que la Policía Nacional solicitó y recibió ayuda de las Fuerzas Armadas durante los más de cincuenta días de conflicto.

Pidió al Pleno que el director general de la Policía, José Sánchez Farfán, y el jefe de Dinoes, Luis Muguruza, puedan informar al pleno, pero la oposición lo rechazó.

Luego el pleno se enfrascó en un largo debate donde el más atacado fue Simon, sobre todo por la bancada nacionalista y el bloque fujimorista, que pidieron su renuncia.

Igual posición tuvieron los congresistas de Unidad Nacional, Bloque Popular y Alianza Parlamentaria. Cuando las críticas se dirigieron a Cabanillas, esta dijo: “Soy responsable de lo que me señalan la Constitución y las normas”.

El oficialismo defendió a sus ministros, pero resaltando logros del gobierno y culpando a fuerzas de Bolivia y Venezuela.
Luego de seis horas de debate y ante una serie de ataques de los nacionalistas, el premier dijo, dirigiéndose a ellos: “Acá hay responsabilidad compartida, pero nosotros (el gobierno) no tenemos responsabilidad con los muertos. Tienen responsabilidad los que metieron cizaña”.

“La Sunat es autónoma”

1] En cuanto a la interpelación sobre la intervención de Panamericana TV por la Sunat, el premier dijo que ni el presidente Alan García ni los ministros tuvieron injerencia en dicha decisión, pues aseguró que dicha institución es autónoma. Además, garantizó que el canal 7 no está parcializado con el partido de gobierno.

2] Los congresistas de la mayoría de bancadas no   aceptaron la versión del jefe del gabinete y sostuvieron que la decisión sí fue del Ejecutivo y tuvo por intención usar ese medio de comunicación para fines políticos gobiernistas.

‘‘Hubo falta de coordinación y recursos’’

Crnl(r) Pedro Montoya. El ex jefe del Estado Mayor de la Dirección Ejecutiva de Operaciones (Direop) de la Policía Nacional opina sobre el reciente operativo de desalojo de nativos en Bagua.

Miguel Gutiérrez R.

¿Por qué cree que la operación de desalojo de la carretera en Bagua fracasó estrepitosamente?

El objetivo de un plan de operaciones es que se haga con el menor costo social. Los oficiales de la Diroes tienen mucha experiencia, pero creo que ahí faltó coordinación. Los policías en la estación Nº 6 no sabían que se realizaba una operación de desalojo en la Curva del Diablo; por eso digo que fue un problema de coordinación en lo relativo a las comunicaciones.

La versión de los mandos indica que el desaparecido mayor PNP Felipe  Bazán habría cometido un error por haberse separado del grupo policial...

Resulta poco probable. La policía es una institución jerarquizada y nadie puede realizar acciones en forma independiente y  sin consentimiento de su superior. Esa versión solo se explicaría si el oficial hubiera entrado en pánico, lo que no es el caso. 

Usted formuló el plan de operaciones en Bagua en agosto pasado, cuando se bloqueó el puente Corral Quemado. ¿Qué se recomendó?

Lo hicimos con la participación del comando policial. Estaba presente el ministro del Interior, Luis Alva Castro. Había una necesidad de recursos tanto en logística como en personal; por eso pedimos apoyo de personal de la Dirandro, de las zonas estratégicas de la selva. El personal de la Diroes era insuficiente para desbloquear el puente. 

¿Qué otras medidas de prevención dispuso el comando?

Recogimos al personal de las comisarías de los distritos de Cenepa, Santa María de Nieva, así como de las estaciones del oleoducto de Petroperú. Las comisarías se cerraron.

¿No era mejor reforzar los puestos en vez de dejarlos a merced de los manifestantes?

Los puestos ya estaban a merced de los manifestantes. Se esperaba cualquier reacción violenta y solamente había apenas cinco efectivos.

¿ Tuvo éxito el planeamiento operativo?

El objetivo de la operación era desalojar a los nativos del puente Corral Quemado y se logró en forma pacífica. La presencia masiva de tropa tuvo un efecto disuasivo sobre los nativos.

Reclamos por acciones de Pomalca

Exigen al presidente firmar ley que favorece a los trabajadores. Denuncian intereses para que los servidores de la azucarera no puedan acceder a los títulos que posee el Estado en Pomalca.

Redacción La República.

Convulsión en Chiclayo. El desinterés del gobierno de promulgar una ley aprobada  por el Congreso de la República días atrás, para otorgar  preferencias a los trabajadores de las empresas azucareras del Perú, en la venta de las acciones que posee el Estado en las empresas agroindustriales, desató el caos en la ciudad de Chiclayo.

Y es que el 4 de junio, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Comisión Agraria, que daba dicha preferencia a los trabajadores   de las azucareras de  Pomalca, Tumán, Pucalá y Cayaltí, por lo que ayer más de cinco mil trabajadores salieron  a las calles a exigir al presidente Alan García imprimir la autógrafa de la ley Nº 3212.

Pese a que el mandatario tiene plazo hasta fin de mes para estampar su firma en la autógrafa de ley, los trabajadores azucareros ejercen presión con el bloqueo de la carretera que conecta Chiclayo con los distritos donde se asientan las empresas azucareras.

Intereses empresariales

Roberto Guevara Jacinto, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Pomalca y anexos, denunció que existen intereses de grandes grupos empresariales para que los trabajadores no se hagan de las acciones que posee el Estado en la azucarera.
También comentó que ProInversión continúa con el proceso de venta de las acciones en forma independiente sin considerar la prioridad que tienen los “cañeros”,  para comprar las acciones, como ya lo aprobó el Congreso.

“La presidenta de ProInversión, Cayetana Aljovín, estaría coludida con algunos grupos de poder para adquirir las acciones del Estado y por ende vulnerar el derecho de los trabajadores, quienes hemos sido respaldados por el Congreso de la República para comprar las acciones”, dijo.

firma pendiente
Roberto Guevara espera que el presidente García no postergue la autógrafa y favorezca indirectamente a grandes grupos económicos que podrían adquirir las acciones que oferta el Estado a través de su brazo privatizador, ProInversión.
Cabe indicar que el Estado posee el 32.8% de las acciones de la empresa AgroIndustrial Pomalca, que serán puestas en venta una vez que el grupo Oviedo, administrador legal de la empresa, presente los estados financieros del 2008, para lo cual tiene plazo hasta el 29 de junio.

CIFRAS

3,500 es el número de trabajadores con los que cuenta la empresa azucarera Pomalca.

18% de las acciones posee actualmente el Grupo Oviedo en la Agroindustrial Pomalca.

10% es el porcentaje de acciones que poseen los trabajadores en la empresa azucarera.    

“Hay intereses personales”

1]  El actual director de la empresa AgroIndustrial Pomalca, Edwin Oviedo, señaló a La República, en una entrevista publicada el pasado 2 de junio, que el proceso de venta de las acciones que posee el Estado en Pomalca se estaría manejando en base a intereses personales.

2]  Así denunció que en marzo ProInversión estaba muy acelerada en realizar la venta, sin embargo el grupo Oviedo indicó que no se podía hacer con un estado financiero desfasado.

3]  “No sabemos en realidad qué es lo que está pasando en ProInversión, pero sí hay cosas raras ahí. Nos extrañó la rapidez, o el interés personal, con que se estaba manejando la venta de las acciones de AgroIndustrial Pomalca”, manifestó a La República.
4]  Edwin Oviedo, empresario cusqueño, también detalló que si se hubiesen vendido las acciones de Pomalca con los estados financieros del 2007, cada acción solo costaría 30 centavos de sol, mientras que con los estados financieros del 2008, estas se cotizarán en 90 centavos de sol. “Y estamos hablando de 315 millones de acciones”, señaló el ejecutivo.



Leon Trahtemberg

DE SENTIDO COMÚN



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