Informe de derechos humanos 2010






descargar 477.41 Kb.
títuloInforme de derechos humanos 2010
página1/12
fecha de publicación21.11.2015
tamaño477.41 Kb.
tipoInforme
p.se-todo.com > Derecho > Informe
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


INFORME DE DERECHOS HUMANOS 2010

DIA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD Y HOMENAJE A LAS VICTIMAS DE LA TORTURA

CHILE: en sus 200 años



comisión ética contra la tortura





La Comisión Etica contra la Tortura (CECT) es una entidad conformada en marzo de 2001 por organismos de derechos humanos y personalidades de reconocida solvencia moral, con la finalidad de que el Estado de Chile asumiera su responsabilidad respecto de los sobrevivientes de prisión política y tortura durante la dictadura militar. Entre otras, la integran Amnistía Internacional-Chile; el Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOA Watch); el Departamento de Justicia, Paz y Defensa de la Creación de la Conferencia de Religiosos de Chile (CONFERRE); el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ); el Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS); la Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), la Asociación Americana de Juristas (AAJ); el Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina (SICSAL); la Coordinación Nacional de Ex Presos Políticos, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Familiares de Ejecutados Políticos; Comisión Etica contra la Tortura de Santiago, Temuco, Valparaíso, San Antonio, y un equipo de trabajo exterior integrado por personas que residen en Francia, Suiza, Canadá, Bélgica e Italia. La CECT – Chile está afiliada a la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), con sede en Ginebra.


A modo de presentación
I.- A cada hora, el poder del mundo se concentra y se globaliza. Un reducido número de empresas, como un salvaje animal totalitario, lo tiene en sus garras. Continentes en la miseria junto a altos niveles tecnológicos. Posibilidades de vida asombrosas a la par de millones de hombres desocupados, sin hogar, sin asistencia médica, sin educación. El individualismo ha hecho estragos. La total asimetría en el acceso a los bienes producidos socialmente está terminando con parte de la humanidad. El sufrimiento de millones de seres humanos que viven en la miseria está permanentemente delante de los ojos de todos, aunque se hagan esfuerzos por cerrarlos. Es la crisis de una concepción del mundo y de la vida, basada en la idolatría de la técnica y de la explotación del hombre por el hombre. Para la obtención del dinero han sido considerados válidos todos los medios. En el caos, cada uno saquea lo que puede. Esta sociedad ha crecido llevando como meta la conquista allí donde tener poder ha significado apropiarse y explotar a los más débiles. La economía reinante conduce a que la población mundial, en gran parte, no pueda seguir viviendo.

Esto pareciera suficiente para que los poderes del mal justifiquen la violencia, la represión, el genocidio.

Colonialismo e imperios, a través de luchas sangrientas, han pulverizado tradiciones enteras y han profanado valores milenarios, cosificando primero la naturaleza y luego los ideales de los seres humanos. El bienestar de algunos se ha logrado a través de la imposición del miedo y de la exclusión.

Ello explica que los países ricos, entre 1990 y 2007, han aumentado en 11,2 % las emisiones de gases contaminantes, lo que representa más de nueve veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo y más de veinte veces las emisiones de un habitante de Africa Subsahariana.
II.- En Chile, la élite dominante pareciera orgullosa y transmite su autocomplacencia al conjunto de la sociedad. El sistema de dominación impuesto por el régimen militar no advierte síntomas de cuestionamiento o crisis, ni en lo político, ni en lo ideológico-cultural, ni en lo económico. Su dominio continúa sin contrapeso. Ha habido un proceso de adecuación institucional del marco jurídico-político establecido por la Constitución de 1980, y de ajustes del modelo económico neoliberal. En otros términos, las cosas “han cambiado para que nada (en lo sustantivo) cambie”.

Se preserva aún el sistema electoral binominal, que permite a la derecha mantener su sobre-representación parlamentaria y excluir a la izquierda. Se garantiza así un proceso legislativo que sólo habilita cambios dentro de la continuidad, dados los quórum requeridos para reformas de envergadura.

El régimen político, funcional a las necesidades del capital, ha sufrido la evidencia de prácticas de corrupción que han sido absorbidas y relativizadas por la vía de reformas de “modernización del Estado”, que harían más transparentes los nombramientos y remuneraciones de altos cargos públicos, las compras gubernamentales, la administración de las empresas públicas y los gastos de las campañas políticas.

El acuerdo de las fuerzas políticas del sistema a propósito de lo anterior, ha evitado que el escándalo acerca de las instituciones crezca y se convierta en factor de crisis como en otros países de la región.

La estabilidad política ha pasado, además, por un sistema de partidos que sólo ofrece variantes de administración del modelo neoliberal en lo económico-social. Un sistema hegemonizado por la coalición que ha podido ofrecer una mayor capacidad para cooptar y “clientelizar” a amplios sectores de la población, para mantener reducida y desarticulada la protesta social, al mismo tiempo que ganar crecientemente la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros.

Las fuerzas políticas progresistas son marginales y aún no superan la dispersión. Se trata de un movimiento popular que empieza a reconstituirse como tal, con una diversidad de dinámicas que sólo circunstancialmente se articulan y proyectan a escala nacional.

El centro de las preocupaciones de las autoridades políticas y económicas ha sido mantener la confianza del gran empresariado en quienes ejercen el poder ejecutivo. Y esto ha sido logrado por la vía de asegurar la estabilidad del marco estructural neoliberal. Esto es, donde el “sector privado” es el motor y guía del crecimiento, mientras que el Estado se limita a funciones subsidiarias y de regulación funcional, avanzando en la apertura comercial y financiera de la economía; también existe un amplio imperio del mercado como mecanismo de regulación de la vida social y económica, en los ámbitos de la salud, la educación, la seguridad social y del trabajo.

La política macroeconómica aplicada ha contribuido a aumentar la concentración del poder económico en transnacionales y grandes empresas, al mismo tiempo que ha ido marginalizando al sector de medianas, pequeñas y micro empresas, que generan un 20% del PIB, no obstante emplear al 90% de la fuerza de trabajo.

Mientras los beneficios y el crecimiento se concentran en los barrios acomodados, las empresas forestales e hidroeléctricas han ido ocupando espacios cada vez más amplios, en desmedro de aquellos en que residen las comunidades indígenas, amenazando su continuidad histórica y cultural. Esto significa que el crecimiento concentrado en la exportación de materias primas se está logrando a costa de una enorme destrucción del medio ambiente.

En lo ideológico, como efecto de lo anterior, se ha extendido una mercantilización del sentido de la vida, que deshumaniza a los seres humanos y sus relaciones, vaciándolas de valores éticos y remitiéndolas a la dimensión monetaria.

Los medios de comunicación de masas, lo mismo que el sistema educativo, se encargan de remarcar que vivimos en un mundo de competidores y que los triunfadores son aquellos que merced a su espíritu emprendedor vencen en el mercado. Los grandes empresarios son convertidos en “modelos de conducta” a ser imitados por toda la sociedad. Este camino pasa por el esfuerzo individualista, la deslealtad con los compañeros y la subordinación a los superiores. Dado que el Estado se ha des-responsabilizado de su rol garante de los derechos económicos, sociales y culturales, los pobres terminan percibiéndose a sí mismos como culpables de su propia situación, por su falta de competitividad, su ignorancia, su ausencia de espíritu de superación, su falta de creatividad y de emprendimiento. Es así como en el afán de poder gastar más, las personas se endeudan hasta padecer de “endeudamiento crónico”, lo que les torna tensas, agresivas, violentas, y se sumergen en el estrés, la depresión, el alcohol o las drogas.

Este sistema sociopolítico que excluye del acceso a bienes y servicios fundamentales a gran parte de la población, se ha impuesto y mantenido recurriendo a la represión estatal contra aquellos que exigen cambios, especialmente contra trabajadores, estudiantes y el pueblo mapuche.

En el caso de este último se ha llegado al extremo de aplicar la ley 18,314 de 1984, conocida como Ley Antiterrorista. Al momento de la entrega del presente Informe hay 36 presos políticos mapuche procesados por esta ley, contraviniendo las recomendaciones de Roberto Stavenhagen, Relator Especial de la ONU para la situación de los pueblos indígenas, que en 2003 señaló que “bajo ninguna circunstancia deberán ser criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas”. A ello se suma el Informe de Amnistía Internacional, al afirmar que al continuar aplicándose la Ley Antiterrorista, se está incumpliendo “tanto las promesas formuladas anteriormente por el gobierno respecto de no hacer uso de estas leyes, como las recomendaciones de diversos organismos internacionales de derechos humanos”.

La Ley Antiterrorista viola las garantías procesales y el debido proceso establecido en normas internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que subraya la importancia de tener derecho al debido proceso. La Ley Antiterrorista permite la existencia de “testigos sin rostro”, que pueden acusar e inculpar sin identificarse, violando así el derecho a un juicio justo y siguiendo bajo la vigencia del concepto de “enemigo interno”, emanado de la Ideología de la Seguridad Nacional.

Bajo el mismo predicamento, han sido acusados y perseguidos periodistas extranjeros y artistas visuales nacionales. El caso de Elena Varela es un ejemplo patético de injusticia, pues ha debido soportar seis años de persecución, acusaciones falsas y detenciones arbitrarias, antes de ser sobreseída de todos los cargos, y su material de trabajo no le ha sido devuelto. Similar situación ha afectado a Azel Luzuriaga, escritor y músico vasco, detenido el 31 de diciembre de 2009 por la Ley Antiterrorista, bajo la acusación de colocación de bombas. En febrero de 2010 se decretó su arresto domiciliario y el arraigo nacional.

En los últimos años la represión contra el pueblo mapuche también ha afectado de manera creciente a menores de edad. Expresión de lo anterior han sido las detenciones sufridas por Bania Queipul Millanao, de 15 años de edad, hija del Lonko de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul. La niña ha sido detenida desde el interior de su colegio, interrogada, sometida a proceso y hostigada, bajo la acusación de desórdenes públicos tras haber lanzado piedras al edificio del Ministerio Público de Collipulli durante el funeral de Jaime Mendoza Collío, quien fue asesinado por fuerzas policiales, al igual que Johny Cariqueo y Matías Catrileo. Tras la desproporcionada persecución, Bania Queipul fue sobreseída de sus cargos el reciente día 13 de junio de 2010.

El terremoto del 27 de febrero de 2010 afectó doblemente a los recluidos en recintos carcelarios. Según el entonces Ministro de Justicia, en las zonas de Maule y de Bío-Bío se fugaron 426 reos. Al 4 de marzo de 2010 se había recapturado a 152 y en ese mismo momento se estaba en búsqueda de 274 reos fugados de las cárceles de Talca, Chillán, Concepción, Coronel, Molina y Arauco. Tras la caída de un muro de la Cárcel de Chillán se fugaron 269 internos, de los que fueron recapturados 60, habiendo fallecido 4 de ellos: tres murieron por efecto de los disparos de los gendarmes y uno, Horacio Núñez, murió quemado por el incendio provocado por los reos al ser aplastado por un muro y encontrarse encadenado en su cama. Los tres muertos por gendarmes son Luis Guillermo López Valenzuela (26 años); Jonathan Andrés Aguirre Aguirre (21 años); y Rodolfo Leal Medina (32 años). Se ha hecho público que el número de reos muertos asciende a doce, de acuerdo al alcaide de la prisión de Lebu. El Ministro de Justicia de la época, Carlos Maldonado, manifestó al respecto que la situación descrita constituiría “un triunfo que se hubiese mantenido el orden”.

Parecieran olvidadas por las autoridades las recomendaciones al Estado chileno por el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT), sobre el cumplimiento de compromisos contraídos al ratificar la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, algunas de las cuales se refieren a las deficientes condiciones al interior de las cárceles.

En Ginebra, en abril de 2009, durante el período de sesiones del CAT, se recomendó al Estado de Chile prestar atención “particularmente en lo relativo a las condiciones materiales, el hacinamiento y los abusos y sanciones injustificados en la aplicación del régimen disciplinario”. (Artículo 16).

A pesar de las recomendaciones formales, en la cárcel de Villarrica fue captada por teléfono celular una imagen que ha mostrado a trece reclusos desnudos en el patio, obligados por los gendarmes a realizar ejercicios. Según las denuncias de sus familiares y del diputado Fernando Meza, después de los ejercicios los reos fueron trasladados a celdas donde fueron mojados para evitar marcas de lesiones. La denuncia obligó al Director Nacional de Gendarmería a reconocer los hechos y ocho gendarmes han sido imputados.

En este contexto es válido recordar algunas otras recomendaciones del CAT:

  1. Adoptar medidas eficaces para mejorar las condiciones materiales de los centros penitenciarios, reducir el hacinamiento existente y garantizar las necesidades fundamentales de todas las personas privadas de libertad;

  2. Establecer un mecanismo nacional de prevención que tenga competencia para efectuar visitas periódicas a centros de detención, a fin de implementar plenamente el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura;

  3. Establecer medidas de seguridad acordes con el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad, de manera que se eliminen las celdas de aislamiento.


III.- Por todo esto y mucho más ha permanecido en pie la Comisión Ética contra la Tortura y el sentido de este Informe es dar a conocer algunos aspectos del deficiente respeto a los derechos humanos en nuestro país.

En relación con las personas que sufrieron prisión política y tortura durante la dictadura, queremos hacer hincapié en que es necesario superar la exclusión de la calidad de víctimas del terrorismo de Estado de quienes no fueron consideradas en el Informe Valech: los detenidos en manifestaciones públicas; los que fueron torturados fuera de los recintos oficiales de detención; los extranjeros; los chilenos torturados en el exterior en el marco de la Operación Cóndor y quienes fueron objeto de detención por menos de cinco días.

Además, debemos señalar que la pensión mensual brindada a las víctimas vulnera el artículo 14 de la Convención Internacional contra la Tortura, donde se reconoce para las víctimas “el derecho a una indemnización justa y adecuada”; no ha habido reparaciones jurídicas y morales para los afectados; tampoco ha habido medidas educativas y de prevención de la tortura; debe derogarse la cláusula que impide a los tribunales tener acceso a las imputaciones concretas de los delitos denunciados ante la Comisión Valech.

La CECT reitera, ante los 200 años de vida Republica, la proposición de reabrir indefinidamente la acreditación de las víctimas chilenas o extranjeras; violaciones a los derechos humanos cometidos en territorio nacional o extranjero por agentes represivos del Estado chileno; aprobar una nueva ley de reparación que asuma las propuestas iniciales de la Comisión Valech; y eliminar legislativamente la cláusula que impide el acceso del Poder Judicial a las denuncias de tortura. Derogación de la Ley de auto Amnistía de la dictadura; juicio y castigo a los agentes del Estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos como son la tortura, la desaparición forzada de personas y la ejecución sumaria de prisioneros, delitos imprescriptibles e in amnistiables.
IV.- El grueso del Informe se ha centrado en la situación represiva que hoy padece el pueblo mapuche, que viene sufriendo la exclusión y el exterminio para el enriquecimiento de las corporaciones transnacionales, no obstante que ya el Pacto de Quilín de 1641 reconoció la inviolabilidad del territorio y la autodeterminación

mapuche al sur del río Bío-Bío.

Y aún cuando los mapuche continúan sufriendo desaparición forzada, torturas, prisión política, condenas con libertad vigilada, medidas cautelares, montajes de la policía, de la ANI, del Ministerio Público y de la prensa, también hay otros grupos sociales que se han visto afectados por la militarización y criminalización de la protesta social; y la práctica de la tortura que ha agregado este año una nueva víctima como es el asesinato bajo tortura del comerciante Daniel Riquelme quién fue brutalmente golpeado hasta la muerte, por una patrulla de 5 infantes de marina en Hualpén, luego del terremoto del 27 de febrero.

En ese sentido, el propósito de este Informe es insistir en que no podemos vivir sin hacernos responsables de los demás, renunciando al bien individual por el bien común. Son responsables quienes dan su vida por salvar a otros. No puede haber responsabilidad cuando la vida ha perdido su fin, o éste se halla sólo en la comodidad individual o en el éxito fácil. “Cuando la cantidad de culturas relativiza los valores y la “globalización” aplasta con su poder y le impone una uniformidad arrogante, el ser humano, en su desconcierto, pierde el sentido de los valores y de sí mismo y ya no sabe en quién o en qué creer”. (Sábato, Ernesto, “La resistencia”, Seix Barral, B. Aires, 2000, pág. 52). La historia enseña que la condición última del hombre es trascendente y, por tanto, misteriosa. No es posible continuar en la superficie de la vida. La cosificación del hombre, que se plasma en las violaciones de los derechos humanos, en la expoliación de los trabajadores, en el cinismo colectivo, en el mal disfrazado de bien, constituyen los nuevos altares, los nuevos absolutos, los dioses con pies de barro. Las violaciones de los derechos humanos se realizan para imponer la globalización económica que, como huracán, ha pasado por el mundo entero.

La Comisión Etica contra la Tortura está convencida, al igual que el pensador Albert Camus,(“Ercilla”, 28-8-49), que nuestra presencia busca creer que “la misión del hombre es ser rebelde y combatir el absurdo y la crueldad, luchar por la libertad, la justicia y la felicidad en un mundo que las niega”.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

similar:

Informe de derechos humanos 2010 iconInforme sobre violación de Derechos Humanos en Changuinola del 7 al 11 de julio de 2010

Informe de derechos humanos 2010 iconInforme de Costa Rica sobre Derechos Humanos de las Personas Lesbianas,...

Informe de derechos humanos 2010 iconLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha prestado especial...

Informe de derechos humanos 2010 iconInforme anual de la comisión interamericana de derechos humanos 2007

Informe de derechos humanos 2010 iconInforme sobre la situacion de los derechos humanos en peru

Informe de derechos humanos 2010 iconCorea: Alta Comisionada Adjunta de la onu para los Derechos Humanos...

Informe de derechos humanos 2010 iconInforme sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de Medellín

Informe de derechos humanos 2010 iconInforme de: Comisión de Estudio de Derechos Humanos y Derecho Internacional...

Informe de derechos humanos 2010 iconInforme de la Misión Internacional de Verificación sobre la situación...

Informe de derechos humanos 2010 iconConvencion americana sobre derechos humanos suscrita en la conferencia...






Todos los derechos reservados. Copyright © 2015
contactos
p.se-todo.com