El reconocimiento de la libertad de expresión por el artículo 20 ce: contenidos




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TEMA 10: EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN.

Evolución histórica. El reconocimiento de la libertad de expresión por el artículo 20 CE: contenidos. La libertad de información en sentido estricto: titulares, objeto, contenidos. ¿Hay un derecho a recibir información veraz? La dimensión democrática de las libertades comunicativas: el concepto de opinión pública libre.

Evolución histórica

Ver documento colgado en DINFOWIKI extraído del manual “Curso de Derecho de la comunicación social”, de Antonio Vallés Copeiro del Villar, editado por Tirant lo Blanch (2005)

El reconocimiento de la libertad de expresión por el artículo 20 CE: contenidos

El artículo 20 CE contiene un reconocimiento implícito de la libertad de comunicación genérica. Dentro de ella se distinguen una serie de derechos autónomos (garantía de diversas modalidades comunicativas):

(1) Libertad de expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones.

Faceta de exteriorización de la libertad ideológica (art. 16). Derecho autónomo, pero al definirse con unos perfiles muy amplios (abarca cualquier forma de expresión o de difusión de cualquier tipo de mensaje: pensamientos, ideas y opiniones = juicios de hecho o juicios de valor) puede ser visto en ocasiones como un derecho omnicomprensivo, es decir, que puede funcionar como derecho residual: cuando nos encontremos con un hecho comunicativo que no encaje en ninguno de los otros apartados se reconducirá a éste.

(2) Libertad de creación y producción literaria, artística o científica.

El TC la considera una concreción de la libertad de expresión genérica, referida a textos literarios, obras de arte en general y obras científicas. Tiene una doble vertiente:

  • Libertad de creación: derecho a producir o crear este tipo de obras sin restricciones por parte de los poderes públicos.

  • Garantía de la propiedad intelectual: protección de los derechos patrimoniales derivados de estas obras creadas o producidas. Importante = protección jurisdiccional reforzada (art.53 CE).

(3) Libertad de cátedra.

Es otra proyección de la libertad de expresión conectada con la libertad de enseñanza (art. 27) y también con la libertad de creación científica que acabamos de ver. Sería la libertad de expresión del docente en el ejercicio de su función y significa, en palabras del TC, que no puede haber una doctrina científica oficial.

De este derecho son titulares todos los docentes, sea cual sea el nivel educativo en el que ejerzan su función (educación primaria, secundaria o superior) y sea cual sea el tipo de centro en el que enseñen (público o privado); pero el ejercicio concreto de esta libertad sí que se puede verse matizado o modulado por estas circunstancias:

  • La naturaleza pública o privada del centro: en los centros privados puede existir un ideario, esto no quiere decir que el profesor tenga que subordinarse completamente a este ideario, pero sí le obliga a respetarlo, de tal forma que no puede dirigir ataques abiertos o solapados contra el mismo (STC 5/1981).

  • El nivel educativo afecta a la capacidad para establecer el programa de la materia a enseñar y los medios pedagógicos a utilizar. En los niveles inferiores todo esto viene determinado por las autoridades académicas y el margen de libertad del profesor es menor, aunque no inexistente.

(4) Libertad de información.

En el art. 20.1.d CE aparecen recogidos varios aspectos:

1) Derecho a comunicar información veraz.

2) Derecho a recibir información veraz.

3) Derechos subjetivos de los profesionales de la información: cláusula de conciencia y secreto profesional.

4) Garantía objetiva de la libertad de la actividad informativa: prohibición del secuestro administrativo de publicaciones, grabaciones y otros medios de información.

5) Mandato al legislador sobre la regulación de los medios públicos y garantía del derecho de acceso de los grupos sociales y políticos significativos.

Finalmente, en el art. 20 aparecen dos contenidos referidos al conjunto de las libertades comunicativas:

(1) Garantía objetiva respecto a cualquier modalidad de comunicación: prohibición de la censura previa.

(2) Reconocimiento de la existencia de límites en el ejercicio de las libertades comunicativas:

1) Los demás derechos del Título I; especialmente se hace referencia a los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y a la protección de la juventud y de la infancia. Los conflictos entre la libertad de comunicación y los demás derechos se resuelven a través de una ponderación.

2) Desarrollo legal (interpretación coherente con el artículo 53.1 CE: respeto al contenido esencial).

La libertad de información en sentido estricto: titulares, objeto, contenidos.

La Constitución habla de "derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión". De momento vamos a hablar del derecho a comunicar información veraz, en el siguiente epígrafe hablaremos del derecho a recibir dicha información.

Titulares del derecho a la información: Es un derecho que inicialmente tienen todos los ciudadanos, pero que especialmente sirve para salvaguardar la actuación de las personas que profesionalmente se dedican a la búsqueda y a la difusión de la información: periodistas y empresas de comunicación (lo desarrollaremos en el tema 14).

Objeto del derecho: “comunicar información veraz”. ¿Qué es información veraz? Lo veremos en el tema 12.

Contenidos: además del derecho a comunicar la información en sentido estricto (acción de transmitir un mensaje), sin obstáculos o restricciones por parte de los poderes públicos (derecho de libertad), hay también otros contenidos (aunque no aparecen expresamente): derecho a obtener la información -y a investigar- (tema 13); derecho a crear los medios para comunicar la información –conectado con el art. 38 CE (libertad de empresa)- (tema 17).

¿Hay un derecho a recibir información veraz?

La CE dice “derecho a comunicar o recibir libremente información veraz”. ¿Qué significa esto de “derecho a recibir información veraz”? Posibles significados:

a) Primer significado: derecho a reclamar de los medios de comunicación y de los periodistas (1) que todas las informaciones que se transmitan sean veraces; (2) que se elaboren y se transmitan determinadas informaciones; (3) o que se pueda acceder a un determinado medio.

Este significado no se puede admitir porque supondría una restricción excesiva de la libertad de los que transmiten las informaciones.

  • Reconocer un derecho de cualquier persona a reclamar la veracidad de las informaciones equivale a decir que cualquier persona puede demandar a un periodista o a un medio de comunicación cuando considere que una información transmitida no es veraz. Esto no es así: la transmisión de una información que no sea veraz sólo podrá ser reprimida cuando cause algún perjuicio a alguien.

  • Reconocer un derecho de cualquier persona a exigir que se elabore y se transmita una determinada información equivale a coartar la libertad de los profesionales de decidir sobre qué y cómo informan. El TS (9-11-1988) ha declarado que el derecho a recibir información veraz no se traduce en obligaciones concretas de los transmisores de información para satisfacer las exigencias de receptores determinados (un espectador reclamaba la emisión de un programa de TV emitido en catalán también en español). Por tanto, la decisión de transmitir determinadas informaciones y de hacerlo de una u otra manera (p.ej. en una u otra lengua), es una decisión libre del sujeto que transmite dicha información.

  • Tampoco se puede entender el derecho a recibir como la facultad de exigir el acceso a cualquier medio de comunicación: Si un medio privado quiere restringir su ámbito de difusión a determinados grupos de individuos está en su derecho. Obviamente está en su derecho a exigir una contraprestación económica, pero también está en su derecho a restringir el acceso a esas informaciones en base a cualquier otro criterio: pertenencia a una asociación, a un partido, a un grupo profesional, a una empresa, etc.

b) Segundo significado: derecho a reclamar del Estado una prestación consistente en proporcionar determinadas informaciones o en posibilitar el acceso a determinados medios.

Hay un principio rector que obliga a los poderes públicos a posibilitar que los diversos medios de comunicación lleguen a todos los ciudadanos, pero son los poderes públicos (ejecutivo y legislativo) los que deciden cómo y cuándo en función de los recursos disponibles. Por tanto, no puede ser reclamable judicialmente una actuación pública cuando p.ej. la TV no llegue hasta lugares apartados.

c) Tercer significado: derecho de defensa frente a actuaciones que traten de impedir el acceso de las personas a las informaciones puestas a su disposición. P.ej., si una empresa prohíbe a sus empleados comprar un determinado periódico o sintonizar una determinada estación de radio.

Conclusión: dejando de lado este tercer significado, que sí sería posible, en general no se puede entender que exista un derecho a recibir información como derecho subjetivo; más bien hay que interpretarlo como el fundamento último (que sirve de refuerzo argumental) del derecho a transmitir las informaciones.

La dimensión democrática de las libertades comunicativas: el concepto de opinión pública libre

Remisión a casos prácticos.

TEMA 11: EL OBJETO DEL DERECHO: LA INFORMACIÓN.

Requisitos constitucionales de la información: la veracidad. Notas jurisprudenciales sobre el valor preferente de la información: relevancia pública, transmisión por profesionales a través de medios regulares, importancia de las formas.

Recordar la dimensión objetiva = la información se protege en función de su conexión con la formación de una opinión pública libre.

De ahí se extraen varios condicionamientos de la información para gozar de protección constitucional (si no se cumplen estos requisitos no estamos ante el ejercicio legítimo del derecho):

  • Veracidad: es un requisito constitucional (exigencia expresa del artículo 20).

  • Obtención lícita: sólo se protege la transmisión de información que haya sido obtenida dentro de la legalidad. Lo veremos en el tema 12

Además de estos condicionamientos, existen unos criterios que juegan a favor de la protección preferente del derecho a transmitir información: relevancia pública, profesionalidad y respeto en las formas.

Requisitos constitucionales de la información: la veracidad.

¿Qué es información veraz? Constitucionalmente hablando, veracidad no es sinónimo de verdad.

El TC no la interpreta como que la información tenga que ser cierta, sino simplemente como el cumplimiento de un deber específico de diligencia por parte del informador, a quién se le puede exigir, según el tribunal, que todo aquello que transmita como hechos:

(1) provenga de fuentes de información fiables.

(2) haya sido objeto de un previo contraste con otras fuentes.
La veracidad no es un resultado, sino un proceso (una actitud)

información veraz = información fiable y contrastada

La exigencia de comprobación del periodista no puede ser exhaustiva porque si no la veracidad acabaría siendo equivalente a una comprobación científica, imposible en la práctica.

La certeza comprobada convalida la ausencia de diligencia: cuando la información que se transmite es cierta y esa certeza se verifica con posterioridad, queda cubierta por la protección constitucional aunque el informador no haya obrado diligentemente a la hora de contrastarla (p.ej. se publica la existencia de un caso de corrupción como consecuencia de un “chivatazo” no contrastado y posteriormente se abre una investigación judicial y se consideran probados los hechos).

Algunos criterios jurisprudenciales relativos a la veracidad:

  • Fuentes de información muy fiables (fuentes oficiales, por ejemplo): se exime el posterior contraste. La diligencia del periodista se extiende únicamente a la comprobación de la autenticidad de la fuente y a citarla expresamente en la información.

  • Tampoco requieren contraste los fenómenos de la naturaleza (un terremoto) o hechos considerados “notorios” o indiscutibles socialmente.

  • Referencia a fuentes indeterminadas: no satisface el deber de diligencia.

  • El que la veracidad sea un dato subjetivo (diligencia), no quiere decir que no se requiera un mínimo de veracidad objetiva: se exige una mínima conexión con la realidad que excluya la publicación de fantasías.

  • Se tienen en cuenta determinadas circunstancias a la hora de valorar la diligencia del periodista: urgencia de la noticia (se acaba de producir un atentado y se informa sobre el número de posibles víctimas sin haber contrastado la información, inmediatez del medio (la necesidad de contraste no es la misma para la radio, un diario, un semanario, etc.).

De entre las doctrinas jurisprudenciales relativas a la veracidad destaca la llamada doctrina o teoría del “reportaje neutral”: Cuando se transmiten declaraciones de terceros, citándolos y sin incluir valoraciones o hipótesis de elaboración propia, la responsabilidad sobre la veracidad recae en dichos terceros y no en el periodista o en el medio. La diligencia exigible al periodista se extiende únicamente a comprobar que efectivamente ese tercero ha realizado dichas declaraciones.

  • Modalidades de reportaje neutral: entrecomillados, entrevistas, cartas al director (siempre que se compruebe la identidad de los firmantes).

  • Matiz a tener en cuenta: en algunos casos un reportaje aparentemente neutral puede servir para encubrir una toma de postura por parte del periodista o del medio: se utilizan declaraciones de terceros para publicar una información sesgada sin asumir la responsabilidad sobre ella.

Notas jurisprudenciales sobre el valor preferente de la información.

Cuando la libertad de información entra en conflicto con otros derechos (p.ej. la intimidad de las personas) no existe una regla general que nos diga a priori cuál de los derechos en juego debe prevalecer: hay que hacer una ponderación caso por caso.

Dicho esto, el TC reconoce en su jurisprudencia un cierto valor preferente a la libertad de información basándose en que esta libertad es un instrumento indispensable para la existencia de una opinión pública libre.

El TC ha ido estableciendo unos criterios que sirven para valorar la protección preferente del derecho a transmitir información (en su confrontación con otros derechos o bienes constitucionales). No son requisitos o exigencias absolutas, sino parámetros que, en la medida en que estén presentes o no y en función del grado en el que estén presentes, jugarán a favor de una mayor protección de este derecho:

  • Relevancia pública.

  • Transmisión por profesionales y a través de medios regulares.

  • Importancia del respeto en las expresiones utilizadas.

La relevancia pública de la información.

Según el TC, relevancia pública = transmisión de hechos noticiables, es decir, hechos cuyo conocimiento pueda tener interés para el público (casuística muy diversa).

Algunos criterios establecidos para valorar la relevancia de una información:

  • Relevancia objetiva: importancia del hecho en sí. Sin embargo, la difusión de una información objetivamente relevante no justifica que se entre a revelar datos de personas no públicas relacionadas con la misma (la relevancia objetiva no se extiende a las personas implicadas).

  • Relevancia subjetiva: importancia de las personas. Sin embargo, la relevancia subjetiva no se extiende a cualquier hecho en el que intervengan las personas relevantes.

  • Importancia del medio: para una revista de adolescentes son relevantes unas cosas y para la prensa política otras.
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