Sobre la promulgación de un estatuto del periodista profesional y la regulación de los derechos laborales de los periodistas. Presentada por el grupo




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fecha de publicación01.01.2016
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-SOBRE LA PROMULGACIÓN DE UN ESTATUTO DEL PERIODISTA PROFESIONAL Y LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS PERIODISTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002307.)
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Pasamos al punto noveno del orden del día que es la proposición del Grupo Parlamentario Socialista sobre la promulgación de un estatuto del periodista profesional y la regulación de los derechos laborales de los periodistas.

Para su defensa, tiene la palabra el señor Luis González Vigil
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Señorías, todos somos conscientes y sabedores de que la actividad periodística comporta un compromiso con la sociedad de transmisión de un derecho fundamental en toda democracia, como es el derecho a la información, derecho que, por otra parte, está reconocido por la Carta Universal de Derechos Humanos, por la Constitución española y por los estatutos de autonomía de las comunidades de nuestro país.

¿Por qué presenta el Grupo Socialista esta iniciativa? Porque creemos que la actual situación de los profesionales de la información, junto al macro desarrollo de las empresas mediáticas, están poniendo en grave peligro la libre propiedad de la información y su libre circulación. Por un lado, estamos viviendo un proceso de concentración intenso de comunicación donde las mismas empresas agrupan diarios, revistas, cadenas de televisión, emisoras de radio, editoriales, operadores de cable, etcétera, y por otro, vemos cómo las condiciones laborales de los periodistas profesionales se han deteriorado y se siguen deteriorando seriamente en los últimos años.

Las tendencias generales desreguladoras en el ámbito laboral que está teniendo nuestro país desde que gobierna el Partido Popular, la aparición de nuevas técnicas de trabajo y la proliferación de licenciados en periodismo salidos de las cada vez más numerosas facultades de Ciencias de la Información han sido factores que han incidido en una mayor inestabilidad, en salarios más bajos, en abusos de distintas figuras de contratos en prácticas y de aprendizaje, en trabajadores que carecen de contrato, en largos horarios y, en general, en una degradación de los derechos de los profesionales de este sector. Creemos que es preciso poner coto a esta situación y para ello se hace necesario la promulgación de un estatuto del periodista profesional que permita a los informadores reforzar su profesionalidad y su independencia frente a los poderes políticos y económicos, un estatuto que permita que el ejercicio de la profesión periodística se realice con las suficientes garantías para que se desarrolle de forma fiable y responsable, garantías que han de responder a condiciones laborales y profesionales reconocidas y que signifiquen un punto de referencia de obligado cumplimiento. Estamos convencidos de que la independencia de los informadores es la mejor garantía para una información de calidad y para que se cumpla el derecho de la ciudadanía a ser informada de forma veraz y plural. Por ello y para ello se debe desarrollar un conjunto de facultades que afirme esa independencia frente al poder político y que procure el equilibrio con la independencia editorial de las empresas informativas. Está claro que no basta con garantizar un pluralismo externo o una pluralidad de empresas informativas para salvaguardar el derecho a la información de la ciudadanía. Es también necesario un pluralismo interno dentro de estas empresas para que el pluralismo social se manifieste totalmente.

Señorías, consideramos que existe base constitucional para la promulgación de este estatuto. La Constitución Española, en su artículo 20, recoge el derecho fundamental a la libertad de expresión y de información, y dice textualmente: A recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Por otra parte, el Tribunal Constitucional reconoce que sin una comunicación pública libre –y leo textualmente- quedarían vaciados de contenido real estos derechos que la Constitución consagra, reducida a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que anuncia el artículo 1.2 de la Constitución que es la base de nuestra ordenación jurídico política. Por otro lado, la Ley orgánica 2/1997 de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información, considera en su exposición de motivos que la información no puede ser objetivo de consideración mercantilista, ni el profesional de la información puede ser concebido como una especie de mercenario abierto a todo tipo de informaciones y noticias que son difundidas al margen del mandato constitucional de veracidad y pluralismo. Les recuerdo a sus señorías que esta Ley orgánica se aprobó en 1997 cuando gobernaba el Partido Popular –me imagino que ahora en su defensa nos lo van a decir- y son ellos los que en la exposición de motivos ya están diciendo que hay que hacer justo lo que nuestro grupo pide que haga el Gobierno. Además, este Gobierno se jacta de decir que está convirtiendo a España en una gran potencia económica, en una gran potencia envidiable desde todos los puntos de vista dentro de la Unión Europea. Hay que recordar que dentro de esa Unión Europea, España es el único país que carece de una regulación de la profesión periodística, a pesar de las recomendaciones hechas por la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa en su resolución aprobada por unanimidad el 1 de julio de 1993 sobre el Código Europeo de Deontología del Periodismo donde señala en su artículo 14 que –y leo textualmente- es necesario reforzar las garantías de libertad de expresión de los periodistas a quienes corresponde en última instancia ser los emisores finales de la información. En ese sentido, es necesario desarrollar jurídicamente y clarificar la figura de la cláusula de conciencia y el secreto profesional sobre estas materias para ejercerlas en el marco más amplio del espacio democrático europeo. Y en su artículo 32 señala que –también leo textualmente- es necesaria la elaboración de estatutos de la relación periodística con la finalidad de ordenar las relaciones profesionales de los periodistas con los propietarios y editores en el interior de los medios de comunicación, con independencia de las obligaciones laborales. Los países de la Unión Europea han seguido estas recomendaciones, excepto el nuestro. Podemos citar la legislación francesa, que incluye la cláusula de conciencia, la necesaria regulación laboral de los periodistas y su obligada adscripción al régimen general de la Seguridad Social sea cual fuere su tipo de contrato, il Contrato di Lavoro, de Italia, un convenio muy avanzado de derechos profesionales, el marco jurídico belga o el más reciente estatuto de prensa de Portugal, promulgado en 1999, en el que se recoge un completo elenco de derechos y deberes. Sin embargo, en nuestro país solo se puede citar la ley de cláusula de conciencia aprobada en la pasada legislatura, ni siquiera se ha regulado el derecho al secreto profesional como se mandata en el artículo 20, apartado b), de nuestra Constitución.

Por todo ello, instamos al Gobierno a elaborar un proyecto legislativo que regule los derechos de todos los periodistas profesionales en España y que constituya un estatuto del periodista profesional de obligada incorporación en todos los ámbitos de la negociación colectiva de los sectores de la comunicación. Dicho estatuto deberá incorporar derechos y deberes profesionales que garanticen a los ciudadanos su derecho a la información y a la libre expresión, como exige la Constitución, así como un mínimo de derechos laborales de los informadores para que puedan ejercer sus tareas por encima de presiones de todo orden, sean cuales fueren sus modalidades contractuales. La promulgación del estatuto debe ir acompañada necesariamente de una regulación de las deterioradas condiciones laborales de los periodistas profesionales. El laissez faire que proclaman los ultraliberales, el dejar que esto camine a sus anchas sin ningún tipo de regulación, unido a la proliferación de licenciados que salen todos los años de las facultades de Periodismo han llevado a nuestro país a la devaluación profesional, al abuso empresarial, a la explotación de los periodistas en prácticas y, en definitiva, a la precarización del sector. Son frecuentes las redacciones estructuradas sobre plantillas sin contrato alguno que casi no tienen posibilidad de defender el derecho de los ciudadanos a una información veraz ni capacidad para oponerse a su manipulación. Los estudiantes en prácticas son mano de obra barata y, en algunos casos, gratuita para los medios de comunicación donde trabajan y ocupan de forma efectiva lo que se conoce como lugares estructurales de trabajo. Es decir, hacen las funciones de redactores, de realizadores, de productores, etcétera, y desarrollan una tarea que debería ser realizada por un profesional con una remuneración adecuada. Esta situación es especialmente grave entre los colaboradores o los denominados en el argot periodístico periodistas a la pieza que, como saben ustedes, señorías, son aquellos que aunque no se encuentren físicamente integrados en la estructura organizativa de la empresa realizan su trabajo bajo las indicaciones y el control último del empresario informativo con el que existe una relación habitual, un suministro constante y, a veces, diario de informaciones previamente encargadas o realizadas conforme a un acuerdo previo, escrito o verbal. Es decir, existe una relación laboral con la empresa. Esta figura, señorías, es cada vez más frecuente en nuestro país.

En el estudio El empleo de las empresas de comunicación 1992-1996 elaborado por la Asociación de los Periodistas de Vizcaya, se recogen porcentajes que indican una inequívoca tendencia al crecimiento de esta figura en los medios de comunicación. Según datos aportados por las propias empresas o editoriales, el 34 por ciento de los periodistas empleados en la prensa diaria española eran colaboradores, porcentaje que se elevó al 35 por ciento en 1995 y que alcanzó el 42,01 por ciento en 1996. No tenemos datos al día de hoy pero los que tenemos están diciendo que casi la mitad de los profesionales de la prensa diaria trabajan en precario, trabajan con una cobertura social incierta, sin convenios laborales, sin representación sindical y con escasa o nula capacidad de negociar sus salarios. Y esto, señorías, en la prensa diaria. En la prensa no diaria y en los medios audiovisuales, fundamentalmente las televisiones locales, la situación es aún peor. En las publicaciones no diarias, tanto de interés general como las especializadas, entre el 60 y el 90 por ciento del material que publica son producidas por pagos a la pieza y nos atrevemos a decir que en las televisiones locales que están en auge desde hace unos años en nuestro país, casi el cien por cien de los trabajadores no son profesionales, trabajan con contratos, cuando los tienen, a tiempo parcial, trabajan por encargo y además están muy mal remunerados. (El señor presidente ocupa la presidencia.)

Señorías, es necesario regular el trabajo de estos periodistas, tanto los de la prensa escrita diaria, como los de la prensa escrita no diaria y los de los medios audiovisuales, estableciendo para ellos una relación laboral especial que le garantice sus derechos y su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social, ya que resulta insostenible e injustificable la situación que se da actualmente de que estos trabajadores deban recurrir al régimen de autónomos para contar con la cobertura social que les corresponde. Se les obliga a sufragar una cuota fija, ajena al monto de sus ingresos, en lugar de contribuir, como el resto de los trabajadores con una cuota porcentual de los salarios que perciben. Esta circunstancia hace que muchos de estos periodistas se vean impedidos para cumplir con la Seguridad Social, ya que su seguridad de ingresos no les permite cumplir con esa obligación, y se vean resignados a una penosa perspectiva de futuro.

Señorías, pido el apoyo afirmativo a todos aquellos grupos que realmente quieran que en España haya una información de calidad, plural y veraz que pueda sernos dada por periodistas que tengan todos sus derechos laborales recogidos y una mínima dignidad en todos los aspectos, tanto en el de la estabilidad en el trabajo como en el de la remuneración.

He visto esta mañana en un medio de comunicación de tirada nacional una noticia sobre esta iniciativa. No pone el nombre del autor, pero dice: Derechos de los informadores: El PP rechazará en el Congreso la propuesta del PSOE para crear un estatuto del periodista. Y aduce –y quiero que el Partido Popular se entere de una vez- que, según el Partido Popular, los socialistas pretenden impulsar esta ley en la recta final de la legislatura cuando no hicieron nada al respecto durante sus catorce años en el Gobierno.

Señorías, no es de recibo que continuamente el Partido Popular esté aplicando a todos la consigna que sus jefes le han dado del pasado. Van a terminar ustedes refiriéndose un día al Cid Campeador o a Viriato. Por otra parte, el Grupo Socialista no ha presentado una proposición de ley. El Grupo Socialista quiere que sea el Gobierno el que haga la ley, por tanto no nos digan ni oportunismos, ni recta final, ni otras monsergas, que es a lo que les suena a la mayoría de los españoles las razones que están ustedes dando en estos últimos días de esta legislatura. Digan ustedes que van a votar en contra porque no quieren una prensa plural; digan ustedes que van a votar en contra porque quieren una prensa, tanto escrita como audiovisual, dirigida y manipulada por el poder político y para eso no pueden permitir la independencia que les darían unos derechos garantizados para los periodistas. Digan ustedes que van a votar en contra porque su poder político, el del Partido Popular, el del Gobierno Popular, no quiere una prensa libre, no quiere una prensa independiente, no quiere una información de calidad y no quiere una información plural y veraz.
El señor PRESIDENTE: Por el orden correspondiente, tiene la palabra el señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ: Es evidente que entre los derechos que señala la Constitución Española, el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la información ocupa un lugar esencial. Sin una comunicación pública y libre quedarían vaciados de contenido real otros derechos. En este contexto, la comunicación pública requiere de la mediación de empresas informativas e informadores profesionales. Para el cumplimiento de ese deber se requiere un desarrollo de las facultades que aseguren la dignidad e independencia profesional, siempre al servicio del derecho del público. El artículo 20 de la Constitución Española no contempla como sujetos específicos a los profesionales de la información, no obstante, el legislador constituyente remitió al ordinario la regulación de alguno de los elementos típicos de un estatuto profesional de los periodistas: la cláusula de conciencia y el secreto profesional. Nuestra jurisprudencia constitucional ha precisado que los periodistas no tienen en este campo privilegio alguno frente a los derechos del resto de los ciudadanos, pero sí que al ejercicio de su derecho puede serle dada una cierta preferencia justamente en virtud de la función que cumplen en aras del deber de información constitucionalmente garantizado. Es también jurisprudencia interpretar el requisito de veracidad de las informaciones como un deber de diligencia profesional. Existe base constitucional para la promulgación de un estatuto del periodista profesional, cuya finalidad sea servir al derecho de la ciudadanía a ser informada garantizando la independencia de los informadores. El estatuto debe desarrollar los derechos de la libertad de expresión e información de un conjunto de facultades que permitan a los informadores reforzar su profesionalidad y, consiguientemente, la independencia frente a los poderes políticos y económicos, independencia que es presupuesto de la función social de informar. En esta línea se sitúa la Ley orgánica 2/1997, reguladora de la cláusula de conciencia que ya en su exposición de motivos considera explícitamente esta institución al servicio de la independencia profesional al declarar que la información no puede ser objeto de consideraciones mercantilistas, ni el personal de la información puede ser concebido como una especie de mercenario abierto a todo tipo de informaciones y noticias que son difundidas al margen del mandato constitucional de veracidad y pluralismo.

En nuestro entorno y, especialmente, en los países latinos es habitual el reconocimiento a los periodistas de una situación estatutaria especial. Un organismo público, corporativo o sindical acredita la condición de periodista profesional, lo que supone que esa actividad habitual es la principal fuente de ingresos y exige tiempo de práctica demostrada, mediante la expedición de un carné que básicamente da ciertas ventajas en el ejercicio diario, como el acceso a los lugares públicos, aparcamientos, etcétera. En Francia, desde los años treinta, se reconoce un conjunto de derechos específicos, entre los que destaca el derecho a invocar la conciencia para ejercer la relación laboral de modo ventajoso para el informador. Más recientemente, la Ley portuguesa de 13 de enero de 1999 promulga un estatuto con un completo elenco de derechos y deberes. Peculiar es el caso italiano y la necesidad de estar inscrito en un registro especial para ejercer la profesión, inscripción que requiere acreditar un período de práctica previo y la superación de un examen. Por tanto, estamos ante sistemas que van de la simple acreditación profesional a la regulación estricta del acceso profesional. La cuestión de la necesidad de un estatuto profesional ha sido sustituida por una regulación del acceso por el sistema de colegiación obligatoria, sin que estas estrategias hayan ofrecido resultados. Lo que necesitamos es un estatuto que extienda esta protección específica a todos los que habitual y profesionalmente ejerzan el periodismo. El reconocimiento de unos derechos específicos de los informadores profesionales en nada interfiere el derecho de cualquier ciudadano a expresarse, opinar o informar.

Finalmente, y más allá de las responsabilidades de carácter penal o civil en que los informadores pudieran incurrir, debiera adoptarse como parte sustancial del estatuto un sistema de incompatibilidades y código ético cuyo control se confíe a los consejos de información que puedan constituir las comunidades autónomas y un consejo de información de ámbito estatal.
El señor PRESIDENTE: Señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Intervengo en nombre de mi grupo para fijar nuestra posición ante esta propuesta de promover al Gobierno para que aborde un tema que nosotros creemos necesario.

Mi experiencia personal es que esta legislatura ha sido objeto de mesas redondas con los colegios de periodistas, al menos en Tarragona y en Madrid, que nos ha hecho conocer la existencia de un problema grave que necesita solución, problema que hemos debatido en profundidad sin llegar a una posición común en esta Cámara ni a una solución. Esto es así porque existe dentro de este tema una complejidad extrema. Entre los periodistas existen intereses muy diversos. Hay periodistas que exigen libertad para percibir sus remuneraciones por artículo o a la pieza y que, en definitiva, quieren ser freelance para operar; hay periodistas que tienen una determinada vinculación con la empresa trabajando a tiempo parcial; y existe la situación de la empresa contraria a la que manifiestan estos trabajadores.

Esta propuesta se ha presentado aquí para limar las diferencias o asperezas que pueden existir entre las dos fuerzas mayoritarias que dominan esta Cámara y hay que abrir un debate sobre este tema mediante una subcomisión. Esta Cámara no ha tenido ningún pudor ni ningún problema para resolver temas tan profundos como éste. Quisiera recordar aquí las acciones de la subcomisión del Pacto de Toledo, que no solamente llegó a un acuerdo en el año 1995, sino que prácticamente durante esta legislatura hemos sido capaces de encontrar soluciones de continuidad para mantener vivo el consenso en operaciones de futuro. Nuestro grupo propone a esta Comisión que seamos capaces todos juntos de crear una subcomisión del estatuto del periodista en la cual, antes de llevar adelante esta propuesta, estudiáramos la incidencia específica de este estatuto del periodista dentro del Estatuto de los Trabajadores, escucháramos a las partes implicadas y tuviéramos una respuesta recurrente a todas las quejas o a todos los debates que se están produciendo –si se consulta Internet, se puede saber que el Colegio de Periodistas de Cataluña, por ejemplo, tiene una propuesta de estatuto del periodista profesional y una amplia ley de propuesta de derechos laborales de los periodistas-. Pero también habría que oír a las empresas y conocer cómo funcionan los convenios colectivos o cómo funcionan las relaciones laborales entre estos trabajadores, que son los periodistas, y las empresas. Y otro agente social que tendría que opinar sobre el tema en esta subcomisión serían las organizaciones sindicales.

A partir de aquí, las conclusiones mantenidas sobre este tema por la subcomisión elevarían al debate de esta Comisión una propuesta que habría nacido del diálogo de todos los partidos de la Cámara y de todos los agentes implicados en la redacción del estatuto del periodista y, por tanto, podríamos promulgar los cambios en el Estatuto de los Trabajadores generados por la misma, respetando los criterios de libertad, los criterios empresariales y los criterios de derechos del trabajador, y presentar una solución a este tema. Reconozco que el tema no es fácil. El diálogo tiene que ser amplio y el consenso tiene que ser muy dialogado para que pudiéramos generar, como en el Pacto de Toledo, un estatuto profesional del periodista que, al cabo de dos o tres años, pudiera tener una revisión manteniendo la aplicación práctica de estas conclusiones que esta Cámara podría elevar.

En este espíritu de concordia que Convergència i Unió quiere mantener en esta Cámara para los temas más graves y más contundentes que tenemos en nuestra sociedad, nuestro grupo se va a abstener en esta proposición, y no por renunciar a las responsabilidades que tenemos como legisladores a favor de los trabajadores, ni por renunciar a escuchar las necesidades de estos periodistas, sino por la necesidad de que el diálogo que se abra aquí sea amplio y con una voluntad de entendimiento superior al de la propuesta que aquí se genera aquí. Es un tema que no hemos resuelto en muchos años, el Partido Popular dice que no se ha resuelto en catorce años de mandato socialista y llevamos ocho años de Gobierno Popular y el tema tampoco ha tenido solución. Por tanto, tenemos que coger el tema de frente, crear una subcomisión para que el tema tenga una solución efectiva y que todas las partes implicadas comparezcan aquí, tengan voz y den soluciones. Mientras no se así, nuestro grupo se abstendrá porque la vía que se propone aquí tiene muchos contratiempos y no posee el consenso que a nosotros nos hubiera gustado. No es una propuesta para que pudiéramos votar en su momento una ley en el hemiciclo con el consenso de todos los miembros de la Cámara y que fuera un éxito de este Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Señorías, estamos ante un debate que excede, por lo menos en el petitum de la proposición no de ley, del ámbito puramente jurídico laboral para entrar en el ámbito constitucional. Ha habido poco debate constitucional y, salvo en el caso del señor Ruiz que ha hecho un repaso de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia, los demás grupos han pasado de puntillas. El señor González Vigil, el portavoz del Grupo Socialista en esta materia, ha hecho un discurso maniqueo sobre la cláusula de conciencia y la regulación del secreto profesional. Es cierto que la Ley orgánica 2/1997 se hizo durante el gobierno del mandato popular, que no se había hecho durante el mandato del gobierno socialista y que es una ley que regula específicamente la cláusula de conciencia y el secreto profesional, pero no es cuestión de atribuirse méritos o de atribuir deméritos a nadie, aunque esto no es lo que me molesta. Me molesta que en un discurso maniqueo se diga que quienes votan a favor de esta proposición no de ley estarán a favor de una información de calidad, plural y veraz, como si en nuestro país no tuviéramos una información de calidad, no tuviéramos una información veraz y no tuviéramos una información plural. Claro que la tenemos. Lo que ocurre es que hay situaciones en las que determinados partidos políticos no pueden dar buenas noticias, como es el caso del Grupo Parlamentario Socialista y del Partido Socialista, pero esto no es culpa de una falta de regulación o de un exceso de regulación.

Su señoría se ha colgado de la brocha de la Resolución 1003 del Consejo de Europa y no ha hecho el repaso oportuno de la Constitución Española. Si usted repasara la Constitución Española vería que las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Eso nos dice el artículo 10.2 de la Constitución Española. Por tanto, la Resolución 1003 del Consejo de Europa tiene un valor interpretativo pero no un valor normativo. No es una norma imperativa, no una norma de ius cogens.

Señoría, a la vista de la jurisprudencia constitucional, a la vista de la regulación de la Ley orgánica 2/1997, retomando las palabras y la exposición que ha hecho el portavoz del Grupo de Izquierda Unida referente a la esencia de este derecho, al plus de protección que los profesionales del periodismo tienen respecto de la cláusula de conciencia y del secreto profesional, y a la vista de numerosas declaraciones del Tribunal Constitucional sobre los titulares del derecho a recibir información y a usar una información libre y veraz, creo que no es necesaria una regulación más en profundidad de la cláusula de conciencia y del secreto profesional.

Por otra parte, hay un punto en la proposición no de ley en el que su señoría sí incide en el ámbito jurídico laboral, que es la regulación del estatuto profesional del periodista para dar cobertura a esas nuevas modalidades de contratación o de prestación de servicios a las que estamos asistiendo. Señoría, usted sabe que el Estatuto de los Trabajadores, en su disposición adicional séptima, nos dice que solamente puede haber una regulación de carácter excepcional porque el actual modelo de relaciones laborales basado en la autonomía colectiva de empresarios y trabajadores prevé eso, que sólo con carácter excepcional se pueda regular las condiciones de trabajo de un determinado sector o rama de actividad. Yo creo que el debate habría que iniciarlo precisamente en el ámbito de la negociación colectiva, un ámbito al que no han hecho referencia sus señorías. No creo que los propietarios de los medios de comunicación vulneren la negociación colectiva, y no sé si su señoría lo cree. Creo que es ahí donde los sindicatos y la patronal deben empezar a abrir la brecha de una posible regulación de estas situaciones jurídicas, y solamente ante esa falta de iniciativa de empresarios y sindicatos podría el Gobierno, excepcionalmente, abordar esta materia. Por tanto, instemos al diálogo social a que aborde esta materia y dejemos de complicarnos la vida nosotros y a este país que, afortunadamente, cuenta con unos periodistas protegidos en relación con su derecho de secreto profesional y cláusula de conciencia y con unos medios de comunicación absolutamente libres para transmitirnos las noticias que tengan por conveniente, siempre y cuando esas noticias sean libres y veraces porque eso también es la esencia de un Estado democrático.

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