Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos




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E

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Distr.
GENERAL

E/CN.4/2006/9
20 de enero de 2006

Original: ESPAÑOL

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

62° período de sesiones

Tema 3 del programa provisional

Organización DE LOS TRABAJOS del período de sesiones

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia*


Resumen

Este informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia cubre el año 2005 y responde a la solicitud formulada por la Comisión de Derechos Humanos durante su 61° período de sesiones.

Contexto nacional y evolución del conflicto armado interno

El panorama del país durante 2005 giró en torno a debates normativos y al impacto del conflicto armado interno. También se destacó la notable influencia de los paramilitares y el proceso de negociación y de desmovilización de estos grupos. Fue debatido igualmente el Tratado de Libre Comercio (TLC). Se reformó la Constitución para permitir la posibilidad de reelección inmediata del Presidente de la República. La Corte Constitucional declaró que dicha reforma y la Ley de garantías electorales eran conformes a la Carta Política. La adopción en junio de la Ley Nº 975 de 2005 (Ley de "Justicia y Paz"), se constituyó en el marco jurídico aplicable para los desmovilizados responsables de graves crímenes. La evolución del conflicto se caracterizó por el mantenimiento de la ofensiva de las Fuerzas Militares contra la retaguardia

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*Este informe se distribuye en todos los idiomas oficiales. Los anexos al informe se distribuyen en idioma original y en inglés solamente.

de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP), así como por la persistencia de los grupos armados ilegales de atacar a los civiles. Continuaron las desmovilizaciones de grupos paramilitares, con algunas interrupciones. No se observaron avances sustantivos para lograr la libertad de las personas en poder de las FARC-EP, a pesar de diversos esfuerzos nacionales e internacionales. En el segundo semestre se activó el proceso de diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), previéndose un encuentro en el exterior entre el Gobierno y comandantes del ELN, en diciembre. El narcotráfico, el secuestro, la extorsión y el contrabando de gasolina continuaron siendo la principal fuente de financiamiento de los grupos armados ilegales. La Alta Comisionada visitó Colombia en mayo y sostuvo reuniones con autoridades y representantes de la sociedad civil. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó el país en julio.

Situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario

La situación de los derechos humanos se caracterizó por una serie de violaciones graves, vinculadas a los derechos civiles y políticos y a los retos pendientes en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales. Las estadísticas oficiales continuaron sin reflejar adecuadamente esta situación, con un enfoque integral de género. Pudo observarse la existencia de un patrón de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas, asociadas a violaciones vinculadas a la administración de justicia y a la impunidad. También se registraron detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y atentados contra la libertad de expresión. Esas violaciones no forman parte de una política deliberada del Estado desde las más altas esferas, pero su escaso reconocimiento por las autoridades y la insuficiencia de acciones correctivas impidieron superarlas. Continuaron existiendo violaciones de derechos humanos por a acción u omisión de servidores públicos en conductas perpetradas por paramilitares. La situación de pobreza, que afecta a más de la mitad de los colombianos, y en particular los grupos étnicos, las mujeres y la niñez, muestra los altos grados de inequidad, reflejados en el acceso y goce de los derechos a la educación, a la salud, al empleo y a la vivienda, entre otros.

Pudo observarse la persistencia de graves infracciones cometidas por los grupos armados ilegales, en particular las FARC-EP y los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Con sus acciones incumplieron las normas humanitarias y atacaron a la población civil. Las guerrillas, en particular de las FARC-EP y en menor medida el ELN, continuaron cometiendo homicidios, masacres, actos de terrorismo, amenazas y ataques a la población civil, toma de rehenes, utilización de minas antipersonal, reclutamiento de niños y niñas y ataques a la misión médica. Los paramilitares violaron repetidamente su compromiso de cese de hostilidades y persistieron en la comisión de homicidios, amenazas y ataques contra la población civil, toma de rehenes, tortura y tratos humillantes y degradantes, desplazamientos forzados, reclutamiento de niños y niñas y actos de violencia sexual. A los miembros de la Fuerza Pública, y en particular del Ejército, se atribuyeron infracciones al principio de distinción, entre ellas, por la utilización de niños como informantes y en otras actividades militares, así como el uso de escuelas y viviendas civiles, así como actos de violencia sexual.

Desafíos frente a la desmovilización y su marco jurídico

Colombia enfrentó en 2005 retos en materia de Estado de Derecho, paz, justicia y lucha contra la impunidad. Desde finales de 2003 se registraron más de 11.100 desmovilizados colectivamente de grupos paramilitares. A la Ley Nº 782 de 2002, y su decreto 128, se sumó, en junio, la Ley de "Justicia y Paz" como marco jurídico aplicable a las desmovilizaciones. Esta última prevé beneficios jurídicos para los desmovilizados que no pueden acogerse a la ley anterior por ser responsables de graves violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. A pesar de que hace referencia a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, la normativa no logra ser compatible con los principios internacionales. Adicionalmente, se observó que, debido a las debilidades institucionales de la justicia y a disposiciones de esta nueva ley, a la gran mayoría de los desmovilizados se les está aplicando la normativa que permite beneficios que incluyen el indulto. Por otra parte, las normas no abordan la problemática vinculada a la responsabilidad del Estado en varios de los crímenes de paramilitares por la acción u omisión de agentes estatales. Estas observaciones muestran las dificultades que se plantean para evitar la impunidad. No se han previsto mecanismos para garantizar el desmantelamiento de las estructuras ilegales. El paramilitarismo sigue teniendo fuerte influencia en varias regiones del país, controlando aspectos políticos, económicos y sociales. Se registraron incumplimientos del cese de hostilidades, el reclutamiento de nuevos miembros y la conformación de nuevos grupos.

Situación de grupos especialmente vulnerables

Varios grupos particularmente vulnerables fueron afectados por la acción violenta de los grupos al margen de la ley en el contexto del conflicto armado interno, así como por violaciones a sus derechos y libertades fundamentales. Algunas políticas y el comportamiento de ciertos servidores públicos también afectaron la situación de esos grupos. Entre ellos puede citarse a los defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones de mujeres y de víctimas, líderes comunitarios y de desplazados, y sindicalistas. Igualmente, comunidades en riesgo, como las desplazadas y las bloqueadas, así como las comunidades indígenas y afrocolombianas y otras minorías étnicas se vieron especialmente afectadas y fueron víctimas de violaciones e infracciones. A estos se agregan por su especial vulnerabilidad, la niñez, las mujeres, las personas pertenecientes a minorías sexuales, periodistas, miembros y líderes de partidos políticos, objetores de conciencia, personas detenidas, rehenes y desaparecidos, así como autoridades locales y operadores de justicia. Este tema se desarrolla en el anexo IV.

Políticas públicas e implementación de las recomendaciones

La oficina en Colombia continuó impulsando la implementación de las recomendaciones de la Alta Comisionada. Algunas instituciones del Estado realizaron mayores esfuerzos para avanzar en este proceso, mientras otras no tomaron medidas oportunas, pertinentes y congruentes. Al final del año se observó que el cuadro de implementación era muy variado y el proceso, en general, menos expeditivo de lo deseado. En materia de prevención y protección, se adoptaron algunas medidas positivas, como la adopción de protocolos para regular ciertos procesos del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) y el incremento del presupuesto para los programas de protección del Ministerio del Interior. Sin embargo, continúan existiendo debilidades en el campo operativo para adoptar y dar seguimiento a las

alertas, así como debido a tardanzas e ineficacia en la evaluación de los riesgos. La emisión de una circular sobre el respeto del trabajo individual y colectivo de los defensores de derechos humanos no ha cubierto adecuadamente la recomendación de sancionar los incumplimientos de las directivas presidenciales en la materia. No se observaron avances concretos para la revisión de los archivos de inteligencia. Se adoptaron algunas medidas destinadas a 2 de las 12 comunidades indígenas en riesgo de extinción incluidas en las recomendaciones. Se observaron esfuerzos importantes para atender los requerimientos de la Corte Constitucional para la debida atención de los desplazados, aunque continúa siendo necesario seguir avanzando.

Los grupos armados al margen de la ley continuaron incumpliendo abiertamente las recomendaciones de la Alta Comisionada. Las Fuerzas Militares, en sus operaciones, en ocasiones, han desconocido los principios humanitarios de distinción, limitación y proporcionalidad.

Se destaca la adopción de algunas normas, la ratificación de tratados internacionales y progresos en la elaboración del Plan de Educación en Derechos Humanos. En cuanto al Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos no se logró avanzar en la medida de lo esperado. Lo mismo se observó respecto de las recomendaciones dirigidas al Ministerio del Interior y de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC). En materia de impunidad, la Fiscalía y la Procuraduría General adoptaron algunas acciones. Continúa siendo preocupante el bajo número de sentencias, la poca efectividad de las investigaciones sobre responsabilidad de servidores públicos y la asunción indebida de casos por la justicia penal militar. En noviembre la Oficina suscribió un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Defensa para el estudio sobre los avances en la enseñanza de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario de manera integral, sistemática y operacional. Poco se avanzó en cuanto a sancionar los vínculos de servidores públicos con paramilitares y a desmantelar efectivamente el paramilitarismo. La inequidad y la pobreza generalizada siguieron siendo los principales retos en materia de políticas sociales y económicas. No hubo progresos en la elaboración de un sistema estadístico adecuado sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Recomendaciones

En concordancia con la Declaración hecha por el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y aprobada por la Comisión por consenso el 22 de abril 2005, la Alta Comisionada enfatiza la importancia de implementar las recomendaciones que les ha dirigido a las autoridades nacionales de las tres ramas del poder público y de los órganos de control encargados de la protección y promoción de los derechos humanos, a sectores de la sociedad civil, a la comunidad internacional y a los grupos armados ilegales. El texto completo de las recomendaciones está incluido en el anexo I.

La Alta Comisionada alienta a las autoridades nacionales a prestar especial atención a seis recomendaciones. Continúa formulando, con énfasis especial, exigencias importantes dirigidas a los grupos armados ilegales. La Alta Comisionada también considera de vital importancia que el país supere el conflicto armado interno por medio de diálogos y negociaciones que desde el comienzo prioricen el respeto del derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

La Alta Comisionada tiene la firme convicción de que la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario podría mostrar una sensible mejoría si las recomendaciones se aplican de manera consistente e integral. Algunos avances logrados durante 2005 deben estimular a hacer mayores esfuerzos durante 2006 y a más largo plazo. La Alta Comisionada recomienda que el actual mandato de su oficina en Colombia sea prorrogado con suficiente antelación a la fecha de su vencimiento en octubre de 2006.

ÍNDICE

Párrafos Página

INTRODUCCIÓN 1 - 2 7

I. CONTEXTO NACIONAL Y EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO
ARMADO INTERNO 3 - 15 7

II. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DEL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 16 - 69 10

III. DESAFÍOS FRENTE A LA DESMOVILIZACIÓN Y SU
MARCO JURÍDICO 70 - 80 20

IV. SITUACIÓN DE GRUPOS ESPECIALMENTE
VULNERABLES 81 - 90 22

V. POLÍTICAS PÚBLICAS E IMPLEMENTACIÓN DE LAS
RECOMENDACIONES 91 - 136 23

VI. RECOMENDACIONES 137 - 151 31

Anexos

I. Recomendaciones 2006 33

II. Actividades de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos 37

III. Casos representativos de violaciones de derechos humanos e infracciones al
derecho internacional humanitario 45

IV. Situación de grupos particularmente vulnerables 63

V. Desafíos frente a la desmovilización y su marco jurídico 71

INTRODUCCIÓN

1. La Comisión de Derechos Humanos solicitó en 1996 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que estableciera una oficina en Colombia, teniendo en cuenta la invitación del Gobierno de este país. Dicha oficina fue establecida el 26 de noviembre de 1996, mediante acuerdo firmado por el Gobierno de ese país y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En el marco de este acuerdo, la oficina en Colombia debe observar la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario con el objeto de asesorar a las autoridades en la formulación y aplicación de políticas, programas y medidas para la promoción y protección de los derechos humanos, en el contexto de violencia y conflicto armado interno que vive el país. Ello debe permitir a la Alta Comisionada presentar informes analíticos a la Comisión. El acuerdo fue prorrogado en septiembre de 2002 por iniciativa del Presidente Álvaro Uribe hasta octubre de 2006.

2. En el 61º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, en la Declaración del Presidente, se reafirmó que la oficina en Colombia del Alto Comisionado "desempeña un importante papel en el trabajo contra las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario […] por medio de la observación, el asesoramiento, la cooperación técnica y las actividades de información y promoción", y solicitó a la Alta Comisionada que presentase "un informe detallado en el que figure el análisis de su Oficina sobre la situación de los derechos humanos en Colombia". Este informe cubre el año 2005, y va acompañado de cinco anexos: sobre recomendaciones, las actividades de observación, asesoría, cooperación técnica y promoción de la oficina en Colombia; sobre violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; sobre la situación de grupos particularmente vulnerables; y sobre desafíos frente a la desmovilización y su marco jurídico.
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