Dirección general de los estudios de postgrado




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UNIVERSIDAD CATOLICA “ANDRES BELLO”

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS ESTUDIOS DE POSTGRADO

AREA DE DERECHO

ESPECIALIDAD EN DERECHO PROCESAL



El Amparo a los Derechos Humanos ante Organismos Internacionales

Participantes:

Acero Clemencia

C.I.: 5.685.559

Araujo Maria de los Angeles

C.I.: 17.266.421

Ballan Chehayeb Acram

C.I.: 17.584.984

Muchacho Alba

C.I.: 10.404.712

Muchacho Maria Gabriela

C.I.: 11.320.905

Facilitador: MSc. Adolfo Gimeno


Trujillo, Mayo 2010

Resulta interesante realizar un exhaustivo análisis del Amparo de los Derechos Humanos fundamentales en el ámbito internacional y como éste se concreta en el caso Venezolano en el recurso constitucional contenido en el artículo 31 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

La formulación del derecho y/o amparo de los derechos fundamentales, dentro de un racional, justo, expedito, efectivo y eficaz procedimiento, tiene dos dimensiones: una constitucional y otra supranacional, en la medida que las constituciones se insertan en un contexto tutelado por el derecho internacional de derechos humanos, los cuales en algunos casos forman parte de la Constitución y tienen jerarquía constitucional y, en otros casos específicos, la Carta Magna sólo determina la limitación de la soberanía o potestad estatal por los derechos esenciales. Aunado a esto, el análisis debemos hacerlo teniendo presente que, en el derecho interno, estamos en el ámbito del derecho procesal constitucional y no en el ámbito procesal civil, penal o laboral, aspecto que suele olvidarse.

Al precisar el artículo 19 de la CRBV que el estado garantizara a toda persona el goce y disfrute de los Derechos Humanos de conformidad con la propia constitución y con los tratados suscritos y ratificados por Venezuela, siendo de obligatorio acatamiento y respeto para los órganos que conforman el Poder Público, constituye límites a la soberanía, es decir, tales derechos deben ser asegurados y garantizados independientemente de su fuente formal, la que puede ser en algunos casos a propio tenor de la Constitución o, en otros, el derecho internacional de los derechos humanos. Para ello solo es suficiente que el Estado, a través de sus órganos competentes, haya manifestado su voluntad irrefutable de asegurar y garantizar tales derechos como esenciales, en cuanto atributos de la persona humana o difusiones directas de la dignidad humana, las cuales, por norma general, están incluidas en los preámbulos de los tratados de derechos humanos, así los derechos asegurados por dichos cuerpos normativos son efectivamente límites a la soberanía, debiendo ser asegurados y promovidos por todos los órganos y autoridades del Estado.

En el caso particular de Venezuela con la entrada en vigencia de La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 30 de diciembre de 1999, se proporcionó rango constitucional al Derecho de Amparo Internacional, según lo establece el artículo 31, el cual consiste en la facultad que posee cualquier persona o grupo de personas para dirigir denuncias, peticiones o quejas a los organismos internacionales de protección de derechos humanos, cuya competencia haya aceptado Venezuela. Dentro de tales organismos se encuentran la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humano (Corte Int. DH).

La sujeción a tal derecho debe proporcionarse como cumplimiento de buena fe de los tratados internacionales, que obliga a los Estados partes (principio pacta sunt servanda, artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados) en concordancia con lo establecido en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La sentencia 1013, del 12 de junio de 2001, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), despierta la discusión en torno a los jueces de este máximo tribunal, emitiendo un comunicado, el 25/07/01, de apoyo irrestricto a la Sentencia, firmado por el resto de los magistrados de la Sala Plena que no participaron en la aprobación de esta Sentencia. afirmando lo siguiente: "las decisiones de este Tribunal Supremo de Justicia en sus diferentes Salas, no están sometidas a ninguna revisión por parte de instancias internacionales, porque ellas constituyen ejercicio pleno de nuestra soberanía y se dictan conforme a nuestro ordenamiento jurídico, en nombre del pueblo venezolano y como expresión de una patria libre".

Debemos reseñar que en fecha 20/07/01, la CIDH daba curso a la impugnación presentada por Elías Santana, el 16 del mismo mes. En la misma fecha del 20/07/01, la Sala Constitucional del TSJ, en ponencia del magistrado José Delgado Ocando, declaró improcedente el recurso de interpretación de los Artículos 57 y 58 de la Constitución interpuesto el 22/06/01, por el representante del Estado en materia de Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e Internacional, para ese entonces, Hermán Escarrá. Basado en el argumento de que la interpretación de los artículos de la Carta Magna es una tarea propia de la Asamblea Nacional (AN), el magistrado Ocando dictaminó que el recurso de interpretación introducido por Escarrá implica para el TSJ la afectación del principio de división del poder y de la distribución de funciones que rigen el sistema estatal nacional y a todas sus instancias.

En el documento legal, utilizado por Escarrá para incitar un cambio de actitud por parte de la Sala Constitucional ante las críticas que con suficiente razón a recibido la Sentencia 1013, se solicitaba aclarar "si a través de un acto de gobierno, acto administrativo, acto materia de la administración o sentencia podrían establecerse condiciones y restricciones a la libre expresión del pensamiento y a los derechos de información y de réplica, distintas a las establecidas en la ley, especialmente de los periodistas".(resaltado nuestro)

De lo anterior podríamos preguntarnos: ¿Será que los magistrados venezolanos pretenden desconocer de esta manera el derecho de la población venezolana al amparo internacional cuando se trate de sentencias del TSJ violatorias de los derechos humanos?, tal vez bajo una óptica obsoleta de la soberanía del estado Venezolano y apuntando un desconocimiento básico del Derecho Internacional que establece el principio de la unidad del Estado. Este último principio hace que cualquier acto de un agente o de un órgano o autoridad, incluyendo los Tribunales Nacionales, violatorio de un tratado, concibe, en si mismo, la responsabilidad internacional del Estado.

En otro aparte, los magistrados del TSJ afirmaron "que los tratados, pactos o convenciones relativos a los derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tienen jerarquía constitucional y por tanto su interpretación jurídica corresponde a la Sala Constitucional de este Alto Tribunal". Adosa sobre este punto, el profesor Héctor Faúndez precisó que "para el TSJ, como los tratados de derechos humanos tienen rango constitucional, no es a las instancias internacionales a quienes corresponde interpretarlos, sino a la Sala Constitucional.

Por consiguiente, tal decisión ignora lo acordado en los propios tratados, y desconoce lo previsto en el Artículo 31 de la Constitución Nacional, ordenando adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las decisiones emanadas de los órganos previstos en tratados ratificados por la República.

Siguiendo el mismo sentido, el magistrado Levis Ignacio Zerpa (Sala Político Administrativa), afirmó lo siguiente: "recordamos que los tratados valen si no contradicen la Constitución. No hay instancias que puedan revocar la sentencia 1013. Los fallos de este tribunal sólo tiene recursos ante Dios, de acuerdo con la constitución que establece que Dios nos ilumina a todos”.

Conforme con la referida sentencia la CIDH sólo puede hacer sugerencias, no exigir que el TSJ dicte una sentencia nueva. Al parecer, el magistrado Zerpa, con su primera frase, invirtió el sentido del artículo 23 de la Constitución que claramente establece la prevalencia de los tratados en el orden interno en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y las leyes de la República.

La CIDH recibió tres denuncias contra el Estado venezolano por violación a los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Conv. Ame. DH), generados por la sentencia 1013 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Las denuncias fueron interpuestas por el Bloque de Prensa Venezolano y por los ciudadanos Elías Santana y Cecilia Sosa, fundamentadas en la violación a los artículos 1.1, 8, 13, 14, 23, 24, 25 y 29 de la Conv.Ame.DH. Aún sigue pendiente la decisión de la CIDH sobre la admisibilidad de la denuncia interpuesta por las violaciones a los derechos humanos de la señora CECILIA NÚÑEZ CHIPANA, presentada por Provea. De igual forma continúa inacabado el cumplimiento de la sentencia de la Corte Int. DH en el caso de la masacre de El Amparo. Sobre este último punto, es bueno acotar la siguiente información: el 25/04/01 se realizó en la sede de la CIDH (Washington) una reunión con la participación de los representantes de las víctimas y del Estado Venezolano. Argumentando, el Estado Venezolano, que se había cumplido con el pago de la indemnización trayendo como prueba los documentos de finiquitos, y afirmo que los tribunales militares, tras una investigación independiente, habían emitido una decisión final que debía acatarse respetando así la independencia del Poder Judicial.

Con respecto a la investigación penal de la masacre, los representantes de las víctimas afirmaron que no se cuestionaba la independencia del Poder Judicial pero que sí se cuestionaba la violación al derecho a la justicia al no existir sanciones penales a los responsables, en un caso en el que el Estado venezolano había aceptado su responsabilidad internacional, sin que sirviera de excusa para el Estado el principio de la independencia del poder judicial.

Es imprescindible resaltar la ratificación realizada por Venezuela a la Conv.Ame.DH el 23 de Junio de 1977, asi como el reconocimiento expreso que efectúo el 09 de agosto de 1977 a las competencias de CIDH y el 24 de Junio de 1981 a las competencias de la Corte Int. D H, a los efectos de dejar sentado que los mismos son derecho vigente y se encuentran legalmente suscritos por nuestro país.

En este sentido y teniendo presente que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Conv. Ame. DH contienen los valores y principios de libertad, igualdad y justicia social que son intrínsecos a la democracia y con el ánimo de reafirmar la promoción y protección de los derechos humanos como condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática, reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos para la consolidación de la democracia, son reafirmados los mencionados tratados con la aprobación, en el año 2001, de la CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA (CDI).

El artículo 8 de la CDI expresa textualmente:” Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo. Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio”. Podemos observar que se sujeta nuestro país al reconocimiento de un sistema interamericano de protección d los derechos humanos.

Ahora bien, es cierto que existe toda una gama de normativa internacional suscrita y que forma parte de nuestro derecho interno para el tratamiento de los derechos humanos, detallaremos un poco sobre sus competencias y procedimientos para pasar luego a estudiar el tratamiento que ha dispensado la Sala Constitucional del TSJ a los mismos, el cual no difiere en tanto grado de la sentencia descrita al inicio del presente análisis, solo ofrecen sensatez y lógica los votos salvados de disidentes de uno que otro Magistrado.
La Comisión y la Corte presentan disímiles competencias

Dentro de las diferentes competencias que tiene la CIDH y la Corte Int. DH, logramos localizar un tratamiento peculiar donde la Comisión sí tiene un ámbito más amplio de protección que el Tribunal Interamericano debido a que su esfera de actuación no se circunscribe a la Convención Americana, sino a la Declaración Americana y a otros tratados en materia de Derechos Humanos.

Indica el artículo 23 del Reglamento de la Comisión que cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de algunos de los derechos humanos reconocidos, en los siguientes instrumentos:

  • La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

  • La Convención Americana sobre Derechos Humanos.

  • El Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en Materia de de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

  • El Protocolo Relativo a la a la Abolición de la pena de muerte.

  • La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

  • La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y

  • La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Citando este artículo, no hay lugar a duda sobre la amplia competencia de la Comisión Interamericana más que la propia Corte Interamericana. Ya la Comisión interamericana integra de manera regular normas de otros instrumentos internacionales que le han permitido tener un alcance extenso. A titulo ilustrativo cabe señalar el caso de la tribu Aché, No. 1802 (Paraguay), un punto resuelto por la Comisión fue el que recomendara al Estados paraguayo, adoptar enérgicas medidas para proteger de manera efectiva los derechos de la tribu Aché, de donde se deduce que se refiere a derechos de colectividades y no de individuos.
Personas legitimadas para presentar una petición ante la Comisión Interamericana

Conforme el artículo 23 del Reglamente de la CIDH:

  • Cualquier persona

  • Grupo de personas

  • Entidades no gubernamentales legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA, en su propio nombre o en el de terceras personas.

  • Podrá el peticionario designar en la propia petición, o en otro escrito, a un abogado u otra persona para representarlo ante la Comisión.

  • También la Comisión podrá, por motu propio, iniciar la tramitación de una petición que contenga, a su juicio, los requisitos para tal fin (art.24 Reglamento de la CIDH).


Condiciones necesarias para la consideración de las peticiones ante la CIDH

Es obligatorio conocer los aspectos, que a continuación se detallan, para que nuestra queja o petición no encuentre impedimento alguno:

1. El Estado a quien se le acusa, deberá haber violado uno de los derechos humanos establecidos en la Conv.Ame.DH o la Declaración Americana, o de algunos instrumentos interamericanos mencionados anteriormente en el punto de las disimiles competencias. (art. 27 de la Reglamento de la CIDH).

2. Agotar los recursos internos. Con respecto a esta regla, la Convención Americana en su artículo 46.1 señala: para que una petición o comunicación presentada conforme los artículos 44 ó 45 sea admitida ante la Comisión se requerirá: que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos. En igual forma se pronuncia el artículo 31.1 del Reglamento de la CIDH.

3. La petición ante la Comisión deberá presentarse dentro de los seis meses contados a partir de la fecha en que la presunta víctima haya sido notificada de la decisión que agota los recursos internos (art. 32.1 Reglamento).

4. La solicitud no deberá estar pendiente de otro arreglo ante un organismo internacional (art. 33.1.a Reglamento).
Requisitos que debe contener la petición para ser presentada ante la Comisión

1. Toda petición dirigida a la Comisión debe presentarse por escrito y deberá contener:

  • El nombre de la víctima, es decir la persona que sufre el hecho.

  • Nacionalidad (por ejemplo guatemalteco)

  • Ocupación, o profesión (carpintero, abogado)

  • Dirección y firma.

  • Si el peticionario sea una entidad no gubernamental (ONG), se debe incluir el nombre y la firma de su representante legal.

2. La petición debe decir claramente la violación ocurrida, indicando, cuál derecho consagrado en la Convención Americana u otras normas interamericanas aplicables han sido violados. Debe señalarse la fecha y lugar en que ocurrió la violación, e identificar al gobierno responsable. Si fuera posible, el nombre de todo funcionario que haya tenido conocimiento del hecho o la acción.

3. La petición debe llevar la información que indique que se han agotado todos los recursos ante la jurisdicción interna, plasmando las gestiones que se hayan hecho ante las autoridades de justicia y los resultados obtenidos. Si los recursos internos no fueron agotados, se debe indicar las causas del porque no fueron agotados tales recursos.

4. La petición debe contener todos los detalles del caso y proporcionar todas las pruebas posibles que lleven a esclarecer el o los hechos. En este caso, las partes pueden utilizar la prueba documental que obre en su poder, referida tanto a documentos públicos como privados. Un aspecto que adquiere relevancia es la prueba testimonial, la que puede ser aportada por las partes a través de instrumentos en los que conste fehacientemente su veracidad o pueden ser recibidos por la Comisión en su sede o durante una investigación in loco (visita en el lugar) previa la autorización correspondiente de la autoridad del estado que se trate.


5. Tratándose de situaciones de emergencias como grave peligro a la integridad personal, salud o vida de una persona, se podrá solicitar la adopción de medidas cautelares. Para esto, el escrito debe ser breve y enviarse por cualquier medio, ya sea por fax o telegrama. En estas situaciones, la Comisión tiene facultades para actuar con rapidez, para evitar daños irreparables a las personas víctimas de los hechos.
Procedimiento ante la Comisión Interamericana (Art. 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44).


1. La Comisión Interamericana recibe la queja o petición.

2. Una vez admitida la petición, se inicia una fase de investigación para establecer los hechos contenidos en la denuncia.

3. La parte que presenta la queja recibe una notificación, en caso de que la Comisión necesita de más información.

4. Si la queja es aceptada, la registrará, hará constar en ella la fecha en que se recibe y acusará de recibo al peticionario.

5. Una vez abierto el expediente, se prepara un resumen escrito de la queja y se envía al Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno acusado por la violación a los derechos humanos. En este resumen, la identidad del peticionario no será dada a conocer, a menos que lo autorice, con el fin de evitar una amenaza por parte del gobierno acusado.

6. La Comisión pide al gobierno que responda la queja lo más pronto posible, generalmente no más de 90 días después de la notificación.

7. Los gobierno responden, cuando lo hacen, un resumen de la respuesta del gobierno es enviado a la parte que efectúa la queja y 30 días le serán dados para responder a las manifestaciones. Si el gobierno no responde, su silencio puede ser utilizado como evidencia de que la queja es verdadera. “Se presumirán verdaderos los hechos alegados en la petición cuyas partes pertinentes hayan sido transmitidas al Estado en cuestión, si éste no suministra información relevantes para controvertirlo dentro del plazo fijado por la Comisión conforme el artículo 38 del presente Reglamento, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria. (Art. 39. Presunción. Reglamento de la CIDH).

8. Este proceso de intercambio de la queja y otra información sobre la parte peticionaria y el gobierno acusado puede continuar por períodos más largo si se necesita clarificar aun más la información. Este intercambio ayuda a la Comisión a decidir los hechos sobre los alegatos efectuados en las quejas, asimismo, la comunicación con ambas partes apoya los esfuerzos de la Comisión de llegar a una conciliación entre las partes.

9. Mientras se investiga el caso, la Comisión puede decidir si llevará a cabo audiencias orales de las partes o testigos involucrados en los hechos. Estas audiencias sólo permanecerán abiertas para las personas que son invitadas a las mismas.

10. La Comisión también puede decidir el envió de sus propios miembros o representantes al país en donde tuvo lugar la violación a los derechos humano, para llevar a cabo una investigación in loco. Esto permite un examen de cerca de la situación. Existen casos durante la investigación en que la Comisión ha efectuado arreglos para entrevistar a las víctimas y testigo e completa confidencialidad. Los países que han ratificado la Conv. Ame. DH poseen una obligación legal de cooperar con la Comisión en estas visitas.

11. Mientras que la queja está siendo considerada por la Comisión, la parte denunciante puede enviar información con el objetivo de actualizar la queja.

12. La Comisión actúa como mediador nunca como Corte, tratando de buscar un arreglo amistoso entre las partes.

13. Si la Comisión decide que un arreglo amistoso no puede ser logrado, prepara un informe con toda la información recibida. Este informe contendrá propuestas específicas y recomendaciones sobre pasos que el gobierno deberá llevar a cabo para resolver los problemas de derechos humanos dentro de un período de tiempo específico.

14. Si el gobierno no sigue sus recomendaciones, la Comisión puede entonces publicar su informe y sacar uno nuevo, o bien, enviar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que el Estado haya aceptado su competencia contenciosa. Para el caso de Venezuela, sí tiene aceptado la competencia de la Corte. Dice el artículo 44.1 del Reglamento de la Comisión: “Si el Estado en cuestión ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, de conformidad con el artículo 62 de la Convención Americana, y la Comisión considera que no ha cumplido las recomendaciones del informe aprobado de acuerdo al artículo 50 del referido instrumento, someterá el caso a la Corte, salvo por decisión fundada de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión.

15. La publicación de un informe firme y crítico ante la Asamblea de la OEA y el público en general puede llegar a ser políticamente embarazoso para un determinado gobierno. La amenaza de tal publicidad es muchas veces suficiente presión para convencer al gobierno a que debe seguir las recomendaciones metidas por la Comisión.
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