Que en fecha 23 de setiembre de 2011 la Fiscal Federal subrogante Nro. 2 de la ciudad de Rosario, Dra. Liliana Bettiolo inicia Actuaciones Preliminares




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Que en fecha 23 de setiembre de 2011 la Fiscal Federal subrogante Nro. 2 de la ciudad de Rosario, Dra. Liliana Bettiolo inicia Actuaciones Preliminares consistentes en conversaciones telefónicas y mensajes de texto, de las que surgiría la presunta comisión de hecho ilícitos por parte de personas pertenecientes a la Policía de Santa Fe en connivencia con la actividad de narcotráfico del Sr. Carlos Andrés Ascaíni.

Que en fecha 21 de marzo de 2012 (fj. 95/96) la Fiscal Federal subrogante de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Dra. Bettiolo formula Requerimiento de Instrucción afirmando la existencia de una conversación telefónica entre el Cabo Primero Quintana de la Comisaría de Villa Cañas, provincia de Santa Fe, y el mencionado Ascaíni, quien le comenta que era seguido por una camioneta marca Isuzu de color blanca, y solicitándole que la identificara.

Tal requerimiento motivó el inicio de la causa caratulada “TOGNOLI, Hugo Damián s/ley 23.737”, Expte. Nro. 282/12.
Aquí es preciso aclarar que el Cabo Quintana no era dependiente de la Dirección de Drogas Peligrosas, por lo tanto, no estaba ni bajo el mando, ni debía cumplir órdenes, ni nada tenía que ver con Tognoli, quien se desempeñaba como Director de Drogas Peligrosas. La cadena jerárquica de la cual dependía Quintana en ese entonces era en primera instancia el jefe de su comisaría, luego del Jefe de Zona y posteriormente del jefe de la Agrupación Orden Publico y del jefe y Subjefe de la Unidad Regional, y por sobre ellos, el Jefe y Subjefe de Policía.
Por otra parte, la Policía de Seguridad Aeroportuaria informó que la camioneta marca Isuzu de color banca, dominio DSI 951, pertenecía a la flota de esa fuerza.

Que del Informe de la Dirección Nacional de Registros de Propiedad Automotor sobre posibles consultas efectuadas respecto del Dominio DSI 951 (fj. 81), surge que en fecha 25 de noviembre de 2009 desde el usuario “segu210183” de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la Policía de la provincia de Santa Fe, en ese entonces a cargo de Tognoli, en carácter de Director de dicha Dependencia, se realizó una consulta a la base de datos de ese organismo registral.

Primero comenzaremos por analizar la escucha telefónica:

A fojas 54 casete nro. 6 desde las 13,15 hs del 23-11-09 a las 09,40 hs del 30-11-09, llamada 10 saliente, transcripción: a-) Es el cabo 1ro. Quintana y b-) es Carlos Ascaini.

a-) Comisaría

b-) Hola sí, con quien hablo

a-) cabo 1ro. QUINTANA, quien habla

b-) eh..que tal. Ascaini te habla

a-) Ah...que haces loco, como andas

b-) sabes que tengo un problema loco, me siguió una chata hasta

Teodelina y ahora me siguió hasta mi casa

a-) Donde estas vos

b-) estoy en la eh...avenida 61

a-) si

b-) y agarro...viste Aserrinac para arriba

a-) aja

b-) yo ahora quiero que lo identifique a ve que onda, porque me siguieron

a-) bueno don... vos donde estas, 61 y que

b-) y la chata doblo por la 53 ahora

a-) que camioneta es

b-) una blanca, una Isuzu

a-) una Isuzu blanca que...cabina simple, doble cabina

b-) doble cabina con una lona

a-) listo, listo ahora vamos para allá

b-) DALE ACA LO TENGO YO EN LA 63

a-) Listo, listo, listo
Lo primero que se debe destacar es que en ningún momento le da la patente del vehículo y si a esos le sumamos lo obrante a fojas 885 (fotocopia libro de guardia comisaría Villa Cañas), se observa que QUINTANA tiene PRESENTE en la comisaría a las 18 Hs y salida a las 18,15 horas con BORSATO en móvil 3343, que es cuando salen e interceptan al vehículo de la PSA, regresando a las 19,45 Hs.

La consulta a través del SEGU 210183, asignado a FERNANDEZ por el Registro del Automotor, fue realizada a las 18:08:19, tal como obra a fojas 81.

Entonces si tenemos en cuenta los horarios, ¿cómo pudo QUINTANA solicitarle a FERNANDEZ la titularidad de la patente si aun no la sabia?-

Pero lo que resulta llamativo es que si Ascaini le hubiera solicitado a Fernández o a otra persona que le averigüe la pertenencia de dicha patente, ¿por qué causa o razón no se encuentra la escucha telefónica? como si está la que Ascaini se comunica con la Comisaría de Villa Cañas y habla con el Cabo Quintana y le solicita la intervención de este ante el seguimiento que estaban realizando los vehículos sobre su persona, sobre todo considerando que el teléfono intervenido era el de Ascaini y no el de la Comisaría.

También resulta llamativo que según el listado de llamadas entrantes y salientes desde el 23-11-09 al 30-11-09 del abonado nro. 03462306088 de CARLOS ASCAINI, que obra a fojas 136/137, Y SE ENCONTRABA INTERVENIDO, SOLO se observan dos llamadas realizadas por el mismo en fecha 25-11-09 una a las 09,27 Hs al nro. 0346215554818 perteneciente a ELIZABEL ROSANA ABBA y la otra a las 12,18 hs al abonado 0346215309645 perteneciente a JUAN MANUEL BELESIA, en la oportunidad habla conforme a escucha con SILVINA BELESIA.- SIN EMBARGO, NO OBRA LA LLAMADA A LA COMISARIA! ENTONCES DE DONDE SALE LA TRANSCRIPCIÓN DE LA ESCUCHA SI CONFORME A LA EMPRESA CLARO ESA LLAMADA NO EXISTE.- El Nro. de la Comisaría es 03462450013.-

Que conforme a las transcripciones del casette nro. 6 que obra a fojas 54/59 del teléfono intervenido a Ascaini nro. 03462306088 figuran transcripta 23 comunicaciones en ese período de tiempo, que serian conforme a detalle de la misma 12 comunicaciones salientes y 11 entrantes.

Las salientes están identificadas con el nro. 4, 5, 6,8,9,10,11, 12, 17, 18, 20 y 22

Pero si nos remitimos al listado de llamadas salientes a fojas 137 remitido por la empresa claro solo figuran 5 llamadas salientes efectuadas del teléfono intervenido

En tanto que si nos remitimos a fojas 136 listado de llamadas entrantes solo figuran 3 llamadas recepcionadas por el teléfono intervenido. ¿Entonces de donde son las otras transcripciones?

¿No existirá error de fecha o se utilizaron otros medios para efectuar las escuchas o es de otro teléfono intervenido dichas escuchas?
Pero además Ascaini antes de cortar le dice a QUINTANA ACA LO TENGO YO EN LA 63, lo que significaría que lo siguió y espero la llegada del personal policial. Esto se ve avalado con lo que dice Ascaini a fojas 73 al declarar con motivo del Habeas Corpus que expresa: CUANDO LOS PARAN AHI SE IDENTIFICARON COMO POLICIAS. Esto está respaldado por los dichos de BORSATO (que es quien acompaño a Quintana a identificar a la camioneta de la PSA) a fojas 829 vto. Quien dice que: ellos venían andando y como vemos que era un vehículo con las características que le había dado ASCAINI, paramos, yo me baje, se bajo quintana y le hicimos las preguntas. Sino como sabría ASCAINI que declaro en fecha 21-05-10 lo que iba a declarar BORSATO en fecha 29-11-12?

Por lo tanto puede verse que ASCAINI nunca le paso el dominio del vehículo, sino sus características, y segundo que espero la llegada del personal policial.
A fojas 71/72 obra Pedido de Habeas Corpus de Ascaini de fecha 20/05/2010 ante el Juzgado Federal Nº 4 por los constantes seguimientos que el OBSERVABA que realizaban sobre su persona. A fojas 71vto. dice que ellos mismos le dicen que son de una fuerza de seguridad y que están realizando tareas de investigación por una supuesta denuncia sobre el.-

A fojas 73 DECLARA ASCAINI en fecha 21-05-2010 en el Juzgado Federal Nº 4 ante el Dr. Bailaque, y dice que no entiende porque lo siguen, se paran frente a su casa y cuando voy no se identifican, por eso después voy a la comisaría para que me hagan una notificación de quien es esta gente y cuando los paran ahí se identifican como policías. Que siempre son las mismas dos camionetas. Luego manifiesta que la policía de villa cañas le informa que son de policía aeroportuaria, que él tiene los datos de las patentes de las dos camionetas y QUE CONFRONTADAS LAS MISMAS AVERIGUARON LOS DATOS DE TITULARIDAD DE LAS MISMAS. Que la policía de villa cañas le indico que lo estaban investigando a él.
Aquí también es preciso mencionar la negligente investigación que llevo a cabo la PSA, ya que fueron percatados en los seguimientos en reiteradas oportunidades por Ascaini, lo que motivo que este presentara un Habeas Corpus, del cual también tomo conocimiento la PSA, ya que tuvo que contestarlo, lo que implicaba que debía extremar las medidas en la investigación, ya que conocían que el investigado estaba alertado. Sin embargo, allano a los 13 días de presentado el Habeas Corpus. Entonces, ¿qué pretendía encontrar la PSA cuando allanó?,
A fojas 156/57 de fecha 21-09-12 obra informe de la PSA donde dice que de acuerdo a la consulta al sistema del RNPA y mensajes de texto entre LEDESMA Y LUQUE existe connivencia entre TOGNOLI y ASCAINI, SIN QUE EXISTA INVESTIGACION ALGUNA.
A fojas 104/127, en fecha 31-05-12 se agregó el listado de mensajes de texto del celular nro. 03462673107. En efecto, allí se analizó el intercambio de mensajes de texto, en el marco de la causa ‘GARCÍA, Roberto Oscar y otros s/ Trata de personas’, entre Nilda Luques y Oscar Ledesma, pidiéndole aquella a éste que le dé los nombres de los responsables policiales de drogas de Firmat, Villa Cañás y el Jefe de Santa Fe de droga, contestándole el segundo –según el mensaje de texto que el Jefe de Zona de Venado Tuerto es el Comisario José Pérez, el Jefe de Zona de Villa Cañás el Comisario Tobokol, y el Jefe de Drogas de la Provincia era el Comisario General Tognoli”, obrando a fojas 105 un mensaje mandado por LEDESMA a Nilda Luques donde le dice que “los de Firmat Orozco y Arias arreglan con los de drogas de venado y la federal 6000 x mes cada uno y el de villa cañas 30000 directo con Tognoli”. El de Villa Cañas es Ascaini.

Sin embargo, este mensaje que se utiliza como indicio contra Tognoli, no es más que una falacia sin ninguna apoyatura probatoria.

Inicialmente, adviértase que dicho mensaje es de fecha 21/11/2011, es decir casi dos años después del principal hecho investigado que es de fecha 25/11/2009.

A su vez, dicho mensaje de texto no prueba nada contra Tognoli, ya que se limita a los dichos de Ledesma, y a quien Tognoli solamente conoce por el hecho de haber realizado juntos el curso de cadetes en la Escuela de Policía, no habiendo tenido nunca con el mismo ningún tipo de relación y/o contacto. Y aunque en la causa Ledesma se negó a declarar, en una entrevista publicada en el diario Rosario 12 en fecha 28 de octubre de 2012 él mismo se limitó a decir que el contenido de ese mensaje de texto solo se trataba de un rumor que había.

No obstante esto, con ese criterio utilizado, si un imputado le pregunta al sumariante de un juzgado penal cuánto cobra el juez para sobreseerlo, y el sumariamente le contesta una determinada cifra, ello ya probaría el cohecho del juez, lo cual constituye un dislate jurídico.

Además si el mensaje de texto también se refiere de la protección de la policía federal, lo cual es omitido en el fallo del Juez Instructor como en el de la Cámara de Apelaciones, surge el interrogante de por qué razón no se investigó a qué funcionarios se refiere dicho mensaje.

Pero además en el informe de inteligencia elevado por la B.O.D. VIII de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones en una investigación que estos realizaban sobre Ascaini y Orozco, más precisamente a fj. 1386, el Comisario Druetta, quien se desempeña como jefe de esa Brigada y por lo tanto llevaba a cabo esa investigación, informó que había trascendido desde el bunker de Totola, que este estaría arreglando con los de droga de Venado (o sea con la B.O.D. 8 y por lo tanto también con Druetta) por “30 lucas mensuales” para poder vender tranquilo. Ante la negativa por parte del Comisario Druetta de que esto fuera cierto, puede presumirse que solo se trata de un comentario que existe en la zona o tal como lo afirma Druetta en ese informe, que no descarta que haya habido alguna persona que cobraba a nombre de estos.
Pero lo que más demuestra que lo que afirma el mensaje de texto no es cierto es que Ascaini fue detenido por el personal de la B.O.D. VIII de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, siendo que días antes, Tognoli había encomendado al jefe de esta, es decir, al Comisario Alejandro Druetta, que lo investigue a Ascaini, lo cual se encuentra declarado por Druetta en fecha 22 de agosto de 2013. Este afirmó que cuando estaba por asumir como jefe de la B.O.D VIII, Tognoli lo citó a su despacho y le ordenó que investigara a Ascaini como a Orozco. Por lo que se demuestra la imposibilidad y echa por tierra esta falacia de que existía un arreglo entre Ascaini y Tognoli.
Que en fecha 25 de setiembre de 2012, a fj. 158/160, la Fiscal Federal subrogante Dra. Bettiolo solicita al Juez Federal Nro. 3 de la ciudad de Rosario Dr. Carlos Vera Barros que proceda a la detención del comisario Tognoli a fin de recibirle declaración indagatoria, y se disponga el registro de su domicilio y de su despacho.
Que ante el pedido de detención que formula la fiscal subrogante, el Dr. Marcelo Bailaque que intervenía como juez suplente ante la licencia del Dr. Vera Barros, mediante Decreto de fecha 28 de septiembre de 2012 (fj. 161), dispone que la fiscal deberá “detallar la imputación de hechos que pretende se le dirija en declaración indagatoria” al suscripto.
Desde el 28 de septiembre de 2012 no se produce ninguna diligencia en este proceso, hasta el día 19 de octubre de 2012, fecha en la cual el diario “Página 12” de la ciudad de Buenos Aires, titula la tapa de la edición del viernes 19 de octubre de 2012 con la expresión “La delgada línea blanca”, ilustrándola con una foto de Tognoli vestido de uniforme, y con un subtítulo que señala “piden la detención del jefe de Policía de Santa Fe, comisario Hugo Tognoli, en una causa por coimas y complicidad con las redes de narcotráfico de esa provincia. Aparece comprometido en escuchas telefónicas y por una ayuda a un narco para que eluda la persecución policial”; en el interior de esa edición, figura una nota firmada por el periodista Raúl Kollmann titulada “cuando las sospechas apuntan a los uniformes”, quien brinda amplios detalles de la causa.

Ese mismo día 19 de octubre de 2012, la fiscal federal subrogante Dra. Bettiolo presenta un escrito (fj. 172) al Juez Federal Dr. Vera Barros, con cargo de las 15.20.- hs, es decir fuera del horario hábil de atención, solicitando textualmente que “teniendo en cuenta los hechos acaecidos en el día de la fecha y la trascendencia pública que ha tenido la presente causa, a criterio de este Ministerio Público corresponde se haga lugar” a la detención del comisario Tognoli, surgiendo el interrogante de cuáles fueron “los hechos acaecidos en el día de la fecha”, ya que el único hecho que había sucedido en relación a esta causa era la nota publicada por el diario “Página 12”; y ese mismo día el juez Vera Barros ordena la detención del suscripto.
Que en fecha 22 de octubre de 2012 el mencionado Juez Federal le recibe declaración indagatoria al suscripto, imputándole “haberle informado a Carlos Andrés Ascaíni, investigado por comercio de estupefacientes dentro de la causa ‘Miguens, Mauro y otros s/ley 23737’, expte. Nro. 87/09 del registro de este Juzgado, que la camioneta Isuzu blanca dominio DSI 951 que lo seguía correspondía a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que lo investigaba en relación a su presunta actividad delictiva, conducta que habría realizado como contraprestación de pagos que recibiría del nombrado Ascaíni, y habiendo realizado a tal efecto una consulta a la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor en fecha 25 de noviembre de 2009 desde el código de usuario habilitado segu210183 cuya asignación le corresponde, información que además motivó la frustración de la investigación llevada a cabo por dicha fuerza de seguridad”.
Tognoli prestó su conformidad para declarar, manifestando que “nunca solicité para el suscripto clave al Registro Nacional del Automotor ni recibí clave a mi nombre. Que la metodología de trabajo era la siguiente: que yo como Director de la Dirección de Prevención y Control de las Adicciones solicitaba a dicho Registro claves para el personal de la misma. Que esta nota era confeccionada por el comisario Luis Oliva jefe de informática y en la misma constaba nombre, apellido y nro. de documento de la persona cuya autorización se requería”.
Que de las constancias de la mencionada causa penal en fjs. 315/316, surge la Nota enviada por la Oficina de Control de Matrículas de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor al suscripto, en fecha 28 de marzo de 2008, en la cual se me informa “el nombre de usuario y la contraseña de acceso a la base de datos de la Dirección Nacional que les ha sido asignada”, consignándose que el usuario “segu210183”, contraseña “segu210183” pertenece a “Néstor Juan Fernández”.

Y en Fj. 317 consta que en fecha 9 de abril de 2008, Tognoli en su carácter de Director General de Prevención y Control de Adicciones de la provincia de Santa Fe, labra el “Acta de Entrega”, por la cual le hace entrega al Sub Comisario Néstor Juan Fernández, numerario de la Dirección, “en sobre cerrado conteniendo clave de acceso a la Base de Datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, a través de Internet, haciéndole saber que el código y/o Clave que le fuera asignado y la información obtenida tienen carácter reservado, siendo responsable de su uso indebido en los términos de la Ley Nº 25.326 y su Decreto reglamentario Nº 1558/01”, firmando para constancia el entonces Sub Comisario Fernández.
Que al recibírsele declaración indagatoria al entonces Sub Comisario Fernández, el 3 de noviembre de 2012, reconoce como propia la firma obrante en el acta de entrega del mencionado código de usuario.
Que en fecha 5 de noviembre de 2012 el Juez Federal interviniente resuelve la situación procesal del suscripto, mediante Auto Nro. 1403, disponiendo que “no hay mérito para dictar el procesamiento ni el sobreseimiento a favor” de Tognoli, afirmando en los Considerandos de dicha resolución que se encuentra acreditado en autos que habría sido Fernández la persona a quien se le transmitió dicho código de usuario, debilitándose con ello la posibilidad de sostener la responsabilidad de Tognoli por dicha consulta, disponiéndose la inmediata libertad del suscripto.
Por otra parte, a fojas 849, en el auto de Procesamiento de Fernández, el Juez Instructor dice en el punto e-) que “la circunstancia de que en oportunidad de celebrarse el acta de entrega del usuario y contraseña, Néstor Juan Fernández prestó su conformidad en relación al carácter reservado del código y/o clave asignados y a la información que eventualmente obtuviera a través de los mismos, así como a la responsabilidad por el uso indebido que le pesaba conforme la legislación vigente (ver contenido del acta de fs. 317)”.

Argumentando además en dos ocasiones a fj. 852 que el usuario le había sido asignado bajo su absoluta responsabilidad por su uso indebido.
Que la Fiscal Federal subrogante Dra. Bettiolo no apeló el auto de falta de mérito de Tognoli e inexplicablemente, en fecha 5 de diciembre de 2012 la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó, como titular máxima del Ministerio Público Fiscal a nivel nacional y federal, dicta la Resolución Nro. 682/12 por la cual remueve de su cargo a la mencionada fiscal subrogante y designa en su lugar a otro Fiscal Federal subrogante, el Dr. Juan Patricio Murray, y como fiscal Ad Hoc de esa Fiscalía Nro. 2 al Dr. Federico Guillermo Reynares Solari.
Que en fecha 27 de febrero de 2013 los dos nuevos Fiscales Federales subrogantes, Dres. Murray y Reynares Solari, solicitan al Juez Federal actuante que se amplíe la declaración indagatoria del suscripto, en la “creencia que, la descripción fáctica de los hechos desarrollada por V.S. previo al acto de su defensa material, no atrapa íntegra y correctamente el accionar que le cupo al mismo conforme la prueba que apuntala la imputación ya que su actividad en los eventos de marras son típicos de los desarrollados por los diversos coautores en una empresa criminal conjunta”.
Que se le amplía la declaración indagatoria al suscripto, ampliándose la imputación del hecho, consistiendo en “haber desarrollado con Andrés Ascaíni, Néstor Juan Fernández y Carlos Alberto Quintana una empresa criminal conjunta para el comercio de estupefacientes que Ascaíni llevaba a cabo, consistiendo su aporte funcional en la protección del normal desarrollo de dicha actividad ilícita mediante la evitación de que fuera frustrada tanto por la fuerza policial que Ud. tenía a cargo -específicamente avocada a la prevención y represión de dicho delito-, como por otras fuerzas policiales que eran puestas en evidencia de Ascaíni, aporte en el marco del cual Ud. convalidó como responsable las consultas efectuadas por Fernández y Quintana -quienes eran personal policial de la D.G.P.C.A. en el caso de Fernández y ajeno a la misma en el caso de Quintana- al sistema de consultas del R.N.P.A. y C.P. desde el segu y clave que previamente le había suministrado al primero, a fin de informarle a Ascaíni que los vehículos que lo estaban siguiendo pertenecían a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lo que le permitió a este evadir la investigación y la acción de la justicia para continuar con el tráfico de estupefacientes con cuyas ganancias se beneficiaban”.
Tognoli comparece a la indagatoria, se le amplía la imputación y se lo detiene. Es decir que se buscó un ropaje jurídico, como resulta la “empresa criminal conjunta” para así poder detener a Tognoli, ya que desde el auto de falta de mérito hasta la ampliación de su indagatoria no se agregó a este proceso ninguna prueba para modificar dicho auto.

Por lo tanto, adviértase que sobre el mismo material probatorio y la misma plataforma fáctica que obraba en este expediente desde el 25 de noviembre de 2009, consistente en la llamada telefónica del supuesto traficante Ascaíni que atiende el Cabo Quintana (que nada tiene que ver con Tognoli) y la consulta al sistema informático del Registro Nacional de la Propiedad Automotor por parte del Comisario Fernández (lo cual era absoluta responsabilidad de este), a Tognoli se le formulan dos imputaciones totalmente distintas, al momento de prestar la primera declaración indagatoria y al momento de ampliársele la misma.

Surge entonces el interrogante de cuáles fueron los medios de prueba nuevos, desde la primera indagatoria, que se incorporaron para imputarle ahora una empresa criminal conjunta; de la simple lectura de esta causa surge que no se agregó ningún elemento de prueba nuevo. Es decir que más que ampliársele la indagatoria para imputarle un nuevo hecho o nuevas pruebas, lo que se hizo fue calificar legalmente el hecho en una figura jurídica que implicaba la detención de Tognoli, es decir que se buscó un ropaje jurídico para justificar el encierro.
Que el 21 de marzo de 2013 el Juez Federal interviniente Dr. Vera Barros dicta la Resolución Nro. 208 por la cual dispone el procesamiento con prisión preventiva de Tognoli como presunto coautor del delito de tenencia de estupefacientes en la modalidad de comercio de estupefacientes en forma organizada (arts. 5, inc. c) y 11, Incs c) y d), de la ley 23.737); en los Considerandos de dicho decisorio se afirma que “es posible sostener con el grado de sospecha propio de esta etapa que, Hugo Damián Tognoli desarrolló con Carlos Andrés Ascaíni, Néstor Juan Fernández y Carlos Alberto Quintana una empresa criminal conjunta para el comercio de estupefacientes que Ascaíni llevaba a cabo, consistiendo su aporte funcional en la protección del normal desarrollo de dicha actividad ilícita mediante la evitación de que fuera frustrada tanto por la fuerza policial que tenía a cargo como por otras fuerzas policiales que eran puestas en evidencia de Ascaíni, aporte en el marco del cual convalidó como responsable las consultas efectuadas por Fernández y Quintana al sistema de consultas del R.N.P.A. y C.P.”.
Cabe destacar que la figura de la empresa criminal conjunta se ha aplicado solamente para delitos de lesa humanidad o para crímenes internacionales, como incluso lo reconoce el propio fiscal en su dictamen; ha sido rechazada por toda la doctrina, por lo que resulta un verdadero dislate jurídico pretender encuadrar los hechos en esta figura jurídica.

Adviértase que la característica fundamental de la figura jurídica de la “empresa criminal conjunta”, que se aplica exclusivamente para los delitos de lesa humanidad o crímenes internacionales, es que considera a todos los integrantes como autores, más allá de su real intervención lo que ha motivado la crítica sobre esta figura por violar el principio de culpabilidad, en virtud del cual cada imputado responde penalmente por lo que tanto objetiva como subjetivamente cometió.

Además, si existía una “empresa criminal conjunta” para proteger a un narcotraficante, ¿dónde está probado que existan vínculos entre los coimputados? Tognoli no conocía ni a Ascaíni ni a Quintana; no hay ninguna prueba sobre contactos entre ellos; si se trataba de una “empresa”, como mínimo, debió haber algún contacto entre sus integrantes.
Que en fecha 15 de abril de 2013, el defensor técnico de Tognoli planteó ante el Juez Federal Dr. Vera Barros la Nulidad Genérica y Absoluta del nombramiento de los fiscales federales subrogantes actuantes en este proceso penal, atento no haber sido designados conforme al procedimiento establecido en la Ley del Ministerio Público Nro. 24.946, solicitando consecuentemente la nulidad de todo lo actuado desde el Requerimiento de Instrucción.

Que este planteo fue rechazado por el Juez Federal Dr. Vera Barros, mediante Resolución Nro. 14, de fecha 6 de mayo de 2013 y posteriormente por la Cámara de Apelaciones.
Que el 16 de abril de 2013, el Juez Federal suplente Dr. Bailaque, titular del Juzgado Federal Nro. 4 de la ciudad de Rosario, que subrogó al Dr. Vera Barros quien se encontraba de licencia, le amplió la declaración indagatoria al cabo Carlos Quintana, quien había recibido la comunicación telefónica del presunto traficante Ascaíni, y al Comisario Néstor Fernández, quien había efectuado la consulta al Registro de la Propiedad Automotor con su clave, ampliándoles la imputación del hecho como a Tognoli; sin embargo, el Juez Federal suplente mantuvo el estado de libertad de Fernández, por ausencia de riesgo procesal, y respecto de Quintana le concedió la excarcelación, por el mismo motivo, al día siguiente de ampliársele su declaración indagatoria.
Que ante este criterio del Juez Federal suplente Dr. Bailaque en cuanto a la libertad de los otros coimputados (Fernández y Quintana), totalmente opuesto al del Juez Federal Vera Barros respecto de la libertad de Tognoli al denegar la mencionada excarcelación, su defensor técnico solicitó nuevamente la excarcelación ante este cambio de criterio, en fecha 17 de abril de 2013; el Juez Federal suplente Dr. Bailaque mediante Resolución Nro. 338 del 18 de abril de 2013 decide denegar el pedido de excarcelación, argumentando que “no existe un argumento diferente a los tenidos en cuenta para disponer el rechazo de la excarcelación solicitada anteriormente y que, como ya lo señale, la resolución que así lo dispuso se encuentra recurrida en apelación”.
Que en fecha 15 de mayo de 2013 el Juez Federal Dr. Vera Barros dicta la Resolución Nro. 471 por la cual procesa al Comisario Néstor Fernández como coautor de la empresa criminal conjunta, pero dicta auto de falta de mérito respecto del Cabo Carlos Quintana, quien había atendido la llamada telefónica del presunto traficante de estupefacientes y había interceptado el vehículo que lo seguía que a la postre era de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, confirmando el estado de libertad de ambos procesados.

Es decir que quienes tienen un mayor grado de compromiso probatorio, por haber recibido el llamado telefónico del presunta traficante, en el caso del cabo Quintana, y de quien efectuó la consulta al sistema informático del Registro de la Propiedad Automotor, se encuentran en libertad, mientras que Tognoli, a quien se le imputa solamente el haber prestado su conformidad para la renovación de las claves para efectuar consultas, se encuentra detenido, lo cual resulta inexplicable.

Pero además, resulta notoriamente contradictorio haber dictado el auto de falta de mérito respecto de Quintana, ya que en el supuesto iter criminis que reconstruye el Juez Federal Dr. Vera Barros el aporte de Quintana (quien atiende la llamada telefónica de Ascaíni e intercepta el rodado que lo seguía) en la “empresa criminal conjunta” resulta fundamental, según la imputación que se les formuló a Tognoli, a Quintana y a Fernández al momento de ampliárseles sus indagatorias.
El defensor técnico de Tognoli ante dicha resolución que mantiene la libertad de ambos coimputados, lo cual resultaba totalmente opuesto al criterio seguido respecto de Tognoli, solicitó, el 17 de mayo de 2013, su excarcelación del, atento la ausencia de peligrosidad procesal y este criterio contradictorio; mediante Resolución Nro. 502 de fecha 18 de mayo de 2013, el Juez Federal Dr. Vera Barros dispone denegar el pedido excarcelatorio, argumentando respecto del criterio contradictorio observado respecto del suscripto y de los otros dos coimputados que “se trata de personas distintas respecto de quienes se valoraron elementos de criterio estrictamente individuales”.
Que en fecha 12 de junio de 2013, la Cámara Federal de Rosario decide confirmar parcialmente el procesamiento, la prisión preventiva, y la denegatoria de la excarcelación. Confirmó ese procesamiento atribuyéndole a Tognoli el rol de “partícipe primario” y la autoría del comercio de estupefacientes a Ascaíni.

Es decir que el juez instructor Dr. Vera Barros procesó a Tognoli como “coautor” del delito de tenencia de estupefacientes en la modalidad de comercio. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones modificó el auto de procesamiento y consideró que Tognoli es “partícipe necesario” de comercio de estupefacientes, lo cual implica una flagrante violación del principio de congruencia, al haber modificado o variado la forma en que supuestamente cometió la conducta típica, que tanto en la ampliación de la indagatoria como en el procesamiento de primera instancia lo fue a título de coautor, mientras que ahora lo es como “partícipe necesario”, siendo el autor Ascaíni, lo cual provoca una evidente lesión al principio de congruencia y consecuentemente al derecho de defensa.
En definitiva, lo imputado concretamente Tognoli fue que “convalidó como responsable las consultas efectuadas por Fernández y Quintana al sistema de consultas del R.N.P.A. y C.P.”, que, según la particular interpretación del referido magistrado federal, encuadra en la modalidad de comercio de estupefacientes.
Sin embargo, Tognoli no convalidó ninguna consulta, habiendo soslayado el citado juez federal en su análisis la normativa que regula el funcionamiento de las claves para efectuar consultas al Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

Sobre esta cuestión la Disposición Nro. 193, de fecha 15 de marzo de 2005, dictada por la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Argentina, establece que “a partir de la entrada en vigencia de la presente y por el término de Noventa (90) días, los usuarios de las fuerzas de seguridad y policiales deberán registrarse como tales en las condiciones establecidas en este cuerpo normativo a efectos del otorgamiento de claves de acceso a la base de datos de la Dirección Nacional”; el Anexo I de dicha Disposición contempla que “los organismos de los cuales dependen las fuerzas policiales o de seguridad deberán solicitar mediante nota suscripta por la autoridad máxima del mismo, el acceso a la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor, designando un funcionario responsable de los usuarios requeridos”, agregando que “las claves de acceso se renovarán a los NOVENTA (90) días corridos contados a partir del alta en el sistema, debiendo presentar para ello dentro de los DIEZ (10) días posteriores al vencimiento de dicho plazo, la nota que obra como Anexo III de la presente, en la que presta conformidad de las consultas realizadas en ese período. El incumplimiento de esta obligación importará la caducidad de la clave oportunamente otorgada”; dicha Disposición también señala que el usuario es responsable “por el uso indebido de la clave de acceso y/o de la información contenida en ella”.

Al prestar declaración testimonial Jorge Likerman a fj. 930 a 934, en su carácter de responsable del área de Servicios Informáticos de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor afirmó que el “responsable que va a ser el sujeto que va a interactuar administrativamente con el organismo. Es el sujeto que nos hace los requerimientos de habilitación de usuarios y al cual nosotros le remitimos la documentación que establece la disposición”, agregando que denominamos “usuario al conjunto alfanumérico que otorgamos para diferenciar uno de otro. Por ej el segu 9999 es para nosotros un usuario, y un responsable puede tener más de un usuario. Clave o contraseña para nosotros son sinónimos”, respondiendo ante la pregunta de si un responsable tenía una clave para hacer consultas, que “los únicos usuarios que nosotros permitimos ingresar son los que le comunicamos al responsable, no hay un súper usuario. Otorgamos un conjunto de usuarios al responsable, no hay un usuario adicional para el responsable”.

No obstante todo esto, cuando Likerman en la foja 932 vto., al ser preguntado a pedido del fiscal si el responsable al renovar la clave del usuario debe convalidar la consulta, le contesta que “la disposición 193/05 estipula que el responsable reconoce la cantidad de consultas realizadas para ese usuario… nosotros no le pedimos que remita el detalle sino la cantidad de consultas realizadas”.

Entonces no se entiende por qué dicen que Tognoli validaba consultas ilegales, cuando el mismo encargado del Registro Automotor dice que solo debía reconocer la cantidad de consultas y no su contenido.

Asimismo, al preguntársele cual era el sentido de la convalidación explica que es asegurarse que el responsable siga estando en funciones en ese cargo y que la totalidad de los usuarios asignados están vigentes y en conocimiento de ese responsable. Con eso nos aseguramos como organismo que cuando hay una rotación de los responsables, no queden usuarios activos sin responsabilidad”.
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