Cada país del mundo tiene sus propias normas de derecho de autor




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4 Módulo - El marco teórico internacional

4.1 Objetivo del aprendizaje

Este módulo explica cómo funciona la legislación internacional sobre derecho de autor, de qué manera afecta a los países en vías de desarrollo y cómo los países en desarrollo pueden influir.

4.2 Estudio de caso

Ángela está preocupada por las restricciones que la legislación sobre derecho de autor establece sobre su capacidad para reunir y distribuir materiales para el curso. Está considerando escribir un breve artículo argumentando que la legislación sobre derecho de autor de su país debería reformarse para darle a los docentes y estudiantes más libertad. Sin embargo, le informaron que los acuerdos internacionales pueden restringir la libertad que cada país tiene para definir sus propias leyes sobre derecho de autor. Antes de redactar su artículo, solicita la ayuda de Nadia para determinar qué acuerdos internacionales, si los hubiere, se aplican en su propio país.

4.3 El fundamento para el Sistema Internacional

Como se mencionó anteriormente, cada país del mundo tiene sus propias normas de derecho de autor. Sin embargo, la flexibilidad que la mayoría de los países tiene para ajustar y aplicar sus propias leyes, está limitada por una serie de tratados internacionales.


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¿Por qué necesitamos una gestión internacional en este tema? Hay dos respuestas tradicionales a esta pregunta. En primer lugar, sin una normalización internacional las naciones podrían promulgar leyes que protejan a sus propios ciudadanos, dejando desprotegidos a los extranjeros. Esta discriminación era común previa a la adopción de instrumentos regulatorios internacionales. Al haber crecido el interés de los titulares de derechos de autor por una protección mundial de sus creaciones, el mutuo reconocimiento, en términos justos, de los derechos fuera de las fronteras, se vuelve aun más importante.
Segundo, algunos titulares de derechos de autor consideran que los países en vía de desarrollo no adoptarían la adecuada protección de sus derechos, a menos que fueran obligados a hacerlo a través de un tratado. Como es de esperarse, los representantes de los países en desarrollo cuestionan enérgicamente este argumento.

4.4 Instrumentos Internacionales

La forma más sencilla de lograr estos objetivos sería a través de un único tratado firmado por todos los países. Lamentablemente, la situación actual es más complicada. En lugar de un único tratado, en la actualidad existen seis acuerdos multilaterales principales. Cada uno de ellos tiene un grupo diferente de países miembros.
Estos seis acuerdos fueron negociados –y están actualmente administrados– por una organización internacional. Cuatro de ellos están administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), uno por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) y el último por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Los seis acuerdos han sido creados e implementados de forma similar, pero no idéntica. Típicamente, el proceso comienza cuando los representantes de los países consideran que debería existir una normativa internacional para administrar ciertos temas. Una vez inician las conversaciones, las negociaciones pueden durar varios años. Durante esta fase, se presentan proyectos de propuestas a las delegaciones de cada país, que son discutidas y pueden ser enmendadas en sus contenidos a fin de llegar a un consenso. Este consenso puede reflejar un acuerdo genuino entre todos los países participantes en el sentido de que el convenio propuesto es el deseable, o puede resultar en una presión ejercida por países más poderosos sobre países menos poderosos. Una vez que se llega al consenso, los países concluyen el tratado a través de la firma del documento. A partir de ese momento, los gobiernos de los países participantes ratifican el tratado, y entra en vigor. Los países que no firmaron el acuerdo cuando fue inicialmente concluido, pueden integrarse más adelante por adhesión.
En muchos países los tratados son de “aplicación directa”, es decir, no requieren de legislación interna para ser aplicados. Una vez ratificados, terceras partes pueden confiar en ellos e incluso pueden interponer demandas por el incumplimiento de las provisiones del tratado. Sin embargo, en otros países los tratados no tienen esta “aplicación directa” y en su lugar, necesitan de la intermediación de una ley o de un decreto que los implemente. A partir de allí, los particulares pueden invocar los tratados ante los tribunales respectivos e incluso ante la administración estatal.
Ninguno de los seis tratados que pertenecen a la legislación de derecho de autor contiene un amplio conjunto de reglas o normas para un sistema de derecho de autor. En su lugar, cada uno exige que los países miembros traten temas particulares de forma específica, dejando a los países firmantes un considerable margen de apreciación para implementar sus requisitos.
Para obtener más información sobre los pasos necesarios para negociar y adoptar un acuerdo internacional, visitar este enlace.

4.5 Convención de Berna


Países que adhieren al Convenio de Berna. Fuente: Wikimedia Commons.
En 1886, diez estados europeos firmaron el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (en lo sucesivo, el “Convenio de Berna”), para reducir confusiones en la legislación de derecho de autor internacional. A partir de esa fecha, un total de 167 estados se han adherido a este Convenio. Sin embargo, ha habido sucesivas revisiones del Convenio de Berna, y no todos los países han ratificado su versión más reciente. Como se mencionó antes, el tratado está abierto a la adhesión o incorporación de cualquier país en cualquier momento. En este enlace puede verificar si su país es miembro de la Convención de Berna.
En el Convenio de Berna se establecieron tres principios fundamentales. El primero y más conocido es el principio del “trato nacional”. El mismo exige que los Estados miembros le otorguen a los residentes de otros Estados miembros los mismos derechos que le otorgan a sus propios ciudadanos en el ámbito de las leyes nacionales sobre derecho de autor. Por lo tanto, una novela escrita en Bolivia por un ciudadano boliviano tendrá la misma protección en Ghana, que una novela escrita en Ghana por un ciudadano de ese país.
El segundo es el principio de la “independencia” de protección. En este principio se establece que cada estado miembro debe otorgar a las obras extranjeras la misma protección que se le otorga a las obras nacionales, aun cuando las obras extranjeras puedan no estar protegidos por la legislación de derecho de autor en los países en los cuales se originaron. Por ejemplo, aunque una novela escrita en Bolivia por un ciudadano boliviano no estuviera protegida por la legislación boliviana, estaría protegida en Ghana si se ajusta a los requisitos de protección de la legislación de Ghana.
El tercero es el principio de la “protección automática”. Este principio prohíbe a los Estados miembros exigir a personas de otros países integrantes de la Convención de Berna, formalidades legales como prerrequisito para la protección de derechos de autor (pueden exigir tales requisitos a sus propios ciudadanos, pero generalmente no ocurre). El efecto de este principio es que el autor boliviano de una novela no tiene que registrarla o declararla en Ghana, India, Indonesia o cualquier otro estado integrante de la Convención de Berna. Su novela quedará automáticamente protegida en todos estos países desde el momento en que sea escrita.
Además de estos principios básicos, la Convención de Berna también exige a los Estados integrantes una serie de requisitos más específicos. Por ejemplo, deben aplicar el derecho de autor por un período mínimo de tiempo. El plazo mínimo para países que han ratificado la versión más reciente de la Convención de Berna es la vida del autor más 50 años para todos las obras, excepto fotografías y películas. La Convención de Berna también requiere que sus miembros reconozcan y apliquen un limitado subconjunto de los “derechos morales” mencionados anteriormente.
La Convención de Berna desarrolla un marco teórico para países miembros para adoptar excepciones a las protecciones de derecho de autor estipuladas. La conocida “prueba de los tres pasos” incluida en el Artículo 9(2), define la libertad de los países integrantes para crear excepciones o limitaciones para los derechos de los autores, a fin de controlar las reproducciones de sus obras. Otras disposiciones de la Convención de Berna otorgan a los países miembros la libertad de crear más excepciones específicas.
Cuando la Convención de Berna fue revisada en París en 1971, los países firmantes agregaron un Anexo que contiene disposiciones especiales relativas a los países en vías de desarrollo. En particular, los países en vías de desarrollo pueden, para ciertas obras y bajo ciertas condiciones, apartarse de las normativas mínimas de protección con referencia al derecho de traducción y al de reproducción de obras protegidas. Más específicamente, el Anexo permite a los países en vías de desarrollo conceder licencias obligatorias no exclusivas y no transferibles para traducir obras con fines de enseñanza, becas o investigación, y reproducir obras para uso en relación con actividades de instrucción sistemática.
Si bien la Convención de Berna define normas generales para la protección de derecho de autor, también promulga algunas reglas específicas. Como resultado, la legislación en cada estado miembro tiene una considerable flexibilidad para implementar los requisitos. Por ejemplo, en la Ley de Implementación de la Convención de Berna de 1988, el Congreso de los EE.UU. adoptó un punto de vista “minimalista” de aplicación, realizando únicamente los cambios de la ley de derecho que fueron absolutamente necesarios para calificar como miembro.
La Convención de Berna no contiene un mecanismo de ejecución. Esto significa que los estados miembros tienen poco poder para castigar a otro estado que no cumpla con los lineamientos de la Convención de Berna. Como veremos más adelante, esta situación se modificó parcialmente para los miembros de la Convención de Berna que también se adhirieron a la OMC.
Para obtener mayor información sobre la Convención, puede leer el texto que se ubica en este enlace o consultar un breve resumen de la historia de la Convención.

4.6 La Convención Universal sobre Derecho de Autor

La Convención Universal sobre Derecho de Autor (CUDA, en inglés UCC: Universal Copyright Convention, también es conocida como la Convención de Ginebra) fue desarrollada por la UNESCO y adoptada en Ginebra en 1952. Posteriormente fue revisada en París en 1971. Fue creada como una alternativa a la Convención de Berna (ver 4.5) y se refiere a obras literarias, científicas y artísticas.
Lo previsto en ella es más flexible que en la Convención de Berna. Este aumento en la flexibilidad tuvo la intención de adaptarse a los países en diferentes etapas de desarrollo y países con diferentes sistemas económicos y sociales, lo cual la hacía de carácter universal. Al igual que la Convención de Berna, la Convención Universal sobre Derecho de Autor incorpora el principio del trato nacional y prohíbe cualquier discriminación contra autores extranjeros, pero contiene un número menor de requisitos para los países miembros.
Entre las disposiciones de la Convención se incluye un plazo mínimo de protección de los derechos de autor comprensivo de la vida del autor más veinticinco años a partir de su muerte. Asimismo, se introduce el derecho exclusivo de traducción y el concepto de publicación.
La Convención ha disminuido en importancia ya que la mayoría de los países son actualmente integrantes de la Convención de Berna o de la Organización Mundial del Comercio (OMC, en inglés WTO: World Trade Organization) o de ambas. Las obligaciones de derecho de autor de los integrantes de la OMC están administradas por el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, en inglés TRIPS: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) que se tratará más adelante (ver 4.10).
El texto completo de la Convención Universal sobre Derecho de Autor puede consultarse aquí.
El texto completo de la Convención Universal sobre Derecho de Autor, revisada en París 1971, puede consultarse aquí.
La Convención Universal sobre Derecho de Autor entró en vigor el 16 de septiembre de 1955. El listado completo de los Estados Parte puede consultarse aquí.
Los países de América Latina que han ratificado o adherido a este tratado son:

Argentina (Ratificación 1957)

Bolivia (Adhesión 1989*)

Brasil (Ratificación 1959)

Chile (Ratificación 1955)

Colombia (Adhesión 1976*)

Costa Rica (Adhesión 1954)

Ecuador (Adhesión 1957)

El Salvador (Adhesión 1978*)

Guatemala (Ratificación 1974)

México (Ratificación 1957)

Nicaragua (Ratificación 1961)

Panamá (Adhesión 1962)

Paraguay (Adhesión 1961)

Perú (Ratificación 1963)

Uruguay (Ratificación 1993*)

Venezuela (Adhesión 1966)
*Fecha en que se depositó, en nombre de este Estado, un instrumento de adhesión a la Convención Universal sobre Derecho de Autor, revisada en París el 24 de julio de 1971. De conformidad con el Artículo IX, párrafo 3 de esa Convención, la adhesión constituye también adhesión a la Convención de 1952.
La Convención revisada en París entró en vigor el 10 de julio de 1974. El listado completo de los Estados Parte puede consultarse aquí.
Los países de América Latina que han ratificado o adherido a este tratado son:

Bolivia (Adhesión 1989)

Brasil (Ratificación 1975)

Colombia (Adhesión 1976)

Costa Rica (Ratificación 1979)

Ecuador (Adhesión 1991)

El Salvador (Adhesión 1978)

México (Ratificación 1975)

Panamá (Adhesión 1980)

Perú (Ratificación 1985)

Uruguay (Adhesión 1993)

Venezuela (Adhesión 1996)

4.7 La Convención de Roma (1961)
El nombre completo de la Convención de Roma es Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.
Para 1961, la tecnología había progresado de forma significativa desde que se firmó la Convención de Berna. Algunas invenciones, tales como los grabadores de cinta, facilitaban la copia de obras grabadas o fonogramas.
Para tratar la necesidad de una legislación más firme para los fonogramas, el 26 de octubre de 1961, los integrantes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, en inglés WIPO: World Intellectual Property Organization) firmaron la Convención de Roma. Con ella se extendió la protección de derecho de autor a creadores y productores por la materialización física de una obra en particular. Estas “fijaciones” incluyen medios tales como los casetes de audio, CD y DVD. De acuerdo a las disposiciones de la Convención, la protección no podría ser menor a veinte años. Sin embargo, permite a los países miembros crear excepciones para la protección -por ejemplo, permitir usos no autorizados de una grabación para fines de enseñanza o investigación científica-.
Entre las personas, obras y acciones sujetas a protección, la Convención define lo que entiende como artistas intérpretes o ejecutantes; fonograma; productor de fonogramas; publicación; reproducción; emisión y retransmisión. En relación a los derechos de autor, los derechos contemplados en esta Convención se conocen como derechos conexos.
La adhesión a la Convención de Roma está abierta únicamente a los países que ya integran la Convención de Berna o la Convención Universal sobre Derecho de Autor.
El texto completo de la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (página web de la OMPI) puede consultarse aquí.
El listado completo de los países firmantes y/o adheridos a la Convención de Roma puede consultarse aquí (página web de la OMPI).
Los países de América Latina que han ratificado o adherido a este tratado son:

Argentina (Firma 1961, Ratificación 1991, En vigor 1992)

Bolivia (Adhesión 1993, En vigor 1993)

Brasil (Firma 1961, Ratificación 1965, En vigor 1965)

Chile (Firma 1961, Ratificación 1974, En vigor 1974)

Colombia (Adhesión 1976, En vigor 1976)

Costa Rica (Adhesión 1971, En vigor 1971) *Reserva: No aplicará las previsiones del Artículo 12 a transmisión al aire gratuita, tradicional y no interactiva, o a transmisiones y comunicaciones públicas no comerciales. Esta declaración se hizo efectiva en 2010.

Ecuador (Firma 1962, Ratificación 1963, En vigor 1964)

El Salvador (Adhesión 1979, En vigor 1979)

Guatemala (Adhesión 1976, En vigor 1977)

Honduras (Adhesión 1989, En vigor 1990)

México (Firma 1961, Ratificación 1964, En vigor 1964)

Nicaragua (Adhesión 2000, En vigor 2000)

Panamá (Adhesión 1983, En vigor 1983)

Paraguay (Firma 1962, Ratificación 1969, En vigor 1970)

Perú (Adhesión 1985, En vigor 1985)

Uruguay (Adhesión 1977, En vigor 1977)

Venezuela (Adhesión 1995, En vigor 1996)

4.8 Tratado de Derecho de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)




wipo1
La manera como los titulares de derecho de autor reproducen, distribuyen y comercializan sus obras ha variado en la era digital. Las grabaciones sonoras, artículos, fotografías y libros se conservan normalmente en formato electrónico, circulan vía Internet y se compilan en bases de datos. La misma tecnología que permite un almacenamiento y distribución más eficiente de estas obras, también ha facilitado la copia generalizada de obras con derechos de autor.
Preocupados sobre los efectos de estas nuevas tecnologías los gobiernos de algunos países recomendaron y finalmente aseguraron dos tratados: El Tratado de Derechos de Autor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (en inglés, WCT: World Copyright Treaty of the World Intellectual Property Organization (WIPO)) y el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, también de la OMPI (para este último ver abajo 4.9).
El Tratado de Derecho de Autor de la OMPI es un acuerdo especial bajo la Convención de Berna. Fue adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 y entró en vigor el 6 de marzo de 2002. Como lo hiciera antes el ADPIC este tratado internacional exige que los países proporcionen protección de derecho de autor para programas de computación y bases de datos (compilaciones de datos y otros materiales).
El Tratado también exige a sus miembros la prohibición de que se eludan las tecnologías impuestas por los titulares de derechos para evitar el copiado y distribución de sus obras. Estas tecnologías incluyen la codificación o la “información de administración de derechos” (datos que identifican obras o sus autores).
En la actualidad, 91 países son parte del Tratado de Derecho de Autor de la OMPI.
El texto completo del Tratado de Derecho de Autor de la OMPI puede consultarse aquí:
El listado completo de las partes contratantes del Tratado de Derecho de Autor de la OMPI puede consultarse aquí.
Los países de América Latina que han ratificado o adherido a este tratado son:

Argentina (Firma 1997, Ratificación 1999, En vigor 2002)

Bolivia (Firma 1996)

Chile (Firma 1996, Ratificación 2001, En vigor 2002)

Colombia (Firma 1997, Ratificación 2000, En vigor 2002)

Costa Rica (Firma 1997, Ratificación 2000, En vigor 2002)

Ecuador (Firma 1997, Ratificación 2000, En vigor 2002)

El Salvador (Adhesión 1998, En vigor 2002)

Guatemala (Adhesión 2002, En vigor 2003)

Honduras (Adhesión 2002, En vigor 2002)

México (Firma 1997, Ratificación 2000, En vigor 2002)

Nicaragua (Adhesión 2002, En vigor 2003)

Panamá (Firma 1997, Ratificación 1999, En vigor 2002)

Paraguay (Adhesión 2000, En vigor 2002)

Perú (Adhesión 2001, En vigor 2002)

Uruguay (Firma 1997, Ratificación 2009, En vigor 2009)

Venezuela (Firma 1996)
En este enlace se puede encontrar un resumen del Tratado.


4.9 Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas


El Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (en inglés, World Intellectual Property Organization (WIPO) Performances and Phonograms Treaty (WPPT)) fue firmado por los estados integrantes de la OMPI el 20 de diciembre de 1996 y entró en vigor el 20 de mayo de 2002.
El Tratado amplía los derechos de la propiedad intelectual de artistas y de productores de fonogramas. Los fonogramas incluyen discos de vinilo, cintas, discos compactos, cintas digitales de audio, MP3 y otros medios empleados para el almacenamiento de registros sonoros.
A los ejecutantes se les otorgan cuatro tipos de derechos económicos sobre sus interpretaciones que han sido grabadas en fonogramas, tres tipos de derechos económicos con respecto a sus ejecuciones en vivo y derechos morales por sus presentaciones. A los productores de fonogramas se les otorga únicamente derechos económicos. De acuerdo al Tratado, estos derechos deben ser protegidos por un mínimo de 50 años.
El texto completo del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas puede consultarse aquí.
El listado completo de las partes contratantes del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas puede consultarse aquí.
Los países de América Latina que han ratificado o adherido a este tratado son:

Argentina (Firma 1997, Ratificación 1999, En vigor 2002)

Bolivia (Firma 1996)

Chile (Firma 1996, Ratificación 2001, En vigor 2002)

Colombia (Firma 1997, Ratificación 2000, En vigor 2002)

Costa Rica (Firma 1997, Ratificación 2000, En vigor 2002)

Ecuador (Firma 1997, Ratificación 2000, En vigor 2002)

El Salvador (Adhesión 1998, En vigor 2002)

Guatemala (Adhesión 2002, En vigor 2003)

Honduras (Adhesión 2002, En vigor 2002)

México (Firma 1997, Ratificación 1999, En vigor 2002)

Nicaragua (Adhesión 2002, En vigor 2003)

Panamá (Firma 1997, Ratificación 1999, En vigor 2002)

Paraguay (Adhesión 2000, En vigor 2002)

Perú (Adhesión 2002, En vigor 2002)

Uruguay (Firma 1997, Ratificación 2008, En vigor 2008)

Venezuela (Firma 1996)
En este enlace se puede encontrar un resumen del Tratado.


4.10 Acuerdo de la Ronda Uruguay: ADPIC


El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC, es un acuerdo internacional administrado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), en inglés, World Trade Organization (WTO). Ver mapa de los integrantes actuales de OMC.
El acuerdo ADPIC fue negociado y concluido en 1994 y establece normativas mínimas para muchas formas de protección de la propiedad intelectual en países integrantes de la OMC, incluyendo el derecho de autor.
Las disposiciones sustantivas de ADPIC no difieren mucho de la Convención de Berna. La principal diferencia es que ADPIC exige a los países miembros que otorguen protección de derecho de autor a los programas de computación y compilaciones de datos. Sin embargo, ADPIC no requiere la protección de derechos morales de los autores, que la Convención de Berna exige.
Las innovaciones más importantes de ADPIC se refieren a las soluciones que exige. Contrariamente a la Convención de Berna, ADPIC requiere que los países miembros estipulen sanciones efectivas cuando se infringen los derechos de autor. Además, crea un mecanismo de resolución de controversias por el cual los países miembros de OMC pueden obligar a otros participantes a cumplir con las obligaciones del tratado. Se dice a veces que, contrariamente a la Convención de Berna, ADPIC tiene “dientes”.
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