Mexico: El fallo de la Corte en el “caso Acteal”. Xochitl Leyva Solano. (Fuente: La Jornada)




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REGIONES INDIAS

SEPTIEMBRE 5, 2009

Una producción de la

Agencia Internacional de Prensa Indígena

(AIPIN)

http://www.aipin.info
PRINCIPALES
MEXICO: El fallo de la Corte en el “caso Acteal”. Xochitl Leyva Solano. (Fuente: La Jornada). La controvertida decisión emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 12 de agosto en torno al caso Acteal” ha generado un acalorado debate que, por ejemplo, se está librando tanto en las comunidades indígenas como en los medios masivos y alternativos de comunicación.
Ya varios/as articulistas colaboradores/as de este periódico han señalado que la masacre de Acteal tendría que ser vista (analizada, juzgada) en un contexto de guerra que no acaba y que sigue vivo en formas varias en Chiapas (y no sólo ahí). Por su parte, los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre (agrupados en la Organización Sociedad Civil Las Abejas), varias ONG e intelectuales han dado elementos para argumentar que se trata de un crimen de Estado, de un crimen de lesa humanidad por el que sus autores intelectuales deberían ser juzgados y castigados.
Para reforzar estas argumentaciones quisiera agregar dos aspectos más: uno relativo a la contrainsurgencia en Chiapas y otro referente a la dimensión mundial de la lucha de la Organización Sociedad Civil Las Abejas. El contexto de guerra, la contrainsurgencia y la masacre de Acteal. Ya el analista Miguel Ángel Granados Chapa ha señalado (el 16 de agosto) cómo los ministros de la SCJN, quienes emiten el referido fallo, carecen de una visión panorámica de los hechos y se quedan en la reflexión puramente jurídica.
De hecho, una investigación seria, profunda, que comprendiera todas las complejidades del caso, requeriría ver la masacre de Acteal como uno de los momentos más álgidos de las políticas contrainsurgentes lanzadas desde el poder después de 1994 para acabar no sólo con los zapatistas, sino con sus simpatizantes y posibles aliados (fueran éstos organizaciones, individuos, nacionales o internacionales).
Otros momentos álgidos de la contrainsurgencia que hemos vivido en Chiapas ocurrieron en febrero de 1995; en los operativos policiaco-militares lanzados para desmantelar los municipios autónomos zapatistas; en la política autoritaria y clientelar que llevó a la promoción y creación (entre 1998 y 1999) de siete nuevos municipios que buscaba debilitar y aniquilar la estrategia política-territorial autónoma zapatista.
A lo que habría que agregar la ola de terror que sembraron en distintas regiones de Chiapas varios grupos paramilitares, por citar el más sonado, el de Paz y Justicia, que hizo de las suyas sobre todo en la región norte.
De la contrainsurgencia también se ha estudiado y denunciado hasta el cansancio la forma en que operó y opera lo que Armando Bartra llama el desarrollismo contrainsurgente, es decir, ese montón de dinero canalizado a través de proyectos y programas gubernamentales, que lanzados en un contexto de conflicto político-militar no resuelto, se vuelven una bomba molotov que sigue confrontando y polarizando a los miembros de las comunidades indígenas y de la sociedad civil chiapaneca en general.
Podría seguir enunciando muchos más rasgos de la contrainsurgencia (cooptación por parte del gobierno a líderes y organizaciones, persecución y hostigamiento a los luchadores sociales, etc., etc.), pero me quedo aquí, con la finalidad de volver al punto: repetirles desde Chiapas a los magistrados de la SCJN que la masacre de Acteal es parte de un engranaje de guerra en donde los afectados (agredidos, atacados) han sido principalmente el EZLN, las bases zapatistas, Las Abejas (como popularmente les llamamos), así como activistas y miembros de organizaciones y movimientos que han denunciado sistemáticamente lo que pasó y pasa en Chiapas.
La lucha de la Organización Sociedad Civil Las Abejas. Me gustaría señalar también que cuando los miembros de Las Abejas exigen esclarecer la masacre, conocer la verdad y llevar a juicio a los autores intelectuales de la misma, no lo hacen como una voz perdida en el desierto.
Por el contrario, su voz es una en un concierto de voces que a escala mundial claman por “justicia con dignidad”, como ejemplo véase la Columna de la Infamia, monumento erigido en 1999 por el artista danés Jens Galschiot a la entrada del poblado de Acteal, con la finalidad de que el mundo no olvide, como sus promotores afirmaron: “las grandes injusticias… efectuadas contra la humanidad”.
Recientemente, en el ámbito continental, el reclamo de Las Abejas formó parte de las denuncias del primer Encuentro Continental Americano contra la Impunidad, celebrado el 20 y 21 de junio en el caracol IV zapatista llamado Torbellino de nuestras palabras.
A nivel más cotidiano, Las Abejas como adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y desde la otra campaña dan vida, junto con otros individuos, colectivos, organizaciones y movimientos a las redes altermundistas y anticapitalistas. En otras palabras, Las Abejas como los zapatistas no están solos.
Para cerrar sólo quisiera mencionar que en Chiapas es común que ciertos actores políticos locales se vuelvan parte de las elites políticas nacionales, así, por ejemplo, tuvimos un gobernador que se fue de secretario de Gobernación o hemos tenido muchos diputados locales que se van de senadores, etc., etc., pero lo que estamos viviendo ahora va en el sentido contrario: los ministros de la SCJN, con su fallo, se convierten en parte de los actores políticos locales que han contribuido y contribuyen a agrandar la memoria colectiva del agravio que caracteriza la historia de larga y corta duración en Chiapas. Qué lejos estamos de aquel sueño llamado “transición democrática” que alentó a muchos a seguir adelante en la década de los 80 del siglo pasado.
MEXICO: Los ministros de la Corte deben ir a juicio político, estima Raúl Vera. (Fuente: La Jornada). Por infligir un “daño a la nación al haber vulnerado el estado de derecho y haberse puesto del lado de la impunidad” en el caso Acteal, los cuatro ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que votaron en favor de inculpados por la masacre deben ser sometidos a “juicio político” por la 61 Legislatura, estimó Raúl Vera López, obispo de Saltillo, Coahuila.
Al participar en la mesa redonda Interculturalidad y derechos humanos: caso Acteal, el prelado deploró que los ministros hayan determinado amparar a 26 indígenas chiapanecos y ordenaran la libertad de 20 de ellos, involucrados en la matanza de 45 tzotziles, entre los cuales había mujeres y niños, en Acteal, en diciembre de 1997.
Vera López indicó que lo determinado por la SCJN “enerva” porque no puede ser que hayan actuado como “defensores de estos paramilitares” y con ello intentar “quitar al expediente la verdad” de lo que ocurrió y de quienes realmente fueron los promotores de la masacre. “Ellos tienen la obligación de custodiar el estado de derecho y la legalidad en el país, pero hicieron algo indebido, nos están poniendo en manos de bribones”, comentó, al apuntar que la Corte ya ha dado muestras de esta conducta con anterioridad, por ejemplo con el caso Atenco. Desglosó que el juicio político estaría basado en el artículo 109 de la Constitución, que en el primer apartado cita que servidores públicos, como los ministros, pueden ser llevados a juicio político por cometer “actos u omisiones en perjuicio del interés público”, y agregó que “estos señores no son omnipotentes” y los “diputados los tienen que parar”.
Vera expresó que los ministros, con estas determinaciones, están “ignorando las historias de crímenes; para lo que hacen, ver los formalismos de un juicio y no todo el contexto, mejor sería que se contratara a pasantes de derecho para que realizaran su labor”.
Pablo Romo Cedano, coordinador del Observatorio de la Conflictividad Social de Servicios y Asesoría para la Paz, expresó en entrevista que con estas actuaciones la SCJN lo que hace es “perpetuar la impunidad”, debido a que “es evidente, ya que responden a intereses no ligados a la justicia, sino a los tecnicismos jurídicos”. En cuanto al juicio político a los ministros que avalaron la “impunidad”, dijo que es lo que debería suceder.
Antes, durante su participación en la mesa, lamentó que México sea un país donde la población indígena sigue siendo ignorada por los gobiernos. “Los indios no existen (...) no podemos dejar que ocurra un nuevo Acteal, pero creo que vamos en camino a ello”.
MEXICO: Denuncia La Garrucha agresión de las Aric y la Opddic contra zapatistas de Santo Tomás. (Fuente: La Jornada). San Cristóbal de las Casas, Chis. La junta de buen gobierno (JBG) de La Garrucha, en la selva tzeltal, dio a conocer su versión de los hechos de violencia ocurridos el día primero de septiembre en el municipio autónomo San Manuel. La JBG sostiene que las bases zapatistas sufrieron una “nueva agresión” de miembros de las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (Aric) llamadas Oficial e Histórica (o Unión de Uniones) de Santo Tomás, Ocosingo, y sus aliados de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic). Según información gubernamental, allí perdió la vida Manuel Santiz Clara, de la Aric-UU.
La JBG refiere que el 28 de julio, las dos fracciones priístas de la Aric del ejido Santo Tomas decidieron tomar el predio Casa Blanca, 200 hectáreas recuperadas en 1994 que trabajan las bases de apoyo zapatistas. Esos grupos ingresaron al predio, diciendo “que la tierra es de ellos, mientras que nuestros compañeros no están provocando nada”. El día 30 llegaron 150 personas con machete, palos y piedras, y a partir de entonces las bases zapatistas “no hicieron nada más que resistir”.
Casi un mes después, el 25 de agosto, los ariqueros “quebraron patas de nuestras vacas”, y dejaron ciega a una de ellas, señala la JBG. “Ya no dejaron de amenazar, siempre están tomando trago y fumando marihuana y con esto tienen más valor para amenazar, y entraron en el nuevo poblado con machete”, encabezados por César Ruiz Mendoza.
El día 26 “llegaron 30 personas a provocar porque nuestros compañeros estaban construyendo sus casas” y trataron de impedirlo, mandando llamar más gente. Llegaron 150 hombres, mujeres y niños con machete, palos y piedras. “Primero mandan a las mujeres para provocar el enfrentamiento, aprovecharon que los compañeros sólo eran 60 y dejaron golpeados a dos, destruyeron el techo de lona, robaron herramientas, barretones, cuerdas para medir, horcones. En la refriega, dijo Caralampio Álvarez Gómez (de Opddic) que seguirán con su provocación” y que “a traición tendrán que acabar a los compañeros”. Los dirigentes de las Aric se decían dispuestos a dialogar, “pero nunca dejaron de provocar”, pues los dirigentes “no tienen control de sus gentes y así no se puede dialogar”.
A principios de agosto los oficialistas se reunieron en Las Tazas, y acordaron “publicar en los periódicos que ellos buscan soluciones con diálogo, (pero) esto es sólo cara afuera”. En los hechos, añade la JBG, “los dirigentes de Opddic en San Jacinto, Jorge Jiménez Pérez, y Rancho Primavera, Manuel Hernández Jiménez, llegaron a ofrecer en Santo Tomás gentes y armas para hacer lo que sucedió el primero de septiembre”.
Mientras los dirigentes hablaban de diálogo, “nunca se molestaron” en acudir a la JBG, hasta que fue “demasiado tarde”. El día primero de septiembre, unos 50 zapatistas trabajaban abriendo el lindero “y los de Santo Tomás aprovecharon que son pocos los compañeros”. Un grupo de 15 personas “tapó” donde trabajaban los zapatistas, “mientras los otros estaban rodeando y con señal de un silbato y corneta tomaron posición, y los compañeros no pudieron retirarse; trataron de salir pero fueron encontrando los cercos”. En el enfrentamiento cayeron ocho zapatistas heridos de machete y palos y fueron perseguidos hasta en sus casas.
Siete quedaron detenidos. Uno de ellos “totalmente golpeado y herido de machete, no sabemos si sobrevive”. Estuvieron detenidos 26 horas; declaran que fueron torturados y uno tiene marcas en el cuello, “donde lo colgaron”. En la cárcel los bañaron de agua, los estuvieron picando con machete y encañonaron su garganta; “los hicieron correr sin zapatos, los hicieron firmar con los ojos vendados, fueron torturados sicológicamente cortándoles sus testículos”.
La JBG responzabiliza a los gobiernos federal, estatal y municipal de Ocosingo, “porque saben que la tierra está recuperada desde 1994 y la están entregando para que precisamente sucedan estos hechos”. El “plan de contrainsurgencia” se reveló con la llegada de 35 policías, “para encarcelar y torturar a nuestros compañeros detenidos; por supuesto no lo permitimos”. Llegaron helicópteros “a provocar más el enfrentamiento sabiendo que estaba tenso el problema”.
La JBG identifica como líderes del grupo agresor en Santo Tomás, “meros provocadores”, a César Ruiz Mendoza, Jacinto Hernández Gómez, Feliciano Ruiz Santiz, Francisco Clara Méndez, Mario Ruiz Santiz y Juan López Gómez. Y los de Opddic son Caralampio Álvarez Gómez y Mariano Ruiz Toledo, entre otros. Este jueves acusaron a los zapatistas de robar vacas, caballos y rollos de alambre. “Es totalmente falso”, sostiene la JBG.
MEXICO: Arrebatan curul a indígena. (Fuente: La Jornada, El Universal). Toluca, Méx. La 57 Legislatura del estado de México se instaló este viernes con mayoría del PRI y sus aliados, los partidos Verde, Nueva Alianza y Socialdemócrata, que en conjunto tienen 65 por ciento de la representación: 49 de 75 diputados, en tanto la oposición compuesta por PAN, PRD, PT y Convergencia, sólo tuvo 26. os nuevos diputados rindieron protesta pasadas las 13:30 horas, incluido Daniel Oswaldo Alvarado Martínez, que sin hacer campaña ocupará la curul del PAN otorgada en un principio a la indígena Florentina Salamanca Arellano, pero luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cambió la asignación de diputaciones plurinominales.
La panista de la etnia mazahua fue candidata propietaria en el distrito 12 y perdió ante el PRI pero recibió una curul de representación proporcional, hecho que impugnó su correligionario Alvarado Martínez el 20 de julio pasado ante el Tribunal, que resolvió en su favor el primero de septiembre y este viernes desechó el recurso de reconsideración interpuesto por la afectada.
No obstante, Florentina se presentó al Congreso con su atuendo típico junto a unos 30 seguidores y reclamó la curul “con la fuerza” de sus 31 mil votos, pero o se le permitió el acceso y la nueva legislatura se instaló con una mayoría oficialista compuesta por 39 diputados del PRI; 3 del PVEM y uno del PSD (también priísta), además de seis de Nueva Alianza, sobre 12 del PAN, 8 del PRD, 3 del PT y 3 más de Convergencia.
A la sesión solemne acudieron los líderes estatales del PRI, Ricardo Aguilar; y del PAN, Ulises Ramírez, quien lamentó que Salamanca Arellano quedara fuera por la impugnación de otro panista que fue candidato a diputado suplente por el distrito 30; y anunció que el partido seguirá apoyándola y se le ofrecerá un cargo en el gobierno federal.
No obstante, Florentina repuso: “No quiero migajas, mi objetivo era llegar a la diputación, que gané legítimamente con 31 mil votos”. También dio a conocer que declinó una invitación que le llegó por la mañana para ir a Los Pinos. “Regreso al campo a trabajar. Me voy decepcionada, no de mi partido sino de sus dirigentes, porque en todos los partidos hay gente buena y mala pero aquí los indecentes fueron los dirigentes”, expresó.
Mientras que los 75 diputados mexiquenses tomaban protesta del cargo en el interior del pleno legislativo, la mazahua Florentina Salamanca Arellano, del PAN, quien hasta la madrugada del viernes era diputada electa, aseguraba que por ser indígena y no pertenecer a la clase política estatal, la dirigencia de su partido permitió que su compañero Daniel Alvarado le arrebatara la curul en el Tribunal Electoral federal.
Apostada afuera del Congreso local, junto a medio centenar de vecinos que lamentaban la determinación que deja fuera del “poder” a una indígena mexiquense, Salamanca Arellano vio cómo le cerraron las puertas de lo que los nuevos legisladores definieron como “la casa del pueblo”, pues cuando intentó ingresar para observar cómo asumían el cargo sus compañeros de partido, se giró la orden de no permitirle el acceso. “Soy una ciudadana y quiero pasar”, dijo a los guardias de seguridad, petición que fue respondida con un cierre total de los portones del Poder Legislativo estatal.
A sus 51 años de edad, Florentina, viuda y madre de siete hijos, confiesa que deseaba llegar a la Cámara de Diputados para impedir injusticias como la que se registró contra su padre, quien fue encarcelado por no poder defenderse, ya que no sabía hablar español. “Tal parece que los indígenas no nos podemos superar por la discriminación que tenemos”, comentó a las afueras del inmueble.
No cederé cargo”, dice contrincante
Los sufragios obtenidos, en un principio permitieron a la indígena arribar a la curul por el principio de primera minoría de lista interna de su partido; no obstante, éstos no fueron suficientes, pues cuando a Gustavo Parra se le otorgó la curul, por el principio de diputación plurinominal, éste también figuraba en dicha lista.
La mazahua, quien militó en el PRI durante 15 años y lo abandonó por los actos irregulares y de injusticia que se registraban al interior, anunció que en los próximos meses seguirá haciendo lo mismo que ha hecho todos los años: “Trabajar el campo y ocuparme de los problemas y carencias que viven mis vecinos”.
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