Populistas de izquierda a derecha Arturo Jiménez




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Pablo Cabañas Díaz


pcabanas@correo.unam.mx
* Con la aprobación de la nueva Ley Federal de Radio y Televisión una vez más se omiten los argumentos de la ONU y de destacadas organizaciones de derechos humanos sobre el básico tema de la agenda de la transición política.
Los delitos contra el honor –difamación, calumnia e injurias– contemplados en los códigos penales, federal y de las 32 entidades del país, siguen siendo figuras jurídicas que deben ser erradicadas de ese marco normativo pues atentan contra la libertad de prensa y de expresión en México.

En Chiapas, por ejemplo, se registra el caso más grave no sólo de México sino de América Latina, pues existe el único Código Penal que sanciona la difamación y calumnia con hasta nueve años de cárcel y hasta mil días de salario mínimo de multa.

La resonancia que ha tenido el caso de Lydia Cacho en todos los rincones del país tras las evidencias que revelaron las grabaciones producto de intervenciones telefónicas, nuevamente ha activado el debate sobre la conveniencia de despenalizar estos delitos. Los códigos penales que advierten la sanción penal más baja son los de Guanajuato y Morelos; el primero prevé hasta un año de cárcel; el segundo de seis meses hasta un año.

A su vez, los de Baja California, Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas estipulan hasta dos años de cárcel. En Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, estado de México, Michoacán, Nuevo León y Tabasco, los códigos sancionan con mayor rigor la difamación, hasta un máximo de cuatro años. En Baja California Sur, Puebla y Veracruz se prevén hasta tres años.

Si bien en Oaxaca se tiene una sanción penal de hasta cinco años de cárcel para la difamación, el caso más grave es el de Chiapas, por lo que incluso ya se interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En 2006, según el director de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, en el país existe un “preocupante patrón” que registra la muerte violenta de tres a cuatro periodistas al año. Asesinatos, secuestros, agresiones y amenazas han sido contra reporteros que han puesto en evidencia las actividades del crimen organizado.

En México, la autocensura de los periodistas ha sido para “protegerse” frente a la deficiente capacidad del Estado para defenderlos. Hoy más que nunca el gobierno en sus tres niveles tiene la obligación de investigar, capturar y juzgar a los autores de los atentados contra los reporteros. Son varios los informes anuales que abordan el problema de la libertad de expresión en México y a pesar de los diferentes enfoques de sus redactores o de la orientación ideológica que los inspira, hay una amplia coincidencia en la valoración del déficit democrático que se experimenta en el campo de la comunicación social e, incluso, en la narración de los casos concretos que se han venido dando en el gobierno del cambio.

En especial sobre México, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el International Press Institut (IPI), el Committe to Protect Journalists (CPJ), el Informe Anual del Relator para la Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos (OEA), han redactado varios informes a los que se suma la clasificación mundial de libertad de prensa que elabora Reporteros Sin Fronteras. Estos reportes muestran los graves problemas que viven los profesionales del periodismo y la limitada libertad de expresión que se experimenta en varias entidades del país.

Por el contrario, como en el viejo régimen la visión del presidente de la República en torno a la prensa sigue siendo idílica. En un articulo publicado por Vicente Fox en Etcétera de junio de 2005, bajo el titulo de: El periodismo, aliado de la democracia, Fox afirmó que “La democracia que vive México ha dado plena vigencia a las libertades que garantiza a toda persona nuestra carta magna. Muestra de ello es el absoluto respeto del gobierno federal a la libertad de expresión”.

Reporteros Sin Fronteras, en su tercera clasificación mundial de la libertad de prensa 2004, ubica a México en el lugar 96 de 167 países, por debajo de Venezuela (90), muy distante de República Dominicana (31) y Costa Rica (35). Para establecer esta clasificación Reporteros sin Fronteras pidió a sus organizaciones colaboradoras (14 asociaciones de defensa de la libertad de expresión, dispersas en los cinco continentes), a su red de 130 corresponsales, a periodistas, investigadores, juristas o militantes de los derechos humanos, que respondieran a 52 preguntas que permiten evaluar la situación de la libertad de prensa en un país.

En México a los conflictos en torno a la libertad de expresión se suman los de los asesinatos de periodistas entre los que destacan los casos de Francisco Arratia Saldierna, en Matamoros, Tamaulipas, el 31 de agosto de 2004; Francisco Javier Ortiz Franco, del semanario Zeta, el 22 de junio de 2004 en Tijuana, Baja California; los más recientes de Raúl Gibb Guerrero, del diario La Opinión, el 8 de abril de 2005 en el estado de Veracruz; el de Dolores Guadalupe García Escamilla, el 5 de abril de 2005, en Nuevo Laredo, Tamaulipas; y la desaparición del periodista de El Imparcial, de Hermosillo, Sonora, Alfredo Jiménez Mota.
Radios comunitarias
El trato discrecional, la ausencia de transparencia sigue siendo una constante en los medios electrónicos. Al respecto, desde 2003 el relator especial de Libertad de Expresión de la CIDH, estableció que en México uno de los temas de mayor debate en materia de legislación vinculada con los medios electrónicos se relaciona con la necesidad de acotar la discrecionalidad en el otorgamiento de concesiones y permisos en materia de radio y televisión, especialmente para los grupos ciudadanos.

La relatoría señala que, dada la importancia que pueden tener estos canales comunitarios para el ejercicio de la libertad de expresión, resulta inadmisible el establecimiento de marcos legales discriminatorios o formas de dilación que obstaculicen la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias (punto 234 del capítulo II del informe).

El 3 de marzo de 2004 tuvo lugar la audiencia de la CIDH, en Washington, para presentar la situación de las radios comunitarias en México, razón por la cual este organismo internacional pidió la presencia del gobierno mexicano para que las autoridades competentes también se presentaran. En dicha audiencia, primera que se daba sobre el tema específico para un país, resaltó la ausencia tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como de Gobernación, instancias encargadas del tema en México, pues ha sido ya una práctica frecuente por parte del gobierno foxista no presentar a la autoridades responsables de los temas cuando se dan estas audiencias. La postura del gobierno federal la presentó la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de Juan José Gómez Camacho, quien fungía como director de la Unidad de Derechos Humanos.

El representante gubernamental dijo al comienzo de su participación que aunque ciertamente en México el marco normativo de radio y televisión necesitaba adecuarse a los parámetros de libertad de expresión de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, en nuestro país se ha trabajado para que así sea, y una prueba clara de ello es el decreto del 10 de octubre de 2002, producto de los consensos logrados en la llamada Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Ley Federal de Radio y Televisión.

La credibilidad del gobierno mexicano quedó en entredicho, pues en la visita oficial que hizo el relator de libertad de expresión en 2003, uno de los puntos a debate era la imposibilidad de generar espacios alternativos en los medios de comunicación mexicanos.

Por su parte la CIDH, a través de sus comisionados, pidió al gobierno mexicano que establezca las condiciones para fortalecer el diálogo e involucrar a más actores de la sociedad, así como iniciar la estandarización de los parámetros de respeto a la libertad de expresión en la normatividad interna, por lo que dará un seguimiento cercano a los avances en el proceso de diálogo, así como realizar una evaluación sobre los mismos en una sesión de trabajo en su próximo periodo de sesiones que será en octubre.
Ley Televisa
Para las Naciones Unidas el caso mexicano en materia de libertad de expresión presenta serias dificultades. El pasado primero de mayo el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, criticó las recientes reformas a los marcos legales en telecomunicaciones, radio y televisión –conocidas como ley Televisa–, pues limitan la posibilidad de participación de amplios sectores de la sociedad mexicana, como es el caso de las comunidades y pueblos indígenas, y porque contravienen la normatividad internacional en la materia, “en demérito de la libre expresión e información”.

En su discurso con motivo de la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, Incalcaterra expuso la primera crítica de un representante de un organismo internacional a la ley aprobada el 30 de marzo en el Senado, y publicada el 11 de abril por el Ejecutivo federal. Consideró que estas reformas, “al no tomar en cuenta la normatividad internacional en la materia, limitan y restringen el derecho a la libertad de expresión y opinión.

Con la Ley de Radio y Televisión que entró en vigor este año, en la adjudicación de concesiones de radio y televisión se impuso un criterio eminentemente económico, en demérito de la libertad de expresión e información. Con ello se limita la posibilidad de participar a amplios sectores de la sociedad mexicana. Las críticas del Alto Comisionado se suman a la de las dos principales instituciones encargadas de la regulación en la materia, la Comisión Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia.

México todavía tiene mucho camino por delante y la libertad de expresión muchas batallas por librar. El Estado mexicano se ha comprometido internacionalmente, de acuerdo con el artículo 19, fracción 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y con el artículo 13, fracción 2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), a: 1) Respetar y garantizar el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras. 2) No restringir el derecho a la libertad de expresión por vías o medios indirectos.

La Declaración de principios sobre libertad de expresión, aprobada por la CIDH durante su 108 período ordinario de sesiones en octubre de 2000, señala que “las asignaciones de radio y televisión deben considerar criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades para todos los individuos en el acceso a los mismos”. Es por ello que la ONU ha señalado en el sexenio foxista que en México debería legislarse para permitir el libre acceso de las comunidades y pueblos indígenas a las ondas de radio, televisión y otros espacios informáticos, otorgando los permisos correspondientes sin cortapisas y modificando la legislación en caso necesario. Con la aprobación de la nueva Ley Federal de Radio y Televisión, una vez más se omiten los argumentos de la ONU y de destacadas organizaciones de derechos humanos en el tema concerniente a la libertad de expresión que sigue siendo una asignatura pendiente en la agenda de la transición política.
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Propineros, víctimas de la simulación laboral

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