La gran prueba
José Antonio Chapa Camargo
xijoadamo@yahoo.com.mx
El próximo 2 de julio se llevarán a cabo las elecciones federales en nuestro país, donde se elegirán además del presidente de la República, el Congreso --diputados y senadores-- y algunos gobernadores. Ésta será la ocasión para poner a prueba todo el sistema democrático que hasta ahora hemos creado, ya que realmente el gran elector, el otrora gran árbitro, dejó de existir en julio de 2000.
Como bien sabemos, el presidente en turno impulsaba al que sería su sucesor y sobre todo quien le cuidaría sus muy vastos intereses creados antes, durante y después de su mandato, así también sabemos de sus amplios intereses políticos que, sin embargo, terminaban con el fin de su sexenio. Esta regla de oro normalmente funcionaba, a cambio el expresidente ya no se metía en cuestiones políticas, con lo que la gran fuerza que acumulaba durante su gobierno, pasaba automáticamente al nuevo presidente.
Este método funcionó casi durante 60 años, hasta que en la selección del candidato en 1988, el PRI prácticamente perdió la Presidencia del país, aunque no se pudo comprobar cabalmente, debido a que hasta entonces el gobierno controlaba todas las áreas y órganos que legitimaban las elecciones.
Veinte años antes, en 1968, las protestas y grandes marchas organizadas principalmente por estudiantes, intelectuales, grupos inconformes de trabajadores y un sinnúmero de líderes político y sociales, demandaron mayor democracia, mediante la participación en los diversos niveles de la actividad pública y política.
El gobierno del expresidente Echeverría tuvo la gran oportunidad de ensanchar los cauces democráticos, pero los grupos duros del gobierno se interpusieron y no quisieron, incluido él, modificar los modos de hacer política. Lo demuestra la represión del 10 de junio de 1971, donde hubo un sinnúmero de muertos y desaparecidos. No sólo no se modificaron las cuestiones políticas, sino que surgieron y profundizaron los problemas económicos después de una larga estabilidad económica y un cierto crecimiento del país. Esta problemática se ha venido agudizando y persiste, por el tipo de políticas emprendidas por los últimos cuatro presidentes.
En los aspectos políticos se avanzó, afortunadamente. En 1977 se realizó la reforma política, impulsada en el gobierno por don Jesús Reyes Heroles y por un grupo de demócratas, como lo fueron don Heberto Castillo y otros muchos luchadores sociales, hasta llegar a aquel desprendimiento de priístas, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo entre 1986 y 1987, culminando con aquella elección del 88 tan debatida por unos y tan aprovechada por otros, como los panistas que en 2000 ganaron la Presidencia. Sin embargo, los resultados han sido magros, por la escasa preparación política del triunfador y de su grupo, al encabezar el gobierno, y aún más su falta de amor a la patria y a los mexicanos, muchos de los cuales depositaron su confianza en el famoso “cambio”.
Las condiciones para julio de 2006 son distintas, deberemos de correr la voz de la importancia de acudir a votar todos los ciudadanos, conscientes de la importancia de que con su voto emitido ese día, podrán contribuir a que nuestra incipiente democracia dé el vuelco necesario y auténtico, y le demos el valor y la dimensión que significará una elevada participación. El mensaje que estaremos enviando será, entonces, el que necesitamos el cambio de a de veras.
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Recaudación de impuestos
José Luis Apodaca
japodaca@prodigy.net.mx
Existe una campaña intensa en la que han dominado dos propuestas de modelo de país: la del Partido Acción Nacional (PAN) y la del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Ambos han delineado con diferentes grados de detalle sus respectivos proyectos de nación, y creo que las propuestas de los otros candidatos y partidos estarían comprendidas entre éstas dos.
1. Para que los ciudadanos podamos normar criterio sobre el debate del tema de los impuestos, nos parece conveniente considerar tres aspectos fundamentales de nuestro México, que constituyen una realidad histórica:
a). La distribución de la riqueza es marcadamente injusta, porque 10% de la población que más recursos tiene, recibe 40% del producto interno bruto (PIB); 50 millones de mexicanos viven alguna situación de pobreza; y 25 millones se encuentra en pobreza extrema. La aportación de los mexicanos que trabajan en la Unión Americana se distribuye eficazmente y mitiga en parte esa pobreza, porque el año pasado enviaron 18 mil millones de dólares a sus familiares.
b). En México la recaudación impositiva y la explotación de los energéticos, son temas muy relacionados. El impuesto al ingreso y al consumo promedian solamente 10% del PIB, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos es mayor del 30%. Son críticos la evasión fiscal ilegal, el contrabando y las devoluciones de impuestos cuantiosas, por demandas que ganan ciertos bufetes de abogados muy enterados de las deficiencias de Hacienda.
Se cubre el déficit fiscal con las aportaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) al presupuesto federal, que significan 10% del PIB; irracionalmente se endeuda a esta paraestatal para cubrir inversiones que aseguren el ritmo de extracción del crudo.
c). El PIB de México es de 7 billones de pesos (un billón es un millón de millones). El presupuesto anual del gobierno federal es de 2 billones de pesos; en el año 2005 Pemex aportó casi un billón de pesos a los ingresos de este presupuesto. Y el rescate bancario (Fobaproa-IPAB), ya alcanza 1.2 billones de pesos.
2. Como en todas las campañas electorales, y dada la situación de la distribución de la riqueza, los candidatos a la Presidencia prometen que durante su gestión lograrán muchas ventajas para los ciudadanos pobres. Es interesante observar la alta coincidencia en este tema entre el PAN y el PRD. Ambas políticas laborales se enfocan a la creación de empleos, salarios, pensiones, educación y becas a estudiantes, salud, vivienda, seguridad, apoyo al campo y fomento agropecuario, forestación y medio ambiente, caminos rurales, comunidades indígenas, deporte, agua potable y tratamiento de aguas residuales.
3. Considerando la similitud de promesas, ambos candidatos deberán convencernos cómo obtendrán los recursos para hacerlas realidad; de lo contrario se arriesgarán a que los consideremos de corte populista.
Si no mejora la recaudación fiscal en México en el próximo sexenio (se requiere al menos en un 10% adicional del PIB), estaremos al borde de una crisis, causada por los altos índices de pobreza y la gran concentración de la riqueza. ¿A quiénes les cobrarán Andrés Manuel López Obrador y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa los impuestos que se están evadiendo en México? Los autoempleados informales que medianamente sobreviven, tienen poco que aportar. Los grupos adinerados que concentran 40% del PIB, no acostumbran dar su apoyo ni su voto por quien pretenda cobrarles impuestos. Por otra parte, cobrar IVA a los alimentos y medicinas sólo ingresaría 2% adicional al PIB, y afectaría radicalmente a dos tercios de los mexicanos que perciben menos ingresos. La posición de López Obrador está muy clara: No aumentará impuestos, simplificará su pago y enfrentará la evasión fiscal que alcanza 50%. Felipe Calderón le apuesta a bajar las tasas y a la simplificación en el pago de impuestos, que piensa serán motivo suficiente para que muchos empresarios que simpatizan con él, cumplan con sus obligaciones fiscales.
La conclusión es sencilla, porque existen dos temas muy trascendentes para el próximo debate del 6 de junio: ¿Se comprometerán los candidatos a resolver la evasión fiscal para distribuir con justicia la riqueza? ¿Explicarán con claridad el destino que se dará a la renta petrolera? La desigualdad en México podría desbordar en crisis.
Finalmente los ciudadanos mexicanos tendremos la última palabra con nuestro voto, para decidir cual camino tomar.
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OSC contra el abuso de autoridad en Atenco
Judith Álamo López
judithalamol@gmail.com
La violencia crea más problemas
sociales que los que resuelve”:
Martin Luther King (1929-1968)
A sesenta días de las elecciones federales más competidas en la historia de México, voces de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), de las organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de los derechos humanos clamaron por la vida y libertad de los presos de San Salvador Atenco, detenidos luego de protagonizar, junto con policías de diferentes corporaciones, hechos lamentables, no ajenos al recrudecimiento de la lucha electoral y consecuencia de los esfuerzos postreros de un gobierno federal que al decidirse a ser “efectivo” en la aplicación de la ley, pasará a la historia como represor.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez –al frente de una red de OSC– solicitó a las autoridades federales, estatales y municipales intervenir conforme a su competencia para efectuar una investigación imparcial de los hechos ocurridos el 3 de mayo, en los que perdió la vida un adolescente de 14 años, a fin de deslindar responsabilidades, y exhortó a las partes en conflicto a hacer uso de la vía del diálogo para encontrar la mejor resolución, además de exigir al Estado mexicano respeto y protección de los derechos humanos de más de un centenar de detenidos.
Y mientras el gobierno federal, apoyado en las televisoras nacionales, exhibió la rijosidad de los atenquenses del Frente Democrático por la Defensa de la Tierra (FDDT) contra policías inertes, supuestamente desarmados, poco a poco la presión de las ONG y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos consiguió esclarecer que los policías sí iban armados e incurrieron en múltiples atropellos, como la presunta violación y agravios sexuales en contra de decenas de mujeres detenidas e incluso de un hombre.
Estos hechos se usaron en medios masivos para fortalecer la campaña del miedo del PAN (“Gobernaré con mano firme”, eslogan de Felipe Calderón) en contra del PRD y Andrés Manuel López Obrador (“Un peligro para México”), aunque éste último esté alejado del televisivamente resucitado sub Marcos y su Otra Campaña y nada tenga que ver con el FDDT ni las otras organizaciones involucradas.
Es evidente que hubo abusos en el ejercicio de la autoridad y si el gobierno federal busca elecciones pacíficas habrá que castigar a los responsables.
Noti-OSC-ONG
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación convocó a una movilización para el 10 de junio, para conmemorar el 35 aniversario del Jueves de Corpus.
* La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) atraviesa por una reestructuración y es investigada debido a la filtración de un borrador del informe de la llamada guerra sucia al diario The New York Times, antes de haberlo presentado al jefe del Ejecutivo. De acuerdo con la versión publicada, el Estado mexicano incurrió en crímenes de lesa humanidad como masacres, desapariciones forzadas, tortura sistemática y genocidio al intentar destruir a insurgentes, campesinos y activistas que consideró sus enemigos. Asimismo, está pendiente el dictamen final contra los responsables del halconazo por parte del Poder Judicial de la Federación.
* Transparencia Mexicana dio a conocer el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2005, y ubicó a México en el lugar 65, con niveles comparables a países como Ghana, en África, y Perú o Panamá. en América.
* “Este arraigado estado de corrupción en el país, el precario Estado de derecho y la endeble seguridad jurídica afectan la imagen y la competitividad de México en el mercado internacional”, advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
* Las grandes coaliciones del movimiento inmigrante manifestaron repudio ante el anuncio del presidente George W. Bush de militarizar la frontera con México, desplegando 6 mil elementos de la Guardia Nacional estadunidense. Según la cancillería mexicana actualmente hay 12 mil elementos de la patrulla fronteriza.
La medida que busca cerrar la inmigración ilegal de trabajadores se interpretó como un intento de Bush por complacer a la base conservadora del Congreso para lograr la aprobación de una reforma migratoria integral, que incluya un programa de trabajadores temporales y la legalización de una parte de la población inmigrante indocumentada.
Perfil
We Are America Alliance. www.americanonline.org La segunda semana de mayo, en Washington, DC, se dio a conocer el surgimiento de We Are America Alliance (Alianza Somos América), una coalición a nivel nacional conformada por alrededor de 300 organizaciones comunitarias, laborales, locales, estatales, nacionales y de inmigrantes para promover una reforma migratoria integral.
La más grande organización defensora de inmigrantes hispanos en Estados Unidos, el Consejo Nacional de la Raza (NCLR, por sus siglas en inglés), a través de su presidenta Janet Murguía, anunció que se suma a la nueva alianza “para convertir el fervor de las marchas recientes por los derechos de los inmigrantes en un poder político permanente al representar un millón de votos electorales, e informó que continuarán organizando manifestaciones pacíficas para que las voces de los inmigrantes latinos se sigan escuchando y contribuyan a forjar un mejor país”.
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Atenco: la clave es la impunidad
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