Feliciano Hernández
felicianohg@yahoo.com.mx
Los costos legales y sociales por el conflicto en San Salvador Atenco, dentro y fuera de México, tienen que ser pagados por los gobiernos federal, estatal y local, por la torpeza con la que lo enfrentaron. Los líderes detenidos y encarcelados como delincuentes deben recuperar su libertad, ya. La sociedad ajena a todo esto quiere calles tranquilas. A muchos mexicanos les queda claro que las autoridades perdieron el control de la situación y cometieron abusos de poder. Los pobladores de Atenco sólo resistieron la invasión policial. Las autoridades de todos los niveles deben entender que el pueblo ya no se deja, que la gente tiene derecho a defender sus propios intereses, a no dejarse pisotear, a oponerse al despojo, sobre todo en regímenes como el mexicano donde impera la ley de “ni los veo ni los oigo”.
Con esto, reprobado y sin futuro político resultó el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, en su primera gran prueba que le planteó el conflicto en Atenco. Ahora ya ganó, con sobrada torpeza, un espacio destacado en el “salón de la fama” de los grandes represores mexicanos. Sí, junto a sinvergüenzas como el exgobernador priísta de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, por la masacre de Aguas Blancas, o el panista de Jalisco, Francisco Javier Ramírez Acuña, por el ataque y encarcelamiento a los denominados altermundistas (otro mundo es posible).
Peña Nieto exhibió una peligrosa falta de sensibilidad social y sobre todo de astucia política para resolver un asunto de por sí delicado. ¿Acaso le faltan asesores? ¿Quiénes son? ¿Cobran bien por mostrar tanta insuficiencia de neuronas? ¿Quién ha dicho a estos funcionarios primitivos que con fuerzas antimotines van a acallar la justificada protesta social en ese y en otros casos?
Los famosos macheteros de Atenco no son “hermanitas de la caridad” –¡qué bueno que no se dejen!–, por tanto no gozan de muy buena fama, cierto, y esto gracias a la satanización de que los ha hecho objeto Televisa y Tv Azteca, así como otros medios serviles a los grupos de poder antipopulares, algunos de los cuales se vieron afectados por el frustrado proyecto aeroportuario del año 2001, propuesto por los inversionistas y por el gobierno foxista como la mayor obra del sexenio, que en realidad significaba el mayor negocio de unos pocos.
Independientemente de lo que crea el gobernador mexiquense y de lo que le hagan creer sus aduladores, lo cierto es que Peña Nieto arriesgó el poco capital político que le quedaba, luego del escándalo de corrupción que le estalló a su promotor y presidenciable, el exgobernador Arturo Montiel.
Aparte de la responsabilidad que corresponde al gobierno federal en el mal manejo del conflicto de Atenco, sin duda que Peña Nieto careció de habilidad para enfrentar el problema sin saldo rojo y se dejó llevar por los “duros” del gabinete foxista, como el secretario de Seguridad Pública federal, Eduardo Medina Mora, y el subsecretario Miguel Ángel Yunes; asimismo del propio equipo, como el secretario general de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, y el secretario de Seguridad estatal, Wilfrido Robledo Madrid. Pero ahora el que tendrá que pagar los costos de esta novatada es Peña Nieto. La imagen de México que recorrió el mundo fue la de una reprobable brutalidad policial, totalmente innecesaria e injustificada, y la de un gobernante insensible y torpe.
La manipulación televisiva tuvo que ver en esta reacción virulenta de las fuerzas del orden contra los pobladores de Atenco, al repetir infinidad de veces la escena –una solamente– en la que varios hombres golpean con saña a un policía derribado y aparentemente inconsciente. Repetirla tanto fue más brutal que la imagen misma. Un verdadero llamado al linchamiento, a la venganza. Tal como ocurrió. Pero la mala televisión también ocultó, hasta donde pudo, muchas más imágenes de los uniformados apaleando con todo a la población inerme.
Sin pretender eximir a algunos de los pobladores, por su exceso de ira, es justo señalar que en esa batalla campal ellos estaban en total desventaja ante una policía fuertemente equipada con chalecos antibalas, cascos, escudos, rodilleras, espinilleras, guantes, botas especiales, toletes, armas de fuego, gases lacrimógenos, aparatos de radio comunicación y otros artefactos. En cambio, los pobladores de Atenco todo lo contrario. Vale reconocer que ofrecieron una valiente resistencia apenas con algunas “armas” caseras, machetes, palos, piedras, resorteras; totalmente expuestos en lo físico y en lo legal, puesto que desde ese momento quedaban señalados como infractores de la ley, sin importar que estuvieran siendo vapuleados, sin cascos ni escudos, ni camisas y hasta descalzos enfrentando a miles de efectivos de una policía servil y cobarde.
Resulta inadmisible este lujo de fuerza desplegada por la Policía Federal Preventiva y la estatal, sin importar que tuvieran la ley de su lado. El panista exsecretario de Gobernación, Santiago Creel, se pronunció contra el uso de la violencia para resolver protestas sociales. Así lo dijo y así actuó ante Atenco, en su momento. Los organismos no gubernamentales nacionales e internacionales ya han criticado este acto represor de las autoridades responsables. Pero eso no basta. Deben presentarse cargos contra los funcionarios correspondientes, federales, estatales y municipales. Estos fanáticos de la legalidad –la que les conviene, claro– no deben quedar impunes. El pueblo no paga impuestos para que las autoridades monten toda una infraestructura represora. Los conflictos sociales tienen que resolverse con diálogo, sensibilidad social, y sobre todo con espíritu de justicia. No a la mano dura.
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