José Francisco Gallardo Rodríguez
generalgallardo@yahoo.com.mx
Aunque sus orígenes como un organismo técnico-militar se remontan a comienzos de la República –Guadalupe Victoria en 1824 creó una ayudantía general para asistirlo, que después es retomada por el general Lázaro Cárdenas en 1934–, sin embargo, el Estado Mayor Presidencial (EMP) como se conoce hasta hoy data del gobierno de Miguel Alemán, el primer presidente civil del México posrevolucionario. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando el presidente Ávila Camacho convirtió la ayudantía de la Presidencia en EMP, cuya función principal era coordinar, como estado mayor conjunto, a los estados mayores de la Defensa y de Marina, en una situación de guerra.
El decreto de creación, de enero de 1942, previene: “El Estado Mayor Presidencial es un organismo técnico encargado de auxiliar al presidente de la República en la preparación y organización militar, económica, legal y moral del país, para la guerra”.
La diferencia del EMP del resto de las fuerzas armadas comenzó a notarse en la administración de Alemán, cuando a discreción se comenzaron a dar ascensos a generales amigos del presidente, se hablaba entonces de militares de Piña y de Limón, en referencia a los titulares del EMP Santiago Piña y de la Secretaría de la Defensa Gilberto Limón. Desde entonces se dan los celos y pugnas no sólo entre los mandos, sino entre el EMP y las secretarías de Defensa y Marina.
“Quizá en el origen fue sólo vanidad y frivolidad lo que transformó al jefe de ayudantes del presidente de la República en jefe del EMP y a un grupo de ayudantes militares en un segundo estado mayor. El cambio trajo otras consecuencias: con los presidentes civiles, en quienes por desvinculación con el Ejército, una dosis de desconfianza es probable no haya estado ausente, se crearon de hecho dos cabezas, dos fuentes de mando en competencia con las fuerzas armadas, invadiendo y restando funciones que debieran corresponder al secretario de la Defensa Nacional”, decía Cuauhtémoc Cárdenas en un artículo en la revista Nexos en 1988.
Y agregaba Cárdenas: “Con el tiempo, fueron ampliándose las funciones del EMP: de puramente militares y de ayudantía pasaron a cubrir también las de protección de la persona del presidente y en esa función, con el transcurso de un periodo a otro, este cuerpo se fue constituyendo en una barrera infranqueable, porque así lo han consentido y decidido los presidentes, tanto en cuestiones de la actividad oficial, como en mantener las distancias y los contactos (o las faltas de contacto) que ellos han querido (o no han querido) tener con la gente.
La presencia visible del EMP se ha constituido para el pueblo en la medida del distanciamiento entre sus intereses y los del presidente, así como en el grado de convivencia y acercamiento que puede tener con él, también en la medida del temor, un temor que aísla al presidente de las realidades, pues se le deja ver y saber lo que la trama de intereses que deje se formen a su alrededor, de la que el EMP es una parte importante, y quiere que se sepa.
Desde hace mucho tiempo el ciudadano común y corriente es ahuyentado cuando busca contacto espontáneo con su presidente, se aleja atemorizado o sufre los atropellos producto de la prepotencia de aquellos a quienes conviene mantener cercado al presidente y que se niegan a ver en él, con su aceptación tácita, al funcionario mortal y falible, como cualquier persona, que tiene ciertamente una muy importante encomienda que desempeñar, pero que tendría que cumplirla con deferencia hacia los demás y la modestia que se espera de quien nunca debiera perder de vista que está en el cargo porque lo debe a un consenso colectivo.
La confianza presidencial en el pueblo y su cercanía o alejamiento de él, resulta consecuencia directa de la propia valoración presidencial de cómo ha dado respuesta su gobierno a la demanda social y del cumplimiento que ha hecho de los compromisos públicamente contraídos.
El pueblo espera ya el fin de las escoltas, con todo lo que presuponen y significan, la desaparición de los guaruras, de los jóvenes pelados casi a rape y con un distintivo fosforescente que se asolean por horas y horas en los pasos a desnivel, de la irracional movilización de los cuerpos del Ejército en las giras presidenciales, como signo de que los altos funcionarios públicos, encabezados por el presidente de la República, estarán cumpliendo sus mandatos con conductas y actitudes que correspondan a una república y a una democracia reales, a quienes confían en el pueblo y tienen voluntad política para trabajar con él, a quienes no le temen ni rechazan su contacto”.
Si bien todo ello es una realidad lacerante para nuestro país, el asunto no para ahí; el EMP maneja a discreción equipo y material de guerra, recursos e información, participa en las campañas electorales para inclinar el voto a favor del partido en el poder, tiene privilegios sobre otras dependencias de las fuerzas armadas y sobre cualquier secretaría de la administración pública, y las sospechas de que en su seno se han fraguado los crímenes de Estado más escandalosos de nuestra historia, como la matanza de Tlatelolco en 1968, todo ello se entrelaza para dar luz sobre una institución que ha buscado permanecer alejada de la auscultación social.
A pesar de las críticas que ha recibido, el EMP no ha sufrido cambios significativos desde que los priístas fueron sacados de Los Pinos, al igual que el Ejército, se mantiene férreamente cerrado, apartado del escrutinio social, negado a la rendición de cuentas y ajeno a los cambios que soportan otras instituciones por el avance democrático del país.
Es por ello que en el cambio de administración que se avecina, instituciones que tienen cuentas pendientes con el pasado, que fueron soporte de un sistema autoritario y de un partido de Estado, como el EMP, ya no tienen cabida en el México actual, por lo tanto deben desaparecer.
Este contexto se torna aún más grave para la democracia si un partido de izquierda llega al poder, y deja intocados los poderes de facto que se oponen al orden institucional del Estado mexicano.
En el grado en que se resuelvan estos temas, será el nivel de democracia que tengamos en el México del siglo XXI.
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