La Habana, 9 dic (PL) Después de un receso, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (farc-ep) retoman hoy en esta capital las conversaciones que buscan el fin de décadas de conflicto armado




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FARC-EP y Gobierno colombiano reanudan en Cuba diálogo de paz

La Habana, 9 dic (PL) Después de un receso, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) retoman hoy en esta capital las conversaciones que buscan el fin de décadas de conflicto armado.

Las partes cumplieron este sábado el alto de un día en la mesa de diálogo que tiene su sede permanente en el Palacio de Convenciones, el cuarto receso desde el inicio de las pláticas el pasado 19 de noviembre, con Cuba y Noruega en el papel de países garantes.

Según lo anunciado, las discusiones continuarán centradas en el tema de la tierra, el primer punto de una agenda que incluye además la participación política, el fin en sí del conflicto, el problema del narcotráfico, la atención a las víctimas y un mecanismo de implementación y verificación de lo acordado.

Hasta el momento, ha primado la discreción en torno a lo abordado durante las conversaciones, aunque las pocas señales ofrecidas por los interlocutores al respecto sugieren la existencia de avances.

Tanto las FARC-EP como el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos han celebrado los pasos dados en función de propiciar la participación de la sociedad colombiana en el proceso de paz, el cual sigue a varios intentos fallidos en el pasado por terminar medio siglo de hostilidades.

El anuncio de un foro sobre desarrollo agrario integral, previsto del 17 al 19 próximos en Bogotá, la activación el viernes último de una página web de la mesa y las consultas a expertos son mecanismos encaminados a recibir criterios y propuestas sobre los seis puntos de la agenda del diálogo.

ls/wmr

Por el delito de persecución

Denuncia contra Uribe en la Corte Penal Internacional CPI

El representante a la Cámara Iván Cepeda entregará mañana a la fiscal general de la Corte Penal Internacional la primera denuncia contra el expresidente por hechos ilegales del DAS

El Espectador / Domingo 9 de diciembre de 2012

El expresidente Álvaro Uribe junto al representante Iván Cepeda en la versión libre que el exmandatario rindió ante la Comisión de Acusación en agosto. / Archivo El expresidente Álvaro Uribe junto al representante Iván Cepeda en la versión libre que el exmandatario rindió ante la Comisión de Acusación en agosto. / Archivo

Con la pretensión de que se investiguen como delito de persecución las acciones perpetradas por el DAS contra opositores políticos, magistrados o periodistas, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que se reconozca que él fue él máximo responsable de estas acciones en su condición de presidente de la República, el representante a la Cámara Iván Cepeda Castro radicará mañana ante la Corte Penal Internacional una denuncia formal para que el tema sea incluido en el llamado expediente Colombia como crimen de lesa humanidad.

El documento será entregado a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, con la consideración preliminar de que a partir de 2004 Colombia se encuentra bajo el examen del organismo internacional y que el delito de persecución no ha sido estudiado, pero debe evaluarse a la luz de lo que sucedió con el DAS en la era Uribe Vélez. El parlamentario Cepeda resaltó que esta conducta se consumó con fines políticos, afectando a un grupo de personas y organizaciones con una característica común: formaban parte de la oposición al Gobierno.

Como hechos representativos de la denuncia, Cepeda registró en su documento que el accionar del DAS se originó a partir de un órgano de inteligencia no adscrito a la estructura oficial de la institución llamado G-3, propuesto por el entonces director de la institución Jorge Noguera, hoy condenado por la justicia. El plan se concretó en actividades de desprestigio, presión y sabotaje para enlodar el nombre de algunas organizaciones de derechos humanos, y de varios dirigentes de la oposición, contrarios a los intereses del gobierno Uribe.

El representante destacó en su denuncia que entre las acciones del DAS se incluyeron: la ‘Operación Transmilenio’ para inventar nexos de organizaciones nacional e internacionales con grupos armados ilegales; la ‘Operación Intercambio’, para limitar la influencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la ‘Operación Amazonas’, para desprestigiar a opositores y magistrados de la Corte Constitucional, o la ‘Operación Cascabel’, dirigida a afectar la imagen de la Comisión Colombiana de Juristas y su director Gustavo Gallón.

Cepeda refiere uno por uno los nombres de todos los funcionarios del DAS que terminaron investigados por la justicia, empezando por los exdirectores Jorge Noguera y María del Pilar Hurtado, el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y un sinnúmero de subdirectores, detectives y funcionarios que participaron en las campañas de desprestigio, al punto de que al terminar el gobierno de Uribe Vélez, y ya en los tiempos del presidente Juan Manuel Santos, fue necesaria la supresión del organismo de seguridad.

Como quiera que el DAS era un organismo dependiente de la Presidencia de la República, Cepeda concentró su denuncia en el entonces jefe de Estado, Álvaro Uribe. Por eso referenció que hoy en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, juez natural del primer mandatario, se han instaurado 287 denuncias contra Uribe, sin avances significativos. Pero no solamente en el caso de las persecuciones del DAS, sino en otros episodios que, según el legislador, el expresidente Uribe debería ser investigado judicialmente.

En concreto, el documento refiere dos casos: la masacre del Aro, denunciada en la Comisión de Acusación en 2008, y que registra la muerte de 15 campesinos en Ituango (Antioquia), con un testigo llamado Francisco Villalba, que después se retractó, pero inicialmente señaló al entonces gobernador Uribe; y la masacre de 20 personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ocurrida en 2005, en la que supuestamente el expresidente Uribe no sólo desatendió alertas para proteger a las víctimas, sino que arremetió contra la comunidad de paz.

En opinión de Cepeda, entre las víctimas del delito de persecución perpetrado por el DAS, en la época de Uribe como presidente, estarían: el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, el Cinep, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Asociación Colombiana de Defensores de Derechos Humanos, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, los magistrados de las altas cortes, varios líderes políticos y los periodistas Daniel Coronell, Félix de Bedout, Ramiro Bejarano, Holman Morris y Claudia Julieta Duque.

La denuncia aclaró finalmente que, a pesar de las evidencias, los hechos prueban que han existido presiones para que Uribe no sea investigado y que, definitivamente, “no existe voluntad real para adelantar una investigación seria en su contra, a pesar de que reposan en el proceso suficientes elementos de juicio para tomar decisiones de fondo”. Estas evidencias, según el artículo séptimo del Estatuto de Roma, constituyen persecución por motivos políticos, afectando a un grupo de personas y organizaciones, por las cuales el expresidente debería ser sometido a un proceso judicial.

La defensa del expresidente Uribe

El abogado Jaime Granados, uno de los defensores del expresidente Álvaro Uribe, observó que “la CPI no tiene competencia para investigar el tema de las mal llamadas ‘chuzadas’ del DAS” y que las consideraciones del representante Cepeda constituyen una “absoluta locura”. Granados agregó: “Es de las cosas más poco creíbles que he visto”.

El abogado señaló que el delito de persecución política no existe en la CPI y que este organismo nació para investigar delitos de lesa humanidad, de tal manera que “el organismo no tendría opción de investigar ni por vía subsidiaria ni por competencia directa”. Además añadió que el juez natural de Uribe es el Congreso y que hace más de un año pidió ampliar su versión libre.

El defensor del expresidente puntualizó que no se puede hablar de una hipotética impunidad en el caso de su defendido, puesto que el juez natural, es decir, la Comisión de Investigación y Acusación, aún tiene vigentes varios procesos y de hecho ya se han presentado intentos para que rinda indagatoria. En conclusión, resaltó Jaime Granados, “sólo se trata de un nuevo show mediático de Iván Cepeda”.

09-12-2012

Ha sido condenado a 18 años de prisión en un montaje judicial con testigos paramilitares

Graves irregularidades en el juicio del defensor de derechos humanos David Rabelo

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)

El 22 de noviembre de 2012 fue revelada la última de varias irregularidades en el juicio del defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo, quien ya lleva más de dos años y medio encarcelado. [1]El actual Fiscal 22 Antiterrorismo William Gildardo Pacheco Granados y quien adelantó el proceso judicial contra Rabelo, fue destituido en 1991, por la Procuraduría General de la Nación [2] , cuando se desempeñaba como teniente de la Policía Nacional por su participación en la desaparición forzada de un joven en la ciudad de Armenia.

El fiscal, que además es uno de los directivos de la Asociación Nacional de Fiscales, no podía desempeñar ningún cargo público, según lo ordena el artículo 79 del decreto 261 del año 2000 [3] .

Por esta razón, varias organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos, dirigirán una carta al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en la que le dan a conocer, varias irregularidades sucedidas en el trámite del juicio que se adelanta contra el líder David Rabelo, caso que asume el mencionado Fiscal y en la que le solicitan se tomen las medidas necesarias, para que se respete la ley colombiana.

El defensor de derechos humanos David Rabelo, se entregó a las autoridades, a sabiendas de su inocencia, luego que conociera una orden de captura en su contra, emitida por el Fiscal Pacheco Granados, el 14 de septiembre de 2010 [4], acusado del crimen contra el excandidato a la Alcaldía de Barrancabermeja, David Núñez Cala, en abril de 1991. [5] .

En lo que puede considerarse como un nuevo caso de falsos testigos, durante el proceso que se siguió contra David Rabelo, fueron tenidos en cuenta los testimonios de dos paramilitares, hoy condenados por las masacres cometidas en la ciudad de Barrancabermeja, Mario Jaimes Mejía, alias “El Panadero” [6] y Fremio Sánchez , y quienes a su vez, en su momento habían sido denunciado por Rabelo por las mencionadas masacres, motivo por el cual había sido declarado objetivo militar.

Alias “El Panadero”, que además fue uno de los que participó en el secuestro de la periodista Jineth Bedoya,” en una de sus declaraciones afirmó haber ordenado el asesinado del defensor de derechos humanos.

A pesar de las constantes contradicciones y la falta de veracidad y credibilidad de estos falsos testigos, y de que un tercero, Orlando Noguera reconociera y denunciara durante la audiencia preparatoria que alias “El Panadero” y Fremio Sánchez, «intentaron sobornarlo para que aceptara la acusación por el asesinato de Núñez Cala y que inculpara a Rabelo a cambio de beneficios en Justicia y Paz» [7] , recientemente se conoció que el Juzgado Primero Penal del Circuito condenó a David Ravelo Crespo a 18 años y 3 meses de prisión, luego que el Fiscal 22 de la Unidad Antiterrorismo, William Pacheco Granados, pidiera su condena en marzo del presente año.

Al respecto, Alirio Uribe Muñoz, abogado defensor de David Rabelo, denunció que durante el proceso que se siguió se presentaron varias irregularidades [8]. No sólo, el fiscal Pacheco, cerró la fase de investigación sin efectuar todas las pruebas y testimonios solicitados por la defensa, sino que incluso realizó una petición irregular durante el juicio, en la que se solicitó trasladar a Rabelo de Bucaramanga a Bogotá, acusándole de haber salido de la cárcel para asistir una conferencia en Barrancabermeja [9]

Uribe Muñoz, así mismo cuestionó que la solicitud de condena del Fiscal Pacheco, se fundamentara sólo en tres testigos de cargo, sin hacer referencia a más de 30 testimonios de prestantes personalidades de la ciudad de Barrancabermeja que demostraron, que dichos testigos estaban mintiendo . [10]

En la carta que dirigirán al Fiscal General, las organizaciones además manifiestan que desde que está detenido Rabelo, instancias nacionales e internacionales han llamado la atención sobre su caso y las faltas de cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales de debido proceso.

En particular en marzo de 2011, la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul [11] , y la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, enviaron un comunicado conjunto al Gobierno colombiano a raíz de la detención del defensor. En este comunicado expresan su preocupación porque «la criminalización del señor Ravelo Crespo se enmarcaría en un contexto de aumento de los casos de judicialización contra defensores de derechos humanos en Colombia. Además, en noviembre de 2010, varios diputados británicos reclamaron la liberación de Ravelo. [12]

Mientras se espera que el Fiscal General de la nación, tome las medidas adecuadas en este nuevo caso de falsos testigos, en las que se encuentra involucrado uno de sus fiscales antiterrorismo, el abogado Alirio Uribe Muñoz, quien ya anunció la apelación de la condena, manifiesta su solidaridad a la familia del defensor de derechos humanos y hace un llamado para que las organizaciones sociales, y todos aquellos interesados y que conocen de la calidad de David Rabelo, acompañen con su solidaridad esta carta de denuncia, que se anexa.

Igualmente se ajuntan documentos que prueban la responsabilidad del Fiscal 22 Antiterrorismo en la desaparición forzada del joven en 1991.

Documentos anexos:

Resolución procuraduría Resolución 015 del 10 de julio de 1992 por la que se declara responsable disciplinariamente a William Gildardo Pacheco Granados. Documento PDF 30 páginas, 5.2 MB

Antecedentes Disciplinarios Antencedentes disciplinarios del ciudadano William Gildardo Pacheco Granados, obtenidos del sitio de la Procuraduría General de la Nación el día 19 de septiembre de 2012, Foirmato PDF, 1 página 81 KB

Carta al Fiscal Carta al Fiscal General denunciando las irreguralidades del caso. Documento PDF, 5 páginas 81 KB

Asociación de Fiscales Certificado de Cámara de Comercio de la Asociación de Fiscales, expedido el 30 de octubre de 2012. Documento PDF, 6 páginas, 1.2 MB

DECRETO 0261 DE 2000 Artículo 79. del Decreto 0261 DE 2000, documento PDF, 1 página, 26.6 KB

Consejo de Estado. Decide la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la Sentencia proferida el 11 de marzo de 2005 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “C”. Actor : WILLIAM GILDARDO PACHECO GRANADOS .- Consejero Ponente : DR. ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO.- Documento PDF, 7 páginas, 99.9 KB

Sentencia tutela Sentencia de Tutela T788 de 1999. Documento PDF, 80 páginas, 560.1 KB

Sentencia T-100/10 Corte Constitucional. Documento PDF, 19 páginas, 191 KB

NOTAS:

[1] Iván Cepeda: Denuncian irregularidades en proceso judicial de defensor de derechos humanos David Ravelo, 22 de noviembre 2012.

[2] la Procuraduría Delegada para la defensa de los Derechos Humanos: Resolución 015 del 10 de julio de 1992, Resolución 017 del 22 de noviembre de 1993 y Resolución 2117 del 15 de marzo de 1994.

[3] Fiscalía General de la Nación. Decreto 261 del 2000, artículo 79, numeral 5 en sobre Inhabilidad Especial. No podrá ser nombrado ni desempeñar cargo en la Fiscalía General de la Nación quien haya sido destituido de cualquier cargo público

[4] Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de los Derechos Humanos (EETTDDHH) de Barrancabermeja: Privado de la libertad el defensor de derechos humanos David Ravelo Crespo, 14 de septiembre de 2010

[5] Aunque estaba sindicado también de concierto para delinquir este cargo fue precluido

[6] Vanguardia Liberal: Alias ‘El Panadero’ señala a ex Congresista en un crimen, 5 de noviembre de 2008

[7] La Ley 975 otorga sentencias reducidas a paramilitares acusados de crímenes de lesa humanidad a cambio de sus confesiones y cooperación en el proceso judicial.

[8] PBI Colombia: Defence lawyer Alirio Uribe speaks with PBI about the investigation and imprisonment of David Ravelo, 19 de enero de 2011

[9] CCAJAR: Un nuevo ataque contra David Ravelo Crespo: Fiscal 22 Antiterrorismo hace falsa denuncia, 24 Diciembre 2011.

[10] En medio del Magdalena Medio. En: La Sandunga Films, 2012

[11] Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, Informe de la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Gabriela Knaul, A/HRC/17/30/Add.1, mayo de 2011

[12] Caracol Radio: Diputados británicos piden que Colombia libere a cinco defensores de DD.HH, 17 de noviembre de 2010

Fuente: http://www.colectivodeabogados.org/Fiscal-22-antiterrorismo-William-G

NOTAS RELACIONADAS:

Los presos políticos y las mentiras oficiales, por M.A.Beltrán, U.Flórez Peña, M.E.Rojas (Rebelión, 26 de mayo de 2012)

Nuevo ataque contra David Rabelo: El fiscal antiterrorismo activa malintencionadamente las alarmas de fuga, por CAJAR (Rebelión, 4 de enero de 2012)

La “Democracia más antigua de América” se ha mantenido a base de genocidios, por Camilo Raigozo (Rebelión, 3 de diciembre de 2010)

David Ravelo y el genocidio de la UP en "Cien años de Soledad", por Juan Cendales (Rebelión, 2 de noviembre de 2010)


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