Informe Misión de Observación a las personas presas




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Mayo de 2011
Informe
Misión de Observación a las personas presas

por razones políticas, imputadas en al “caso bombas” y recluidas en la cárcel de alta seguridad,

unidad especial de alta seguridad

Participantes:

Paulina Acevedo, periodista en DD.HH., Coordinadora de Comunicaciones, Observatorio Ciudadano

Marcela Estrada, psicóloga, Equipo de Salud Mental, Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU

Enrique Faúndez, contador, Encargado de Proyectos, Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU

José Miguel Guzman, trabajador social, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS

Hervi Lara, teólogo, Comisión Ética contra la Tortura, CECT

Marcela Sandoval, psicóloga, Directora Clínica, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, CINTRAS

Viviana Uribe, ingeniero, Presidenta Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU

Marcelo Urra, psicólogo, Grupo Psicología por Ñuñoa

José Venturelli, médico, Vocero, Secretariado Europeo de la Comisión Ética contra la Tortura, CECT

Rodrigo Yaconi, constructor, Delegado, Comisión Chilena de Derechos Humanos

Índice de contenido


Índice de contenido 2

Temario 2

1. Introducción 3

1.1. Contexto previo al arresto 4

1.2. Circunstancias de la detención y situaciones de abuso policial 4

1.2.1. Violentos allanamientos 5

1.2.2. Presunción de inocencia 5

1.2.3. La “condena” mediática 5

1.2.4. Estigmatización y persecución a creencias e historia política 6

1.2.5. Hostigamiento y seguimientos a las familias 7

1.2.6. Inicio de la huelga de hambre 7

2. Objetivos de la Misión de Observación 8

3.Violación de normas internacionales, regionales y nacionales 9

3.1. Derecho al debido proceso y tratamiento digno 9

3.2 Obtención de muestras mediante la aplicación de fuerza 9

3.3. Condición de aislamiento 10

3.4. Celdas individuales en condiciones deficientes 11

3.5. Respeto a la dignidad de las visitas y derecho a visita conyugal 11

3.6. Sobre la huelga de hambre 12

4. Algunas conclusiones generales 14

4.1. Desde la perspectiva de la salud mental 14

4.2. Desde la perspectiva de la salud física 14

4.3. Desde la perspectiva psicosocial 15

5. Recomendaciones 16

5.1. Algunas consideraciones preliminares 16

5.2. A las instituciones chilenas 16

5.2.1. Al Congreso Nacional 16

5.2.2. Al Ministerio Público 16

5.2.3. Al Ministro del Interior 16

5.2.4. A Gendarmería de Chile 17

5.3. A las instituciones regionales 17

5.3.1. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) 17

5.4. A las instituciones internacionales 17

5.4.1. Al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) 17

5.4.2. Al Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (ONU) 17

ANEXOS 18

1. Introducción



Esta Misión de Observación surge a partir de la iniciativa tomada por las familias de las personas detenidas (2 mujeres y 12 hombres) el 14 de agosto de 2010 por su presunta participación en la colocación de artefactos explosivos de ruido, denominado como “caso bombas” por los medios de comunicación, quienes acuden a diferentes organizaciones chilenas de derechos humanos, a fin de solicitar información, antecedentes y sugerencias de posibles acciones frente al proceso por el cual sus familiares habían sido detenidos y procesados bajo la aplicación de la ley antiterorista.
De las reuniones sostenidas con representantes de estas organizaciones surge la necesidad de constituir una Misión de Observación que visite a la brevedad la Unidad Especial de Alta Seguridad de la Cárcel de Alta Seguridad, ubicada en Av. Pedro Montt 1902, en Santiago, a objeto de conocer de primera mano la situación carcelaria de los imputados, así como su estado de salud tanto psicológico como físico, dado que hace más de un mes estaban en huelga de hambre. La Misión de Observación fue realizada el sábado 2 de abril de 2011.
El informe de la Misión considera aspectos de contexto previos al arresto de lo/as imputado/as y sobre la violencia innecesaria ejercida al momento de las detenciones. Da cuenta a su vez de lo observado al interior del recinto penitenciario y de la información proporcionada por las personas privadas de libertad y por la autoridad a cargo del centro de reclusión. Finalmente, realiza algunas conclusiones generales, y formula un conjunto de recomendaciones a instituciones chilenas (Congreso Nacional, Ministerio del Interior, Ministerio Público, Gendarmería de Chile), regionales (CIDH/OEA) e internacionales (ONU).
Para la Misión de Observación las personas imputadas en este caso son consideradas como preso/as político/as por los elementos que se detallan en este informe. En particular y de acuerdo a la definición de la organización internacional Amnistía Internacional (AI) preso político es: “Todo preso cuya causa contenga un elemento político significativo, ya sea la motivación de sus actos, los actos en sí mismos o la motivación de las autoridades1.

Asimismo, en el Informe de Derechos Humanos 1990-2000 de CODEPU se entiende que “el delito político ha sido definido como el hecho que en sí mismo tiene el carácter de político, aquel en que se sanciona un pensamiento o ideología (presos de conciencia), o donde la conducta del sujeto, aunque tenga una apariencia material de hecho delictivo común, está enmarcado, o motivado, como un acto con fines políticos. Desde este último punto de vista es posible que un mismo hecho, por ejemplo un robo o asalto, pueda tener el carácter de delito común o político atendiendo al móvil de quien lo realiza. La motivación del hechor debe desprenderse de elementos medianamente objetivos, como son la pertenencia a una determinada organización política; el destino que el hecho pretende darle a lo obtenido con el hecho; o que el hecho se enmarque dentro de una acción de propaganda política2.

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