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SMART MOBS: DILEMAS

CONCEPTUALES & POLITICOS.

EL CASO DE LIBERACIÓN DIGITAL.
CECILIA MONGE BABICH - SEBASTIÁN RUIZ-TAGLE

RESUMEN

El objetivo del presente ensayo es discutir y explorar las dimensiones políticas de la expansión de social media a la luz de un caso particular: el movimiento chileno Liberación Digital. El input teórico elegido se pueden condensar en el concepto de smart mob o ‘multitud inteligente’ introducido por el periodista Howard Rheingold para capturar las transformaciones sociales asociadas a las nuevas tecnologías de información. A partir de estos elementos, se abordan las siguientes preguntas: ¿Es Libración Digital una smart mob? ¿Qué poder político tienen y pueden tener los grupos organizados mediante tics? ¿Se trata realmente de nuevas formas de organización política? ¿Hasta qué punto pueden las estructuras de poder tradicionales reaccionar frente a estas nuevas organizaciones?

* MARZO 2009 *


* TABLA DE CONTENIDOS *


  1. INTRODUCCIÓN.

  2. UN POCO DE HISTORIA

  3. SMART MOB Y CONCEPTOS AFINES

  4. LIBERTAD DIGITAL: SER O NO SER UNA MULTITUD INTELIGENTE.

  5. CONCLUSIONES

  6. BIBLIOGRAFÍA.


1. INTRODUCCIÓN
El 9 de Mayor del año 2007, durante la inauguración del “Microsoft Academic Summit” realizado en Viña de Mar, el Ministerio de Economía suscribe con la corporación Microsoft un acuerdo de colaboración con forma de contrato legal titulado “Acuerdo Marco de Colaboración entre Ministerio de Economía y Microsoft Corporation y Microsoft Chile”. En su encabezado, el documento se define como una declaración de “colaboración voluntaria del Gobierno de Chile y de Microsoft en la concreción de los objetivos tenidos a la vista, siempre que éstos contribuyan efectivamente al interés general del país, y dentro del ámbito de las atribuciones y competencias que establece el orden jurídico nacional”1. Las partes estaban representadas por: el abogado democratacristiano Alejandro Ferreiro, a la sazón Ministro de la cartera; Craig James Mundie, entonces Chief Research and Strategy Officer de Microsoft Corporation; y Hernán Orellana, entonces gerente general de Microsoft Chile.

El contenido de este acuerdo desató una enorme polémica y un conflicto socio-político singular donde los defensores del bien público no eran los actores políticos tradicionales agrupados en partidos, sino civiles de distintas convicciones y procedencias sociopolíticas, pero que tenían en común el interés por la informática y por la defensa de los intereses del país. Este conflicto logró amplia cobertura mediática y el movimiento ciudadano alcanzó ciertos márgenes de éxito: no sólo obligó al ejecutivo a revisar el convenio, sino que forzó a las autoridades a establecer una mesa de conversación y consulta permanente con la sociedad civil para delinear las políticas de internet y desarrollo digital del país. El movimiento civil más importante que se formó con ocasión de esta coyuntura fue Frente de Liberación Digital (en adelante LD).

En la red de bitácoras digitales chilenas quedan hasta hoy los registros de las conversaciones y ‘posteos’ que dieron origen a este movimiento. El movimiento mismo se constituye, coordina, delibera y decide virtualmente. El movimiento como “organización” tiene su origen en la creación de un sitio web: http://liberaciondigital.org. No se trata de sólo un sitio web gestionado por un grupo de personas. Tiene, obviamente un creador y administradores definidos, pero los contenidos son producidos colectivamente por los usuarios adherentes al movimiento; tampoco el movimiento está contenido en los límites del sitio: toda la diversidad de medios de comunicación de la web (wikis, flikr, blogs, fotologs, grupos de discusión, foros, páginas web, comunidades P2P, e-mails, etc.) se pone en movimiento generando contenidos asociados al movimiento. A través de ‘banners’, decenas sino cientos de otros sitios webs adhieren al movimiento generando una trama de links que remiten al sitio de Liberación Digital2. Estas redes tampoco están contenidas en las fronteras nacionales. Esta dinámica forma opinión pública y coordina acciones colectivas que ponen en cuestión las decisiones de la autoridad.

Más adelante discutiremos en detalle la estructura y los logros o fracasos de este movimiento. Por ahora quiero destacar que se trata de un ejemplo particular del modo como internet, y particularmente el conjunto de aplicaciones y soluciones llamada ‘Web 2.0’, ofrece una nueva ‘arquitectura de participación’ para la actividad política3. La particularidad de estos medios es que sus contenidos son generados y discutidos por los propios usuarios —en muchos casos en tiempo real. El efecto de las tecnologías de información y comunicación (TIC) sobre la vida social no es ningún secreto y está ampliamente documentado. Imprenta, telégrafo, prensa, cine, radio, teléfono y televisión transformaron radicalmente la cultura, los mecanismos de coordinación social y las relaciones de poder en su momento4. Desde hace poco más de una década, la telefonía móvil e internet están transformando la vida cotidiana y las prácticas productivas de grandes masas de población. Para diferenciar estos nuevos soportes de comunicación masiva se habla de “nuevos medios” o “nuevas tecnologías de la de comunicación” (NTIC)5.

La apropiación y uso de estos nuevos medios por parte de la población supone nuevas formas de vida social y de significados sociales que emergen en múltiples dimensiones. En una primera mirada, el uso de nuevas tecnologías está cargado de connotaciones de éxito o autonomía personal, las que se articulan especialmente a través de la publicidad. Las NTICS aparecen así como una forma de distinción social —y, en último término, de exclusión. Pero como se dijo antes, de modo particular con la emergencia de la web 2.0, emerge un nuevo significado: de manera más radical, las NTICS hacen posible una forma nueva de existencia social cotidiana desanclada de contextos y ritmos que impone la localización espacial y su reestructuración en un espacio virtual. Esta forma de apropiación colectiva de los medios por parte de los usuarios tiende a un sentido inclusivo e igualitario.

Es en este sentido en que las NTIC’s devienen en social media. Es importante tomar el peso de este último punto. No se trata del uso de NTICS como una extensión o herramienta de la vida social ‘real’, una NTIC deviene social media cuando su uso define las reglas de la interacción, cuando es esencial a las condiciones de socialización. Podemos encontrar una hermosa caracterización del tipo de existencia social que emerge con la masificación de social media en el estudio de Pasi Mäempäa sobre el uso de teléfonos móviles en los jóvenes finlandeses: “[…] Las comunicaciones repetitivas por teléfono no parecen un intercambio real de información ni una relación auténtica, sino un mero modo de compartir con los demás un momento puntual de la vida a tiempo real […] la sensación de compartir la vida continuamente […] abren otro mundo de experiencia paralelo, o alternativo a aquel en que uno habita” (Mäenpäa, citado en Rheingold 2002: 45). En un nivel general, puede decirse lo mismo del uso de muchas interfaces actuales de internet.

En este contexto de desarrollo de los social media es inevitable que haga su aparición aquella dimensión inextirpable de la vida humana que es la política. Específicamente, afectan la estructura del espacio público y de la participación ciudadana. Aparte de Liberación Digital, hay ejemplos muchos más dramáticos del rol que pueden llegar cumplir en la política contemporánea. Por nombrar sólo dos ejemplos: la revuelta ‘Poder Popular II’ que derrocó el año 2001 al presidente Joseph Estrada en Filipinas fue coordinada mediante mensajes de texto; el sitio web coreano OhMyNews —alimentado por 26 mil reporteros informales que envían notician en directo con sus teléfonos celulares—logró revertir el resultado de las elecciones del año 2002 generando una despliegue de 700.000 e-mails y millones de mensajes SMS6. También se puede mencionar que los responsables de los disturbios en las zonas urbanas periféricas de las ciudades francesas, holandesas, suizas y belgas el año 2005 a propósito de un caso de excesos policíacos estuvieron coordinados y alentados desde la periferia de la blogosfera7. El ejemplo chileno adquirió notoriedad mundial en la web al atacar las estrategias comerciales de Microsoft.

Sobre estos fenómenos de participación política donde el uso colectivo de NTIC’s juega un rol explicativo relevante se han construido ya una serie conceptos que intentan capturar sus diferentes aspectos y variedades, así como la novedad que representa respecto de las formas tradicionales de organización. Entre ellos se cuentan: ‘cyberactivismo’, ‘hacktivismo’, ‘ciberturbas’, ‘ciberciudadanía’, “ciberpolítica” y ‘democracia emergente’. Es conveniente distinguir entre estos conceptos pues su uso descuidado puede llevar a serias confusiones, pero esta tarea no es sencilla, y por mucho que se manejen correctamente los conceptos circulantes puede ser el caso que éstos sean inapropiados para capturar la complejidad del fenómeno. Por otro lado, como observa Mitch Radcliffe en su blog, los modelos teóricos propuestos para explicar los cambios sociopolíticos que trae el perfeccionamiento y masificación de social media equivalen a “edificios construidos apresuradamente sobre territorio desconocido, que se hunden, sucumben y caen en pedazos a un porcentaje angustiante por razones que apenas son comprendidas por los arquitectos”8.
¿Qué clase de movimiento es Liberación Digital? ¿Es siquiera un movimiento? ¿Qué tiene en común y en qué difiere de otros movimientos que se le asemejan (por ejemplo, los casos filipinos y coreanos mencionados más arriba)? Si se revisa el sitio web de LD, así como los registros digitales de conversaciones y comentarios en los Googlegroups LD así como en toda la blogosfera y en Internet, encontramos la pretensión de identificarse como ‘multitud inteligente’ (‘smart mob’): “una iniciativa que no posee color político ni fines de lucro, y que se sostiene en base a una participación voluntaria y colaborativa a través de Internet”9. El presente trabajo tiene un objetivo relativamente simple y es responder a la pregunta: ¿es efectivamente Liberación Digital una ‘smart mob’? ¿Qué consecuencias trae —qué compromisos implica— que una organización o movimiento social se identifique a sí mismo como un smart mob? A partir de estas simples preguntas podremos explorar e iluminar algunos aspectos más generales sobre los efectos y connotaciones políticas de social media.
Debo advertir que la aproximación al problema tiene un sesgo en favor de LD. Pero tengo la convicción epistemológica de que la neutralidad política es imposible en la investigación social. Los datos se ordenan en hechos o evidencias sí y sólo si se los considera desde un punto de vista. Este punto de vista está estructurado a su vez en prejuicios y preconceptos, los que siempre tienen consecuencias políticas de las que son inseparables. Hay hechos que simplemente no existen de no mediar la adopción de un punto de vista. Esto no obsta para que la investigación no se oriente siempre por ideal de la verdad, evitando caer en la mera expresión encubierta de opiniones formadas sin reflexión. Por otro lado, contribuye a la objetividad del discurso científico el que se haga explícita la posición de habla del investigador. El foco de este trabajo, en todo caso, no es la evaluación del acuerdo, sino la mirada y la acción de los grupos ciudadanos que reaccionaron en contra suya.

2. UN POCO DE HISTORIA
En esta sección haremos una breve crónica de la génesis de este movimiento explicando las razones que tuvieron nuestros conciudadanos para movilizarse en contra del acuerdo entre Microsoft y el gobierno10.
En términos generales, el lenguaje de este acuerdo es sumamente ambiguo, pues no tiene un carácter contractual y, sin embargo, compromete recursos fiscales y privados en la consecución de determinados fines. Es un acuerdo de cooperación que compromete ofertas y donaciones por parte de Microsoft y ciertas acciones de promoción e inversión por parte del gobierno. Aunque todas las cifras que menciona sumadas ascienden a los 15 millones de dólares, la donación real y directa que parece comprometer Microsoft en el desarrollo tecnológico de nuestro país asciende a 540 millones de pesos11. Se trata de una cifra considerable, sin embargo, las ganancias estratégicas no son despreciables. Microsoft se alía con un gobierno para promocionar sus productos —y generar una base de datos oficial de consumidores— a gran escala en mercados relativamente inaccesibles: jóvenes, MIPYMES, municipios, etc. Tiene a su disposición a los educandos del sistema público y municipal para familiarizarlos en el uso de interfaces Microsoft. Esto puede interpretarse como un intento de Microsoft por intentar una estrategia comercial de lock-in en el mercado chileno: forzar a los usuarios a depender de sus softwares haciendo que los costos de cambio de proveedor sean muy altos12.

Uno de los contenidos específicos más controvertidos del acuerdo era el ítem llamado ‘domicilio digital’, que convertía a Microsoft en el proveedor de una plataforma digital que concentra “toda la información, notificaciones e interacción relevante con instituciones pública” de cada ciudadano. Al no estar mediada por licitación pública alguna, y al no contemplar ninguna disposición que proteja a la libre elección que los usuarios puedan hacer de sus propios medios digitales a la hora de relacionarse con el Estado, este convenio viola el principio de ‘neutralidad tecnológica’ de la Administración Pública consagrado en la Ley N° 19.79913.

La plataforma especificada en el acuerdo consiste básicamente en una cuenta LIVE para cada chileno, de modo que Microsoft accede a proporcionar un servicio que ya ofrece gratuitamente. Tomando en cuenta este hecho, es impresionante que el costo de construcción de esta plataforma sea de la corporación privada, bajo la condición de que el gobierno chileno, por su parte, se “comprometa a contratar la asesoría de implementación del sistema de carga de cuentas ciudadanas”. El punto más delicado a ojos de los detractores es que Microsoft se haría administrador de una base de datos llena con información relevante sobre la totalidad de los ciudadanos chilenos. Además, como observó Rodrigo Hollman en su oportunidad, la parte más importante de este acuerdo en el aspecto comercial para Microsoft es asegurar que el acceso desde teléfonos móviles a las ‘cuentas ciudadanas’ se realice mediante interfaz de Microsoft. Esta es una movida estratégica dado el conocido fenómeno de convergencia tecnológica entre telefonía e internet.
Sin embargo, lo que más llama la atención es la reserva con que se firmó este acuerdo. La decisión más integral en materia de política de sistemas informáticos que haya tomado un gobierno chileno —probablemente después del episodio CYBERSYN durante el gobierno de la Unidad Popular— debió publicitarse con bombos y platillos. No fue así, ninguna de las dos partes quiso llamar mucho la atención14. De hecho, de todos los medios que informaron sobre la firma del acuerdo, la única noticia que informaba directamente sobre el acuerdo salió en La Tercera Internet. En el resto de los medios la noticia era, o la inauguración del encuentro de profesionales de la informática, o la creación de un “instituto virtual” o “federación de investigadores” con fondos de Microsoft por tres años15 administrados por PUC y UCh.

El énfasis de las noticias explotaba la confirmación por parte de Microsoft (en la vocería de su director de investigación Craig Mundie) de la auto-imagen de Chile como un país ejemplar en América Latina: se trata del primer centro de tales características en América Latina, Chile “es un gran país”, ha sido elegido por su “liderazgo en la región” y ha “impresionado” a los ejecutivos de Microsoft16. Microsoft pretende constituirse como un ente que coordina y potencia toda la investigación en TICs que se hace en Chile, con proyección para integrar proyectos de investigación en una misma red o “entorno de cooperación”17. Pero en estas noticias sólo se menciona tangencialmente el acuerdo18. Esto hace evidente la total incapacidad de los medios chileno para indagar a fondo en los contenidos del acuerdo, conformándose con repetir los discursos prefabricados por los agentes involucrados. En La Nación del 10 de Mayo, por ejemplo, se describe el proyecto de “domicilio digital” como una plataforma de acceso a la información de todas las instituciones públicas. Pero también hace evidente que la blogosfera no reaccionó ante estas noticias y cabe preguntarse cómo es que llega a generarse la indignación pública que se generó posteriormente.

Debe mencionarse que el gobierno chileno —a través del Ministerio del Interior y del Ministerio de Economía— viene firmando acuerdos de cooperación con Microsoft muy similares a los suscritos el año 2007 —siendo la diferencia más relevante el ítem ‘domicilio digital’19.

Sin embargo, el 18 de Julio de ese mismo año, el senador Alejandro Navarro hizo —en la 36a sesión ordinaria del año— un llamado de alerta sobre este acuerdo de cooperación. Entre los puntos que observa el senador, cabe destacar que el Estado gastó el 2006 en 14 mil millones de pesos en licencias computacionales. Cabe mencionar en este sentido que el gasto en licencias del año 2008 ascendió a 25 mil millones de pesos, y que el presupuesto recién aprobado para el año 2009 contempla un costo de 27 mil millones de pesos en este ítem20. Lamentablemente el senador no desglosa los montos en ‘licencias’ que menciona. Microsoft no es la única licencia que paga el estado de Chile. También se cuenta ORACLE e IBM, además de software de licencia nacional. Tampoco Navarro distingue entre el costo propiamente tal de desarrollo de un software y lo que se paga propiamente en ganancias netas para la empresa. Esto último constituye entre el 10% y 20% del costo del programa21. Esta omisión debilita este argumento del senador, aunque no deja de abrir una serie de preguntas sobre quienes son y cómo se determinan los proveedores de software en el Estado Chileno. Lo que ya es más serio, el senador menciona un estudio en el que participó el propio Ministerio de Economía, asociado con el PNUD, la SOFOFA y financiado por el gobierno de Japón cuyo informe final (de 247 páginas) se llama: “Mejoramiento de la gestión y uso de las Tecnologías de la Información de las MIPYMES y gobiernos locales a través de software libre”22. Entre las afirmaciones de este informe se cuenta la siguiente: “el software propietario no facilita la creación y desarrollo de tecnologías nacionales e inhabilita la adecuación de éstas a las necesidades regionales”. La lectura comparada de este informe y del acuerdo muestra cómo éste se montó sobre el diagnóstico de aquel para determinar, sin justificación alguna, una política pública diametralmente contraria a sus recomendaciones.

El lunes 23 de Julio del 2007 este acuerdo Microsoft-Gobierno sale a luz pública en la bitácora digital “El Diablo en los Detalles” del científico Carlos Moffat y luego en “El Francotirador” del periodista Christian Leal. Según fuentes del propio movimiento, Moffat tuvo acceso al documento del acuerdo gracias al propio senador Navarro. La difusión posterior en efecto dominó (o ‘estampida’’) del contenido de este acuerdo vía internet desencadenó un movimiento social en contra de tal decisión.
Antes de caracterizar este proceso debe tenerse en cuenta que en la mente de quienes lideraron este movimiento había un antecedente en decisiones del gobierno que atentaban contra la ‘neutralidad digital’ y contra el desarrollo de la industria informática nacional. Me refiero al programa ‘Mi primer PC’ del año 2005, en que el Gobierno, Microsoft, INTEL y algunas cadenas de retail convienen ‘ofertar’ a los ciudadanos de escasos recursos créditos para adquirir computadoras con un pack de software (Windows, Office, Encarta y Picture) y un cupón para asistir a 4 horas de clases sobre navegación de Internet en INACAP. Debe tenerse presente que el gobierno sólo dio un patrocinio y no otorgó ningún subsidio directo o indirecto a la compra de ciertos equipos por parte de las personas. En los distintos canales de discusión e información especializada de internet, miembros de la sociedad civil chilena hicieron patente que el gobierno estaba actuando, sin mediar licitación pública alguna, como promotor de proveedores de hardware y software ante la ciudadanía. No se violaba directamente la ‘neutralidad digital’ del Estado pero, lo que se es peor, expresaba simbólicamente una alianza entre un grupo de proveedores particulares —sospechosos de buscar la creación de monopolios— y el gobierno de Chile. A juicio de estas comunidades virtuales nuestras autoridades habían hecho gala de ignorancia y falta de seriedad a la ahora de diseñar políticas de superación de la ‘brecha digital’. Esta alianza no iba en la dirección de un genuino desarrollo tecnológico del país pues iba en la dirección de una cultura de usuarios.: “Para Intel y Microsoft los niños de los países sub desarrollados son "el otro billón de consumidores". Ellos ven en estos proyectos la manera de captar más consumidores de computadores, habemos otros que pensamos que esta es la oportunidad de que los niños usen las herramientas básicas para nuestra sociedad digital”23. Por otra parte, la oferta carecía de competitividad: existen alternativas de mejor calidad a más bajo costo24.

Estas críticas dieron lugar a iniciativas como “Mi Primer PC… ¡Pero de Verdad!/Nuestro PC” (MPPCPDV) y “PCLibre”, alternativas desarrolladas por ciudadanos para responder a la estrategia de Microsoft. Ya en este caso es impresionante constatar cómo los movimientos generados mediante de social media como internet dejan registros de cada una de las intervenciones que le dieron origen. Así se fueron desarrollando gradualmente a través del espacio virtual conversaciones entre ciudadanos de diferentes zonas de Chile, que intercambiaban información, construyendo colectivamente una evaluación de la política estatal y diseñando una práctica que término implementándose con relativo éxito aunque no sin polémicas internas.

Debe tenerse en cuenta, además, otro antecedente importante del movimiento digital del año 2007: el movimiento de estudiantes secundarios del 2006. Más conocida como la “Revolución Pingüina”, este movimiento tuvo tres atributos que, presentes como antecedente en la conciencia de quienes conversaban, facilitaron la cristalización del movimiento digital. Primero, se trató de un movimiento transversal políticamente: fue una reivindicación esencialmente ciudadana. Segundo, se trató de un movimiento intensivo en el uso de tecnología de comunicación: SMS, chats, posts, etc. Es difícil entender el grado de coordinación y organización que desplegaron los secundarios sin ese dato fundamental. Tercero, se trató de un movimiento esencialmente horizontal en sus relaciones de poder, asambleísta en la toma de decisiones, y con múltiples vocerías. Aunque se trató propiamente de un movimiento de masas y cargados de connotaciones épicas más tradicionales compartía muchos atributos de los movimientos en red y de las smart mobs. El éxito que tuvieron los pingüinos en término al menos de su influencia en la agenda pública y gubernamental estaba posicionado de la mente de muchos quienes participaron del movimiento digital del 2007 —sin mencionar que muchos pingüinos también tomaron parte en él.
Con motivo de la divulgación del acuerdo entre el gobierno y Microsoft, la comunidad de ‘ciudadanos-navegantes’ nuevamente se coordinó para enfrentar al gobierno en un proceso muy similar. En la edición del 23 de Julio del 2007, Leo Prieto publica una nota en el sitio web Fayerwayer analizando el acuerdo. Esta nota a su vez remite a los blogs de Leal y Moffat. A partir de los ‘’posteos’ a esta nota publicados por los lectores podemos rastrear el origen de Liberación Digital. Algunos de los comentarios y conversaciones que dieron origen a esta red están consignados en el Apéndice II de este trabajo.

Estas conversaciones hacen plenamente transparente al movimiento en muchos niveles: los miembros, las motivaciones, los liderazgos, los procesos de toma de decisión, su nivel de impacto. Además, en ellas puede apreciarse que en las conversaciones que dan origen al movimiento existían múltiples iniciativas alternativas que se proponían como reacción colectiva al acuerdo del gobierno. Muchos comentarios no se restringen a manifestar indignación, sino a proponer cursos de acción concretos: marchas, acciones violentas, acciones jurídicas. Sin embargo, la primera iniciativa articuladora, la que concita pleno consenso y que permite una división inmediata de tareas, es aquella que tiene como plataforma de acción la propia web. El propio soporte tecnológico que hace posible la construcción de opinión pública determina de manera inmediata la estructura y los objetivos de la acción colectiva.

A raíz de estas conversaciones, Tomas Pollack creó durante esa misma noche el sitio web del Frente de Liberación Digital. Al medio día siguiente el grupo de correo de gmail creado para Liberación Digital tenía más de 200 correos.
Liberación Digital se define a sí mismo como un “una red ciudadana formada por un colectivo abierto y cooperativo de chilenos y chilenas de diversas áreas, interesados en las implicancias legales, civiles, políticas, tecnológicas y éticas en materia de uso e implementación de las Tecnologías de la Información”25. La peculiaridad sobre la que queremos llamar la atención es que no se trata de una ONG ni de una agrupación legalmente constituida. Es una red que se constituye en el espacio virtual, la plataforma digital es la institución misma. Esta plataforma consiste en un sitio web, un grupo de Facebook con 618 miembros, un grupo de Google de 446 miembros (que funcionaba para coordinar acciones cotidianamente y “al menudeo”), un mural de Flickr y un wiki para elaborar documentos colectivamente. Estas interfaces suponen un mecanismo de coordinación, información y decisión abierto a todos los navegantes de la web. Su valor consiste íntegramente en los aportes periódicos de cada uno de los usuarios de las plataformas.

La creación de Liberación Digital inmediatamente generó repercusión en la red. El mismo 24 de Julio ya EMOL publicaba una nota26 que hacía referencia a los puntos principales de objeción a la acuerdo y a la creación del Frente. Se hace mención además a “No al acuerdo Microsoft/ Gobierno de Chile” y a “Chile no se vende”, otros movimientos creados con ocasión de esta coyuntura. Los sitios de El Mundo y de la BBC, entre otros medios internacionales, también hicieron notas informando sobre el movimiento.

Esta recepción de los medios de comunicación digitales obligaron una reacción inmediata de las partes involucradas en el acuerdo. El mismo 24 de Julio, Microsoft inmediatamente hizo sus descargos con declaraciones de su Gerente de Comunicaciones a EMOL. Al día siguiente vino la respuesta del Ministerio de Economía27. Ambas partes recalcan las mismas respuestas: no se trata de un contrato, nadie está obligado a adquirir productos Microsoft, el Estado no desembolsa dinero y la empresa no tendrá acceso a la información privada de los ciudadanos. Califican además a los ‘cybermanifestantes’ como fundamentalistas del software libre.

Ya el mismo día, a través del googlegroup, se decidió adoptar tres cursos de acción: Primero, impulsar una campaña de información y difusión sobre el acuerdo y sus puntos negativos (campaña ‘Despierta’). Segundo, plantear las objeciones al acuerdo en el Congreso. Tercero, la redacción de una propuesta, expresando las razones del rechazo al convenio. Esta propuesta finalmente adoptó la forma de carta escrita por todos los miembros del movimiento usando el sistema Wiki28. En ella se presentaban las principales objeciones al acuerdo, así como la preocupación del movimiento por contar con una política gubernamental seria a largo plazo sobre asuntos digitales. A través de la web se dividen tareas en equipos de trabajo.29 Recién el 27 de Julio LD convoca a una reunión en vivo de sus miembros. En estas reuniones se hace patentes la diversidad, tanto socioeconómica como política, de los participantes. Entre ellos se encuentran personas afines al anarquismo, personas de afines a la Alianza por Chile y personas que se consideraban a-políticas. Estos encuentros cara-a-cara no tienen, sin embargo, una importancia decisiva en la configuración del movimiento. Lo decisivo son los foros y las decisiones que se toman mediante votación abierta en la red. El grupo decide así una política interna de “participación abierta y horizontal con mecanismos de gestión y canales de comunicación definidos”30. Los equipos de trabajo, abiertos, eligen líderes y estos forman una instancia de coordinación. Pero la instancia superior de Liberación Digital, en palabras de Thomas Pollack, son todos. Pedro Huichalaf observa que, dada la política inclusiva, no hay cuestionamientos internos por la representatividad o vocería que alguien pueda ostentar respecto de LD, tales cuestionamientos vienen desde fuera de la organización31. Sólo hay una distinción entre más y menos “visibles”.

Se reconoce la existencia de un núcleo de fundadores o líderes naturales que, en un principio al menos, tomaron decisiones macro y tenían poder técnico para censurar conductas. Pero su autoridad descansaba sobre su reputación y se limitaban a asegurar el respeto a un código de ética relativamente implícito, fundado en el respeto, la transparencia, la democracia interna y en el interés por conseguir los objetivos comunes. El aspecto de la transparencia es especialmente importante, toda gestión, toda deliberación y toda comunicación son públicas y abiertas a todos los participantes mediante los canales establecidos. De modo explícito, LD acaba autodefiniéndose como smart mob: según vimos en la introducción a este trabajo.
Respecto de la llegada con los parlamentarios, el 8 de Agosto la comisión de ciencia y tecnología de la Cámara de Diputados —en lo que EMOL califica como un ‘hecho inédito’— recibió a tres ciudadanos para informarse de su opinión en contra del acuerdo Microsoft. Esta invitación no fue cursada a propiamente a LD, sino a tres miembros vinculados al ‘cibermovimento’ quienes tuvieron contactos con el diputado Roberto Sepúlveda (RN). Los mecanismos por los cuales se concertó la reunión y se elaboraron las presentaciones fueron muy cuestionados internamente. No se estaban respetando los canales de comunicación previamente definidos. Pero el caso es que la reunión resultó ser una experiencia humillante para los participantes de LD: tuvieron 15 minutos de exposición con un quórum mínimo de 5 honorables luego de una hora de exposición los ejecutivos de Microsoft y Alejandro Ferreiro —quien extendió la presentación a sabiendas de que no podía ser interrumpido por el presidente de la comisión. Un detalle importante: en un principio, el presidente (sub-rogante) Ramón Farías les informa a los emisarios LD que sólo quedan 5 minutos por lo que es mejor dejarlo para otra sesión. Los enviados de LD informaron que estaban reporteando la visita al congreso en directo en su sitio web, y reconsideró su oferta, concediendo 15 minutos. Curiosamente, el día 10 de Agosto a las 19:06 p.m., el ministro Ferreiro envió un comentario a la web de LD invitando a una reunión en el Ministerio de Economía. El resultado de esta invitación a LD fue la creación de una Mesa de Trabajo abierta a la Sociedad Civil como parte legítima en la confección de la Estrategia Digital 2007-201 coordinada por el Ministerio de Economía.

La efervescencia mediática de la polémica fue apagándose progresivamente. ¿Qué pasó con el acuerdo? Ninguno de los miembros activos y de los fundadores de LD puede precisar qué pasa hoy con el acuerdo. Y tampoco hay información accesible en MINECON. El convenio aún existe, sin embargo, al menos las partes más polémicas del acuerdo (domicilio digital, municipio digital y seguridad digital) no parecen haberse realizado ni estar en proceso de realización.

Hay quienes en LD estiman que la remoción del ministro Ferreiro se debe en parte al movimiento ciudadano en contra del convenio. Se hizo evidente que la estrategia de incorporar a privados enfrentar los problemas asociados al avance digital requiere de un Ministro con mayor “manejo político”.
¿Qué pasó con LD? Por algunos meses bajo notablemente la intensidad de su actividad. Sin embargo, recientemente despertó a raíz del conflicto suscitado por la discusión sobre el proyecto de derechos de propiedad intelectual. Nuevamente el gobierno —el Consejo Nacional de la Cultura— aparece haciendo convenios a espaldas de la opinión pública con uno de los stakeholder involucrados en el tema —en este caso, la SCD. En este nuevo episodio en la historia de la organización deben notarse algunos puntos. Primero, los personajes más visibles y más participativos en el movimiento han cambiado. Segundo, en palabras de Pedro Huichalaf, LD ha tenido un rol más preventivo que reactivo, participando de la mesa de conversaciones organizada por el Consejo junto con otros actores involucrados. La posición de LD sobre este punto dice relación con el resguardo del equilibrio entre los derechos de los creadores de percibir ingresos por sus obras y el acceso de los ciudadanos, a través de Internet, a obras del dominio cultural y la protección de los derechos de estos últimos sobre privacidad, derecho a parodia, uso justo y presunción de inocencia.
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