Reforma al interior del consejo superior de la judicatura




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C. PARAGUAY



En la nueva Constitución paraguaya de 1992, en la sección III del capítulo III de la Parte II, relativo al Poder Judicial, capítulo 6, artículos 262 a 264, se introdujo el Consejo de la Magistratura, que se integra por ocho miembros, de la siguiente manera: un miembro de la Corte Suprema de Justicia, designado por ésta; un representante del Poder Ejecutivo; dos pro el Congreso (un diputado y un senador, electos por la respectiva cámara); dos abogados de la matrícula, nombrados pro sus pares en elección directa; un profesor de las facultades de derecho de la universidad nacional, elegido por su pares; un profesor de las facultades de derecho, con no menos de veinte años de funcionamiento, de las universidades privadas, elegido pro sus pares (artículo 262). Duran en su cargo tres años y gozan de las inmunidades que los ministros de la Corte Suprema (artículo 263).
Las atribuciones de este Consejo de la Judicatura son relativamente limitadas ya que se reducen a proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección según criterios de idoneidad, para que la designación la realice el Senado con el acuerdo del Poder Ejecutivo; y a proponer en ternas a la Corte Suprema candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces y agentes fiscales (artículo 264).
El consejo está reglamentado por la ley 296/94 (de marzo de 1994) “que organiza el funcionamiento del Consejo de la Magistratura”. Dicha ley define al consejo como un órgano autónomo cuya composición y atribuciones se establecen en la Constitución y la ley (artículo 1º). La ley reglamenta de manera detalla el procedimiento de nombramiento de los miembros del consejo, en especial de la elección de los representantes de las facultades de derecho y de los abogados. Los artículos 33 y siguientes se ocupan del procedimiento y de los medios de evaluación conforme a los cuales el consejo propondrá ternas para el nombramiento de los ministros de la Corte Suprema y de los magistrados del Tribunal Superior Electoral, así como de los demás miembros de tribunales inferiores, incluyendo el Tribunal de Cuentas, los juzgados de paz y de fiscalía.


D. ECUADOR



Según reforma de diciembre de 1992, en la Constitución de Ecuador se prevé la existencia del Consejo Nacional de la Judicatura. En el texto del artículo 99, el ahora inciso c) según reforma publicada el 16 de enero de 1996), se menciona dicho órgano como uno de los que componen la función judicial. El actual artículo 100 señala que dicho consejo será el órgano administrativo y de gobierno de la función judicial, y que corresponde a la ley determinar su integración, forma de elección de sus integrantes, estructura y funciones.
Hasta la fecha, la norma constitucional citada no ha sido reglamentada legislativamente.


E. BOLIVIA



Mediante la ley número 1585 del 12 de agosto de 1994, que reforma un número importante de disposiciones de la Constitución de Bolivia, se introduce en el ordenamiento constitucional de este país el Consejo de la Judicatura como órgano administrativo y disciplinario del Poder Judicial (artículo 122).
El consejo es presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y está integrado por cuatro miembros de la profesión jurídica, designados por el Congreso Nacional con el voto de dos tercios de sus miembros presentes por un período de diez años que no puede ser renovado inmediatamente (artículo 122 de la Constitución).
Este consejo tiene, de acuerdo con el nuevo texto constitucional, tres tipos de funciones (artículo 123):

I) Proponer listas de candidatos a ministros de la Corte Suprema, a vocales de las Cortes Superiores de Distrito, a jueces, notarios y registradores de derechos reales, respectivamente ante el Congreso Nacional, la Corte Suprema y las Cortes Superiores de Distrito;

II) administrar el escalafón judicial y ejercer poder disciplinario sobre los vocales, jueces y funcionarios judiciales;

III) elaborar el presupuesto anual del Poder Judicial.
Al momento de redactar este trabajo, la ley reglamentaria correspondiente se encuentra a disposición en el Congreso Nacional Boliviano.


F. ARGENTINA



La Constitución de la Nación Argentina, una de las más antiguas del continente (1853-60), sufrió en agosto de 1994 una reforma muy importante y amplia, producto del acuerdo entre los dos principales partidos políticos de ese país. La reforma introdujo a nivel nacional, puesto que ya existía con diversas modalidades en un buen número de provincias,13 la institución del Consejo de la Magistratura, como órgano que “tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial” (artículo 114).
De acuerdo con la misma disposición, el consejo deberá integrarse “periódicamente de modo que procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal”. También deben formar parte del consejo “otras personas del ámbito académico y científico”.
Las atribuciones constitucionales del consejo son: seleccionar mediante concursos públicos los postulantes de la magistraturas inferiores, y elaborar las ternas vinculantes para el nombramiento de los magistrados inferiores; administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia; ejercer las facultades disciplinarias sobre los magistrados y decidir la apertura del procedimiento de remoción de los mismo, en su caso ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente; dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos necesarios para asegura la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia (artículo 114).
A pesar de que en la reforma misma se estableció que el Congreso argentino tendría un año de plazo para dictar la ley reglamentaria (que conforme al mismo artículo 114, debe ser “sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de miembros de cada Cámara”), al momento de redactarse este trabajo no existe todavía tal ley, que debe definir, entre otros puntos, la espinosa cuestión de la composición del consejo, además de resolver otras ambigüedades importantes del texto constitucional.14 Sin embargo, una iniciativa legislativa ya ha sido aprobada por el Senado y ha pasado a la Cámara de Diputados, donde seguramente sufrirá modificaciones.


América Latína














 


CAPITULO III. EL CONSEJO DE LA JUDICATURA

EN MEXICO
EL MODELO TRADICIONAL DE GOBIERNO

Y ADMINISTRACION DE LOS TRIBUNALES
A partir de 1917, en que la Constitución federal suprimió la Secretaría de Justicia, a la que se consideró un instrumento de intervención y subordinación de los tribunales al Poder Ejecutivo durante la dictadura del general Díaz, todas las funciones de gobierno, administración y disciplina de los tribunales, e incluso de nombramiento de los jueces inferiores, quedaron en manos del propio Poder Judicial y específicamente de su órgano supremo, la Suprema Corte de Justicia. Otro tanto ocurrió en las entidades federales, donde la correspondientes funciones eran ejercidas (y lo son todavía en la mayoría de ellas), por los tribunales superiores de justicia.15
De acuerdo con la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (1988), el gobierno, la administración y la disciplina de la Suprema Corte y de los demás tribunales federales, incluyendo el nombramiento de los jueces federales inferiores, correspondían al pleno de la propia Corte (artículo 12), el cual nombraba anualmente la Comisión de Gobierno y Administración formada por el presidente de la Corte y dos ministros (fracción XI). Las funciones no jurisdiccionales de la Corte eran, pues, muy amplias16 y su ejercicio se volvió más complejo y pesado conforme creció el Poder Judicial federal (lo que sucedió sobre todo en los años ochenta), de modo que empezó a sentirse la necesidad de un mecanismo más eficaz para el gobierno y administración del mismo.
Fue hasta fines de 1994 cuando se reformo la Constitución federal para crear un or4ganismo especializado en tal sentido: el Consejo de la Judicatura Federal. La recepción relativamente tardía de esta institución en nuestro país seguramente se debió al desconocimiento y a las escasas propuestas para su introducción en nuestro ordenamiento, no obstante que en 1966 el IV Congreso Mexicano de Derecho Procesal, celebrado en la ciudad de Zacatecas, aprobó, entre sus conclusiones, una recomendación de creación de este órgano. Por otro lado, no es difícil suponer que al desconocimiento de la institución se debe haber agregado la natural desconfianza de los propios integrantes de los poderes judiciales hacia órganos que pudieran considerar extraños y como una forma de intromisión en sus asuntos internos, para no hablar de la pérdida de poder e influencia que esto significa para los actuales órganos de gobierno y administración.
ANTECEDENTES DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA EN MEXICO: LOS CONSEJOS DE LA JUDICATURA EN SINALOA Y COAHUILA
Existen únicamente dos antecedentes recientes en nuestro país de órganos especializados que interviene, en mayor o menor medida, en el gobierno y la administración de los tribunales. Se trata de los consejos de la judicatura creados en Sinaloa y Coahuila en 1988. Al parecer ambos consejos, o por lo menos el primero, se crearon bajo el influjo de la reforma de 1987 a la fracción III del artículo 116 constitucional, que introdujo garantías judiciales para los integrantes de los poderes judiciales locales. Resulta comprensible que las facultades de ambos órganos parezcan ahora modestas en comparación con otros consejos de la judicatura, pero por la novedad de la institución y por el momento, seguramente fueron significativas. Además, es preciso recordar que el texto de la fracción mencionada les impedía nombrar jueces y magistrados, impedimento que desapareció en la reforma de 1994.

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