Entrevista a José Miguel Insulza publicada en Revista uruguaya Búsqueda
OEA: El gobierno del presidente Hugo Chávez tendrá que aceptar el fallo de la Corte Interamericana que rehabilitó a un político opositor
(Montevideo, 06.10.11) El Secretario General de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, afirmó desde Uruguay a la Revista Búsqueda que está esperando que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habilita a Leopoldo López para postularse como candidato a cualquier cargo de elección popular, sea acatada. “Que se acate. La única forma de evadir la sentencia es decir denuncio el tratado y me voy. Todos los países deben aceptar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos deben acatar los fallos de la Corte”.
Claudio Paolillo, quien realizó la entrevista publicada este jueves, preguntó a la máxima autoridad del organismo multilateral qué acciones tomaría la OEA ante la ignorancia del fallo por parte del Gobierno venezolano, citando las declaraciones del Presidente Hugo Chávez en las cuales calificó a la Corte IDH de cero a la izquierda.
“Yo espero que esas cosas que se han dicho mucho en el caso de la sentencia sobre Leopoldo López sean simples manifestaciones de la natural frustración que a mucha gente puede producirle un fallo de un tribunal de justicia. Pero la Convención Interamericana de Derechos Humanos es clara y todos los países de América Latina la han ratificado y han reconocido la jurisdicción de la Corte” respondió Insulza a la interrogante formulada.
El Secretario General de la OEA también reflexionó sobre la situación del sistema democrático en el continente “hoy día hay más democracia que hace dos décadas, pero la unidad que hace dos décadas había en cuanto a la necesidad de fortalecer la democracia, ya no existe tanto. Eso es una realidad. La voluntad que llevó a la Declaración de Santiago en 1991 y a la Carta Democrática Interamericana en 2001 hoy es más débil. Hay ahora muchas más diferencias. Se ha vuelto a discutir qué es la democracia”.
A continuación anexamos la entrevista completa publicada por la Revista Búsqueda
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El gobierno del presidente Hugo Chávez tendrá que aceptar el fallo de la Corte Interamericana que rehabilitó a un político opositor
Entrevista de Claudio Paolillo
José Miguel Insulza tuvo que esperar un largo rato antes de ser recibido por el presidente José Mujica en la Torre Ejecutiva, el viernes 30 de septiembre. No fue una descortesía del jefe de Estado uruguayo, sino urgencias de último momento que debía atender en relación con los problemas en el sistema de salud. “Yo fui gobernante en Chile y comprendo perfectamente que a ningún presidente le alcanzan las 24 horas del día para cumplir con su tarea”, dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuando, en la mañana del sábado primero, conversó con Búsqueda en un salón del Hotel Sheraton de Montevideo.
Insulza, un abogado que fue electo en la OEA en mayo de 2005 y reelecto en marzo de 2010 por otros cinco años, habló a fondo sobre el estado de la democracia en América Latina y no le sacó el cuerpo a ninguna pregunta, por más difícil que pudiera resultar en el marco del delicado equilibrio que, como funcionario de los gobiernos, está llamado a observar.
Su gestión al frente de la OEA ha sido motivo de críticas últimamente por quienes lo ven como “cercano” al “grupo ALBA” (Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Bolivia y —aunque por fuera de la OEA— Cuba). Pero, político de “lomo duro” al fin (trabajó para Salvador Allende hasta su derrocamiento en 1973, vivió 15 años exiliado durante la dictadura de Augusto Pinochet y, desde 1988, integró como miembro del Partido Socialista los gobiernos de la “Concertación” chilena, habiendo llegado a ser canciller del presidente Eduardo Frei, ministro del Interior y vicepresidente de la República con el presidente Ricardo Lagos), Insulza no dudó en advertir que la Venezuela de Hugo Chávez no tendrá más remedio que cumplir con el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que devolvió los derechos políticos al opositor Leopoldo López. “Yo estoy esperando que esa sentencia se acate”, dijo.
¿Cuándo hay un golpe de estado en un país? Esa es una pregunta que no tiene una respuesta simple, como quisieran los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Argentina. Para ellos, sólo existe el golpe de estado cuando se pone en juego la estabilidad del presidente de la República. Pero Insulza, de 68 años, quiere “definir mejor” las cosas, de modo que cuando un presidente electo quiera llevarse por delante a los otros dos poderes del Estado, también pueda aplicarse la Carta Democrática Interamericana.
“El ‘gobierno’ no es sólo el Poder Ejecutivo, sino que está constituido por los tres poderes. ¿Qué pasa con las Cortes de Justicia que no gozan del beneficio de la separación de poderes y son mandadas por el Poder Ejecutivo? Ellas deberían estar en condiciones de pedir que se aplique la Carta Democrática porque hay una alteración grave del orden constitucional. Hay que ampliar el acceso a la aplicación de la Carta a los otros poderes”, declaró durante su conversación con Búsqueda.
En América Latina, dijo Insulza, “la tendencia sigue siendo atribuir al ‘líder’ todas las condiciones para salir de los problemas”, lo cual “lleva a modificar las instituciones a cada rato para ver de qué manera se puede retener el poder”.
Luego de advertir que en la región se vuelve a discutir qué es la democracia, como antes de las dictaduras militares de los ‘70 y ‘80, Insulza observa una tendencia para resaltar el concepto de “ciudadanía social”, pero indicó que “la ‘ciudadanía política’ (la libertad de elegir y de ser elegido, la posibilidad de ejercer la libertad de expresión o de integrar un partido político u otro) y la ‘ciudadanía civil’ (los derechos humanos y los derechos individuales) son la columna vertebral de la democracia”.
“Los valores que están en la Carta Democrática Interamericana son inmanentes a cualquier democracia y no están sujetos a ser plebiscitados”, enfatizó. Entre ellos, mencionó a la libertad de expresión, la cual —dijo— “es tan sustantiva al régimen democrático que simplemente no admite violación”.
—¿Cómo ha evolucionado la calidad de la democracia en América Latina durante su gestión en la OEA?
—Hay una división entre democracia de origen y democracia de ejercicio. La democracia de origen ha mejorado. Las elecciones en la mayor parte de los países son válidas. Eso, comparado con la América Latina de 50 o 100 años atrás, es notable. Hubo un momento durante las dictaduras militares en que sólo dos de los 10 estados de América del Sur tenían elecciones. Cuando yo llegué a la OEA en mayo de 2005, el ritmo de final prematuro de gobiernos democráticamente electos era de más de uno por año. Eso ha cambiado.
—¿Y cómo se está “ejerciendo” la democracia, para usar sus palabras, por parte de los gobiernos?
—Todavía tenemos problemas serios. No se sale de dos siglos marcados sustantivamente por fenómenos de caudillimos y cesarismos, de un día para otro, a repúblicas de leyes y de instituciones. En muchos países, la tendencia sigue siendo atribuir al “líder” todas las condiciones para salir de los problemas. Y eso lleva a modificar las instituciones a cada rato para ver de qué manera se puede retener el poder. Como dice el ex presidente Bill Clinton, la única medida real para saber si una democracia ha mejorado o no es la alternancia y el cambio tranquilo en el poder de unas manos a otras. Y eso no se asume bien en América Latina. La necesidad de reelegirse, de permanecer ahí, de seguir vigente, de cambiar la institucionalidad a cada rato, es algo que todavía vive entre nosotros más de lo que quisiéramos.
—En Honduras hubo un golpe de estado contra un presidente. Pero, antes, ese presidente había desconocido pronunciamientos de los otros dos poderes: el Legislativo y el Judicial. Entonces parece haberse instalado la noción de que hay golpes de estado sólo si se producen contra los poderes ejecutivos. ¿Pero qué pasa si un Poder Ejecutivo avasalla a los demás poderes, tan legítimos como aquél? ¿Ahí no hay golpe de estado? ¿Por qué no se aplica la Carta Democrática Interamericana para estos casos?
—Le voy a decir más: cuando se decidió dar el impulso final a la Carta Democrática a comienzos del 2001 en la cumbre de Quebec, el debate reflejó claramente que muchos de los jefes de Estado consideraban que había otras formas de ruptura graves de la democracia, que no eran solamente los golpes de estado contra el Poder Ejecutivo. Se dijo allí que los golpes de estado también se podían dar contra otros poderes. Y que además hay otras violaciones a la institucionalidad democrática como, por ejemplo, un cierre de todos los medios de comunicación, una violación masiva de los derechos humanos o el robo flagrante de una elección, que requerirían algún tipo de acción colectiva. Sin embargo, la misma Carta Democrática recalcó muy fuertemente el poder de los gobiernos. Cuando hay una situación de democracia en riesgo, la OEA tiene que ser convocada con el acuerdo del Poder Ejecutivo del país de que se trate.
—¿Pero no ve una falla ahí? En América Latina hay varios casos de presidentes con legitimidad de origen e ilegitimidad manifiesta en el ejercicio. ¿La OEA no puede hacer nada en esos casos?
—Veo esa falla. Y por eso, en un informe que presenté en 2007 y en otro de este año, complementario de aquél, propuse ante el Consejo Permanente de la OEA (y está escrito) varias medidas respecto a esto. La Carta Democrática, desde su artículo 17 en adelante, dice que “cuando el gobierno” de un país “considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder”, podrá requerir la intervención de la OEA, que siempre deberá producirse “con el consentimiento previo del gobierno afectado”. Mi propuesta es definir mejor las situaciones en que realmente esté en riesgo la estabilidad política e institucional o el orden democrático, más allá de los golpes de estado contra el Poder Ejecutivo. Y establecer claramente que el “gobierno” no es sólo el Poder Ejecutivo, sino que está constituido por los tres poderes. ¿Qué pasa con las Cortes de Justicia que no gozan del beneficio de la separación de poderes y son mandadas por el Poder Ejecutivo? Ellas deberían estar en condiciones de pedir que se aplique la Carta Democrática porque hay una alteración grave del orden constitucional. Hay que ampliar el acceso a la aplicación de la Carta a los otros poderes. Y, por último, propuse mejorar los mecanismos de prevención, de modo que el secretario general de la OEA no necesariamente tenga que pedir permiso para poder ir a ver lo que pasa en un país determinado. En Honduras, por ejemplo, había dos versiones: la primera dice que el presidente Zelaya se quería tomar el gobierno y por eso empezó a hacer cosas, a manipular y el Congreso no se lo permitió; la segunda dice que sólo hubo un golpe de estado clásico. Es posible que las dos cosas sean ciertas: que haya habido un presidente tratando de dar un golpe y que haya habido fuerzas que querían botar a un presidente. Y, en ambos casos, quizá hubiera sido posible evitarlas con una actuación temprana de la OEA. Pero hoy no tiene facultades.
—En su artículo 8, la Carta Democrática dice que “los estados miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio”. La máxima instancia de ese sistema, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acaba de dictaminar que los derechos políticos del venezolano Leopoldo López deben ser restituidos por el gobierno de Venezuela. Pero el presidente Hugo Chávez reaccionó diciendo que esa Corte es “un cero a la izquierda” y que hay que crear otra instancia a nivel de la Unasur. ¿Qué va a hacer la OEA ante la ignorancia del fallo por parte del gobierno venezolano?
—Yo espero que esas cosas que se han dicho mucho en el caso de la sentencia sobre Leopoldo López sean simples manifestaciones de la natural frustración que a mucha gente puede producirle un fallo de un tribunal de justicia. Pero la Convención Interamericana de Derechos Humanos es clara y todos los países de América Latina la han ratificado y han reconocido la jurisdicción de la Corte. Yo estoy esperando que esa sentencia se acate. Que se acate. La única forma de evadir la sentencia es decir “denuncio el tratado y me voy”. Todos los países deben aceptar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todos deben acatar los fallos de la Corte. Mi respuesta a lo que dijo el presidente Chávez es que no me parece mal que de pronto exista algún foro o algún lugar donde los países en desarrollo de la región se reúnan para coordinar sus políticas. Pero hay temas que son hemisféricos porque atañen a valores compartidos en el conjunto de la región que, además, nosotros tratamos bien.
—¿Cree que esos valores son realmente “compartidos” por todos los gobiernos?
—En la región, en general, sí. La adhesión a la democracia ha crecido mucho y la gente quiere expresarse. Ahora, por cierto que hay tendencias y llamados a otro tipo de cosas. Y es bien curioso: hoy día hay más democracia que hace dos décadas, pero la unidad que hace dos décadas había en cuanto a la necesidad de fortalecer la democracia, ya no existe tanto. Eso es una realidad. La voluntad que llevó a la Declaración de Santiago en 1991 y a la Carta Democrática Interamericana en 2001 hoy es más débil. Hay ahora muchas más diferencias. Se ha vuelto a discutir qué es la democracia.
—En Ecuador hay desde 2008 una Constitución y nuevas leyes que ponen en juego eso. Y, entonces, el gobierno dice que la noción clásica de la democracia republicana ha dado paso, por ejemplo, a una supremacía de los “derechos colectivos” sobre los “derechos individuales”. ¿Cómo aprecia ese fenómeno?
—Hay una expansión del concepto de ciudadano para incluir a la “ciudadanía social”. Pero la “ciudadanía política” (la libertad de elegir y de ser elegido, la posibilidad de ejercer la libertad de expresión o de integrar un partido político u otro) y la “ciudadanía civil” (los derechos humanos y los derechos individuales) son la columna vertebral de la democracia. La “ciudadanía social” puede ser un progreso a partir de esto, pero no puede promoverse para negar la esencia misma de la democracia. Cuando a mí oponen la “democracia representativa” frente a la “democracia participativa”, yo digo que sí, claro, estoy de acuerdo con buscar nuevas formas de participación ciudadana y me gustan los plebiscitos, aunque no para todo. Si un gobierno hace un plebiscito para que la gente responda “Sí” o “No” a la posibilidad de aplicar la tortura y gana el “Sí”, ¿entonces queda aprobada la tortura? No. Los valores que están en la Carta Democrática Interamericana son inmanentes a cualquier democracia y no están sujetos a ser plebiscitados. Además, nosotros ya vivimos ese tiempo. Yo vengo de una generación en la que se hablaba de la “democracia real” y de la “democracia formal”. Y de pronto tuvimos la “democracia real” pero por el lado de los militares y entonces nos empezó a gustar la “democracia formal”. No olvidemos que las dictaduras de la seguridad nacional se justificaron en su momento en la necesidad de abatir la pobreza y de levantar la economía, grandes valores que sirvieron para destruir la democracia.
—¿Que evaluación hace usted acerca del estado de la libertad de expresión en el continente?
—Hay cosas de la política que sí están sujetas a ser plebiscitadas (si hay reelección o no, por ejemplo), pero que en dos países que se llaman democráticos, en uno haya libertad de expresión y en otro no, eso no es posible. Yo estoy a favor de que haya más pluralismo en la propiedad de los medios de comunicación, pero entre tener o no tener libertad de expresión, por supuesto que yo estoy a favor de tenerla de todas maneras. ¿Cómo está hoy en América Latina? Está amenazada por las tendencias de algunos gobiernos a suprimirla, está limitada en muchos países por la concentración de medios en pocas manos lo que lleva a que la opinión que se transmite sea principalmente una sola y está acosada porque este sigue siendo el continente donde se mata a más periodistas. La única diferencia, que no es consoladora pero es real, es que ya no los matan los gobiernos sino las bandas de criminales.
—En Ecuador, el presidente Correa ya tiene a su favor dos sentencias para imponerle una multa absurda de 40 millones de dólares a un diario y castigar con tres años de cárcel a sus propietarios y a un periodista...¡por una columna de opinión! Y, en el 2007, usted se atrevió a sugerirle al presidente Chávez que revisara su decisión de renovar la licencia de Radio Caracas Televisión (RCTV) porque podía afectar la libertad de expresión, fue insultado de un modo grosero y ordinario por Chávez y hoy RCTV continúa clausurada. ¿Qué opina sobre esos casos?
—Cualquiera de los dos casos que usted ha mencionado puede todavía llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso no me puedo pronunciar sobre ninguno de ellos. De todos modos, le diré algo: es interesante que la Carta Democrática hable de “derechos humanos” y de “libertad de expresión”. Eso quiere decir que la libertad de expresión es tan sustantiva al régimen democrático que simplemente no admite violación. Yo he estado en el gobierno y es verdad que uno, cuando está ejerciendo el poder, se molesta muchas veces con la prensa. Pero el gobernante que es agredido no debería tener ningún fuero especial para utilizar algún recurso, sino que, en todo caso, debería recorrer los caminos propios de la democracia. En el caso que usted menciona con el presidente Chávez, yo dije lo que pensaba. Después de los insultos, recuerdo que hubo una reunión del Consejo Permanente sobre el tema y todos los representantes hablaron de la necesidad de mantener las formas y se solidarizaron por las agresiones de que había sido víctima. Pero nadie habló de RCTV. ¿Por qué? ¿Porque son pusilánimes? No. Los gobiernos tienen que defender los intereses de sus estados. Y un jefe de estado dirá: “bueno, si digo algo quizá provoque un conflicto, problemas comerciales, agresiones e incluso movimientos internos. Así que voy a dejar que lo vea la OEA”.
—Este año, el ex presidente peruano, Alejandro Toledo, aliado actual del presidente Ollanta Humala, dijo que “en América Latina no hay instituciones fuertes, con coraje y con arraigo para implementar y hacer cumplir la Carta Democrática Interamericana”. Él era el presidente de Perú cuando ese documento fue aprobado en Lima el 11 de setiembre de 2001. Toledo agregó: “la OEA es un vacío. Es un cascarón. Es una institución burocrática, apolillada. Es un edificio bonito en Washington. La OEA nunca ha tenido el más mínimo coraje para decir ‘señores, implementemos la Carta Democrática’, ni para ponerse de pie cuando varios gobiernos autoritarios la han violado y la utilizan en nombre de la democracia primero para elegirse y después manipulan sus instituciones para re-re-reelegirse y violan los derechos humanos, la libertad de expresión y la independencia de los poderes. Hugo Chávez es el hombre más desestabilizador de América Latina y la OEA no le dice nada. Tenemos el respaldo de una Carta Democrática pero es una especie de institución muerta”. ¿Qué tiene para decir sobre ese duro juicio del ex presidente Toledo?
—Yo reconozco que en los períodos electorales se dicen cosas de todo tipo. Estuve hace pocas semanas en Lima, invitado por el presidente Toledo, al festejo que él organizó por el 10º aniversario de la Carta Democrática. De los 15 ex presidentes que estuvieron presentes, el que dijo las cosas más duras fue él, pero muy lejos de lo que usted me acaba de leer. La OEA es y seguirá siendo una organización de gobiernos, más que de Estados. Por el hecho práctico de que en todas las constituciones está previsto que quien dirige la política exterior de un país es el Poder Ejecutivo. Eso exacerba mucho la imagen de que la OEA no puede hacer nada. Pero la verdad es que el único organismo en el mundo que tiene legalidad para actuar en los países, es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
—¿Qué opina sobre el acercamiento de Irán a la región? El presidente Mahmud Ahmadineyad ha desarrollado una intensa relación con Chávez y ha estado en Caracas, en La Paz, en Brasilia y en Quito. Y acaba de reiterar en la ONU que Israel tiene que desaparecer del mapa y que el Holocausto judío es un cuento.
—Es bueno que todos los países tengan relaciones entre sí. El asunto es evitar —y espero que hasta ahora lo hayamos evitado— traernos a la región los conflictos de otras partes del mundo.
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