Informe anual de la comisión interamericana de derechos humanos 2007




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INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 2007

CAPÍTULO IV

COLOMBIA

 

9.        Como en años anteriores la situación registrada en la República de Colombia durante el año 2007 se enmarca en los criterios establecidos en la introducción del Capítulo IV del Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).  En el caso de Colombia, dichos criterios resultan relevantes en particular en lo que respecta a la persistencia de situaciones coyunturales o estructurales que por diversas razones afectan seria y gravemente el goce y ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.  En consecuencia, la Comisión ha adoptado las siguientes consideraciones sobre el particular, conforme al procedimiento establecido en el artículo 57(1)(h) de su Reglamento[1], a fin de que sean incluidas en su Informe Anual.

 

10.    La CIDH es particularmente consciente de la compleja situación que enfrenta Colombia, de la influencia de factores relacionados con el narcotráfico, de las consecuencias de la violencia ejercida por los actores del conflicto sobre la población civil y de los esfuerzos del Estado por lograr la pacificación.

 

11.      En primer término, corresponde destacar y reconocer los esfuerzos emprendidos por el Estado colombiano a fin de lograr la pacificación, así como alentar especialmente aquéllos esfuerzos destinados a que los procesos judiciales adelantados conforme a la Ley de Justicia y Paz gocen de la mayor transparencia y publicidad posible.

 

12.      Asimismo, la CIDH ha tomado conocimiento de la adopción del Decreto 3570 de 2007 mediante el cual se establece el llamado "Programa de protección para víctimas y testigos de la Ley 975 de 2005", el cual "tiene por objeto salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de la población que se encuentre en situación de amenaza o riesgo como consecuencia directa de su participación en calidad de víctima o testigo dentro del proceso de Justicia y Paz."[2]  La adopción de esta norma constituye un paso positivo hacia el cumplimiento del Estado con su obligación de salvaguardar la integridad física de las víctimas del conflicto armado y su participación en el proceso de búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.

 

13.      Asimismo, corresponde resaltar la continuidad del "Programa de protección de defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y líderes sociales"[3] el cual, según la CIDH ha indicado en oportunidades anteriores, protege a numerosos beneficiarios de medidas cautelares y provisionales otorgadas por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente.  Asimismo, la CIDH reitera la necesidad de continuar con el fortalecimiento de los mecanismos de protección establecidos mediante estos programas.

 

14.      La Comisión observa, sin embargo, que junto a las iniciativas de promoción y protección de los derechos humanos –como la arriba citada— conviven aun los efectos del conflicto armado, los cuales continúan golpeando a los sectores más vulnerables de la población civil.  Las manifestaciones de violencia perviven junto a los esfuerzos desplegados a fin de desmovilizar a los grupos armados al margen de la ley, y los intentos por administrar justicia, los cuales deben mostrar resultados en términos de efectividad, reparación integral y remoción de los factores de violencia.

 

15.      Consecuentemente, con base en las observaciones conducidas in loco en distintas regiones de Colombia[4] y en informaciones recibidas tanto del Estado como de la sociedad civil en el marco de audiencias y por medios escritos, la CIDH ha elaborado una serie de consideraciones sobre la situación de los derechos humanos en la República de Colombia durante el año 2007.  Particularmente, se abordan los avances y obstáculos en el proceso de desmovilización de actores armados y el desarrollo y aplicación de su marco legal, la persistencia de patrones de violación de los derechos a la vida y la integridad personal, la situación de grupos étnicos, y la situación de defensores de derechos humanos y líderes sociales.

 

I.          EL PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN Y EL DESARROLLO Y APLICACIÓN DE SU MARCO LEGAL

 

16.      Hacia mediados del año 2006 la República de Colombia superó la etapa inicial del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (en adelante “las AUC”),[5] grupo armado ilegal involucrado en la comisión de crímenes durante el conflicto armado.[6]  Esta etapa inicial consistió en la entrega de armas por parte de 31.671 personas que se identificaron como miembros de 34 bloques de las AUC más otros grupos armados al margen de la ley[7] que se concentraron en zonas temporales de ubicación con la verificación internacional de la Misión de Apoyo para el Proceso de Paz en Colombia de la OEA (en adelante "Misión MAPP/OEA").  Superada esta etapa, durante el año 2007 el proceso comenzó a enfrentar los desafíos derivados del establecimiento de responsabilidad de aquellos desmovilizados involucrados en la comisión de crímenes, y la reparación a las víctimas, mediante la aplicación de la Ley 975 de 2005 o de "Justicia y Paz".[8]  Esta norma establece una serie de beneficios procesales y de morigeración de penas para aquéllos que -habiendo participado en la comisión de crímenes- participen del proceso de desmovilización.[9]

17.      Desde el año 2004, la CIDH ha dado seguimiento al proceso como parte primordial de su rol de asesoría a los Estados miembros de la OEA, la Secretaría General de la Organización y la Misión MAPP/OEA.[10]  Como parte de este seguimiento, en octubre de 2007 la CIDH hizo público su "Informe sobre la implementación de la Ley de Justicia y Paz: etapas iniciales del proceso de desmovilización y primeras diligencias judiciales"[11].

 

18.      Con relación a la cuestión de la administración de justicia respecto de los desmovilizados, la Comisión observa que aquéllos que pasaron por los circuitos judiciales montados en el marco del proceso de desmovilización colectiva, se beneficiaron del dictado de resoluciones inhibitorias frente a la admitida comisión del delito de “concierto para delinquir”[12], más tarde rotulado como “sedición”, basado meramente en su participación en actividades de grupos armados al margen de la ley.[13]  En ese sentido, los circuitos judiciales presentaron una oportunidad propicia para que, más allá del dictado de resoluciones inhibitorias por sedición, las autoridades judiciales recabaran elementos para establecer si los desmovilizados se encontraban implicados en crímenes que podría requerir la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, recabar información sobre crímenes de lesa humanidad y localización de cuerpos.

 

19.      Sin embargo, el 90 % de los desmovilizados que pasaron por los circuitos jurídicos (aproximadamente 28 mil personas) no aportaron datos relevantes sobre acciones ilegales desplegadas o crímenes cometidos por los bloques paramilitares a los que pertenecían.  Por lo tanto, la toma de versiones libres en el marco de los circuitos jurídicos de las desmovilizaciones constituyó una oportunidad perdida para la recopilación de información sobre los bloques, sus miembros, y la dinámica socio-económica que mantenía el funcionamiento y existencia de dichos grupos. 

 

20.      Dicha información resulta hoy en día crucial para la labor de los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, así como para la de los representantes de las víctimas en el marco de la aplicación de la Ley 975 y la verificación efectiva de la desarticulación y desmantelamiento de las estructuras armadas.  La CIDH entiende que, durante la versión libre ya en el marco de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, los desmovilizados deben declarar bajo gravedad de juramento su compromiso de cumplir con los requisitos de elegibilidad allí establecidos.[14]  En todo caso, esta declaración debe ser considerada a la luz de la obligación que recae sobre las autoridades judiciales y demás organismos del Estado de verificar en forma fehaciente el cumplimiento efectivo de estos requisitos de elegibilidad para acceder a los beneficios de morigeración de penas de la Ley 975.  En ese sentido, según lo entiende la CIDH, el juramento del desmovilizado no releva en modo alguno a las autoridades de su rol de verificación activa de los requisitos para el acceso a los beneficios de morigeración de penas.

 

21.      De las 31.671 personas que se habrían desmovilizado entre noviembre de 2003 y mediados del 2006, solamente 2.695 manifestaron interés en acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.[15]  Sin embargo, la Fiscalía habría verificado que sólo una cantidad significativamente menor se encuentra en condiciones de ser debidamente ubicados y llamados a rendir versión libre.  El resto, pese a aparecer en el listado, no pudo en un principio ser ubicado por desconocimiento de sus domicilios, teléfonos o datos de identificación efectiva.  Al respecto, la Alta Consejería para la Reintegración Social (ACR) habría desarrollado estrategias para llenar los vacíos de información[16], asimismo, el Estado afirma que los Fiscales de la Unidad de Justicia y Paz habrían realizado gestiones importantes tendientes a la ubicación de estos desmovilizados[17].

 

22.      Hacia finales de 2006, la Fiscalía emitió los primeros edictos emplazatorios[18] sobre las primeras audiencias de versión libre de los postulados a beneficiarse de la Ley de Justicia y Paz, a fin de informar a las personas que se consideren con derecho a participar en los diferentes procesos, en carácter de víctimas de crímenes perpetrados por las AUC (en adelante “las víctimas”).  Por efecto de la emisión de 1.728 edictos publicados en periódicos de circulación nacional y difundidos por emisoras de difusión local, y su divulgación por entidades nacionales, departamentales y locales, se habría atendido a 12.354 víctimas hasta agosto de 2007.[19]  Asimismo, el Estado habría implementado 84 jornadas de atención a víctimas en los territorios donde tuvieron influencia los grupos ilegales desmovilizados[20].  La CIDH observa, sin embargo, que el único periódico de circulación nacional es el diario ‘El Tiempo’, el cual no es distribuido en caseríos, veredas y muchos corregimientos de distintas zonas departamentales.  En algunas de estas regiones no opera la señal de televisión, ni el servicio de Internet.  Es en estas regiones, precisamente, donde se encuentra el mayor número de víctimas que requiere de acceso a información sobre sus derechos y cómo lograr su reconocimiento.  Por lo tanto, los emplazamientos debieran hacerse por intermedio de las emisoras locales, periódicos regionales, Personerías y en general a través de los instrumentos que sirvan de enlace entre esa población y el Estado.

 

23.      Hacia enero de 2007, a partir de la iniciativa del Gobierno y la Fiscalía General de la Nación de transmitir las versiones libres de los desmovilizados, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) reglamentó la transmisión de las audiencias de los integrantes de los grupos paramilitares desmovilizados a través del canal Señal Colombia Institucional.[21]  Al respecto, en febrero de 2007 la Fiscalía General de la Nación dictó la Resolución 0387[22] mediante la cual habilita a cada fiscal delegado a disponer la elaboración de un registro técnico de la versión libre para su publicidad, una vez que culmine esta diligencia y sus labores de verificación e investigación.[23]

 

24.      La CIDH advierte la necesidad de que en esta nueva etapa del proceso de desmovilización se fortalezca la presencia de los medios de prensa regionales y nacionales a fin de garantizar la transparencia del proceso.  La presente etapa del proceso de desmovilización de las AUC requiere transparencia, y ella sólo puede ser garantizada facilitando y permitiendo el acceso de las víctimas a ambas sesiones de la versión libre, asegurando que en la segunda sesión de la versión libre tengan la posibilidad real de interrogar a los postulantes en búsqueda de la verdad.

 

25.      En cuanto al rol de la Fiscalía, los fiscales delegados están encargados de la toma de versiones libres, las diligencias de investigación en las zonas de influencia de cada uno de los bloques desmovilizados, las entrevistas a víctimas en dichas zonas.  Al respecto, corresponde expresar preocupación en dos aspectos específicos.  En primer término, el universo de los bloques investigados por Justicia y Paz corresponde a 34.  En consecuencia, cada fiscal delegado debe investigar un promedio de hechos correspondiente a dos o tres bloques.[24]  En segundo término preocupa la falta de seguridad que enfrentan los fiscales delegados en el cumplimiento de sus funciones.  Éstos deben dirigirse a zonas donde operan bandas delincuenciales de todo tipo, a fin de poder corroborar o levantar información, sin que cuenten con los medios de transporte o esquemas de seguridad para realizar eficientemente estas tareas.  Al respecto, la CIDH resalta la necesidad de fortalecer el apoyo brindado a la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía.  La variada naturaleza de los requisitos exigidos por la Ley requieren no sólo de una gran capacidad laboral si no además de un fuerte apoyo logístico que permitan a los fiscales delegados cumplir con su labor en condiciones de seguridad.

 

26.      En cuanto a la participación de las víctimas en el proceso, el Decreto 315 de 2007[25] dispone que éstas tienen el derecho a acceder en forma personal y directa, o a través de su apoderado, a las diligencias de versión libre, formulación de imputación, formulación de cargos y demás etapas procesales que se realicen en el marco de la Ley 975 y se relacionen con los hechos que generaron el daño.[26]  Se ha constatado que las víctimas no escatiman esfuerzos para poder presenciar las versiones libres, a pesar de que carecen de recursos para solventar los gastos requeridos.

 

27.      Las víctimas han encontrado, sin embargo, una serie de obstáculos para su participación.  En primer término, la imposibilidad de interrogar directamente o por medio de sus representantes a quienes intentan beneficiarse de la Ley 975 sobre los hechos de su interés, en las distintas fases de la versión libre.  El interrogatorio de las víctimas es reservado para la segunda fase de la versión libre, pero se desarrolla a través de un mecanismo indirecto, pues las preguntas propuestas se incorporan a un formulario que es entregado a miembros del CTI, quienes a su vez se las entregan al Fiscal.  Este mecanismo indirecto restringe seriamente la posibilidad de utilizar el interrogatorio de la víctima como una vía adecuada de alcanzar la verdad de los hechos.  La Fiscalía pierde además una valiosa estrategia para confrontar las versiones libres, y avanzar en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales para el acceso a los beneficios.  En segundo término, enfrentan dificultades en el acceso al patrocinio jurídico y la representación en los procesos judiciales.

 

28.      En tercer término, el accionar de las bandas delincuenciales, los miembros de las AUC que no se desmovilizaron, los nuevos actores armados y el fortalecimiento de algunos ya existentes, las limita de comparecer y reivindicar sus derechos.  Durante el curso de sus visitas en el terreno, la CIDH ha recibido información de que numerosas víctimas del conflicto que residen en zonas de influencia de los bloques desmovilizados, las cuales continúan recibiendo amenazas, y siendo blanco de actos de violencia e intimidación y control del territorio.  Asimismo, la CIDH se ha pronunciado públicamente sobre una serie de actos de violencia perpetrados en el curso del año 2007 en contra de personas que habían demostrado su iniciativa en participar del proceso de aplicación de la Ley de Justicia y Paz en carácter de víctimas.

 

29.      La CIDH expresó su repudio frente al asesinato de la señora Yolanda Izquierdo, quien había comparecido a las audiencias de versión libre del líder paramilitar Salvatore Mancuso en cumplimiento del procedimiento establecido en la Ley de Justicia y Paz, en carácter de víctima del conflicto armado colombiano[27].  La señora Izquierdo fue baleada el 31 de enero de 2007 en la puerta de su hogar, ubicado en un barrio de la ciudad de Montería.  La señora Izquierdo lideraba los reclamos de cientos de campesinos por usurpación de tierras por parte de miembros de las AUC en el departamento de Córdoba y –habiendo sido el blanco de amenazas de muerte desde el mes de diciembre de 2006— habría solicitado reiteradamente la protección de las autoridades judiciales, sin recibir respuesta.  La CIDH hizo un llamado al Estado colombiano a esclarecer judicialmente dicho crimen, a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para la debida protección de las víctimas del conflicto y sus representantes en el ejercicio de sus derechos fundamentales[28].  En respuesta, el Estado informó sobre la expedición de tres órdenes de captura contra personas presuntamente vinculadas al asesinato[29].

 

30.      Asimismo, la CIDH expresó repudio respecto de la muerte de Judith Vergara Correa el 23 de abril de 2007 mientras viajaba en un bus de servicio público de la ruta Circular Coonatra cuando se dirigía de su residencia a su lugar de trabajo[30].  La señora Vergara Correa se desempeñaba como Presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Pesebre de la Comuna 13 de Medellín, hacía parte de varias organizaciones para la paz y el desarrollo social –Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES), la Asociación de Madres de la Candelaria y REDEPAZ— y había dado seguimiento a las diligencias de versiones libres llevadas a cabo en Medellín en el marco de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

 

31.      La CIDH tomó conocimiento de que el 7 de febrero de 2007 se produjo la muerte de la señora Carmen Cecilia Santana Romaña en el Municipio de Apartadó, Departamento de Antioquia.  La señora Santana Romaña lideraba la participación de las víctimas en la recuperación de las tierras de los campesinos desplazados y en el empleo de los mecanismos previstos en la Ley de Justicia y Paz.[31]

 

32.      La situación de riesgo existente para las víctimas que intentan participar del proceso exige la adopción de medidas por parte del Estado.  En este sentido, a efectos del empleo del programa de protección para víctimas y testigos, la Fiscalía ha entendido que los potenciales usuarios son aquellas personas vinculadas formalmente a un proceso judicial.  En vista del contexto en el que se aplica la Ley de Justicia y Paz, este concepto debiera incluir no sólo a las víctimas formalmente vinculadas al proceso, sino también a aquellas personas que quieran acercarse al proceso con el objetivo de aportar información para el esclarecimiento de la verdad.[32]  Según se indicara supra, la CIDH reconoce la adopción del Decreto 3570 de 2007 mediante el cual se establece el llamado “Programa de protección para víctimas y testigos de la Ley 975 de 2005”[33] y espera constituya un paso positivo hacia el cumplimiento del Estado con su obligación de salvaguardar la integridad física de las víctimas del conflicto armado y su participación en el proceso de búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.

 

33.      Otro tema de especial cuidado en relación con las víctimas es el llamado incidente de reparación.  Sobre el particular la CIDH advierte que dicho incidente, e incluso la necesidad de asistir a una audiencia de conciliación con el victimario, podría traducirse en un riesgo adicional para las víctimas.  Esta cuestión, lleva a vincular el problema de la protección de las víctimas con las dificultades del mecanismo exclusivamente judicial de acceso a la reparación establecido en la Ley de Justicia y Paz.

 

34.      La CIDH reitera su preocupación en el sentido que la Ley de Justicia y Paz y sus decretos reglamentarios establecen como sujeto obligado al pago de las reparaciones a los victimarios y eventualmente al bloque que integran.[34]  Consecuentemente, la vía judicial penal constituiría el único camino para el acceso a las reparaciones económicas, lo que indudablemente provocará que muchas víctimas, por los problemas propios del acceso a la justicia en Colombia, las dificultades probatorias y los criterios estrictos de responsabilidad característicos de los procesos criminales, se vean impedidas de acceder finalmente a una reparación integral.[35]  Esta situación podría además producir graves desigualdades en el acceso efectivo a las reparaciones, en perjuicio de las víctimas que integran los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana, y minar la credibilidad y efectividad del proceso como mecanismo real de reconciliación y restablecimiento de la convivencia en las zonas afectadas por la violencia.

 

35.      La CIDH ha señalado además que más allá de la vía judicial penal disponible, el Estado debiera definir una política pública de reparación que apunte a resolver los daños causados por la violencia paramilitar, de acuerdo a sus recursos presupuestarios, y en base a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, disponiendo de vías administrativas, ágiles y de escaso costo, para el acceso a programas de reparaciones económicas.  Esto sin perjuicio de las demás formas de reparación no material, reparaciones colectivas y de los programas y servicios sociales que pudieran establecerse para la población afectada durante el conflicto[36].  La Comisión entiende que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ya se encuentra trabajando en el diseño de una propuesta de Programa Nacional de Reparaciones, que se caracterizaría por su integralidad y la inclusión de medidas de reparación individuales y colectivas así como medidas simbólicas y materiales[37].  Sin embargo, el gobierno de Colombia ha remitido a la CIDH una solicitud de asesoramiento en el proceso de implementación de un programa de reparaciones administrativas en Colombia, en el marco de lo dispuesto en el artículo 18.e de su Estatuto[38].  La CIDH, por su parte, brindará la asesoría solicitada y valora que dicha recomendación haya sido tomada en cuenta por el Gobierno.  En este sentido, la CIDH continuará dando seguimiento a la implementación del programa de reparaciones administrativas.

 

36.      En cuanto a la desarticulación y desmantelamiento efectivo de las estructuras paramilitares, la CIDH ha recibido denuncias sobre rearme o formación de nuevas bandas que perpetúan el fenómeno de la violencia.  El Octavo Informe del Secretario General de la Organización de Estados Americanos al Consejo Permanente de la Organización –así como sus dos informes anteriores— confirman la existencia de fenómenos de violencia posteriores a las desmovilizaciones, conforme a información obtenida en el terreno por la Misión MAPP/OEA.  Conforme a estos informes, la situación obedece a dinámicas diversas: (1) reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; (2) reductos que no se desmovilizaron; (3) aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados[39].

37.      La Misión MAPP/OEA identificó situaciones de rearme en los departamentos de Guajira, Cesar, Atlántico, Norte de Santander, Bolívar, Córdoba, Tolima, Casanare, Caquetá y Nariño.  Además, ha alertado sobre situaciones de posibles rearmes en Cesar, Magdalena, Sucre, Antioquia, Meta, Nariño, y Putumayo.  La Misión ha señalado la aparición de otros grupos armados que pretenden presentarse como la denominada “nueva generación del paramilitarismo”, especialmente en la zona de influencia del desmovilizado Bloque Norte, que se encontraba bajo el mando de “Jorge 40”.  Asimismo, ha expresado preocupación por la situación en el Sur del Cesar y ha indicado que en zonas tales como Magdalena, Guajira, Atlántico y Cesar las AUC “mantienen su influencia, con una grave presunción de permeabilidad de algunas instituciones públicas.”  Indica también que en el Putumayo, Arauca, Nariño, el Urabá chocoano, Norte de Santander, la costa pacífica valluna y el sur del Cesar, “..las poblaciones no perciben una mejoría en las condiciones de seguridad y la presencia de las instituciones del Estado continúa siendo débil, lo que posibilita la incursión de grupos armados ilegales, estructuras ilegales y la permanencia de economías ilícitas”[40].

 

38.      El Gobierno colombiano ha reconocido esta situación y ha advertido que si los desmovilizados regresan a las armas quedarán por fuera de los beneficios de la Ley 975 de 2005.  También ha informado sobre la creación de un bloque de búsqueda contra la banda criminal conocida como “Águilas Negras”[41].  La advertencia del Gobierno sobre la pérdida de beneficios como consecuencia del retorno a la ilegalidad es significativa[42].  Por otro lado, aun existe incertidumbre sobre si todos los miembros de las AUC efectivamente se plegaron al proceso de desmovilización, y por lo tanto no se cuenta con información sobre un número importante de miembros de estas bandas.

 

39.      Por último, sólo resta indicar que durante el 2007 el Estado colombiano continuó con sus esfuerzos para acordar la desmovilización de otros grupos armados al margen de la ley, demostrando su intención de alcanzar la pacificación.

 
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