La utopía de la comunicación. Clemencia Correa




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154 Abril de 2006



Deplorable, la recta final del foxismo

Héctor Cortés Martínez
Divorcio que evidencia riqueza

José Vilchis Guerrero
Los demonios vs Lydia y la niñez

José Vilchis Guerrero
Los porros, azote de la UNAM

Mauricio Laguna Berber
Recuerda poco el PRD a sus mártires

Patricio Cortés
Pelea de gallos

Eduardo Ibarra Aguirre
Recomposición y sucesión presidencial

Guillermo Buendía
Fox, gendarme político

Juan Chávez
El linchamiento de Napoléon

Feliciano Hernández
El Acuerdo de Chapultepec defiende a los mercaderes

Judith Álamo López
Carlos Slim: procacidad monopólica

Jesús Delgado Guerrero
El Ejército en el siglo XIX

José Francisco Gallardo Rodríguez
Aquellos niños de Morelia

Natura Olivé Olivé
El sida, mal mundial

Eduardo López Betancourt
Cuautla histórico, en el olvido

Virginia Alfaro Pérez
Migración laboral y derechos humanos

Carlos Cáceres R.
Clown, una alternativa teatral desdeñada

Héctor Cortés Martínez
De nuestros lectores

Aliento a la lucha social. Enrique Bonilla.

Colega yucateco nos felicita. Marco Antonio Heredia Pérez.

La utopía de la comunicación. Clemencia Correa.

Solidaridad al desprotegido. Carlos Ramón Beteta.

Falta de memoria de Forum: Patrick Osio.

Respuesta de nuestro reportero. José Vilchis Guerrero.

De la familia Macín Lara al Grupo María Cristina. Esther Lara de Macín.

Severa crítica a López Obrador. Lénine Rojas.

Lamentable error de Forum y homenaje a Juan Soriano. Francisco Javier Portillo.

AMLO y la mano del guiñol. Emmanuel D’Herrera Arizcorreta.

Wal-Mart practica en México la esclavitud. Enrique Bonilla Rodríguez.


Deplorable, la recta final del foxismo
Héctor Cortés Martínez

hecomartin@yahoo.com.mx
* Grave deterioro económico y social es el balance que, en síntesis, realizan Josefina Morales, Miguel Ángel Reta Martínez, Eduardo Miranda Esquivel, Max Ortega y Laura Juárez Sánchez.
Decepcionante, deplorable, dramática y desalentadora son algunos calificativos que investigadores y especialistas aplican al declinante gobierno de Vicente Fox Quesada; al mismo tiempo que como un recuento de los daños destacan el grave deterioro económico, laboral y de la seguridad social como consecuencia de la continuidad de una política económica neoliberal.

“El tiempo se acabó, urge confianza para más inversiones productivas y así crear los empleos que requiere el país”, afirma Miguel Ángel Reta Martínez, profesor de la División de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y presidente de la firma consultora Consejeros y Asesores Asociados y destaca que nuestro país ha sido reprobado en materia económica, pues de acuerdo a la clasificación del Foro Económico Mundial, entre 104 economías analizadas, México cayó del sitio 50 al 60, mientras que en el rubro de corrupción, pasó del lugar 46 al 54.

Para el analista económico es decepcionante la conducción de la política económica del gobierno foxista y agrega que “se caracterizó por el incumplimiento sistemático en el ejercicio del presupuesto de egresos, lo que constituyó además de un desacato al Legislativo, una limitante al crecimiento económico y grave afectación a las empresas proveedoras de bienes y servicios, con sus secuelas de cierre de empresas, desempleo y subempleo”.

En tanto que para Josefina Morales, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, uno de los impactos más dramáticos de la política económica se demuestra en la tasa de desempleo abierto, pues advierte: “los datos oficiales reportan un incremento de más del 50 por ciento, al pasar del 2.2 por ciento al 3.7 por ciento la población económicamente activa en los primeros cuatro años de este gobierno, además de una reforma laboral que en los hechos se viene dando con el cambio al régimen de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social y está en puerta la del ISSSTE” (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado).

Para la investigadora el desfase de las cadenas productivas y el nulo fomento del ahorro interno, entre otros errores, han ocasionado la dependencia con las remesas –que envían los mexicanos que residen fuera del país y que según el Banco Interamericano de Desarrollo fueron por 26 mil millones de dólares en 2005–, “compensan el ingreso familiar, pero sobre todo apoyan la balanza de pagos al dar estabilidad a la moneda ante la salida de capitales, mientras que la banca privada y el gobierno se pelean por administrar tan jugosos ingresos porque les significa comisiones agiotistas y recursos explotables”.

Josefina Morales cataloga de deficitario al gobierno de Fox: “No cumplió con las promesas de crecimiento de 7 por ciento. Abandonó toda política pública de desarrollo nacional y regional, mantuvo la dependencia económica con Estados Unidos, no revisó el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), hoy IPAB (Instituto para el Ahorro Bancario), y sí destinó enormes recursos al pago de esta deuda fraudulenta, violó la Constitución con los contratos múltiples de Pemex (Petróleos Mexicanos); endeudó más al país con el financiamiento público denominado Pidigeras, que permite la participación de capital privado en energéticos, entre otras pésimas decisiones”.

Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, y Max Ortega, doctor en ciencias políticas y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, coinciden en señalar que al igual que en la política económica, en el ámbito laboral fue de continuidad al persistir el “proteccionismo” en la contratación colectiva, la permanencia del corporativismo sindical y la misma intención de los tres últimas administraciones de reformar la legislación del trabajo para adecuarla a los intereses de las trasnacionales.

Para Miranda Esquivel, Vicente Fox incumplió compromisos como el de respetar e impulsar la democracia sindical, pues asegura que ejerció una política diferenciada: por un lado, de mayor endurecimiento hacia las organizaciones democráticas de trabajadores como en Euzkadi, Dina Motors, mineros, Coordinadora Nacional de Electricistas y, por otro, de tolerancia y abierto respaldo a las viejas estructuras corporativas del Sindicato de Trabajadores Petroleros, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el Congreso del Trabajo.

El también abogado de la Cooperativa Pascual afirma que la contratación colectiva sigue simulada en el país al amparo del sindicalismo de protección, “este fenómeno se da con mayor fuerza en los gobiernos locales, tan sólo en el Distrito Federal se calcula que existen depositados más de 100 mil contratos colectivos en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. El sistema se mantiene corporativizado y opera con criterios rígidos de información reservada y corrupción”, asegura.

Como resultado de una política salarial de contención, Eduardo Miranda estima que 76.2 por ciento de la población ocupada percibe menos de cinco salarios mínimos, sumado a que la remuneración actual cubre apenas 20 por ciento de las necesidades del trabajador y su familia.

“Solamente los datos oficiales arrojan que más de 30 millones de mexicanos viven con menos de un salario mínimo, mientras que del lado opuesto, una quinta parte de la población –que según recientes datos preliminares del Conteo de Población 2005, somos sólo 103.1 millones de mexicanos--, concentra 52.7 por ciento del ingreso total generado por la sociedad”, ejemplifica el experto.

De la seguridad social, el analista subraya que no obstante de constituir una institución legal y contractual del sector obrero y popular, la reforma unilateral y regresiva a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, en agosto del 2004 y, posteriormente, el convenio entre el IMSS y su sindicato “constituye un ataque a los trabajadores y particularmente a las nuevas generaciones”.

En su libro Neoliberalismo y reforma de la legislación laboral, Max Ortega afirma que la política salarial solamente ha beneficiado a la parte patronal, mientras que la política fiscal hacia los trabajadores es injusta, “el capital (maquiladoras, banca, finanzas y empresas trasnacionales, entre otras) evade el pago de impuestos, o logra la exención, en tanto que a los trabajadores como contribuyentes cautivos, se les impone una alta tributación, además de la amenaza de querer gravar prestaciones sociales con el Impuesto Sobre la Renta.

Ortega establece que es necesaria una alternativa basada en una nueva correlación de fuerzas políticas entre capital y trabajo asalariado, “capaz de empujar una nueva política económica, pero también de proteger los principios fundamentales de la Ley Federal del Trabajo y el mismo derecho al empleo y que se resumen en la estabilidad del trabajo y de la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores”.

Frente a una demanda creciente de 5 millones 440 mil empleos y una grave pérdida del poder adquisitivo del salario que, según cálculos de la Universidad Obrera de México (UOM), entre 1982 y 2005 se precipitó a la baja en 71.92 por ciento, la deplorable y desalentadora política económica foxista no pudo manejar un control relativo de los equilibrios macroeconómicos con un crecimiento sostenido y la generación de empleos, sostiene Laura Juárez Sánchez, investigadora de la UOM.

Para Juárez Sánchez la continuidad de una política económica de crecimiento hacia fuera tiene como base fundamental el deterioro de los salarios y la generación de empleos precarios, “dicho deterioro lleva a los trabajadores a aumentar las horas de trabajo para complementar sus ingresos, e incluso por el mismo pago, de tal manera que 27 millones de personas ocupadas trabajan de 40 a más de 56 horas a la semana”.

La investigadora señala que el producto interno bruto (PIB) entre el año 2001 y 2005 sólo creció 1.9 por ciento. “Para que el foxismo cumpliera su meta de generar 1 millón 300 mil empleos anuales, la economía debió crecer por lo menos 13 por ciento anual. Tan sólo en 2004 la expectativa inflacionaria de entre 3 y 4 por ciento llegó al 5.16 por ciento y, consecuentemente, los aumentos a las percepciones mínimas, industriales y de servicios, fueron sólo del 4.2, 4.5 y 4.5 por ciento, respectivamente”.

Con base en cálculos de la UOM, explica que el déficit de empleos de la presente administración alcanzó los 5 millones 275 mil 405 y el minisalario perdió 13.62 por ciento de su valor “mientras que la inflación para este año se espera que sea de aproximadamente 3 por ciento, los topes salariales estarán en ese orden a fin de abaratar el costo de la mano de obra y seguir asegurando rentabilidad para las empresas trasnacionales a costa del bienestar de los trabajadores”.

Sobre la migración de fuerza de trabajo, Laura Juárez opina que con el desmantelamiento de las políticas de fomento agrícola y la reforma al artículo 27 constitucional se empobreció aún más a la población rural “obligándola a aumentar sus niveles de migración a las áreas urbanas del país y a Estados Unidos. El perfil del trabajador migrante ya no está conformado sólo por campesinos, hoy también es urbano y con un porcentaje creciente de niños y mujeres, quienes provienen además de Michoacán, Oaxaca, Zacatecas y Guanajuato, del Distrito Federal y Jalisco”.

Por ello la investigadora asegura que las remesas prácticamente mantienen a nuestra economía como fuente de financiamiento del gobierno federal y un negocio redituable para la banca extranjera, “permiten sobrevivir a 1.4 millones de hogares, se utiliza para el pago de deuda externa y sirve para fortalecer la moneda nacional”.

Como un balance de la recta final de la presente administración, la investigadora afirma que el gobierno de Vicente Fox sólo se propone darle continuidad a sus políticas y esperar que concluya su período: “Nada nuevo sucederá, continuará una mayor dependencia de las importaciones por la desarticulación de las cadenas productivas, la desaparición de empresas y de millones de empleos, un déficit de la balanza comercial, la privatización de activos públicos y en medio de una seria división de las organizaciones gremiales, la política salarial, la flexibilización del trabajo y las remuneraciones a la baja persistirán en complicidad de los sindicatos corporativos”, concluyó.
Índice
Divorcio que evidencia riqueza
José Vilchis Guerrero

jvilchis@yahoo.com
* Anabel Hernández se pregunta “¿A cuánto ascenderán las propiedades de Manuel, si por concepto de pensión alimenticia se compromete a dar 89 mil pesos mensuales, que constituyen la tercera parte del ingreso total?”. Pero al formalizarse la demanda, salieron a relucir nuevas propiedades del hijo político de Vicente Fox, en el ramo inmobiliario por más de 3 millones de dólares.
Con el apoyo a ultranza del presidente Vicente Fox Quesada, el amor de su madre, Martha Sahagún de Fox y el rechazo de legisladores federales que los investigan por la riqueza que acumularon en menos de cinco años de complicidad con altos funcionarios de la Federación y gobiernos panistas de Guanajuato, a los hermanos Manuel y Jorge Bribiesca Sahagún se les acabó la vida placentera.

Ahora la suerte de los hijos de la primera dama se juega en los tribunales. Concluyó el próspero período en que se enriquecieron desmesuradamente, desde antes de que su madre contrajera matrimonio con el jefe del Ejecutivo, el 2 de julio de 2001.

De esta forma, y contra todas las previsiones de sus abogados, los hermanos Bribiesca Sahagún no obtuvieron a finales de febrero una suspensión provisional en su demanda de amparo para frenar temporalmente las investigaciones en su contra por una comisión especial de la Cámara de Diputados, que los indaga por presunto tráfico de influencias, ya que el juez sexto de distrito en materia administrativa, José Manuel Villeda, desechó su demanda de garantías por notoriamente improcedente.

Aunque los hijos de Martha Sahagún todavía no pierden el litigio y pudieron impugnar jurídicamente durante los siguientes 10 días hábiles, para la segunda quincena de marzo no había noticias a su favor.

En el expediente 105/2006 el juez Villeda Ayala dejó a los abogados de Manuel y Jorge Alberto Bribiesca en posibilidades de que pudieran replantear la petición de amparo o interponer un recurso de revisión que resolvería un tribunal colegiado.
Divorcio en puerta
Por lo que toca a Manuel Bribiesca Sahagún, su destino no acaba todavía en este juzgado, ya que su estabilidad matrimonial está a punto de concluir luego de que su esposa Mónica Jurado Maycotte, le demandó el divorcio al descubrir que figuraba como socia en varias empresas de su cónyuge, quien la inducía a firmar documentos que ni siquiera podía revisar.

Mónica Jurado Maycotte figuraba como socia de Ferresocio y de Angeles, Flores y Regalos, SA de CV.

La razón del divorcio quedó al descubierto cuando contrató al afamado político y abogado Salvador Rocha Díaz, exministro de la Suprema Corte, exdiputado federal y exsenador: desligarse del escándalo que ahora envuelve a su marido, según descubrió la periodista Anabel Hernández (La Revista, 13-19-II-06).

Para el 20 de marzo, Anabel Hernández aportó nuevos datos: se formalizó la demanda de divorcio en el Segundo Juzgado Civil de León, Guanajuato, en la primera semana de marzo, como una solicitud de divorcio voluntario, en siete fojas que incluyen 14 cláusulas en las que se aborda la custodia de las niñas Mónica, María y Macarena.

De paso, al formalizarse el divorcio voluntario, salieron a relucir nuevas propiedades de Manuel Bribiesca en el ramo inmobiliario, por más de 3 millones de dólares, algunas de las cuales tendrá que rematar, para cubrir una serie de obligaciones a que se sometió al llegar al acuerdo de divorcio voluntario, por concepto de pensión alimenticia.

Otras de las propiedades las tendrá que poner a nombre de sus hijas, excepto el lujoso departamento que el júnior compró en Houston, Texas, que no entró en la negociación, y que por tanto quedará como de su propiedad. Tiene un valor de 220 mil dólares.

Según pudo averiguar la reportera Anabel Hernández, una casa ubicada en Nogal 212, Club de Golf Campestre, de León, Guanajuato, que fue el último domicilio formal de la pareja, está valuada en 6 millones de pesos; otra, en el fraccionamiento El Refugio, el más caro de León, fue estimada en 9 millones de pesos y un terreno de 6 mil metros cuadrados, sobre Prolongación Boulevard Insurgentes, en León, forma parte de un nuevo desarrollo.

Estas propiedades quedarán a nombre de las tres hijas del matrimonio, que sólo conservará una pequeña casa en Portones del Moral 131, en una colonia de clase media, en León, y que fue la primera que habitó la familia Bribiesca Jurado, antes de que llegara el auge económico que encumbró a los Bribiesca Sahagún.

La periodista se preguntó ¿a cuánto ascenderán las propiedades de Manuel, si por concepto de pensión alimenticia se compromete a dar 89 mil pesos mensuales, que constituye la tercera parte del ingreso total?

Reconoce que ni ella ni su compañera Arelí Quintero, ni la comisión legislativa ni nadie había podido encontrar más propiedades a los hermanos Bribiesca, hasta que se produjo la demanda de divorcio, que reveló que muchas de las propiedades no están a nombre de Manuel, sino de su esposa, que ahora saldrá ganando, pues será propietaria de bienes que desconocía, “aunque el motivo principal del divorcio es deslindarse del escándalo que rodea a su marido”.
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