Violencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados en colombia 1984-2011 (comentarios al informe del pnud)




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títuloViolencia contra sindicalistas y trabajadores sindicalizados en colombia 1984-2011 (comentarios al informe del pnud)
fecha de publicación25.11.2015
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VIOLENCIA CONTRA SINDICALISTAS Y TRABAJADORES SINDICALIZADOS EN COLOMBIA 1984-2011 (comentarios al informe del PNUD)

Palabras clave: PNUD, Colombia, violencia contra sindicalistas, derechos humanos, Universidad Nacional de Colombia, Ongs

Número de palabras: 3021

El pasado mes de marzo del año en curso (2012) la Oficina en Colombia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), presidida por Bruno Moro, hizo público el informe sobre la violencia contra sindicalistas titulado Reconocer el pasado, construir el futuro. Dicho trabajo, fue realizado por seis (6) organizaciones no gubernamentales Ongsi a instancias de ocho (8) embajadas y dos (2) Agencias de cooperación internacionalesii bajo el acompañamiento académico de la Universidad Nacional de Colombia (desde septiembre de 2009) y la interlocución de dos reconocidas Ongsiii. La investigación tenía el propósito de producir un diagnóstico lo más fidedigno y objetivo sobre el tema con el fin de que sirviera de base para la asunción de compromisos tendientes a la superación del problema. Los compromisarios convocados son el Estado colombiano en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Vicepresidencia de la República, el empresariado representado por la Andi, y el movimiento sindical representado por la CGT y la CTC, la CUT se negó a estar presente. Todo el proyecto fue coordinado por el profesor de la Universidad Nacional, el sociólogo Carlos Miguel Ortiz.
El informe fue presentado en forma de documento de 226 páginas, también se publicó un resumen ejecutivo de 45 páginas. Consta de seis (6) partes a saber: 1. El contexto del problema, 2. Fuentes, cifras y tendencias, 3. Caracterización de las víctimas y de las acciones violentas a partir de las fuentes, 4. Autores y móviles, 5. El reto del Estado ante la situación de violencia, 6. Conclusiones y epílogo. Además, trae anexo, bibliografía y glosario. En suma, desde el punto de vista político y social, la sustentación es clara, es un tema que se debía investigar en todas sus dimensiones y en toda su complejidad y que debe seguir siendo objeto de estudios y debates adicionales. También, en su presentación, reúne las condiciones académicas de un informe de investigación aplicada.
Sin embargo y no obstante las buenas intenciones de realizadores, gestores y actores y de algunos aciertos, el problema de la “violencia antisindical”, se interpreta, en líneas gruesas y salvo algunos matices, en los mismos términos en que ha sido presentado por la Escuela Nacional Sindical (ENS). Antes de entrar en materia, debemos advertir al lector la necesidad de reconocer la existencia de una situación de violencia que afecta de manera grave el sindicalismo y el ejercicio de derechos por parte de los trabajadores sindicalizados. La violencia con fines políticos que ha sufrido el país, con particular intensidad en las últimas tres décadas, se ha ensañado contra diversos sectores de la sociedad, pero, es evidente que cobre mayor realce y escandalice más la que se propicia contra unos que contra otros. Es, por ejemplo, más significativa la violencia que afecta a líderes políticos y sociales, a personalidades y a dirigentes sindicales porque afecta personas y esferas de actividad que tienen mayor resonancia. En tal sentido es que tiene pertinencia que se realicen investigaciones y se produzcan diagnósticos para establecer las características y los móviles de hechos de violencia que ocurren con más frecuencia o afectando derechos muy sensibles de sectores específicos de la población.
El primer problema que encontramos en el documento tiene que ver con un relato histórico, a manera de entrada, que se retrotrae hasta los años cuarenta del siglo XX. Podría uno preguntarse, ¿por qué no retrocedieron aún más, a los años “gloriosos” del reconocimiento del sindicalismo en la década del treinta? Hay en ese preámbulo dos problemas más serios y delicados: ¿Acaso se pretende encontrar en nuestra historia reciente una especie de leit motiv, casi enfermizo, ley constante, comportamiento ya de orden cultural que revele que en nuestro pasado hay raíces o semillas de la violencia antisindical? En mi parecer eso es un atrevimiento que conduce a atropellar la Historia, a mirarla con espíritu sesgado y a diluir la especificidad de cada momento histórico. El segundo problema es que de esa forma se pretende, así no se lo proponga, dar cuenta de un pasado complejo, enredado y no suficientemente investigado, a través de un relato único, homogéneo e inescindible del movimiento obrero y sindical. Es decir, una historia con pretensiones de unicidad y uniformidad que, además, no estaba contemplado en el horizonte cronológico del proyecto (1984-2011).
Subyace en el texto en comento una idea que encierra un prejuicio victimista con respecto a los sindicatos y los sindicalistas en Colombia, a saber, que son vistos como opositores al régimen y “muchas veces como subversivos o enemigos de la institucionalidad”. Afirmación que es incompleta en relación con un pasado rico en la formación de miradas, prejuicios y percepciones que configuran conjuntos imaginarios diversos y contradictorios. Es cierto que unos sindicalistas son percibidos así, pero no es menos cierto que desde otros ángulos había y hay sindicatos que son estigmatizados como “patronistas”, “gobiernistas”, “colaboracionistas de clase”, etc. La renuencia de la CUT a firmar este texto, de un lado, y la firma del mismo por otras dos centrales sindicales, hablan de una diversidad en las tendencias del movimiento sindical, presentes en el mismo a lo largo de su historia y que dan lugar a ese juego de miradas, prejuiciadas en ocasiones y la mayoría de las veces estimulada por la competencia entre derechas e izquierdas.
El gráfico que muestra los resultados de las cifras de sindicalistas asesinados según tres fuentes diferentes, a la vez que revelan una gran coincidencia, dan lugar a lecturas erróneas o al menos imprecisas.


Entre 1984 y 2010 la curva nos muestra fases de ascenso y descenso, picos más altos (1993, 1996 y 2001-02), entre 2003 y 2011 se produce un descenso considerable con cifras parecidas a las de 1986-87. Los organismos que hicieron la investigación sobre esta parte atribuyen tal reducción a: desmovilización por etapas de las Autodefensas o paramilitares, debilitamiento de las guerrillas, fin de enfrentamientos entre paramilitares y guerrillas, hasta ahí todo parece acorde con lo sucedido, sólo que se omite reconocer que tras cada uno de estos causales está la acción del Estado, de su política de Seguridad Democrática, a la que los investigadores no le reconocen nada. Pero, agregan que también ha incidido en la reducción de la violencia la “presión internacional”, las “variaciones en los sindicatos y en sus estrategias de actividad sindical” y “cambios institucionales”.
El Informe “propone la hipótesis de la sistematicidad de la violencia contra los sindicalistas y los trabajadores sindicalizados en Colombia” lo que significa reconocer que en nuestro país se asesinan sindicalistas y trabajadores sindicalizados por el hecho de ser tales, ya que, dice el Informe, “sería difícil insistir en que tal violencia sea simplemente parte de la que está dispersa por todo el país y entre todas las poblaciones”. El problema central de esta hipótesis es su débil demostración empírica y estadística y ello conduce a otro problema: es la hipótesis que le da razón de ser al estudio, al diagnóstico y a otras conclusiones igualmente no demostradas. La cuestión es que si en Colombia no hay violencia por motivos sindicales, se derrumba el andamiaje propagandístico que se ha adelantado en el extranjero con el claro propósito de impedir que países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea firmen tratados de libre comercio con Colombia, so pretexto de que en Colombia se violan flagrante, masiva y “sistemáticamente” los derechos humanos de los sindicalistas. Una investigación académica no puede extraer conclusiones por descarte, como por ejemplo cuando se dice que no se pueden atribuir esos crímenes a una violencia dispersa y difusa, de donde sería válido concluir que la violencia tiene motivaciones antisindicales.
Veamos las cifras del Informe para que entendamos la fragilidad e insustancialidad de la hipótesis central del estudio. Según la ENS, el Ministerio de Protección Social y el CINEP, la autoría de los asesinatos es de este orden: atribuidos a agentes del Estado: entre un 1.37 a 1.69%, por lo que pierde fuerza una de las consignas que atribuye la violación de derechos humanos sólo al Estado. Como se ve es marginal, aunque debería ser 0.0% su responsabilidad. A los paramilitares entre un 14 y un 25%, a las guerrillas entre un 3.2 un 5%, estas dos últimas cifras darían para pensar que dichos asesinatos tenían alta probabilidad de estar relacionados con el enfrentamiento entre esas dos agrupaciones, es decir motivados por el conflicto armado. Y lo que es sorprendente es que en un 70 a 78% se desconoce la autoría y no se sabe quien haya podido estar detrás de cada hecho o los móviles de cada muerte.
Estoy seguro que ningún centro de estudios de mediano o alto perfil académico daría validez a conclusiones e hipótesis como las que se lanzan en el Informe. El ámbito académico tampoco daría validez a un informe con el criterio de autoridad, como quien dice, como fue financiado, estimulado, acompañado, gestionado e interlocutado por entidades y personas muy prestigiosas, habría que aceptar lo que dicen. ¿Por qué razones fue avalado por el equipo designado por la Universidad Nacional de Colombia? A este interrogante me referiré al final de este comentario.
Volvamos a otras cifras manejadas con total dejadez y arbitrariedad. El Informe hace mención a un estudio realizado por la ONG DeJusticia sobre una muestra de 223 sentencias judiciales, con el objeto de encontrar información sobre los móviles de los asesinatos. No veo problema con el tamaño de la muestra, no tengo reparos respecto a usar este método como un indicio para acercarnos a un mejor diagnóstico del problema tratado en el Informe. ¿Qué dice el estudio de DeJusticia? Dice que en el 12% de las sentencias el juez no abordó el asunto, en un 16% el juez concluyó que el móvil fue ajeno a la actividad sindical, en un 9% el juez dictaminó que la víctima hacía parte de un grupo armado ilegal, en un 7% se identifica como móvil el de intereses de grupos armados sin relación con actividad sindical. Es decir un 44% donde no se puede hablar de violencia con motivos sindicales. ¿Qué sucede con el 56% restante de la muestra? DeJusticia lo discrimina de esta forma: 11% con móvil explícito relacionado con actividad sindical, 2% cuyo móvil es la actividad social o política de la víctima y un 43% que fue motivado por el “prejuicio antiinsurgente” que hacían recaer sobre la víctima. Si leemos bien, este 43% no sería clasificable en el campo de motivaciones antisindicales, sino en el de causas relativas o funcionales con el conflicto armado.
El Informe ofrece cuatro conclusiones sobre el tema de las motivaciones, la más destacada de las cuales reza: “De la precaria (sic) información disponible en las fuentes y en las pocas sentencias judiciales se desprende que el móvil más frecuente de la violencia contra sindicalistas es el antisindical”. Imagínense ustedes, lectores, que un astrofísico enfrentado al problema de establecer la distancia a que se encuentra la galaxia más lejana de la nuestra y que no tuviera elementos para medirla, resolviera el enigma diciendo “ante la precariedad de datos y medios, me inclino por establecer que está tan lejos como nadie se lo imagina”. Un lenguaje para nada académico. Es lo que podemos decir de esa floja conclusión. Como el Informe presentado se supone tiene carácter académico, está en la obligación de honrar esa pretensión con demostraciones constatables y no con base en prejuicios ideológicos de la mayoría de las Ongs que participaron en el proyecto. Cabe pues preguntarles a los autores y al director, lo mismo que al representante del PNUD en Colombia: ¿por arte de que método se puede colegir que en Colombia la muerte de sindicalistas se debe a motivaciones antisindicales, decir, a una especie de cultura antisindical, como si existiera una mentalidad ambiente o un clima que da lugar a la consigna “maten a los sindicalistas”, como expresión de un prejuicio de sindicalista igual guerrillero, mientras las cifras de DeJusticia hablan de un 46% donde se deshecha el motivo antisindical, un 43% da que es por motivos del conflicto armado, presunción de guerrillero o a su servicio o de paramilitar o a su servicio, y un 13% donde si aparece la motivación sindical: Una cifra menor, aunque no se puede negar, es preocupante y debe obligar al Estado a actuar para reducirla a cero.
Igualmente, que nos digan las Ongs que recogen datos sobre muertes de sindicalistas, el profesor Ortiz y el director del PNUD, Bruno Moro, con que metodología se procede a concluir que siendo cerca de un 78% de casos de autor desconocido o que la motivación no es la antisindical en el fenómeno, si no es Estado, si no es la guerrilla, si no son las autodefensas, si no es lo sindical, ¿por qué se niegan a considerar otras posibilidades? ¿Por qué excluir, por lo menos a nivel de hipótesis, que buena parte de los sindicalistas y trabajadores sindicalizados hayan sido eliminados por otras motivaciones que pueden caber en eso que el Informe llama con desidia “violencia aleatoria o indiscriminada? ¡Saben o no uds que los estudios estadísticos sobre homicidios en Colombia, llevados de manera escrupulosa por Medicina Legal y por la Policía Nacional establecen, entre otras cosas, que la mayoría de estos no tienen que ver con el conflicto armado ni son ocasionadas por el Estado o por razones políticas, que los médicos, los abogados, los maestros, los periodistas, los hacendados, los políticos, que son asesinados, no lo son necesariamente por el hecho de ejercer una profesión, una actividad económica o pertenecer a un gremio?
Ciertamente Colombia vive y sufre una situación de violencia por motivaciones políticas y económicas que han rebasado por tiempos a la acción de control y represión por parte del Estado. En particular cabe destacar la gran incidencia que en todas estas violencias desempeña el engranaje del narcotráfico en todas sus expresiones.
El Informe incurre en otros errores de apreciación. Uno muy perceptible es el que alude a la política pública asumida desde el 2003 por el gobierno nacional para la protección de sindicalistas. Como es evidente que dicha política coincide con la reducción de los homicidios de sindicalistas, y coincide también con la desmovilización del paramilitarismo, la cesación de enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, habría que hacer un balance de esa política muy diferente a lo que hacen: “no existe evidencia para probar que la existencia de este programa haya sido un factor decisivo en la tendencia decreciente del homicidio de sindicalistas y sindicalizados a partir de 2003”. Negar la eficacia de esta política es una acción temeraria en un contexto en el que al Estado le falta terminar la tarea de retomar el control total de la situación y, deriva de hecho, en una peligrosa subvaloración de la estrategia de protección de sindicalistas.

Quisiera no hacer conjeturas de orden político o ideológico, pero, al constatar las actividades tradicionales de la mayoría de Ongs y “activistas académicos” que participaron en el proyecto y en el Informe, no puedo dejar de pensar que todos estos errores de apreciación y de valoración pueden estar originados en prejuicios políticos de quienes, en general, se han dedicado a actividades y a campañas críticas del Estado y que más que a un espíritu académico obedecen a intereses políticos de la variopinta izquierda nacional e internacional que ha colonizado el tema de los derechos humanos.
No puedo negar, ni en mi calidad de académico, o de sujeto político, mucho menos en mi calidad de sindicalista, que lo fui por muchos años y por cuya motivación fui socio fundador y soy aún activo de la ENS, que uno de los sectores más perjudicados por la situación de violencia es el sindicalismo, pero carezco de elementos y creo que nadie los tiene, para concluir que en Colombia hay una cultura de muerte a sindicalistas tal como se sugiere en este Informe, que desafortunadamente nada nuevo dice diferente a lo que se ha dicho hasta ahora de manera parcializada y sesgada y más bien se reafirma en viejos prejuicios surgidos de una lectura que se pretende “única”, “verdadera” e indiscutible de nuestro pasado y presente.
Despierta curiosidad que el encargado de la redacción final, que debe haber realizado más de una maroma “académica” para conciliar seis (6) informes separados, no les haya recordado a sus dirigidos la existencia de testimonios de exmilitantes comunistas y de las guerrillas sobre las nefastas consecuencias que para el movimiento sindical y los movimientos populares tuvo la promoción desde ámbitos políticos y sindicales legales de la consigna de la combinación de todas las formas de lucha. Alberto Rojas Puyo, Medófilo Medina y Alvaro Delgado son buenos ejemplos. Tampoco hubiera sobrado que se recordaran apartes de la doctrina leninista-estalinista sobre el papel de los sindicatos en la lucha de clases y en la revolución proletaria, como mamparas y correas de transmisión que luego bajo el régimen comunista fueron reducidos a su mínima expresión, a servir de instrumentos de la idiotización de las masas en torno al culto a la personalidad y al partido único, que han tenido fuerte influencia en el movimiento sindical colombiano y mundial.
Al menos podríamos pasar por alto estas críticas, teniendo en cuenta que detrás de todo este inmenso esfuerzo hay una evidente buena fe y buena voluntad de parte de las embajadas y del Estado colombiano, los empresarios y las centrales obreras, si entendemos que no sólo los sindicalistas sino también otros gremios, oficios y profesiones han pagado un alto precio en esta violencia que azota al país y a la sociedad y que, es obvio, el Estado es el que debe y tiene que hacer el mayor esfuerzo por garantizar la vida , la seguridad y la integridad de todos los ciudadanos.iv Sin embargo, pienso que el Informe carece de solidez y soporte académica, a pesar de la basta bibliografía citada, y que, políticamente, refleja una visión sesgada y parcializada que descarga, equívocamente, toda la responsabilidad en el Estado, lo que podrá ser mal utilizado en las campañas de denuncia sobre violación de derechos humanos en Colombia y para tratar de frenar la firma de nuevos tratados de libre comercio de Colombia con otros países.
DARÍO ACEVEDO CARMONA

Profesor Titular Universidad Nacional de Colombia, Doctor en Historia Universidad de Huelva, España

Medellín, abril de 2012

i Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac): “Estado del arte sobre la medición de

la violencia de los trabajadores sindicalizados en Colombia y estado de situación 1984-2009”.

Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep): “Incidencia de la violencia contra los trabajadores

sindicalizados y evolución de su protesta”.

Corporación Nuevo Arco Iris (cnai): “La relación entre el conflicto armado y la victimización de

los trabajadores sindicalizados 1984-2009”.

Fundación Ideas para la Paz (fip): “Estudio sobre la cultura frente al sindicalismo en Colombia”.

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia): “Evaluación de la judicialización

de delitos contra trabajadores sindicalizados”.

Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (cipe) de la Universidad Externado de Colombia:

“Evaluación de las políticas del Estado colombiano, de prevención y protección a líderes

sindicales y trabajadores sindicalizados”.

ii Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (usaid), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid), Embajada de Canadá, Embajada de España, Embajada de Estados Unidos, Embajada de Francia, Embajada de los Países Bajos, Embajada de Noruega, Embajada del Reino Unido, Embajada de Suecia.

iii Comisión Colombiana de Juristas y Escuela Nacional Sindical.

iv Aclaración final: como profesor de la Universidad Nacional de Colombia, fui miembro del Equipo Académico inicial que se encargó de elaborar la propuesta de seguimiento de las investigaciones que iban a adelantar las seis ONGs de tal forma que se garantizara un alto espíritu académico en todo este ejercicio de altas repercusiones políticas. Ese trabajó inició en septiembre de 2009. En enero de 2010 opté por hacer campaña para la Cámara de Representantes, hice consultas que dieron por resultado que no tenía inhabilidad para tal aspiración, por tanto no perdía mi condición de profesor activo ni tenía necesidad de pedir una licencia. Tal hecho se convirtió en pretexto para que el Equipo de la Universidad Nacional, en una actitud que califiqué de veto ideológico, solicitara mi exclusión ante el PNUD y este a su vez lo hiciera ante la rectoría. El PNUD alegó que mi aspiración política era incompatible con sus postulados. En reunión ante directivos del PNUD y el director del Equipo, sociólogo Carlos Miguel Ortiz (que luego fue nombrado director de todo el proyecto, es decir pasó de árbitro a arbitrado. Primero diseñó con nosotros los criterios de evaluación y seguimiento para luego cambiar de rol), les sostuve que la propuesta de mi exclusión escondía en el fondo razones políticas, pues eran bien conocidas mis posiciones políticas, como ciudadano, en favor de la vilipendiada política de Seguridad Democrática, que la mayoría de miembros del Equipo y de las Ongs combatían con ardor. Finalmente, el rector de la Universidad cedió ante las presiones políticas disfrazadas de inhabilidad e incompatibilidad, y violó la autonomía universitaria pues es la universidad la que determina quienes integran sus equipos y no los organismos externos a ella, y si la Universidad no consideraba incompatible mi aspiración política, mal podía aceptar la petición del PNUD de excluirme como en efecto procedió.

Se suponía que mi inhabilidad procedía también por el hecho de que el informe debía ser elaborado y entregado en mayo de 2010. Fue entregado en marzo de 2012.


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