Una apuesta por el humanismo frente al fanatismo




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DERECHOS HUMANOS: LA TABLA DE MÍNIMOS

Cuando las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, el contexto internacional andaba buscando asentar una paz duradera. Se estaba fraguando la política de bloques y guerra fría en que los europeos vivimos durante casi cuarenta años. Sin embargo, en España «cuarenta años» remite siempre a nuestra propia peculiaridad: la dictadura. Las Naciones Unidas debatían la Declaración mientras nosotros buscábamos llenar el estómago, porque todavía había racionamiento. Además España no se sentaba en ese foro. Nuestro gobierno intentaba pasar desapercibido para que nadie recordara su simpatía y ayuda a los fascismos vencidos. Fuera se hacían paces y declaraciones y nosotros íbamos dentro al paso imperial, amparados en la bonita consigna « ¡Que inventen ellos!», a la sazón resucitada frecuentemente.

Sí, se trataba de hacer una paz firme, agotado el mundo por dos guerras de capacidad destructiva desconocida antes. La idea de una paz perpetua apunta en el mito de la edad de oro, el momento feliz previo a la historia en que nada era tuyo o mío, sino todo común y abundante: el cordero dormía con el lobo y la violencia era desconocida. Y como tal mito siempre fue tomado hasta que volvió a plantearse su posibilidad dentro del abanico utópico de la Ilustración. Así, el abate de Saint Pierre había escrito un Proyecto para llegar a una paz perpetua en Europa, en el que sugería que debería existir una liga de naciones que evitara las guerras.15 Su iniciativa intelectual fue tomada con benévola rechifla. Rousseau la había rescatado, resumido y alabado, y obtuvo por premio similar bufa atención. No fue así por parte de Kant, que decidió retomarla a su vez y ampliarla. Esta paz pasaba, como una criatura débil, de brazos de un ilustrado humanista a otro.

Fue Kant quien fijó alguna de sus condiciones. El filósofo toma ese nombre de «paz perpetua», según dice, del letrero que el propietario de una taberna había colocado en su establecimiento: sobre él había hecho pintar un cementerio. Kant señala que si no queremos, o mejor, si nuestra razón no se conforma con que ésa sea la única referencia verosímil de tal expresión, «paz perpetua», deberíamos llegar a ciertos acuerdos elementales, morales y políticos. Así, nuestro derecho internacional habría de contar con un cuerpo sólido de doctrina y las naciones comprometerse a respetarlo. Del mismo modo, al menos algunas naciones deberían formar una federación, a la que las demás se irían sumando, que tuviera potestad de arbitraje en los conflictos e hiciera valer ese nuevo derecho de gentes.16

La paz, dice Kant, es un sueño de los filósofos, mientras que los gobernantes nunca se hartan de guerra. No es un estado de naturaleza, sino que debe ser instaurada. Se necesitan para respaldarla leyes permisivas de valor universal. Si todos los estados adquieren la «constitución republicana»17, marcada por la libertad y la igualdad, la paz perpetua se hará verosímil. La primera parte del programa kantiano se adelantaba a las declaraciones que fundaron la convivencia de algunos de los entonces recientes Estados americanos, así como también a la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano de la Asamblea Francesa.18 La segunda cuestión, la necesidad de un derecho internacional político-moral con una federación de naciones detrás que lo hiciera valer, distaba de estar esbozada y menos aún cumplida cuando Kant la retomaba a finales del siglo XVIII. Era pura utopía.

El viejo proyecto ilustrado de una Sociedad de Naciones tuvo su primera plasmación tras la Gran Guerra que acabó con la Europa de los imperios. La Sociedad de Naciones, que comenzó a funcionar en Ginebra por iniciativa del presidente estadounidense Wilson, se constituyó solemnemente en 1920. Y sabemos que su existencia se demostró incapaz de frenar la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1935 varios asociados de peso (y con sus propias intenciones), como Alemania, Italia y Japón, la abandonaron.

El pacifismo había perdido y la Segunda Guerra Mundial se desató como terrible conclusión de la Primera. Sin embargo, un año antes de que terminara el conflicto, en 1944, se comenzaron a poner las bases de lo que podría ser una nueva sociedad de naciones. De estos planes y trabajos surgieron las actuales Naciones Unidas, una vez alcanzada la paz.
La novedad radical de esta paz, cosa que muchos no llevaron bien, fue someter ajuicio a los principales dirigentes de la Alemania nazi bajo la acusación de «crímenes de guerra»19. Se trataba de un delito nunca antes invocado. «En la guerra como en la guerra» quiere decir que en ella todo vale, y los juzgados, los vencidos y algunos de sus, por entonces, ex aliados lo hicieron saber de varias maneras. Basta un repaso a la piensa de la época, por ejemplo en España, para hacerse idea de cuál era el estado de opinión frente a tal novedad.20 Los acuerdos de Yalta y Postdam incluyeron la posibilidad de tales juicios, pero la base jurídica sobre la que podían realizarse faltaba por completo. Con todo, se llevaron a cabo. Y para sus detractores no significaban otra cosa que darle cobertura pseudolegal a la venganza esperable del vencedor.

En 1947, dos años después de acabada la guerra, y con el alboroto originado por los procesos a los criminales nazis aún latente, las recién constituidas Naciones Unidas se comprometieron a redactar un borrador de lo que pudiera llegar a ser base general para un nuevo derecho internacional. La idea se había presentado ya en 1945 y se había creado una expectativa que comenzó a fraguar en 1946, cuando se estableció la primera Comisión de Derechos Humanos. Quedaba encargada de hacer propuestas, recomendaciones e informes que pudieran servir para una Declaración Universal de Derechos Humanos. Formaban parte de ella algunos juristas y también representantes de asociaciones por la paz, asociaciones de mujeres y algunas universidades. Su primera reunión formal tuvo lugar en Lake Success entre la última semana de enero y la primera de febrero de 1947. En esa ocasión fueron considerados varios borradores de diversa procedencia. El asunto que se planteó fue si el resultado final debería consistir en un manifiesto o un acuerdo. Se decidió que ambos, manifiesto y acuerdo, debían abordarse.
La frecuente inopia intelectual

Para hacerse idea de las dificultades que la comisión afrontaba conviene recordar que por la misma época se dirigió a una amplia serie de intelectuales de todo el mundo para someter a su consideración la siguiente propuesta:

« ¿Cómo y sobre qué bases debía o podía hacerse una declaración universal que registrara el consenso acerca de los derechos humanos básicos?»

Tenemos las respuestas que la mayoría de ellos dieron entonces.21 Son de tres tipos. Debemos recordar que el contexto eran los inicios de la guerra fría en la que viviríamos hasta la caída del muro de Berlín:

1. — Muchos reconocen que desde las declaraciones estadounidense y francesa, nada que las continúe, en su mismo espíritu, ha existido, y por lo tanto podría ser conveniente ir por ese camino. En ese aspecto algunos proponen que tal declaración debería recoger una serie de derechos no incluidos en los textos ilustrados, como los derechos sociales emergidos de las luchas obreras del siglo XIX.

2. — Algunos apuntan a la diversidad cultural y a que la declaración puede tener como sujetos a los pueblos o a los individuos. Los principios de la doctrina Wilson sobre la autodeterminación han afectado a los individuos colectivos que los pueblos son, de modo que ahora sería quizá el momento de declarar derechos individuales. Sin embargo, éstos pertenecen a la tradición liberal, lo que excluye a todo el bloque comunista, también vencedor en la guerra. ¿Cómo abordar esto? Se propone una suerte de salomonismo, por el cual se supone que las muy reales mermas de libertad en los países del bloque soviético sean entendidas como un «mientras tanto» hasta que se produzcan los cambios estructurales que lleven a una mayor justicia distributiva, por ejemplo. Por lo tanto, derechos individuales matizados para determinadas áreas culturales y políticas.

3. — Por último, otro bloque estima que la cuestión está por debajo de su capacidad: es abstracta y no merece la pena. Una declaración de derechos humanos supone la igualdad humana natural o la pretensión de fundamentación de tal declaración en el registro del derecho natural. Siendo así que tal pretensión se da de bruces contra el positivismo jurídico en boga, no cabe hacer tal declaración porque es ahistórica y meramente emotiva. El más rotundo es Croce: en vista de que no cabe arreglo entre liberales y autoritarios, ¿hemos de esperar el triunfo de la fuerza racional de los primeros o más bien lo libramos seriamente al resultado de una tercera guerra mundial?

Este frente, el de la diafonía de los intelectuales, pocos de los cuales fueron capaces de ver la trascendencia del proyecto, no era el único que complicaba la cuestión para las jóvenes Naciones Unidas. Dentro de ellas bastantes Estados tampoco estaban interesados en que la declaración prosperara. Su oposición, de todas formas, no era frontal, sino que se llevaba por vía de hecho. Todos reconocían una marea a favor de tal declaración a la que no querían oponerse a las claras. Mejor si no salía, de todos modos.

La comisión, sin embargo, no se arredró, en gran medida por la tenacidad y esfuerzo de su presidenta, Eleanor Roosevelt, que había conseguido el apoyo casi incondicional de los países centroamericanos y de un gran número de asociaciones humanitarias, muchas femeninas y alguna sindical. Por ahorrar detalles, el 10 de diciembre de 1948 una declaración bastante pulida y consensuada se presentó al plenario para su aprobación. Los convencidos y los algo remisos la confirmaron. La excepción fue la URSS y lo que comenzaban a llamarse sus «países satélites», además de Arabia Saudí y Sudáfrica. El bloque del este argumentó que la declaración sólo contemplaba los «derechos liberales», a todas luces insuficientes desde su punto de vista. Sudáfrica y Arabia Saudí se refugiaron una en su sistema de apartheid y la otra en el Corán. Como fuera, acababa de nacer el fundamento extraterritorial del derecho, el primer paso hacia una ciudadanía mundial.22

Lo viejo y lo nuevo

El antiguo ius gentium era un derecho de guerra y de paz, o bien un derecho donde el Derecho no tenía vigencia, por ejemplo los mares. De su estatuto todos parecían saber que en último término se acomodaba al «derecho más antiguo», la fuerza. De tal parecer habían sido casi todos los tratadistas desde Hobbes. El derecho es, propiamente, el positivo y vigente de un Estado, que lo hace valer. ¿De quién era el derecho contenido en los principios de la Declaración Universal? Si la respuesta era «de la comunidad humana», resultaba sencillo replicar que tal cosa no existía con forma jurídica. Si era cosa «de las Naciones Unidas», no costaba argumentar que tal organismo no tenía tal capacidad, porque no era ningún gobierno y por tanto tampoco tenía reconocida ninguna manera de hacer vigentes esas normas. En fin, que muchos quedaron en el acuerdo tácito de haber contribuido, de grado u obligados por las circunstancias, a una declaración de intenciones sin incidencia práctica alguna.23

La declaración preveía que los países firmantes la hicieran suya introduciendo su articulado o los principios que lo informaban en sus propias declaraciones constitucionales. No obstante, estaba claro que tal cosa era requerida sin poder real para hacerla efectiva. Por un lado los países que ya preveían esto, las recién refundadas democracias europeas y algunos más, no iban a cambiar de un día para otro sus textos fundacionales, muy complejos, o no iban a inventarlos cuando no los tenían por tradición, como era el caso de Inglaterra. Otros Estados no pertenecían a tal forma política, la democracia liberal representativa, y si bien se comprometían a respetar en lo posible la declaración, no pensaban alterar su forma estatal para darle gusto: tal era el caso de todos los países recientes cuyas formas de gobierno se cuadraban con la idea de tradición. Por último, grandes territorios estaban aún bajo la administración de las potencias coloniales: casi por completo África y algunos países asiáticos. Allí estaba también meridianamente claro que la declaración no era exportable. De modo que, con la casi total seguridad de haber dado a luz una criatura muerta, muchos de los países integrantes entonces de las Naciones Unidas proclamaron los treinta artículos y volvieron a sus asuntos.

Lo personal es político

Cambio por un momento las circunstancias de tiempo y lugar: es 1971 en una ciudad universitaria del norte de España. Las asociaciones estudiantiles autorizadas son el SEU falangista y la tuna. Yo vivo en un colegio mayor dependiente directamente del Rectorado, que se encuentra a cargo de una directora nombrada por la autoridad académica. Hace cuatro meses que estoy allí. Tengo la impresión de que no es bien visto que acuda a asambleas de facultad y también de que mis conversaciones son espiadas y mis libros registrados cuando no estoy. Mi habitación parece haberse vuelto objeto de revisión sistemática. Algunas de mis compañeras comienzan a evitarme. Estrecho mi relación con otras, pero entonces ellas también se vuelven objeto de vigilancia. Desde el segundo mes de estancia, todos los domingos recibo la visita a las nueve en punto del ama de llaves que me transmite, de parte de la dirección, que en una hora se iniciará la santa misa. Todos los domingos le respondo que yo no acudo desde hace meses a los cultos por decisión propia y meditada. La escena se repite como si lo que respondo no significara nada. Llega a ritualizarse. «La directora me pide le recuerde que a las diez comienza la santa misa.» «Transmita a la directora que no acudo a los cultos colegiales.» «Yo cumplo con el encargo recibido.» «Lo sé y discúlpeme por la negativa; son mis convicciones personales y no el ánimo de ofender a nadie las que me obligan a manifestar mi negativa. Buenos días.» «Buenos días.»

Así una semana tras otra.

Un día de enero por la tarde recibo la orden de subir al despacho de la directora. Tiene un saloncito anejo. Me ofrece asiento en él con estricta amabilidad. Me pregunta qué opino del arte moderno, del cine actual, de la novela... En fin, parece interesada en el catálogo total de mi visión estética. Tras media hora de dar vueltas a los temas más dispares me espeta: «Si eres comunista, deberías atreverte a confesarlo.» Todo un brindis, si tenemos en cuenta que confesar algo así comportaba un juicio por tribunal especial, el temido Tribunal de Orden Público, y unos doce años de cárcel. El silogismo parece, aunque burdo, claro: «Si no vas a misa es que eres comunista.» Tras la vacilación producida por el miedo y la sorpresa, le respondo que mis opiniones, sean las que sean, son mías y deben ser respetadas. Cuando me deja marchar vuelvo, airada y confusa, a mi cuarto. Busco entre mis folios un ciclostil deteriorado. Lo encuentro y copio parte de él en otro folio impoluto que pego a la pared: «Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.» El resto de mis compañeras decora también con lo que le parece los muros de sus habitaciones, ya sea con fotos de sus cantantes favoritos o con la tabla de Mendeleiev, que de todo hay. Yo tengo aquel folio en solitario, con buena caligrafía, para que se entienda.

Pasan algunos días. La mesa donde como casi nunca se completa: sólo un par de colegiales me acompañan, las otras «vigiladas». Una noche se sienta muy decididamente una compañera a la que apenas conozco. Lo único que sé de ella es que es hija del alcalde o quizá concejal de una ciudad cercana. A las alturas de la sopa me informa de súbito: «Yo no soy comunista ni capitalista, sino todo lo contrario, como José Antonio Primo de Rivera», dicho lo cual se queda mirándome de hito en hito. «Pues muy bien», respondo, y sigo con la sopa procurando disimular que se me está atragantando. Al día siguiente, cuando vuelvo de la facultad, mi folio no está en la pared. Busco y tampoco está en el suelo. Alguien lo ha arrancado y se lo ha llevado.

Tras la habitual información dominical del culto, me decido y vuelvo a copiar el artículo 19, pero esta vez en dos folios unidos, para que sea más grande. Los cuchicheos en las salas comunes aumentan cuando estoy presente. Al cabo de una semana, los folios vuelven a desaparecer. Pido ver a la directora. Me recibe rodeada de cuatro jóvenes que le son muy adictas. Sin despedirlas, me pregunta por el motivo de la visita. Permanezco de pie, porque esta vez no se me ha ofrecido asiento, y le expongo que alguien arranca sistemáticamente de mi pared un texto que he decidido poner allí. « ¿Qué texto?», pregunta mientras echa una mirada sonriendo a sus acompañantes. «El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos», le contesto. «Ah, ya. Lo siento, no puedo ayudarte, quizás a alguien no le guste.» Y vuelve a mirar a las espectadoras de la misma forma; a alguna se le escapa una risita. «Lo volveré a colocar», digo impostando un valor que no tengo. «Allá tú», es la respuesta. Cuando cierro la puerta para irme puedo escuchar el inicio de lo que parece un conciliábulo salpicado de carcajadas.

Ahorraré episodios: el tercer escrito es arrancado, y el cuarto, y el quinto. Ahora, sin embargo, hay una novedad. Abajo y entre paréntesis añado «España es miembro de las Naciones Unidas». Como cada vez que los arrancan decido escribirlos de mayor tamaño, en abril, antes de las vacaciones, el texto del artículo 19 ocupa ya completamente la pared de mi habitación. Al regresar está, como era previsible, arrancado. Sin embargo, hay cambios. La misma persona que sigue recordándome el horario de cultos me informa de que por orden de la dirección queda prohibido a las colegiales colocar cualquier papel en las paredes de su cuarto. Compruebo la eficacia de la prohibición en la mirada torva que me dirige una compañera de pasillo que enrolla un póster de Camilo Sexto. La opinión generalizada es que cuanto he conseguido es fastidiar a todo el mundo. Soy disidente por capricho y peor voluntad.

Completo ahora el cuadro con un episodio diferente. El colegio mayor masculino homólogo al nuestro es conocido por sus novatadas, tradicionales y asumidas por la dirección. Una de ellas consiste en hacer que los novatos desfilen por la ciudad en pijama, en pleno invierno, con una papelera en la cabeza, y de tal guisa visiten las puertas de nuestro colegio. El ritual se completa con los empijamados cantando coplillas autohumillantes. Esta vez, para mayor ornato, les acompaña la tuna universitaria. Hemos sido obligadas, me refiero a las tres bajo vigilancia, a asistir al espectáculo. Nos mantenemos fuera del jolgorio generalizado, pero no todo el tiempo. En un momento de las coplillas aparecen dos Land Rover de la Policía Armada. Un sargento se baja, habla con los que parecen responsables del desfile, y algo comienza a ir mal. De los vehículos descienden doce agentes, los conocidos grises, con toda su impedimenta. Resulta que no se ha solicitado permiso gubernativo y la charanga es disuelta por las bravas. Las colegialas gritan encolerizadas desde la terraza mientras los del pijama son reconducidos a su sede. Nosotras, las vigiladas, nos mantenemos en perfecta quietud, creemos. « ¡Estaréis contentas!», nos espeta alguna. «No», respondemos, pero es cierto que estamos bastante divertidas.

Me he tomado el tiempo de traer a la memoria estos episodios porque justamente no son dramáticos ni especialmente violentos, sino ejemplos de algo .cotidiano. A los miembros de Amnistía Internacional se nos recomienda que cuando nos dirijamos, interesándonos por un caso particular, a las autoridades de aquellos países que violan los derechos humanos, utilicemos un lenguaje plano y cortés, un lenguaje de normalidad. La misma normalidad que tiñe la Declaración Universal y que hace aparecer tanto su proemio como sus treinta artículos como una tabla de mínimos sobre los que disentir resulta complicado.

Porque, en efecto, y a más de cincuenta años de su proclamación, las críticas iniciales a los derechos humanos han cambiado de ropaje. Cierto que ya en su día se eligió, y bien, proclamarlos y no fundamentarlos: mejor centrarse en el qué que en el porqué, puesto que quienes los elaboraron tenían creencias de fondo diversas. Los contenidos fueron lo relevante y esto se mostró como la mejor estrategia, aunque en su día produjera reticencias.

La «sistemática violación»

Los problemas que encuentran los derechos humanos no son, como lo fueron en el momento de su proclamación, de consentimiento o de fundamentación. Quienes entonces no los suscribieron argumentaron que eran insuficientes, por divergencia cultural, como fue el caso de Arabia Saudí y Sudáfrica, o por liberales, como fue el de la URSS y sus satélites. ^in dejar de sobrevivirse, ambos argumentos se han transformado.

Bastantes ataques generales a ellos se travisten en la actualidad bajo la capa del multiculturalismo o del derecho a la diferencia.24 Los derechos humanos declarados, viene a decirse, son los derechos humanos occidentales, derechos de la tradición individualista de la Ilustración, que no coinciden con los derechos humanos de la tradición islámica, ni con los de corte asiático, ni tampoco con los africanos. En todas esas formas civilizatorias el individuo no es el rey de la creación y no por ello tales formas sociomorales son injustas: allí prima el sentido de la comunidad. Por lo tanto, son los derechos de la comunidad como tal y los deberes de los individuos hacia ella los que deben proclamarse. Y así se intenta hacer en algunas declaraciones alternativas. Suelen presentarse como derechos humanos desde una perspectiva no individualista.

Si ése es uno de los frentes abiertos desde antiguo, el otro no es menos vetusto. En tanto que la declaración enuncia el derecho de propiedad, se convierte en objeto de ataque para diversos comunitarismos y societarismos. Y si bien es cierto que la caída del bloque del este parece hacer esta cuestión menos virulenta, no es por ello menos espinosa. En efecto el artículo 17 enuncia: «Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente» en su parágrafo primero; y en el segundo añade: «Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.» Se aprecia claramente que los redactores intentaron llegar a una transacción con el colectivismo comunista que, sin embargo, no fue aceptada. El derecho a la propiedad, del que Hegel escribió que era «el derecho al derecho», necesita constantemente ser matizado a fin de que el resto de los derechos tengan campo de extensión. En él se prueba el sistemático conflicto entre la idea de libertad y la de igualdad, un problema que reaparece en el articulado de la declaración a poco que la examinemos, y del que lo más que se puede decir es que no es resoluble en términos absolutos.

Sin embargo, precisamente eso, que los derechos que la declaración recoge no son absolutos sino históricos, es otro de los frentes de batalla, el tercero, para quienes les suponen defectos en su fundamentación, que aún perviven. Aunque es cierto que N. Bobbio resolvió tal problema declarando que no era tal: «El problema de los derechos humanos no es su fundamentación, sino cómo protegerlos», escribió. Esto no impide que ese levísimo positivismo suyo sea atacado. Digo positivismo porque para el problema de la fundamentación Bobbio fue concluyente: «Hoy se puede decir que el problema del fundamento de los derechos humanos ha tenido su solución en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas», con la que el problema de la fundamentación se ha resuelto. Sobre los derechos humanos existe consenso suficiente y su enunciación universal les ha dotado de juridicidad.

Como he dicho, no todos los que se ocupan de estas cuestiones comparten este criterio de Bobbio. Citaré como ejemplo a Mclntyre, que llega a afirmar que «creer en los derechos humanos es como creer en brujas y en unicornios», porque tales derechos no son inherentes a la condición humana como tal, sino invenciones de las cuales los registros lingüísticos más antiguos se remontan en el caso occidental al siglo XV y en el de otras sociedades al XIX. De tales derechos la mayor parte de la humanidad que ha existido nunca tuvo noticia y los que las Naciones Unidas han enunciado no son sino expresión de un concepto de derechos «generado para servir a un conjunto de propósitos, como parte de la invención social del agente moral autónomo». De hecho, escribe también Mclntyre, las Naciones Unidas no dieron en la declaración de 1948 ninguna buena razón para ninguna de sus aseveraciones, práctica ésta que «se ha convertido en normal para las Naciones Unidas y que siguen con gran rigor»25. No es fácil, ciertamente, dar por resuelto el problema del fundamento. Sin embargo, para orientarse en el caso de Mclntyre conviene añadir que mantiene que toda la moral moderna carece de él. Y en las sociedades premodernas es evidente que una Declaración Universal de Derechos tiene tan poco sentido como endosar un cheque en un tipo social que carece de circulación dinerada, por tomar el ejemplo del mismo autor. Como ello fuere, la declaración se ha realizado; sus principios constan en muchas cartas constitucionales y sirven también y a menudo como principios para educir jurisprudencia. Por lo tanto, mejor o peor fundamentados, existen, son en alguna manera —y de ahí la opinión de Bobbio— positivos. Son una realidad no absoluta, sino nuestra, de nuestro ahora, como lo son tantas otras, incluidas las novedades sociales y técnicas.

De ahí que otro frente, por ahora el cuarto, que no quiere enfangarse en disputas sobre la fundamentación, decida que, de todos modos, la existencia tan precaria de los derechos humanos los hace irrelevantes. Si la propia declaración constituye un desafío, su «sistemática violación» la desafía a ella misma.

No todos los pesimistas son iguales

La respuesta pesimista al desafío de esta tarea de Sísifo constituye uno de los mayores escollos. Porque existe una opinión, relativamente extendida en algunos círculos, según la cual «las buenas intenciones no sirven para nada» y esa opinión asimila la declaración de 1948 a treinta expresiones de buenas intenciones. Cierto que quienes la mantienen nunca aclaran si las intenciones perversas sí son utilitarias —quizá lo dan por supuesto—, o quizá haya aún que pensar que algunos están precisamente cómodos mientras puedan seguir llamándolos así, «derechos morales», con lo cual les evitan el peso de la juridicidad. Con todo, puede que alguno de los pesimistas no tenga un punto de vista tan avieso.

Recuerdo en particular la última conferencia que pronunció Tierno Galván en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander en 1985, con su enfermedad final ya muy avanzada. Trató precisamente del estatuto de buenas intenciones que en su opinión abarcaba todo el derecho internacional público. Comenzó exponiéndonos a los tratadistas españoles barrocos, que conocía muy bien, para ir derivando hacia una conclusión a su entender evidente: ningún derecho podía mantenerse en ausencia de una fuerza coercitiva que lo hiciera valer. Si las instituciones internacionales carecían de tal fuerza, habríamos de contentarnos con tener meramente declaraciones en lugar de derechos efectivos. De nuevo en su opinión, el camino más adecuado y legítimo era proporcionar tal fuerza coercitiva a los organismos internacionales y, en el mismo paquete, aligerar el peso del principio de no injerencia. La soberanía nacional no podía ser invocada cuando se daba el caso de que tal invocación tuviera por objeto cubrir violaciones de los derechos básicos. Recuerdo su conferencia como la de alguien anciano, enfermo y lúcido, que dice lo que piensa porque ya no está en grado ni de humor para las acrobacias mentales. Y por el respeto que ese recuerdo aún me produce, yo no se lo acabo de perder a todos y cada uno de los que critican la declaración de 1948 por su falta de efectividad, sino que reservo mi suspicacia para quienes, realizando la misma crítica, nada tienen que proponer, por utópico que parezca, como vía de solución.

Sólo ahora, a más de cincuenta años de los Dikeos de 1948, hemos sido capaces de comenzar la construcción de un Tribunal Penal Internacional y sabemos con cuántas dificultades. Sin embargo, hasta la fecha no es cierto afirmar que los derechos humanos no han sido más que palabrería. De alguna manera, la mera existencia de la declaración ha sacado a las múltiples formas de injusticia y violencia que se producen en el planeta de su previo estatuto naturalista.26

Derechos y deberes: la ciudadanía mundial

Los derechos proclamados en la declaración son individuales, es cierto, pero de tal enjundia como el derecho a la vida, la libertad, la seguridad, a no ser arbitrariamente preso, a la presunción de inocencia, a la justicia, a la privacidad, al honor, a la residencia, al asilo, a la propiedad, al pensamiento, a la opinión, a la asociación, a la participación política, a la seguridad social, al trabajo, a la protección contra el desempleo, a sindicarse, al tiempo libre, a vacaciones pagadas, a la salud, a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a la asistencia médica, a los seguros, a la filiación, a la educación, a la cultura y, en fin, «a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y las libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos» (artículo 28). Es un buen catálogo al que en la actualidad se intentan hacer algunos otros añadidos.27 Concebido como una tabla de mínimos, bien podemos ver que en realidad algunas prácticas todavía bien presentes en el planeta Tierra pueden hacerla aparecer como de máximos que casi nadie alcanza. No obstante, juntos constituyen una buena versión de lo que hemos trabajosamente llegado a considerar la imagen de una vida humana digna. Así lo mantiene Victoria Camps que escribe: «El culto de nuestro tiempo es el de los derechos humanos. Producto de la secularización de la cultura, ocupan el lugar que en tiempos tuvo la religión: el lugar de los mandamientos y deberes morales inspirados en la revelación divina. Son la instancia legitimadora de los programas políticos. El más alto tribunal de apelación en las disputas sobre la justicia de la ley. La educación ha ido sustituyendo la formación religiosa por una formación ética cuyo horizonte lo constituyen los derechos fundamentales. Todo el proceso hacia los derechos ha significado el esfuerzo por pasar de la heteronomía moral a la autonomía, así como el progreso con vistas a una mayor exigencia moral y una mayor eficacia en el camino hacia la igualdad y la dignidad de todos los humanos.»28

No cabe olvidar que en algunas ocasiones los derechos tienen también otra crítica: que se enuncian sin el acompañamiento de sus deberes correspondientes. Precisamente para considerarla he traído a colación el anterior párrafo de Camps. Tal crítica es también antigua. La expresó por primera vez Gandhi cuando fue consultado acerca del borrador inicial Respondió a J. Huxley con una carta en la que literalmente dice: «De mi ignorante pero sabia madre aprendí que los derechos que pueden merecerse y conservarse proceden del deber bien cumplido. De modo que sólo somos acreedores del derecho a la vida cuando cumplimos el deber de ciudadanos del mundo.»29 Si, como afirma Victoria Camps, los Dikeos de 1948 son las tablas de la ley del presente es obvio que su formulación positiva no excluye, sino que exige, su paralela formulación negativa, así como su expresión en forma de deber. Todo individuo, pero también todo cuerpo público o corporación, tiene el deber de respetar y hacer valer la tabla íntegra de los derechos contenidos en la declaración, así como el de no vulnerarlos mediante el tipo de prácticas que la enunciación de tales derechos considera antihumanas y criminales.30 Ha de aceptarse, con todo, que la vulneración de tales derechos reviste gravedad mayor o menor según los casos. Creo que la violación de los que conciernen a la vida y la integridad física (si bien este derecho como tal no aparece citado en la declaración) puede en algún modo aparecer como crímenes mayores que aquellos relacionados con la propiedad intelectual, por ejemplo. No obstante, del catálogo que cumplió ya medio siglo, ninguno es descartable.

El trascendentalismo contemporáneo

En realidad es la declaración de 1948 y no al revés, mantendré por último, la que ha servido de modelo a las posiciones trascendentalistas de los últimos treinta años. La pretensión de la filosofía jurídica y moral contemporánea de que cabe llegar a acuerdos morales y políticos de mínimos, pero universalmente válidos, si recurrimos para alcanzarlos a posiciones trascendentales, pretensión mantenida por Rawls o Habermas31, no tiene su origen donde sus autores gustan de situarlo. El recurso de Rawls al «velo de ignorancia» o el de Habermas a «la pragmática de la acción comunicativa» (que Apel ha llamado con mayor agudeza «comunidad ideal de diálogo») no hacen más que invertir el orden en que realmente se han dado las cosas. Primero se produjo el consenso, por limitado que fuera en sus orígenes, sobre los contenidos de la declaración. Sólo después la misma idea de consenso y sus recursos de procedimiento se volvieron relevantes para la filosofía posterior. Lo que no deja de dar la razón de nuevo a Hegel cuando éste afirmaba que «por lo demás la filosofía pinta gris sobre gris» y sólo fija una realidad cuando ésta ya ha pasado. La pretensión trascendentalista de llegar a enunciaciones generales a partir de condiciones iniciales específicas no tiene otro resultado, cuando alcanza alguno, que repetir en lenguaje más abstracto y formal si cabe el catálogo de los principios ya enunciados en 1948. Y, de la misma manera, la pretensión de los trascendentalismos de convertirse por vía negativa, que ellos llaman «crítica», en un tamiz con el que contrastar lo que efectivamente ocurre, no es otra cosa que usar los Dikeos de 1948 como una criba de Eratóstenes político-moral. Por lo que declaramos y decimos asumir y respetar, sabemos lo que nos falta, del mismo modo que punzando sobre los números compuestos nos quedan impolutos los primos. Si no tuviéramos o dispusiéramos de una tal guía, nuestra capacidad para argumentar los contenidos morales y políticos de la Modernidad estaría muy mermada. Porque la tabla de tales derechos y el deber de respetarlos existen, podemos calcular, primero como incumplimientos, después como violaciones y por último como delitos, toda una serie de prácticas que en el pasado se consideraron sin más connaturales a la raza y condición humana.32 Y, por lo mismo, nuestra visión de tal naturaleza ha salido del contexto naturalista o teológico en que primitivamente se representó.

El humanismo como doctrina positiva recoge, cierto es, elementos de tradiciones muy variadas, de pueblos, culturas, formas religiosas, etapas históricas y movimientos intelectuales diversos, pero corta con sus referentes de origen. Es una fijación de límites que tiene pretensiones de autosubsistencia. Si la idea de humanidad significa, viene a decir, significa como mínimo que los derechos humanos se aceptan. Esta tabla de mínimos no es, sin embargo, autoevidente, porque no hay principios autoevidentes, ni morales ni de otra índole. La misma idea de evidencia es excesiva; más modestamente, la tabla de mínimos del humanismo pretende ser tan sólo autorreferente. Los derechos humanos no son una mera aspiración futura, son los contenidos en esa tabla. Su génesis ha sido histórica, no trascendental, pero ello no le resta validez ni realidad. Tiene una fecha fundacional que no puede ser eliminada, precisamente ese 10 de diciembre de 1948. Una Declaración Universal que algunos que se autodenominan multiculturalistas pretenden orillar amparándose para ello en el superior derecho de las comunidades a la existencia, a sus rasgos, a su «diferencia».

«Ninguna diferencia sin igualdad» puede ser el lema del multiculturalismo bien entendido. La igualdad viene dada por los derechos individuales que constan en la Declaración y que, tras más de cincuenta años, muchos Estados han ubicado en sus constituciones. Esa tabla de mínimos de respeto y dignidad que la declaración de 1948 establece es el contraste que permite distinguir a unos multiculturalismos de otros. La cuestión nos importa porque, como europeos, no pasarán otros cincuenta años antes de que nuestras sociedades sean de hecho multirraciales y, no sabemos en qué medida, multiculturales. Nos es imprescindible tener un criterio y tenerlo claro. Algo que permita, por ejemplo, distinguir con nitidez entre un tabú alimentario y una mutilación indigna, un uso festivo y libre del atuendo o una imposición onerosa e intolerable de una marca de inferioridad.

Casi todo el mundo que está pendiente del proceso de globalización y los flujos migratorios que genera sabe que el aspecto de la vieja Europa no diferirá dentro de menos tiempo, veinte años a lo sumo, del de Manhattan: de todos los colores, atuendos y tipos. Me pregunto si nos estamos preparando para ello, si estamos utilizando la pedagogía moral y política adecuada para afrontarlo. Este acaso es inevitable. Llegar a Europa es sencillo, comparado con lugares más inaccesibles. El Mediterráneo no se puede vallar, como sucede con la frontera entre México y los Estados Unidos, precaución que, así y todo, no resulta. Las fronteras con los antiguos países del este son también permeables. Las gentes se embarcan cada día arriesgando su vida y a veces perdiéndola. Enfrentamos el reto de poder asimilarlas poniéndonos todos bajo una ley común33 o sufrir tensiones inauditas que pueden hacer peligrar nuestras formas políticas y nuestros modos de vida.

CAPÍTULO III
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