Ricardo Corrales Melgarejo1 Sumario: introduccióN. Artificialeza y Sistema Social. Los Sistemas Jurídico y Económico. El Sistema de Justicia. Conclusiones introduccióN




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El Sistema de Justicia
Ricardo Corrales Melgarejo1

Sumario: INTRODUCCIÓN. 1. Artificialeza y Sistema Social. 2.- Los Sistemas Jurídico y Económico. 3.- El Sistema de Justicia. Conclusiones.

INTRODUCCIÓN
De un tiempo a esta parte, hemos escuchado la palabra sistema aplicado a la justicia, como una denominación continente del universo que constituiría y tendría relación con la impartición de justicia en nuestro país.
Inclusive, se habla de un enfoque “sistémico” sobre el particular, vale decir, un estudio que comprenda a todas las instituciones implicadas, proponiendo soluciones integrales.
El tema nos interesará más, si vemos al denominado Sistema de Justicia, a su vez como un subsistema del jurídico, y este del sistema social -en nuestro país lo podemos denominar la realidad o sociedad peruana-, el cual -en este mundo globalizado- forma parte de otros sistemas regionales y mundiales, como se sabe, constituidos por tratados internacionales.
Entonces, no solo urge esclarecer ideas sobre el sistema en sí y el de la justicia sino también identificar sus funciones y relaciones. A la par que, en tal proceso, re-conceptualicemos nuestros tradicionales significados semánticos, construidos a la sombra de los clásicos epistémas, profundamente arraigados aún en el pensamiento contemporáneo.

Todo ello, desde un nuevo punto de vista -para mí y que quiero compartir con los lectores-, a partir de los aportes del extinto sociólogo alemán Luhmann, uno de los mejores exponentes de la Teoría General de los Sistemas.
A la luz de estos aportes teóricos y los del profesor Teubner, de la Universidad de Frankfurt considerado uno de los mejores exponentes de la aplicación de la teoría de sistemas a la comprensión del sistema jurídico, podemos decir con él que aquéllos “tienen en común el hecho de que reemplazan al individuo autónomo por procesos comunicativos y no por entidades supra-individuales” como lo establecía la sociología weberiana.
Es así, que el Sistema Jurídico o, simplemente, el Derecho, lo podemos considerar actualmente como un “proceso comunicativo” de “realidad autónoma cognitiva” contenido en un “sistema autopoiético” o verdadero “sujeto epistémico”, cuya autoridad radica en el ”auténtico consenso de la comunidad comunicativa” al determinar “la verdad en las cuestiones cognitivas y normativas”, en “la construcción social de la realidad”, y con ellas “crea actores humanos como artefactos semánticos a través de sus operaciones jurídicas2.
Para tal entendimiento, debemos tener presente la sugerencia que dicho académico nos propone, a saber:
“Para alcanzar una epistemología jurídica que realmente merezca tal nombre deben producirse tres cambios importantes en nuestra percepción del Derecho y la Sociedad: primero, debe pasarse del realismo al constructivismo; segundo, de la construcción individual de la realidad a la construcción social; tercero, del Derecho como un sistema de normas al Derecho como un sujeto epistémico. Mientras que el primer cambio lleva a una cierta modificación de las posiciones Kantianas, los otros dos cambios abren un nuevo camino en la teoría jurídica y social. El segundo pone de manifiesto los fundamentos sociales de la cognición de una manera mucho más radical de lo que cualquier sociología tradicional del conocimiento había hecho hasta ahora. El tercero, atribuye la creación de una realidad social autónoma a las prácticas discursivas del Derecho.”3
Tal apertura a la postmodernidad, contribuirá a explicarnos mejor, el Sistema de Justicia, su dinámica y estructuras internas en relación con su entorno, y la necesidad de institucionalizarlo en nuestro País, aún cuando el marco normativo para tal fin sea deficitario y anquilosado, por el aún centralismo inercial.
Finalmente, postulo la creación del Sistema de Justicia, que se justifica, por una parte, al proporcionar a sus diversos actores tanto del sector público como de la sociedad civil, un espacio funcional permanente de integración, colaboración y coordinación interinstitucional, que facilite la comunicación -deliberativa y resolutiva- en la elaboración, consulta, emisión, monitoreo y evaluación de las políticas públicas e iniciativas ciudadanas, que alcancen a más de un sector o institución autónoma; y, por otra, en el fomento de un Estado democrático articulado, flexible e inclusivo, propio de una sociedad abierta, horizontal y participativa.

1. Artificialeza y Sistema Social:
Previamente, debemos entender por sistema, como el conjunto estructurado de unidades conectadas4 y correlacionadas5 entre sí, que forman un orden determinado.
En su origen, respetando las creencias de cada quien, podemos partir de la relación Creador/Creación, o de la Nada/Creación, para luego pensar en Creación/Evolución.
A partir de esto último, la división más simple de la existencia que conocemos, en sus dimensiones espacial y temporal, sería la Naturaleza y Artificialeza6, que adquieren sentido en estado de armonía. La primera, es lo existente desde antes del surgimiento de la vida conciente, lo segundo es lo recreado material e inmaterialmente (comunicación), por esta máxima expresión de la Naturaleza: el ser humano; y, que en su conjunto, forman el planeta Tierra, entendido como único ecosistema.
Ello no obstante, tanto la madre Naturaleza como la Artificialeza, para la humanidad, se expresan en lo conocido y lo desconocido, pues, incluso su propia recreación, contienen realidades que se abren a lo ignoto y que no puede prever, pese a que irracionalmente lo produce y retro alimenta, como son por ejemplo: en la Arficialeza, las crisis cíclicas del tardocapitalismo; y, en la Naturaleza, el fenómeno del calentamiento global7. Esto último, nos insta a pasar del antropocentrismo al ecocentrismo, pues, aún en el desequilibrio los sistemas adquieren su estabilidad, sentenciaba Luhmann8, dándonos esperanzas.
Lo ante dicho, nos plantea comprender a los sistemas no como ordenamientos cerrados (el todo y sus partes) sino abiertos, y que de modo resumido, se condensarían en la idea del sistema y su entorno, en proceso permanente de clausura / apertura, exclusión / inclusión y construcción / deconstrucción / reconstrucción, atendiendo a que el cosmos es infinito tanto hacia afuera del ser humano como dentro de sí. Sobre esta premisa de apertura fundamental, dicho profesor nos informaba que:
“Estos sistemas, por decirlo de alguna manera, interpretan el mundo (bajo la disposición de la […] información) y reaccionan conforme a esa interpretación […] La entropía obliga […] a que los sistemas establezcan un proceso de trueque entre sistema y entorno. Y de aquí, a su vez, que este intercambio suponga que los sistemas deban ser abiertos.”9
Ahora bien, la dinámica social de los diversos sistemas que constituyen la artificialeza, no solo debe explicarse por la división del trabajo, sino también por los discursos ideológicos y comunicacionales que los seres humanos hemos construido generación tras generación, entre el consenso, disenso y la transacción.
Así pues, los seres humanos se han relacionado para satisfacer sus necesidades, a partir de dos grandes construcciones: bienes materiales y bienes culturales. Los cuales se producen, reproducen y desarrollan a través de los sistemas sociales creados por las comunidades de trabajadores especializados en cada cual (Industrial, Financiero, Comercial, Educativo, Salud, Justicia, Seguridad, etc.), constituyendo procesos comunicativos institucionalizados que estandarizan los métodos y organizaciones, principios y reglas, delimitando determinados espacios culturales en sus expresiones de filosofía/teología, ciencia, técnica y arte; cuyas instituciones, se forman socialmente como sujetos epistémicos, con cierto grado de autonomía que pone en tensión viva a sus integrantes, a quienes se les presenta el dilema de orientar su desarrollo de modo endogámico (exclusivo) o abierto al otro (inclusivo, o por lo menos en convivencia pacífica con los elementos externos que, por ahora, no puede incluir al sistema o constituir con ellos uno superior). Sobre esta problemática, el filósofo mexicano Juan Carlos Moreno Romo, nos dice lo siguiente:
“[…] en un congreso internacional, en Budapest, en el 2006, dedicado al problema de "lo mismo y lo otro", que es otra manera de hablar del hombre moderno (o del Estado moderno) y de su manía de idolatrar esa proyección cerrada y radicalmente egoísta de sí mismo que se ha llamado Hombre, o Sujeto, y su dificultad fundamental para abrirse a lo otro, o al otro -al prójimo-; es decir, para amar, simple y sencillamente.”10
Si esto es así, entonces, los sistemas sociales como grandes discursos históricos, giran en torno a un eje central ético, establecido por sus propias comunidades, según el nivel de compromiso con la dignidad humana que tengan sus mayorías, y que será transversal a la Artificialeza, para bien o para mal.
Debo anotar, por último, que a través del marxismo -de importante difusión en la intelectualidad de mi país, a lo largo del siglo pasado- se popularizó la triada hegeliana de “tesis”, “antítesis” y “síntesis”, que nos invitaba a llenarla de contenido, verticalmente, en sistemas cerrados contrapuestos, sin lugar a la transacción, pues, la victoria de uno era la derrota del otro.
Sin embargo, ello nos permitirá percibir las bondades en una mejor construcción ideal de lo colectivo, si recurrimos a la sistémica sociológica, que ubica a las partes, dentro o fuera del sistema social, en una relación dialógica horizontal, sugiriéndonos su integración o reunión en algo más; no obstante que, para ello, las partes deban sufrir graduales modificaciones internas.
A continuación, reduciremos el análisis a los sistemas jurídico y económico, como constructos culturales, según el estadio de civilización que nos ha tocado vivir.

2. Los sistemas: jurídico y económico
En los sistemas abiertos, las estructuras están predispuestas para hacer ósmosis en doble fluido, con los elementos que gravitan a su alrededor, hacia adentro (input) y hacia fuera (output), constituyendo una verdadera unidad: sistema/entorno y, en la que interactúan lo homogéneo-idéntico/heterogéneo-diferente, a través de procesos comunicacionales de integración o reunión en uno mayor. Esta nueva representación del todo y sus partes, nos permitirá apreciar a éstas en una relación osmótica o de acoplamientos mutuos.
Ahondando sobre tal dinámica de las sociedades abiertas, el extinto sociólogo alemán, argumentaba lo siguiente:
“Los sistemas abiertos responden a esta referencia teórica en la medida en que los estímulos provenientes del entorno pueden modificar la estructura del sistema: una mutación no prevista en el caso de lo biológico; una comunicación sorprendente en lo social. Estos estímulos exteriores deben llevar a la selección de nuevas estructuras y después a la prueba de consistencia de si dichas estructuras tienen la solidez para llegar a ser estables.”11
Desde este nuevo enfoque, en la relación que nos ocupa, podríamos decir que, la interacción clausura y apertura, se expresa en el diálogo articulador e integrador entre lo jurídico y económico, además, de su relación de éstos con el entorno; y que en nuestro país se manifiesta en las dualidades, a veces no pacíficas, de “formalidad” e “informalidad”, economía de mercado y de autosubsistencia, sectores vinculados a los tratados de libre comercio y los posibles afectados por éstos, la industria y los importadores, las empresas transnacionales y los intereses nacionales, país primario exportador y país exportador con valor agregado.
Así pues, el sistema jurídico no sólo debe acoplarse y realizar una debida ósmosis constructiva con el sistema económico, sino también debe estar fuertemente imbricado con los demás, principalmente, con el político, con los cuales también debe interrelacionarse en la función normativa y reguladora de la vida en sociedad.
El sistema jurídico tiene como finalidad, entonces, encausar el torrente económico dentro de márgenes de justicia, puesto que la libertad de unos termina donde comienza la de otros, aún en el mercado; y, en esencia esta función reguladora, al decir de Carnelutti sería:El fin del Derecho consiste, pues, en reducir la economía a la ética”.12
De ambos sistemas, se ocupa el Derecho Económico, y que con el profesor Horacio Gago, damos respuesta a las preguntas que esta disciplina nos plantea, en la hora actual:
“¿Cuán importante es que el derecho se dirija a la construcción de un sistema normativo que facilite, incentive e impulse el crecimiento económico? ¿Debe el derecho ser ajeno a los esfuerzos de desarrollo en los países pobres? ¿Cuál es el papel del derecho en esa construcción de eficiencias económicas?

[…]

La justicia del derecho, que no es cualquier tipo de justicia, sino una muy específica: la justicia en la distribución de lo que a cada quien corresponde en una sociedad y en un orden determinados, es una rama del árbol general de la moral. [...] Somos seres humanos y tenemos móviles muy diversos que mueven e impulsan nuestras decisiones. El derecho nos encarrila y permite convivir con niveles mínimos de orden y armonía a fin de cumplir nuestros fines individuales. Y parte esencial de nuestra naturaleza individual es realizarnos en sociedad. Somos, como dijo Hobbes ‘insociablemente sociales’, de modo que el derecho, que es ese genial componente que provee orden para poder ser humanos, o sea, seres sociales, debe organizar sus premisas sobre la base del reconocimiento básico de nuestra condición compleja, limitada, egoísta, humana.”13
En perspectiva histórica, se aprecia mejor, la relación del sistema jurídico (justicia) con el económico (eficiencia), por ejemplo, en el último medio siglo de vida republicana, su historia ha sido escrita desde el liberalismo y la semifeudalidad de los 50 y 60, pasando por la fracasada receta del capitalismo de estado y la "sustitución de importaciones", en la que se privilegió la justicia social, en las décadas de los 70 y 80, hasta el regreso del liberalismo en los 90 que realizó cierto ajuste sistémico bajo el lema “más mercado menos estado”, cuyos excesos se ha pretendido moderar en esta primera década del siglo XXI, compatibilizando la competitividad y eficiencia del mercado con la justicia social.
Entonces, la iniciativa privada y la distribución social de la riqueza, la competitividad, la eficiencia y la justicia solidaria, no son incompatibles. He ahí, el arte y la belleza armonizadora del Derecho Económico en el Perú, en saber integrar en correspondencia el sistema jurídico con el económico, y no sean una traba ni fuente de abusos y exclusión de los fuertes contra los débiles, ni propicien la anarquía de éstos, sino que su dinámica de inclusión e integración, desarrolle las fuerzas productivas, construyendo ciudadanía, a través del discurso normativo de control social.
Para que el sistema económico que nos rige, humanizadamente, progrese y, a su vez, este humanice cada vez más al sistema jurídico, avanzando sobre consensos sociales mínimos; también, deben cumplirse mínimos democráticos, en el sistema político, a fin de procesar las diferencias e integrar a los peruanos tras ideales colectivos de pertenencia y de nación; siempre que tales subsistemas, sean imaginados en permanente actividad de acciones y reacciones, ósmosis, diálogo, intercambio, clausura/apertura y comunicación entre ambos, asegurando la paz en justicia, los derechos humanos y las libertades, pero también expandiéndolos, incluyendo al sueño de la Peruanidad, a más de las 76 etnias existentes en nuestro territorio patrio, siempre en relación de horizontalidad y convivencia pacífica.
Empero, si el "Perú Oficial" y sus sistemas excluyen al "Perú Profundo", que también los tiene aún en la “informalidad” económica, en el derecho no escrito de sus comunidades nativas, los que permanentemente buscan nuevas representaciones políticas que respondan a sus intereses; entonces, damos paso al “antisistema” a la “antítesis”, y a continuidades autoritarias sea de derecha o izquierda, que tanto daño nos han hecho en la formación de la Peruanidad.
En este orden conceptual, todo lo dicho es argumentación, instrumentos, medios para lo basal de todo la creación es: la protección, promoción y desarrollo del ser humano en equilibrio ecológico, cuya dignidad en libertad e igualdad, paz y justicia, es el principio ordenador y armonizador de la comunidad, al rededor del cual deben girar todos los sistemas.
Así pues, los grandes ideales de la revolución francesa: "Libertad, igualdad y fraternidad", seguirán inspirando nuestro desarrollo social, siempre que la fraternidad entendida como solidaridad y justicia social, armonice la libertad con la igualdad en el Perú.
En suma, de todos los subsistemas de una sociedad, el sistema jurídico se erige como nivelador y optimizador de las libertades y derecho, y a la vez, es el ordenador que disciplina la acción social de sus ciudadanos, gracias a la autoridad de la cosa juzgada.
Este sistema, si bien aparenta uno cerrado, a fin de garantizar la seguridad jurídica por un espacio-tiempo determinado, en realidad lleva intrínseco su naturaleza de abrirse a su entorno, y en momentos de apertura, positiviza las nuevas realidades normativas, costumbres y usos que la sociedad va creando consensualmente o incorporando lo creado en lo externo a ella. En cuya tarea reguladora, la jurisprudencia cumple una función crucial en la adaptación de la Ley a las nuevas circunstancias sociales, en coherencia con los principios y derechos constitucionales, tanto más si en éstos pululan los términos jurídicos indeterminados, a los cuales debe llenarlos de contenido, marcando en parte el rumbo de la ideología reinante en la sociedad.

Estas funciones del sistema jurídico, se reconocen como tales, siempre que respondan a un debido acoplamiento estructural con los sistemas restantes de una sociedad determinada, garantizándoles estabilidad y seguridad jurídica, gracias a la legitimidad del contrato social.
En conclusión, el Sistema Jurídico es un medio comunicacional en la realización de las libertades ciudadanas y eficacia de sus derechos, tutelando la unidad de lo distinto con igualdad; e, institucionalizando, además, la fuerza legitimada con la autoridad de la cosa juzgada, pero con la función de inclusión e integración organizadora de su diversidad cultural.

3. El Sistema de Justicia
Este sistema tiene por función la prevención y resolución de los conflictos intersubjetivos y de connotación social, entre los particulares y de éstos con el Estado, y es central en la lucha contra la corrupción y el delito. En síntesis una función de control y restauración del tejido social.
Sin embargo, valga recordar que en nuestro País, no existe instituido el Sistema de Justicia, como órgano con procedimientos que permitan la articulación, colaboración y coordinación entre el Poder Judicial, Comisión de Justicia del Congreso, Tribunal Constitucional, Fiscalía de la Nación, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo, Academia de la Magistratura, Consejo Nacional de la Magistratura, Colegios de Abogados, Facultades de Derecho, Prensa Judicial, Iglesias, Asociaciones Privadas de Desarrollo especializadas denominadas también organizaciones no gubernamentales - ONG, y la Cooperación Internacional en temas de Justicia.
No obstante que, sus políticas y planes institucionales, o parte de ellos, se dirigen -directa o indirectamente- a los mismos beneficiarios: los justiciables, sentenciados, y al resto de la población en la prevención.
Salvo, la temporal experiencia de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia – CERIAJUS, creada por Ley 28083, publicada el 4 de Octubre de 2003, que reunió por primera vez a parte de las instituciones aludidas, sobre la base de un objetivo concreto. En cuyo Informe Final de las Actividades de su Secretaría Técnica, constataba que:
“El Sistema de Justicia no tiene existencia legal ni es una persona jurídica o sector, sino que es una noción que alude al conjunto de instituciones que cumplen o que están relacionadas directamente con el servicio de administración de justicia en el Perú, cuya reforma integral propone el CERIAJUS.”14
También es digno de resaltar, como una buena experiencia de coordinación interinstitucional, el denominado subsistema judicial anticorrupción, en la que procuradores, policías, fiscales y jueces se especializaron en la lucha contra la corrupción. A continuación un breve balance y perspectiva de este ensayo:
“La justicia anticorrupción ha llevado al banquillo a personas que normalmente no hubiesen pasado por un juzgado (ex congresistas, magistrados supremos, empresarios, ex ministros, políticos de diversos grupos, etcétera), y ya ha impuesto condenas a varios de ellos en el marco de un debido proceso. Los resultados son importantes. Para comenzar, existe la sensación de que esta vez no ha existido impunidad ante los graves delitos cometidos. Se vienen desarrollando más de 150 procesos, con cerca de 1.600 procesados. En lo que respecta al aspecto económico, se ha logrado recuperar aproximadamente 170’000,000 de dólares de activos depositados en el extranjero, y han quedado congelados cerca de 50 millones más. […] El sistema, entonces, está demostrando que la justicia puede tener otro rostro en el Perú.”15
Por ende, la creación del Sistema de Justicia, es tan necesario tanto para los Poderes Ejecutivo y Legislativo como para el Judicial, entre otros órganos autónomo y actores sociales; sin embargo, debido a que uno debe controlar al otro, para cuyo efecto sus autonomías estructurales son vitales para interdictar la arbitrariedad, al influjo del principio de separación de poderes; entonces, resulta dificultoso propender a que estos poderes colaboren entre si; tanto más, si la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (en adelante la LOPE), Ley N° 29158, establece que sólo este Poder es responsable de reglamentar y operar los Sistemas Funcionales (Art. 45), entendidos como el conjunto de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las actividades de la Administración Pública que requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del Estado, los Organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno (Art. 43).
Por ende, en los casos que se requiera la colaboración de los poderes clásicos del Estado u órganos independientes, la LOPE resulta insuficiente, para prever una responsabilidad compartida en la toma de decisiones entre ellos, y la alternancia en la jefatura del ente rector correspondiente, entre otras disposiciones, que active su reunión a pedido de cualquiera de ellos, para casos concretos o en el monitoreo de políticas de largo aliento, sin afectar sus autonomías y liderazgo.
Motivo por el cual, deviene en urgente la promulgación de una Ley Orgánica de Sistemas Funcionales, en específico, a fin de articular de modos horizontal y vertical a los entes del Estado, e instituciones de la sociedad civil.
No cabe duda, que cada poder público, organismo constitucional autónomo y nivel de gobierno, tienen competencias exclusivas, lo que no es óbice en reconocer que, éstos puedan tener competencias compartidas, vale decir, cuando una misma materia es dividida en determinadas áreas de atención, en cuyo servicio las entidades públicas se reparten responsabilidades, las cuales pueden colaborar, cooperar y coordinar entre sí en beneficio del usuario, sin perjuicio que cada una de ellas respete el campo de atribuciones propias de las demás.
Sucede, también, cuando concurren los tres niveles de gobierno en el servicio público (Gobierno Nacional, Regional y Local), cada uno desde su ámbito territorial, pero articulados cuando se trata de competencias compartidas.
Inclusive, para definir el perfil de Juez, debe existir la debida colaboración interinstitucional, tal como recomendaba la Directora Gladys Guevara Puentes de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de Colombia, al decir que resulta necesario: la constante comunicación e interacción entre las instituciones del sistema de justicia para lograr los objetivos de la carrera judicial. Así, Universidad, Escuela de jueces (en nuestro caso la Academia de la Magistratura) y el órgano seleccionador de magistrados (en el Perú, el Consejo Nacional de la Magistratura y, debo agregar al recientemente creado Colegio de Abogado del Perú) deben retroalimentar entre sí información sobre el perfil del abogado, del magistrado requerido, las deficiencias a superar en sus conocimientos, la fiscalización de la labor jurisdiccional y de los abogados, entre otros16.
Del mismo modo, la implementación del nuevo Código Procesal Penal y la novísima Ley Procesal de Trabajo, se llevarían a cabo con mejor sinergia, mediante el enfoque sistémico, en las coordinaciones de los Ministerios de Justicia, Interior y Trabajo, el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, y los gremios empresariales y laborales, según sea el caso

Por lo demás, con la creación del Sistema de Justicia se propiciaría, orgánica y planificadamente, la conjunción de instituciones interesadas en su reforma y mejora continua.

Muchos otros ejemplos más podemos dar, a la luz del Principio de Colaboración de Poderes17, cuyo común denominador, es la urgencia de cristalizar este principio articulador, a través de la creación de los Sistemas Funcionales, como organismos de coordinación multisectorial, y sus entes rectores, en función de las 31 Políticas de Estado establecidas por el Acuerdo Nacional18.
Los Sistemas Funcionales, en modo alguno deben significar mayor gasto públicos ni burocracia, pues, para dinamizar las competencias compartidas de los entes públicos, basta con incorporar las mesas de diálogo que ha generado la sociedad civil y el Estado; establecer las obligaciones para aquél funcionario público, que quiera potenciar las endogámicas competencias exclusivas, con la sinergia de las competencias compartidas; y fundamentalmente, interconectar a todos los actores a través de la informática, en una permanente comunicación deliberativa, resolutiva y de evaluación, mediante foros virtuales, cuya plataforma administrativa estaría a cargo de la institución responsable de turno en la coordinación general. De manera que, esta propuesta aprueba el examen costo/beneficio.
Sin embargo, podemos advertir, también, que en ciertas conjunciones de los Poderes y Órganos autónomos del Estado Peruano, no será pacífica la implementación de los Sistemas Funcionales, pues, no olvidemos que el Estado es también una construcción cultural19; en el tránsito de sociedades autoritarias a sociedades democráticas, de sociedades cerradas a sociedades abiertas, de sociedades verticales a sociedades horizontales, de sociedades centralistas a sociedades participativas y descentralizadas.
Ello no obstante, pensemos en el beneficio que traería para la gobernabilidad y presencia del Estado, en los Departamentos del Perú, al unirse las cortes superiores de justicia, con los gobiernos municipales provinciales y distritales, oficinas desconcentradas del Congreso y de las Instituciones Públicas y Órganos Autónomos, asimismo, las direcciones departamentales de los Ministerios o Gobiernos Regionales; y por parte de la sociedad civil, las empresas con planes de responsabilidad social, los gremios, las universidades, colegios profesionales, iglesias, asociaciones privadas de desarrollo, comunidades campesinas y nativas, y demás organizaciones sociales de base; según corresponda, en función a los objetivos y metas de cada política pública, desde su formulación, ejecución y evaluación. Inclusive, en su control a través de las veedurías ciudadanas que ha propuesto la Contraloría General de la República, en su Estrategia Preventiva Anticorrupción20.

En tal virtud, el Sistema de Justicia que proponemos, sea uno abierto a su entorno, inclusivo de la justicia comunitaria de los pueblos indígenas y nativos21, en permanente diálogo, predispuesto a la consulta y participación de la sociedad civil. No olvidemos que el Perú es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe.
Al respecto, debo mencionar que, la Sala Mixta Descentralizada de Tarma de la Corte de Junín, realizó una primera experiencia auspiciosa de integración con las autoridades ediles, del Gobierno Regional, Fiscalía, Ejecutivo (Unidad de Gestión Educativa, SUNARP, INPE, PNP, Defensoría de Oficio e Instituto de Medicina Legal) y de la sociedad civil, representados por la asociaciones de abogados y periodistas de Tarma, cuya experiencia se podrá conocer en el artículo intitulado “Ensayo de Colaboración de Poderes en Tarma”, que aparece en mi blog personal22.
Finalmente, hago un llamado a las Comisiones de Plan de Gobierno de los Partidos Políticos para evaluar esta propuesta, pues, avizoramos que la creación de los sistemas funcionales, como el de Justicia, estarán en directa proporción, con el avance del proceso democrático en nuestra sociedad y la modernización de sus instituciones políticas, gracias también al empuje de su desarrollo social en el marco de la globalización, cuya década de crecimiento económico sostenido, celebramos hoy.
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